En la mañana de este miércoles se reportó el fallecimiento del suboficial Marcos Ramón Bazán (29), quien ayer resultó herido de bala al intervenir en un asalto a una boutique ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. Según se informó, el policía se desempeñaba como custodio del diputado colorado Derlis Rodríguez.

El deceso fue confirmado por el doctor Carlos Vera, director del Hospital Regional de Coronel Oviedo, donde fue derivado el suboficial tras resultar herido. “Estuvo en terapia intensiva, no aguantó, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Falleció”, dijo a la 1080 AM.

El profesional mencionó que el policía llegó cerca de las 10:30 de ayer martes al centro asistencial con varias heridas de bala en el cuerpo. “Tenía varias entradas de proyectiles en el cuerpo. Entró a cirugía y estuvo 3 horas”, contó. Añadió que permanecía en terapia intensiva debido a la gravedad de las heridas sufridas.

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“Hoy nos toca despedir a Marcos Bazán, no solo un dedicado suboficial de policía, sino también un miembro querido y valorado por nuestra familia. En solo uno año y poco, Marcos se ganó nuestro respeto y cariño con su humildad, honestidad y espíritu de servicio. Su valentía al intentar ayudar durante un asalto es un testimonio de su nobleza y compromiso inquebrantable”, fue el mensaje que compartió en Facebook el diputado tras conocerse el fallecimiento del uniformado.

“Bazán no era solo un custodio; era un verdadero amigo que siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para ofrecer. Nos deja un vacío inmenso y un ejemplo de coraje y dedicación que nunca olvidaremos”, resalta el posteo hecho por Rodríguez acompañado de una foto con Marcos Ramón Bazán.

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Tras un robo perpetrado a una joyería de la ciudad de Luque, efectivos policiales detuvieron a una mujer transexual de nacionalidad argentina que es sindicada como la autora del atraco. El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 15 de la Ruta PY02 de la ciudad de San Lorenzo.

La misma fue identificada como Luz Mía Bárbara Di Batista, alias “Barbi”, quien ya contaba con una orden de captura a nivel internacional por hechos de robo similares en su país de origen. Se logró la identificación de la misma gracias a las imágenes de circuito cerrado del local, en las que se la ve huyendo del lugar.

Del poder de la misma fue incautada la suma de 2.400 dólares en efectivo, además de varias joyas. Al llegar a la dependencia policial, donde se encuentra bajo custodia, conversó con varios medios de prensa y reconoció que cuenta con una orden de captura en su país, pero que su intención era entregarse una vez que llegara a suelo argentino.

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“Yo estuve acá unos días nomás, no robé nada de lo que dicen; me hospedé en un hotel y utilicé las instalaciones este fin de semana sin problema, cambie dólares con cambistas en el centro y las joyas son mías, no sé de qué me hablan estas personas”, comentó Luz Mía Bárbara Di Batista a los medios de comunicación presentes.

Por su parte, los propietarios de la joyería asaltada destacaron que cuentan con todas las evidencias del caso, tanto el inventario de lo robado y sus documentos que los respaldan, como las imágenes de circuito cerrado donde se observa todo el actuar de la ahora detenida; exigieron a su vez que se haga justicia y sea procesada como corresponde con el fin de al menos recuperar parte de lo que se llevó.

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Continúan las investigaciones con relación al millonario asalto perpetrado en el distrito de Naranjal, donde los delincuentes robaron una sede bancaria y se realizaron al menos tres de seis allanamientos en la madrugada de este martes. Dos fiscales están al frente de los trabajos investigativos, con el apoyo de la Unidad Táctica de la Policía y la Unidad Investigativa.

En uno de los allanamientos realizados en la madrugada en la zona de 3 de Mayo, departamento de Caazapá, la policía procedió a la detención de 3 personas. Asimismo, se incautaron de una ambulancia perteneciente al Ministerio de Salud, debido a que sería la misma utilizada para que los delincuentes puedan escaparse.

El vehículo fue hallado en un taller mecánico. De acuerdo a lo informado por las autoridades policiales, el chofer habría buscado a los delincuentes en el sitio donde se abandonó el otro vehículo. Si bien el hombre aún no fue detenido, ya se tiene identificado al chofer de la ambulancia, quien habría ayudado al rescate de los asaltantes en la zona de Yñaró.

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Además de los tres detenidos, se procedió a la incautación de vehículos y varias evidencias que fueron puestas todos a disposición de la Fiscalía. También estaría implicado un expolicía, quien habría ayudado al asalto, pero que todavía no fue detenido, pero cuya participación está siendo investigada.

Los detenidos durante el procedimiento que continúa en curso son: Jorge Ariel Fernández, Ángel Rivas y Diosnel Benítez Centurión. Se presume que el presunto cabecilla de la banda, Mauricio Paniagua Medina no estaría entre los detenidos.

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Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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