El fiscal Alfredo Ramos Manzur imputó a dos hermanas por homicidio doloso tras existir indicios de ser las autoras de la muerte a golpes de su propia madre Limpia Concepción Giménez, de 73 años de edad. Las imputadas fueron identificadas como Laura Verónica Giménez y Lorena Beatriz Verón Giménez, para quienes se pidió la prisión preventiva.
El representante del Ministerio Público sostuvo que la autopsia llevada a cabo a la mujer arrojó como resultado que la misma murió tras ser brutalmente golpeada y presuntamente las responsables serían las hoy imputadas, que son hijas de la fallecida.
El terrible caso fue denunciado por vecinas de la zona de Paraguarí. Sin embargo, las ahora imputadas antes llevaron hasta un hospital de la zona a su madre, alegando que se había caído y golpeado, por lo cual en el centro asistencia se había diagnosticado como causa de muerte un infarto.
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Ante las dudas en torno al caso, el juez de Garantías de turno, Hilario Bustos, dispuso que el cuerpo sea examinado en la Morgue Judicial, donde finalmente se pudo constatar que la mujer falleció por los golpes que recibió y no por un infarto. El examen forense arrojó como resultado que la víctima tuvo fracturadas 6 costillas del lado izquierdo y 4 del lado derecho, además de un probable traumatismo de cráneo como resultado preliminar.
De esta manera, la autopsia fue clave para conocer en detalle los rigores del caso y descartar la primera hipótesis de un supuesto infarto.
Ahora las hermanas deberán comparecer ante un Juzgado Penal de Garantías para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá en qué lugar de reclusión estarán privadas de libertad hasta tanto dure todo el presente proceso penal por el grave hecho.
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Giuzzio solicitó vehículos blindados a Lalo Gomes en su paso por la Senad
Medios periodísticos han accedido a nuevos chats del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes y en esta oportunidad el nuevo implicado en el caso es el exministro de Mario Abdo, Arnaldo Giuzzio, quien lideraba la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en el 2019, año en el que se habrían realizado los pedidos al exlegislador.
La conversación entre ambos data de noviembre del 2019 y de acuerdo a estos, ya hubo una conversación anterior con Gomes, quien en ese momento no era legislador, pero era presidente de la Asociación Rural del Paraguay en Amambay. Recordemos que el fallecido diputado está vinculado a varios referentes del narcotráfico.
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Conversación del 18 de noviembre:
- Giuzzio: Buen día don Lalo, disculpe la molestia, solo para confirmar si sigue el ofrecimiento de los blindados para el día de mañana.
- Gomes: Sí señor tenemos, me decís nomás qué hora tiene que estar en el aeropuerto. A las órdenes por acá.
- Giuzzio: Gracias don Lalo, te vamos a pasar.
- Gomes: Si usted cree conveniente yo le mando preparar la recepción a tus invitados, me decís nomás cuántas personas son y organizo. Me dijo el doctor Alderete, atendele bien a nuestro amigo al doctor Giuzzio.
- Giuzzio: Gracias. Don Lalo, podemos tener dos y me decís qué vehículos y números de chapas por si la Policía Federal me pide si por allí cruzamos al otro lado, chofer podemos poner nosotros.
- Gomes: Land Cruiser blanco 2019 chapa AABD 468 blindaje nivel 7, Hilux blanca 2019 chapa provisoria, blindaje nivel 5. Decime nomás a qué hora envío al aeropuerto y le entrega a tus choferes.
- Giuzzio: Don Lalo, podemos llevar ambos vehículos a nuestra base de la Senad en Pedro Juan Caballero si es posible para las 7 horas.
- Gomes: Sí señor, vamos a llevar para esa hora, me decís a quién le entregamos. Yo le voy a esperar en el aeropuerto también para acompañarte, señor ministro.
- Giuzzio: Si podés entregarle al encargado de mi seguridad, el suboficial Rojas en la base de Pedro Juan Caballero.
- Gomes: Sin problema doctor, a las órdenes, ya está organizado con su seguridad ministro.
- Giuzzio: Excelente, gracias don Lalo.
El pedido de Giuzzio a Gomes fue para su visita a la capital departamental de Amambay, Pedro Juan Caballero y las conversaciones entre ambos continuaron en los días siguientes. El 19 de noviembre, hay nuevamente una comunicación entre ambos y en esta oportunidad, el entonces ganadero le informa que ya había cumplido con su trato con el exministro.
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- Gomes: Buen día señor ministro, ahí ya están los vehículos en la base.
- Giuzzio: Me avisaron don Lalo, muchas gracias.
El contacto entre ambos se dio nuevamente el 20 de noviembre, cuando Giuzzio lo contactó para expresarle su agradecimiento por las atenciones recibidas en su paso por Amambay.
- Giuzzio: Gracias por todo don Lalo, salió todo muy bien.
- Gomes: A las órdenes siempre doctor, por acá cuando quieras.
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Imputan a hombre que agredió a su esposa embarazada
Cándido Vázquez Sandoval, el hombre que habría azotado con cinto a su esposa embarazada de 7 meses, fue imputado por la agente fiscal Liliana Denice Duarte, quien solicitó su prisión preventiva, al considerar la gravedad de los hechos. El imputado enfrenta cargos por violencia familiar y se encuentra detenido con pedido de prisión preventiva.
El violento hecho ocurrió debido a que la mujer le llamó por teléfono en reiteradas ocasiones a su marido para pedirle dinero para la cena de sus hijos, a los que mandó a dormir luego de comer un poco de pan. El incidente ocurrió el 8 de febrero de 2025 en la vivienda de la pareja, ubicada en el km 14 Acaray de Minga Guazú.
Ante la falta de respuesta y la necesidad de alimentar a sus hijos, la mujer les dio pan y los acostó a dormir. Siguió intentando comunicarse con su esposo hasta pasada la medianoche, pero finalmente se quedó dormida. Ya en los primeras horas del 9 de febrero, Vázquez Sandoval llegó a la casa en estado de ebriedad.
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La mujer, para evitar que despertara a los niños, le abrió la puerta y esperó a que se duchara y se acostara. Sin embargo, al ingresar a la casa, el hombre la increpó por haberlo llamado varias veces y luego la agredió físicamente con un cinto, propinándole golpes en varias partes del cuerpo.
Tras la agresión, el hombre se acostó a dormir. Por la mañana, la mujer, temiendo por su seguridad y la de sus hijos, se refugió en la casa de su padre, ubicada en el km 13,5 Acaray. Posteriormente, se dirigió al Hospital Distrital de Minga Guazú y finalmente radicó la denuncia en la sede policial.
Luego de la intervención de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Violencia Familiar, un médico forense del Ministerio Público examinó a la víctima y constató que presentaba signos de violencia física, incluyendo hematomas y escoriaciones en el abdomen, brazos y piernas, compatibles con haber sido azotada con un cinturón u objeto similar.
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Exsenador demócrata Bob Menéndez, condenado a 11 años de prisión por corrupción en EE. UU.
- Fuente: Agencia AFP
El exsenador demócrata de origen cubano Bob Menéndez, uno de los políticos que gozó de más poder en Washington, fue condenado este miércoles a 11 años de cárcel por corrupción, fraude y trabajar como agente para el gobierno de Egipto, informaron medios estadounidenses.
El excongresista de 71 años, en cuya vivienda se encontraron fajos de dólares y lingotes de oro, había sido declarado culpable por un jurado en julio de 16 cargos por soborno, fraude, extorsión, obstrucción a la justicia y recibir pagos para favorecer al gobierno egipcio y ayudar a un fondo de Catar. “En algún punto del camino... perdiste el rumbo”, dijo el juez Sidney Stein al anunciar la sentencia. “Trabajar por el bien público se convirtió en trabajar por tu bien”.
La fiscalía había pedido al menos 15 años de prisión para el exsenador por el estado de Nueva Jersey, quien renunció a la todopoderosa presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores cuando estalló el caso en octubre de 2023. La defensa, por su parte, había solicitado solo 27 meses con “al menos dos años de servicio riguroso a la comunidad”.
“Voy a pedirles clemencia, no por mí, sino por Anthony”, dijo Menéndez llorando al conocer la decisión, refiriéndose a su hijo autista, informó The New York Times.
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La policía halló en 2022 durante un allanamiento del domicilio familiar de Menéndez y su esposa, Nadine Arslanian, más de 480.000 dólares en efectivo escondidos entre ropa y zapatos y en una caja fuerte, así como 13 lingotes de oro valorados en 150.000 dólares y un auto descapotable Mercedes Benz.
Según la fiscalía, este hijo de cubanos que llegaron a Estados Unidos en la década de 1950, antes de la revolución cubana, utilizó su poder e influencia entre 2018 y 2022 para ayudar, junto a su pareja, a los empresarios Wael Hana, Fred Daibes y José Uribe, a conseguir favores a cambio de sobornos.
Hana y Daibes, egipcios-estadounidenses y coacusados en este mismo caso, fueron también condenados por soborno. El primero recibió 8 años de cárcel y 1,3 millones de dólares de multa y Daibes, 7 años de prisión y una sanción de 1,75 millones. Está previsto que la esposa de Menéndez también se siente en el banquillo a partir del 18 de marzo, ya que por problemas de salud no lo pudo hacer con el resto de los acusados.
Excluido de las filas demócratas, el político había anunciado que se presentaría a las elecciones de noviembre como independiente. Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez fue un feroz opositor a la normalización de las relaciones con Cuba, un acérrimo enemigo de Venezuela y China y un firme defensor de Israel.
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Fiscalía pide 12 años de prisión para exministro Walter Bower
La fiscal Sonia Sanguinés solicitó 12 años de prisión para el exministro del Interior, Walter Bower, por su implicancia en las presuntas torturas a dos policías en el contexto de un supuesto intento de golpe de Estado en el año 2000. Las víctimas, quienes fueron detenidas y sometidas a malos tratos durante los interrogatorios, eran sospechosas de estar vinculadas a esta tentativa de golpe contra el gobierno del entonces presidente Luis Ángel González Macchi.
El juicio por este caso se lleva adelante después de más de dos décadas de que los hechos ocurrieran, lo que ha generado una considerable discusión sobre la impunidad y el tiempo transcurrido antes de que se alcanzara una resolución judicial. Además de Bower, la Fiscalía también solicitó penas para los otros dos acusados en el caso: los policías Osvaldo Vera, y Merardo Palacios, quienes enfrentan solicitudes de 14 y 7 años de prisión, respectivamente.
Antecedentes
El 2000 fue un año crítico para Paraguay, marcado por la tensión política y las crisis institucionales. En medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno de González Macchi, varios sectores dentro de las fuerzas de seguridad fueron acusados de conspirar contra el gobierno. La detención de los supuestos implicados en el golpe de Estado se vio acompañada de denuncias sobre torturas durante los interrogatorios, hechos que luego fueron elevados a juicio.
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La acusación principal recayó sobre Bower, quien en su rol de ministro del Interior habría sido responsable directo de las operaciones de detención e interrogatorio de los implicados. Durante el juicio, se presentó evidencia de que las torturas fueron sistemáticas y tenían como objetivo obtener información que confirmara las supuestas conspiraciones.
Proceso penal
El juicio, que finalmente comenzó varios años después de los hechos, ha sido un proceso largo y plagado de obstáculos. En varias ocasiones, el Tribunal de Sentencia tuvo que suspender las audiencias debido a recusaciones de los jueces y otras complicaciones procesales. Sin embargo, en la actualidad, el caso parece estar llegando a su fin, y la fiscalía ha solicitado una condena firme para Bower, Vera y Palacios.
La gravedad de los hechos no solo radica en las torturas, sino en el contexto político y social de la época, que creó un ambiente propenso para que actos de esta naturaleza fueran aceptados como parte de la lucha por el control político.
La justicia paraguaya, sin embargo, está tomando medidas para dar un cierre a este oscuro capítulo de su historia. En este sentido, el caso de Walter Bower se ha convertido en un símbolo de las luchas por la justicia y la reparación.
La solicitud de 12 años de prisión es un recordatorio de que, aunque el tiempo haya pasado, los crímenes cometidos bajo el amparo del poder político no pueden quedar impunes. Este caso refleja además una transición en la política y la justicia en Paraguay, que busca sanar heridas del pasado y fortalecer el estado de derecho.
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