Osmar Legal, fiscal del caso Imedic SA, manifestó que la recusación contra el Tribunal de Sentencia es un modus operandi para dilatar el inicio del juicio oral y público. Foto: Nadia Monges.
Caso Imedic SA: “Recusación contra Tribunal de Sentencia es un modus operandi para dilatar el juicio”
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El fiscal Osmar Legal, quien es el encargado de sostener la acusación contra Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, accionista y presidenta de la firma Imedic SA, se refirió sobre la recusación que presentó la defensa de Ferreira. “La recusación contra el Tribunal de Sentencia es un modus operandi para dilatar el proceso y, a su vez, no se pueda realizar el juicio oral y público”, indicó.
Es importante mencionar que el inicio del juicio oral fijado para hoy lunes para el clan Ferreira se suspendió porque el abogado Nicolás Fernández recusó al Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza.
Asimismo, el fiscal sostuvo que “ahora esperamos que el Tribunal de Apelación pueda decidir sobre la recusación que se presentó contra los jueces de Sentencia y así se pueda fijar nuevamente la fecha para el desarrollo del juicio oral y público”, señaló.
Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira están acusados por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia del COVID-19. Asimismo, soportan proceso penal el despachante aduanero Carlos Gamarra y los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta.
En julio del 2021, el juez Humberto Otazú elevó a juicio oral y público el proceso penal del clan Ferreira. La determinación del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia preliminar. Esta resolución judicial fue apelada por la defensa de los procesados y en setiembre del mismo año el Tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Gustavo Santander, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín, ratificó que Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y otros procesados deberán enfrentar un juicio oral y público.
Pavo Real 1: recusación contra fiscales suspendió audiencia preliminar
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Se suspendió la audiencia preliminar para 24 acusados por el caso conocido como operativo Pavo Real 1, que desbarató un esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico. La diligencia judicial se pospuso porque el acusado Carlos Oleñik recusó a los fiscales del caso, Osmar Segovia, Elva Cáceres e Ingrid Cubilla.
Ante la recusación contra los fiscales, el juez Osmar Legal tuvo que suspender la diligencia judicial en la que se definirá si el proceso penal va a un juicio oral y público.
Ahora será el fiscal general del Estado quien resuelva si confirma a los fiscales del caso. Una vez que se confirme la competencia de los fiscales, el magistrado deberá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar.
En el proceso penal, 24 personas fueron acusadas de formar parte del esquema de lavado de dinero del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavao, privado de su libertad en una cárcel de máxima seguridad en Brasil.
Los fiscales antidrogas Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres pidieron juicio oral para las 24 personas que formaron parte de un esquema criminal para lavar dinero narco en Paraguay y ocultar bienes a través de testaferros.
Entre los acusados está el abogado Daniel Montenegro, esposo de la fiscala Katia Uemura, quien realizó transacciones de compra y venta de bienes inmuebles vinculados a la organización. El Ministerio Público solicitó el comiso de más de 100 inmuebles, entre los cuales figuran dos hoteles en Pedro Juan Caballero, por aproximadamente USD 150 millones y USD 2 millones, depositados en las cuentas de los acusados Angela Kunrad y el abogado Alfredo Duarte.
Tribunal de Sentencia condena a 15 de años de cárcel a exministro Bower
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El Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Fabián Weisensee, Laura Ocampo y Cándida Fleitas, condenó este sábado al exministro del Interior, Walter Bower a la pena privativa de libertad de 15 años, por hechos de torturas, cometidos contra policías, ante el supuesto intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luis González Machi.
En la causa también están procesadas los comisarios Merardo Palacios Melgarejo, y Osvaldo Javier Vera Espínola, quienes fueron sentenciados a sufrir la pena privativa de 12, y 6 años de cárcel, respectivamente.
Las víctimas, quienes fueron detenidas y sometidas a malos tratos durante los interrogatorios, eran sospechosas de estar vinculadas a esta tentativa de golpe contra el gobierno del entonces presidente González Macchi, hecho ocurrido en mayo del año 2000. Los apremios que recibieron entonces fueron los policías Alfredo Cáceres y Jorge Luis López Sosa.
El presente proceso judicial es el más largo de la historia penal del Paraguay, ya que este mes de mayo próximo se cumplirán 25 años de los sucesos ocurridos.
Los sentenciados deberán guardar reclusión en la cárcel de Viñas Cué, según la disposición judicial.
Ayer lunes se dio continuidad al juicio oral por el feminicidio de la joven Dahiana Espinoza, cuyo cuerpo sigue sin ser encontrado. Su expareja es el principal sospechoso.
El reinicio del juicio oral por el presunta muerte de Luz Dahiana Espinoza Colmán (22) se realizó en la sede del Juzgado de Fernando de la Mora. El principal (y hasta ahora único) acusado por este caso es su expareja Joel Guzmán Amarilla, quien fue imputado por el hecho punible de feminicidio. La agente fiscal Daysi Sánchez explicó al canal C9N que para esta jornada está prevista la continuación de la etapa testimonial, con la declaración de varios testigos importantes.
Entre las personas que ya prestaron declaración ante el Tribunal de Sentencia figuran la bióloga de la Fiscalía, encargada de analizar las muestras de sangre halladas en la supuesta escena del crimen. “Ella vino a confirmar ante el tribunal que la comparación del ADN con los fluidos de los padres había sido con información completa, eso significó que dio positivo (para la sangre) de Dahiana”, afirmó. Con todos los indicios y pruebas que existen, se avanza en la teoría del Ministerio Público que acusa a Guzmán por la muerte de la joven, enfatizó la fiscala. Este caso sentará un precedente jurídico en nuestro país, teniendo en cuenta que es el primero que llega a instancias de un juicio oral sin producirse el hallazgo del cadáver de la presunta víctima.
El Ministerio Público apeló la leve condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A. Foto: Aldo Ynsfrán
Imedic: fiscalía apeló leve condena de Patricia Ferreira y Nidia Godoy
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Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.
Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.
Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.
Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.
Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.
Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.