El juez Gustavo Amarilla ratificó la prisión en la cárcel del Buen Pastor de Gudelia Vargas, esposa de Marcio Sánchez alías “Aguacate”, jefe de sicarios en Pedro Juan Caballero. Foto: Archivo.
Ratifican prisión de esposa de “Aguacate” en el Buen Pastor
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Gudelia Vargas Armoa, imputada por lavado de dinero, y esposa de Marcio Sánchez alías “Aguacate”, prófugo de la justicia, seguirá recluida en la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Así lo resolvió el juez penal de Garantías Gustavo Amarilla, quien rechazó revocar la prisión preventiva que pesa sobre la imputada.
La defensa de la pareja de “Aguacate” pretendía obtener un arresto domiciliario en la ciudad de Pedro Juan Caballero, pero el magistrado fundó su resolución señalando que existe aún peligro de fuga y el presente proceso penal se encuentra en etapa investigativa por lo que la imputada podría obstruir igualmente la investigación del Ministerio Público.
La defensa de la imputada ahora tiene la posibilidad de apelar y, en caso de ser así, será un tribunal de alzada que deberá estudiar y resolver si corresponde ratificar la prisión de la mujer o otorgala el arresto domiciliario.
La detención de la mujer se dio durante el operativo denominado Persea del Norte, luego de allanamientos de viviendas, granjas y estancias. Vargas Armoa se abstuvo de declarar ante el fiscal Osmar Legal, quien la imputó por lavado de dinero tras quedar demorada; mientras que su pareja sigue con paradero desconocido. El agente fiscal señaló que existen indicios de la participación de la misma en el blanqueamiento de capital proveniente del narcotráfico y homicidio de Sánchez.
Alias “Aguacate” está imputado en calidad de partícipe y sindicado como autor moral del asesinato de Haylee Carolina Acevedo Yunis, hija del gobernador Ronald Acevedo, ocurrido en el mes de octubre del 2021 en el barrio San Antonio de la capital del Amambay. El hombre también tendría vínculos con el Primer Comando Capital (PCC) y sería responsable de varios hechos de sicariato ocurridos en dicha ciudad.
Operativo Barret: decretan prisión de policía alias Pikeitor y otros imputados
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La jueza Lici Sánchez, decretó la prisión preventiva de varios detenidos en el marco del operativo Barret, entre ellos militares, policías y presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Varios imputados fueron trasladados a la cárcel de Tacumbú, mientras que los dos militares al penal de Viñas Cué, y el agente policial a la Agrupación Especializada. Están imputados Giovani Zárate Jiménez, alias Yoni, presunto líder de la estructura, quien estará privado de su libertad en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este; Alexandro Dos Reis Acosta, José Ignacio Ramírez.
Mientras que los militares Jorge Daniel Villalba, y Rodney Villalba estarán presos en la cárcel de Viñas Cué. Asimismo, el agente policial Germán Lezcano Ojeda alias Pikeitor cumplirá la prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
El Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, desplegó un operativo con más de ocho allanamientos en el departamento de Canindeyú, con el objetivo de dar con los integrantes de la banda criminal liderada por Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.
A través del operativo denominado Barret, las autoridades del orden buscan dar con las personas que estarían encargadas no solo del tráfico de drogas y armas dentro de la organización, sino de aquellas que se encuentran encargadas del lavado y el traslado del dinero.
La iniciativa apunta a establecer un marco legal específico con el fin de proteger la identidad digital, la privacidad y la seguridad de los usuarios de redes sociales y plataformas digitales. Foto: Gentileza
Plantean cárcel o multa para mitigar los perfiles falsos y la estafa digital
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El diputado liberal Freddy Franco, presentó el proyecto para castigar con cárcel o multa a aquellas personas que se adueñen de cuentas, creen perfiles sociales falsos para realizar estafas y difamaciones o roben claves.
La iniciativa apunta a establecer un marco legal específico con el fin de proteger la identidad digital, la privacidad y la seguridad de los usuarios de redes sociales y plataformas digitales. El proyecto de ley contempla la creación de un Consejo de Ciberseguridad con participación de sectores estratégicos del Estado y la sociedad civil.
También plantea la creación de una identidad electrónica oficial para los ciudadanos. “Presentamos este proyecto referente a la suplantación de identidad, mucha gente termina siendo estafada, cuando empiecen las denuncias contra los perfiles falsos hará que se mitigue la cantidad de los mismos que tienen la intención de quitar réditos económicos o de degradar a las personas”, comentó a la 1080 AM.
El proyecto propone una pena privativa de libertad de 1 a 3 años o multa de 100 a 500 jornales mínimos para quien, mediante cualquier medio o técnica, acceda o se apropie de un perfil o cuenta en una red social.
Asimismo, plantea la pena carcelaria de 6 meses a 2 años para el que cree un perfil falso con datos de otra persona con el fin de engañar, perjudicar o cometer otro hecho punible. “Las personas de la tercera edad son muchas veces víctimas de esta situación”, indicó.
Franco acotó que “este proyecto fue acercado a través de una asociación de informáticos. Vamos a hacer audiencia pública, vamos a llevar a las comisiones, y las comisiones van a ser las que van a decidir”, sostuvo.
Concepción: imputan y piden prisión para presunto autor de feminicidio
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La agente fiscal de Concepción, Carolina Quevedo, formuló imputación contra Javier Ayala Benítez, de 31 años de edad, por feminicidio en calidad de autor. Asimismo, solicitó al juzgado de Garantías la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva.
Ahora el imputado deberá comparecer ante un Juzgado Penal de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si el procesado estará privado de su libertad como lo solicitó el Ministerio Público en su acta de imputación.
En caso de que se decrete la prisión preventiva, la defensa de imputado tendrá la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que defina si corresponde la determinación adoptada por el juez de Garantía.
El hecho ocurrió en el distrito de José Félix López, donde efectivos de la Comisaría n.° 15 procedieron a la detención del sindicado, quien habría disparado a su pareja, María Luz Domínguez, de 30 años, ocasionándole una herida de bala en la frente, que le provocó la muerte. En el lugar del crimen fue incautada el arma presumiblemente utilizada en el ataque.
La investigación se inició tras la denuncia realizada por el padre de la víctima. La representante del Ministerio Público continúa recabando elementos de prueba a fin de esclarecer plenamente las circunstancias del hecho.
La jueza Clara Ruiz Díaz decretó la prisión preventiva de Ignacio Luis Ortigoza, extitular del Indert, procesado por lesión de confianza. Foto: Archivo
Jueza decretó la prisión de extitular del Indert, que tiene varios procesos penales pendientes
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La jueza penal de Garantía, Clara Ruiz Díaz, ordenó la prisión preventiva de Ignacio Luis Ortigoza Samudio, extitular del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), quien estuvo prófugo de la Justicia durante más de 6 años.
Asimismo, la citada magistrada fijó para el 11 de julio la audiencia preliminar de Ortigoza, cuando se va a saber si el presente caso va a un juicio oral y público.
El Ministerio Público en su momento presentó acusación contra Ortigoza y pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público atendiendo todos los elementos probatorios que se tiene en la carpeta fiscal.
Ortigoza fue declarado en rebeldía y con orden de detención en el año 2019 y desde ese año estaba siendo buscado por varios casos de presunta lesión de confianza cometidas cuando el mismo era presidente del Indert.
En enero de este año, la jueza Clara Ruiz Díaz reiteró su orden de captura en el marco de la causa que investigó el intento de venta de parte del predio del aeropuerto de Capitán Bado, Amambay, en el año 2012.
Asimismo, Ortigoza estaba siendo investigado por lesión de confianza en la compra de 5.743 hectáreas de tierra en Cordillera a la firma San Agustín, vinculada al exsenador Jorge Oviedo Matto. Las tierras fueron adquiridas por la entidad estatal por un monto de G. 46.884.846.163.
Del mismo modo, Ortigoza también fue indagado por la venta irregular de tierras en Alto Paraguay y así como la venta de la reserva del Mbaracayú.