El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú resolvió la inmovilización del yate del exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, investigado por el hecho punible de enriquecimiento ilícito en el marco del operativo A Ultranza Py. La embarcación quedará a cargo de la Senabico.
El fiscal del caso, Juan Ledesma, solicitó al juzgado el secuestro del yate, pero dicho pedido fue rechazado debido a que el Ministerio Público ya tiene incautada la embarcación por lo que la figura correcta es la de inmovilización del yate, lo que implica que ya no se podrá tocar la embarcación.
El representante del Ministerio Público está realizando varias diligencias investigativas que podrían llegar a la conclusión de presentar la imputación contra Roa. En caso de que sea imputado, el juez será Humberto Otazú.
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En su momento el exsecretario de la SEN Joaquín Roa había señalado que la embarcación fue adquirida del Grupo Tapyracuai en el 2018 por US$ 400.000. Manifestó en aquel entonces que es amante de la embarcación y refirió que hizo préstamos y hasta entregó una camioneta para tener el yate.
En el marco del operativo antidrogas A Ultranza Py donde fue detenido Alberto “Beto” Koube y se encontraron lujosos yates, el exministro de la SEN figura como uno de los dueños de la embarcación. El yate de Roa está valuado en unos US$ 500.000 y fue importado por el grupo Tapyracuai un día después de la asunción del gobierno actual; es decir, el 16 de agosto del 2018, aunque con un valor declarado un poco menor al estimativo que se maneja en el mercado. El valor de ingreso que consignaron es de US$ 378.000.
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Ratifican a juez que deberá citar a Miguel Prieto para la audiencia preliminar
El Tribunal de Apelaciones integrado por Claudia Criscioni, Silvana Luraghi y Gustavo Amarilla ratificó la competencia del juez de Delitos Económicos Humberto Otazú, quien fue recusado por uno de los acusados en el proceso penal que enfrenta el actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, por la compra de alimentos durante la pandemia.
Ahora el expediente tendrá que bajar nuevamente al juzgado de Otazú, quien tendrá que fijar la fecha para llevar a cabo la audiencia preliminar donde se tendrá que definir si el presente caso se eleva a un juicio oral y público, así como pidió el Ministerio Público.
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Días atrás, la defensa del procesado Higinio Ramón Acuña recusó al juez Otazú y logró suspender la audiencia preliminar.
Acusación
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdéz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formularon acusación y solicitaron elevar a juicio oral y público en contra del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otras 10 personas, en el marco de la investigación por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Se trata de la segunda causa en contra del intendente esteño. De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, el perjuicio ocasionado a la Municipalidad de Ciudad del Este sería de alrededor de G. 300 millones, en un esquema encabezado por Prieto y otras 10 personas para desviar fondos de la entidad municipal a través de licitaciones públicas que eran direccionadas a empresas afines o funcionales a Prieto.
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Nueva fecha de audiencia preliminar para Miguel Prieto por perjuicio patrimonial
El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.
El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.
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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Fiscal General asignó funciones a nuevos agentes fiscales
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, a fin de coordinar las tareas en el Ministerio Público dispuso la asignación y reasignación de funciones de varios agentes fiscales en diversas áreas y zonas de nuestro país.
En el departamento de Guairá se reasignó al fiscal Pedro Martín Escalada Cáceres a cumplir funciones en la Unidad Penal N.º 2 de la Fiscalía de Villarrica, en reemplazo de la agente fiscal Rocío Raquel Rivas. Asimismo el fiscal Diego Raúl Duarte Vázquez a cumplir funciones como titular de la Unidad Penal N.º 6 de la Fiscalía de Villarrica, en reemplazo de la agente fiscal María Elena Leiva Martínez.
Asimismo en el departamento de Canindeyú, Rolón asignó al fiscal Abelino Bareiro Aguirre para cumplir funciones en carácter de titular de la Unidad Penal N.º 1 y la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de la Fiscalía de Saltos del Guairá, en reemplazo del agente fiscal Carlos Cabrera; así también para intervenir en los expedientes judiciales del área civil, comercial y laboral por el sistema de asignación vigente.
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También se asignó a la agente fiscal Sonia Raquel Benítez Rojas para cumplir funciones en carácter de titular de la Unidad Penal Nº 3 de la Fiscalía de Saltos del Guairá. También se dispuso que el fiscal Carlos Rodrigo Giandinotto Paredes cumpla funciones en carácter de titular de la Unidad Penal 3, la Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato y causas de Denuncias por Maltrato Animal de la Fiscalía de Curuguaty, en reemplazo del agente fiscal Christian Ring.
Mientras que en el departamento de San Pedro se asignó a la fiscala Nélida Maricel Orihuela Battilana para cumplir funciones en carácter de titular de la Unidad Penal n.⁰ 3, Unidad Penal de Transición, Unidad Civil, Comercial y Laboral de la Fiscalía de San Pedro. Igualmente el fiscal Alexander Rodrigo Argüello Alderete cumplirá función en San Estanislao.
De mismo modo los fiscales Gloria Marlene Florentín Montiel cumplirá funciones en Santa Rosa del Aguaray en reemplazo del agente fiscal Jorge Isaak Encina Alder y la fiscala Laura Soledad Romero López cumplirá funciones en Santa Rosa del Aguaray.
También la fiscala Jazmín María Onelir Segovia Colmán cumplirá funciones en la Unidad Penal Nº 1 de Choré, con sede en la Fiscalía de San Estanislao. El fiscal cumplirá Pedro Nelson Acuña Castillo cumplirá funciones en Capiibary, en reemplazo del agente fiscal Pablo Ramón Zorrilla.
Se estableció la vigencia de las asignaciones y reasignaciones desde el 25 de febrero de 2025. Además, el fiscal general del Estado dispuso la realización de un inventario de los casos tramitados ante las unidades afectadas, el estado de las causas, así como de las evidencias existentes y lugar de depósito de estas.
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