Los ministros de la Corte Suprema de Justicia aún no resuelven 87 acciones de inconstitucionalidad que se presentaron contra fallos del Tribunal Superior de Justicia Electoral y contra resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Desde la Secretaría de la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial informaron que se encuentra a disposición de las partes la nómina de acciones promovidas en contra de resoluciones emanadas del Tribunal Superior de Justicia Electoral y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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Esto, a los efectos de que los interesados comparezcan ante la Secretaría de la sala a fin de impulsar las notificaciones correspondientes sobre las integraciones producidas en cada uno de los planteamientos y, de esta forma, proseguir con los trámites procesales de rigor, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 98 del Código Procesal Civil “Principio de iniciativa del Proceso”.

Existen pendientes de resolución acciones de inconstitucionalidad promovidas en el año 2000, es decir, presentadas hace 25 años y que siguen pendientes de resolución.

De acuerdo a los datos, un total de 57 acciones que se presentaron contra determinaciones adoptadas por los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral siguen pendientes de resolución en la Corte. Igualmente, un total de 30 acciones están para decidirse sobre fallos del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, es decir, jueces que fueron destituidos de sus cargos, entre otros.

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Por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, el plenario de la Cámara Baja aprobó el proyecto “Que declara de interés nacional la campaña de matrimonio civil comunitario “Paraguay se casa: Unidos por amor y protegidos por la Ley”, impulsada por el Registro del Estado Civil”.

Así se afirma que el matrimonio, como institución fundamental de la sociedad, goza de protección y constitución legal en nuestro país, dijo Latorre. Recordó que la Constitución Nacional, en su artículo N° 49, establece que la familia es el fundamento de la sociedad y que se promoverá y garantizará su protección integral.

Indicó que esto incluye a la unión estable del hombre y de la mujer, los hijos y la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes.

Mencionó que el Registro del Estado Civil ha identificado que una parte significativa de la población enfrenta barreras económicas y administrativas que dificultan la formalización de sus uniones de hecho.

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Señaló que esta situación no solo genera inseguridad jurídica para las familias involucradas, especialmente en aspectos como derecho sucesorio, acceso a prestaciones sociales o reconocimiento de filiación, sino que también produce sub registros y distorsiones en los datos demográficos, afectando la planificación de políticas públicas.

“Especifica que la campaña “Paraguay se casa: Unidos por amor y protegidos por la Ley” fue diseñada para abordar esta problemática, con objetivos tales como promover la regularización de uniones de hecho, facilitando su acceso a la institución matrimonial; garantizar la seguridad jurídica de los contrayentes y sus núcleos; y erradicar sub registros civiles, asegurando que el Registro Civil refleje fielmente la realidad social", expresó el legislador.

El proyecto asevera que la campaña en cuestión busca el fortalecimiento de la cohesión social, al facilitar la formalización de las familias, reforzando el tejido social y protegiendo los sectores más vulnerables.

Además, establece la fiabilidad de los registros públicos y la regularización masiva de uniones, mejora la exactitud de los datos del Registro Civil, lo cual es vital para la planificación estatal, según el material.

“La campaña ha probado ser un modelo de gestión eficiente, reduciendo trámites y cargas burocráticas. Otros objetivos son garantizar el respeto de los derechos fundamentales; la eliminación de barreras económicas; y asegurar que el derecho al matrimonio no está condicionado por la capacidad económica”, sostiene el proyectista.

La medida central fue la exoneración general de la tasa de matrimonio civil, permitiendo que todas las parejas que lo deseen puedan acceder al trámite sin trabas económicas y con procedimientos simplificados.

Latorre exhorta a las instituciones públicas y privadas, así como a las diversas organizaciones de la sociedad civil, a desarrollar actividades de sensibilización y participación.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció nuevas medidas para proteger los haberes de los jubilados y pensionados, en el marco de una investigación del Congreso Nacional sobre posibles abusos con pagarés y descuentos excesivos.

El titular de la Gerencia General del MEF. Horacio Codas, explicó en conferencia de prensa, que se estableció una nueva reglamentación para los descuentos convencionales, que son aquellos que requieren autorización del beneficiario y se aplican en acuerdos con cooperativas o entidades financieras.

Desde ahora, los jubilados que opten por una protección adicional podrán solicitar que no se les descuente más del 50 % de sus haberes, con el objetivo de evitar sobre endeudamientos. Esta medida no afecta a los descuentos legales ni judiciales que seguirán operando como hasta ahora.

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Otra medida clave es que, si un jubilado solicita la suspensión de un descuento convencional, no podrá volver a habilitarlo por al menos seis meses. Esto se estableció para dar un respiro financiero y evitar que vuelvan a endeudarse sin analizar su situación. Además, se busca garantizar que los beneficiarios tengan información clara sobre los montos que se les descuentan y los servicios contratados.

Actualmente, el 75 % de los 77.767 jubilados y pensionados tiene algún tipo de descuento en sus haberes. Un 10,6 % está sobreendeudado, es decir, tiene descuentos que superan el 50 % de su jubilación. En tanto, el 4,4 % está embargado. Este año, hasta julio, ya se registraron 6.855 solicitudes de cese de descuentos, lo que representa un aumento preocupante respecto a años anteriores.

Desde la Dirección de Jubilaciones y Pensiones destacaron que el derecho al cese de descuentos siempre estuvo disponible, pero que en los últimos meses se dispararon las solicitudes. En enero se registraron 580 pedidos de cese, y en junio y julio se superaron los 1.200 mensuales.

El MEF sostiene que estas acciones buscan dar tranquilidad a los jubilados, asegurar su capacidad de pago y evitar prácticas abusivas por parte de terceros. Las nuevas reglas ya están en vigencia y apuntan a una gestión más transparente, con procedimientos ágiles y trazables para ejercer estos derechos.

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El senador José Oviedo cuestionó el rol del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción y apuntó a la falta de independencia del Poder Judicial como uno de los principales obstáculos para erradicarla.

“La impunidad es lo que permite que los casos sigan”, afirmó en una entrevista, donde también sostuvo que “la justicia es la que está siendo permisiva con los casos de corrupción”, expresó el legislador de Cruzada Nacional en contacto con La Nación/Nación Media.

Oviedo citó un informe del Fondo Monetario Internacional, según el cual Paraguay pierde aproximadamente USD 1.500 millones al año a causa de la corrupción. “Eso es muchísimo, aunque estimo que el monto es superior. Imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer: infraestructura, rutas, escuelas, inclusive podemos pagar con eso nuestro déficit que ronda el 2% anualmente”, subrayó.

El parlamentario señaló que cada año se repite el mismo patrón: “La Contraloría audita a las instituciones y año tras año elevan su informe, y son millones y millones que no son bien justificados. Eso no significa necesariamente que haya desvío de fondos, pero no se justifican debidamente”. Aseguró que muchos de esos casos llegan al Ministerio Público, pero que “no conozco muchos casos de personas responsables de casos de corrupción que estén en la cárcel”.

Para Oviedo, el problema de fondo es estructural. “La justicia aún no es completamente independiente, aún depende del poder político”, indicó, y citó como ejemplo la influencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Vimos cómo se inmiscuía el poder político en las decisiones del jurado en los chats filtrados del difunto diputado Eulalio ‘Lalo’ Gómez”.

En ese sentido, recordó que recientemente presentó un proyecto de ley para modificar la normativa del JEM y así evitar su uso como “garrote político” contra jueces. “Tenemos que buscar la forma de independizar al Poder Judicial del poder político”, enfatizó.

El senador también insistió en que los responsables de las instituciones deben asumir un rol activo para frenar la corrupción. “Si uno ve que se están cometiendo actos de corrupción, hay que tomar las medidas correctivas necesarias y no veo que eso esté sucediendo. Tiene que haber un cambio de paradigma, de mentalidad de quienes ejercen el gobierno”, expresó.

Finalmente, consideró que la lucha contra la corrupción debe ser un esfuerzo colectivo. “La corrupción ha permeado todas las instituciones públicas, incluso las privadas. Tenemos que ayudarnos entre todos para combatir, solamente del gobierno no va a venir la solución”.