El juez José Delmas elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta el rallista Diego Yaluk, quien fue acusado por la fiscal adjunta Lourdes Samaniego por estafa, al igual que su esposa Andra Ketterer y su padre Humberto Yaluk. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada en el Palacio de Justicia.

La fiscalía sostiene que Yaluk ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 17 mil millones mediante la entrega de cheques sin respaldo por parte de los acusados, en base a la denuncia presentada por las empresas Atlántico S.A. y Marsella S.A., que también presentaron querella adhesiva.

Ahora se deberá sortear quienes serán los jueces de sentencia que tendrán a su cargo juzgar a Yaluk y demás acusados. Una vez que tenga al tribunal colegiado se deberá fijar la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.

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Yaluk igualmente fue procesado en otra causa penal por los delitos de estafa, producción de documentos no auténticos y apropiación en base a la denuncia realizada por Guido Ferreira. Esta causa se encuentra en el juzgado a cargo de Yoan Paúl López y la Fiscalía sostiene que existe un perjuicio de USD 175.000.

De acuerdo a la carpeta fiscal, el imputado solicitó un crédito a Ferreira, quien realizó el préstamo a través de la sociedad Doña Inés, con la garantía de que la firma de ambos imputados, Parasur S.A., cobraría una suma a la entidad binacional Yacyretá para honrar el compromiso; sin embargo, esto no sucedió y se configuró la supuesta estafa.

Existe un tercer caso, que lleva adelante la fiscal Susy Riquelme y que también está en el juzgado del magistrado José Delmás. Y otro cuarto, a cargo de la fiscal Esmilda Álvarez y el juez Delmás, que tiene como víctima a Juan López Moreira y un supuesto perjuicio de G. 400 millones.

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Desde agosto del 2012, la familia Pereira viene peleando por recuperar un predio de 8,5 hectáreas ubicado en la compañía Zárate Isla, en la ciudad de Luque, que habría sido adquirido por Fidelino Pereira en el año 1994, pero tras 18 años de propiedad se enteró de que desde la Municipalidad de Luque la habrían vendido tras alegar que era un terreno municipal.

La comuna luqueña habría vendido la propiedad a la empresa Promarket S.A. luego de realizar un juicio de mesura, del cual no participó ningún miembro de la familia Pereira ni sus representantes, por lo que se determinó que el inmueble es de dominio privado de la municipalidad.

De esta manera, si bien Fidelino Pereira contaba con el título de propiedad tras su compra por parte de Vicente Olmedo, quien fuera el anterior propietario de la misma, y contaba con boletas de recibo municipal del pago de sus impuestos hasta el año 2011, pierde en todas las instancias en un juicio de nulidad de acto jurídico contra la firma Promrket S.A., según los denunciantes, sin analizar a cabalidad los documentos de propiedad y la autenticidad de los mismos.

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“Son 15 años de trámite judicial, donde perdimos en las tres instancias por mal proceso y mal uso del derecho, principalmente por la producción de documentos fraguados de la Municipalidad de Luque y su jefe comunal de aquella época. Nosotros tenemos la seguidilla de contratos privados desde el año 1980 de anteriores dueños, y nosotros compramos el inmueble mediante vías legales y la Municipalidad realizó un nuevo título en el año 2010″, indicó Richard Pereira, hijo del propietario del inmueble, en conversación con La Nación/Nación Media.

Recordó que desde el principio no se respetaron los plazos procesales correspondientes porque no se notificaron correctamente, siendo más preciso en este caso a su madre, que es también propietaria del mencionado inmueble, por lo que continúan los litigios judiciales hasta la actualidad, generando un desgaste de años para la familia que aguarda un proceso claro y justo que les permita recuperar su propiedad.

Richard Pereira puntualizó que hasta la fecha continúan reclamando y con inicios sobre una nueva figura penal para recuperar el inmueble, el cual ya fue vendido en dos ocasiones, primeramente por parte de la Municipalidad de Luque a la empresa Promarket S.A. y posteriormente esta última lo habría revendido a una empresa denominada Megalog S.A, la cual se encuentra constituida actualmente en la propiedad.

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Este viernes, se suspendió nuevamente el juicio contra Andy Joel Romero luego de que su defensa presentó un carnet indígena exigiendo un trato diferenciado. El hombre estaba acusado por violencia familiar, luego de que golpeara brutalmente a su pareja en la cabeza, abdomen y manos en el año 2021. Desde Derechos Étnicos del Ministerio Público explicaron que el carnet es muy usado para eximir culpas.

Según la fiscal Sofía Galeano, Andy no pertenece a ninguna comunidad indígena y que esto fue confirmado por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), por lo que esperan que el tribunal que lleva el caso tenga en cuenta estas evidencias. Hoy viernes, nuevamente se suspendió el juicio por violencia familiar, atendiendo a que el tribunal solicitó un análisis del carnet.

“El Ministerio Público tiene suficientes documentaciones tanto del Indi, del Registro Civil y se realizaron mediante la dirección de Derechos Étnicos, el hombre fue acusado como no perteneciente a una comunidad indígena. El día de la audiencia preliminar se presentó el carnet indígena y el tribunal pospuso en inicio de juicio”, dijo Galeano, en el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Atendiendo a la suspensión de este juicio, la directora de Derechos Étnicos del MP, Dora Penayo, explicó que muchas veces el carnet es muy usado para dar otro tipo de juzgamiento a las personas o una pena más leve. “Hay una fragilidad del sistema y se presentan carnets que no son claros o ilícitos al solo efecto de beneficiarse con la diferenciación positiva”, aseguró en NM.

Apuntó que muchos se refugian detrás de este documento que se usa para evadir la pena. “Se presenta el carnet en el juicio oral o audiencia preliminar para suspender el proceso. Si no se presenta desde el principio da que pensar sobre la veracidad o el verdadero auxilio a la Justicia. Los abogados usan bastante como estrategia de defensa para exculpar a una persona”, sentenció.

Penayo aseguró que este documento suele ser mal utilizado o muchas veces se presenta con la firme intención de la defensa de anular cualquier juicio. “Se usa para decir que no hubo un perito o una orientación que le garantice el respeto hacia su cultura al indígena. Una de nuestras tareas en el Ministerio Público es identificar a la persona o conectarle con su comunidad, hay muchas personas que no viven en la comunidad hace mucho tiempo”, puntualizó.

El caso contra Andy Joel Romero data del 2021 y fue acusado de golpear a su pareja con un mazo por lo cual permaneció en prisión preventiva hasta que su defensa presentó el carnet indígena durante la audiencia preliminar. Atendiendo a la situación un primer tribunal decidió dar nulidad al proceso y lo dejó en libertad, esto fue apelado por la Fiscalía y la querellante. Se volvió a abrir un nuevo juicio que nuevamente fue suspendido hasta que se tenga resultados de las nuevas pericias.

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El adolescente británico que asesinó a tres niñas el 29 de julio en el norte de Inglaterra, ataque que causó violentas protestas contra la inmigración en Reino Unido, se declaró culpable en el inicio del juicio en Liverpool. Axel Rudakubana, de 18 años, reconoció los asesinatos de Bebe King, Elsie Dot Stancombe y Alice da Silva Aguiar, de 6, 7 y 9 años, respectivamente, que tuvieron lugar en una clase de baile con temática de Taylor Swift en Southport, en el noroeste de Inglaterra.

El apuñalamiento desencadenó disturbios en decenas de ciudades, avivados por agitadores de extrema derecha, entre rumores sobre el sospechoso, presentándolo erróneamente como solicitante de asilo y de confesión musulmana. El acusado, nacido en Gales y de origen ruandés, un país de confesión mayoritariamente cristiana, es juzgado por el asesinato de las tres niñas y herir a otras diez personas.

Aunque la pista terrorista no se mantuvo en la investigación, la policía informó que el joven también fue acusado de producir ricina, un veneno extremadamente tóxico, y de estar en posesión de un manual de entrenamiento de Al Qaeda.

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Rudakubana admitió un total de 16 cargos, incluidos los tres de asesinato, 10 de intento de homicidio, así como producir la ricina y poseer el manual de Al Qaeda. Vestido con un chándal gris, el adolescente se negó el lunes a ponerse de pie ante el tribunal y no declaró, excepto para decir la palabra “culpable” cuando se le presentaron los cargos.

El juez anunció que hará pública la sentencia el jueves. “La noticia de que el vil y enfermo asesino de Southport será condenado es bienvenida”, afirmó el primer ministro laborista, Keir Starmer, en un comunicado. “También es un momento de trauma para la nación, y hay graves preguntas por responder sobre cómo el Estado no cumplió con su deber final de proteger a estas niñas. Reino Unido exigirá respuestas con razón, y no dejaremos piedra sin remover en esa búsqueda”, añadió.

Los disturbios posteriores al asesinato de las tres niñas duraron varios días y los alborotadores atacaron hoteles que albergaban a solicitantes de asilo, mezquitas, y se produjeron enfrentamientos con la policía y con contramanifestantes.

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Starmer denunció los disturbios de “extrema derecha” y prometió máxima firmeza contra los alborotadores. A mediados de diciembre, más de 410 personas habían sido condenadas en todo el país por los disturbios, incluidas más de 360 a prisión. Dos hombres fueron condenados a nueve años de prisión, la pena más severa dictada en la represión de la violencia.

El príncipe Guillermo y su esposa Catalina visitaron Southport en octubre, rindiendo homenaje a las niñas y a las personas que colaboraron en el rescate de las víctimas. Ese acto fue el primer compromiso conjunto de la pareja desde que la princesa terminó la quimioterapia del cáncer que padece.

Fuente: AFP.