Se suspendió la audiencia preliminar para el expresidente de la Conajzar José Antonio Ortiz y Sergio Coscia, exprocurador general de la República, quien cuenta con sobreseimiento provisional. Foto: Archivo.
Caso Conajzar: suspenden audiencia preliminar de extitular y otros acusados
Compartir en redes
Se suspendió la audiencia preliminar para el expresidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) José Antonio Ortiz; Carmen Alonso, representante de la Diben, y otros acusados por lesión de confianza sobre la adjudicación de explotación de juegos de azar en forma irregular. Igualmente, se suspendió la diligencia judicial para Sergio Coscia, exprocurador general de la República, quien cuenta con sobreseimiento provisional.
La audiencia se debió realizar ante el juez penal de Garantías Humberto Otazú, pero fue suspendida debido a que se tienen varios recursos pendientes de resolución por lo que el citado magistrado no pudo llevar a cabo la diligencia judicial en la que se debía definir si los acusados van o no a un juicio oral y público.
La fiscal María Estefanía González presentó acusación contra Ortiz y otras personas por lesión de confianza y declaración falsa, sobre la presunta adjudicación irregular para la explotación de juegos de azar. La representante del Ministerio Público solicitó al juzgado que el presente caso se eleve a un juicio oral debido a que cuenta con suficientes elementos para llegar a una condena.
Ahora será un tribunal de apelación el que una vez más deberá destrabar el presente proceso penal, y una vez que se resuelvan los incidentes en la Cámara de Apelación, el expediente deberá bajar nuevamente al juzgado a cargo de Otazú, que tendrá que fijar una nueva fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar.
El tiempo pasa y los hechos prescriben: Contraloría alerta sobre causas contra Prieto
Compartir en redes
La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este celebró la nueva imputación contra el exintendente Miguel Prieto, aunque advirtió que el proceso judicial avanza con demasiada lentitud y existe el riesgo de que varias causas prescriban.
Así lo manifestó Magdalena Montiel, referente de la organización, al señalar que Prieto acumula cerca de 50 denuncias en su contra, pero hasta ahora solo tres derivaron en imputaciones.
“Él ya dejó de ser intendente, pero de todos modos hay un daño patrimonial gigantesco que se le hizo a la municipalidad con estas tres causas que ya tienen imputación”, expresó Montiel en conversación con La Nación/Nación Media.
Apuntó además a la continuidad del círculo cercano de Prieto dentro de la administración municipal. Mencionó en particular al asesor, Daniel Pereira Mujica, a quien calificó como el verdadero operador del esquema denunciado.
“De hecho, quiero que sea intendente porque sobre este Daniel Pereira Mujica no pesa ninguna denuncia, él no deja rastros por ningún lado, pero es él el que encabeza todo y siendo él administrador, nosotros vamos a tener condiciones de poder denunciar, porque nosotros sabemos que no hay intenciones de mejorar la gestión”, expuso.
Magdalena Montiel de la Contraloría Ciudada lamentó lentitud de la justicia en causas contra Miguel Prieto. Foto: Gentileza
El caso investigado
La causa más reciente, y por la que fue imputado por lesión de confianza y uso de documentos falsos, tiene origen en una denuncia de la Contraloría Ciudadana sobre transferencias municipales a dos subcomisiones de apoyo a ollas populares en diciembre de 2020. El monto asciende a G. 311 millones.
Según Montiel, ambas subcomisiones estaban presididas por un matrimonio y conformadas casi en su totalidad por familiares. “Lo llamativo era que todo se hizo en un mismo día: se entregaron facturas, se cobraron cheques y se rindieron cuentas. Incluso había facturas correlativas y una de transporte por G. 70 millones, lo que mostraba que todo estaba fraguado”, relató.
La situación se agravó cuando, al año siguiente, los presidentes de ambas subcomisiones fueron contratados como funcionarios de la municipalidad. La denuncia por asociación criminal fue presentada en 2024, luego de que la organización detectara las irregularidades.
De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, el cheque fue finalmente cobrado por un funcionario municipal, lo que refuerza las sospechas de un esquema de desvío de fondos.
Montiel subrayó que la imputación representa “un pequeño alivio”, ya que los hechos investigados datan del 2020 y estaban a punto de prescribir. Sin embargo, insistió en que la lentitud del Ministerio Público pone en riesgo la posibilidad de que los responsables enfrenten consecuencias reales.
“El problema más grave que tenemos es que el Ministerio Público realiza un trabajo con mucha lentitud. Así como van las cosas, hay muchos hechos que van a prescribir y no va a pasar nada con la gente que cometió estos hechos de corrupción”, lamentó.
La Sala Penal confirma condena al exintendente Cárdenas por daño patrimonial a Lambaré
Compartir en redes
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa del exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas. De esta forma, queda firme la condena de dos años con suspensión de la ejecución penal.
El fallo resolvió que la defensa no cumplió con los requisitos mínimos exigidos por ley para impugnar la sentencia, al no presentar una argumentación detallada ni fundamentos específicos que justificaran el análisis casatorio del máximo tribunal.
Cárdenas fue encontrado culpable de lesión de confianza, que provocó un grave perjuicio patrimonial de G. 5.704 millones a la Municipalidad de Lambaré, al desviar fondos de royalties destinados a la pavimentación urbana.
La importancia del fallo radica en que con este rechazo de casación, la condena ya no admite recurso y debe considerarse legalmente ejecutable, lo que en términos prácticos implica que Cárdenas podría quedar sujeto a las consecuencias previstas por el sistema judicial.
El voto mayoritario, respaldado por la magistrada Carolina Llanes, enfatizó que el recurso presentado era genérico y no cumplía con el deber de fundamentación ni con la exigencia de argumentación lógica, crítica y verificable.
Con esta decisión, el sistema judicial reafirma que incluso figuras políticas de alto perfil deben responder ante los actos de corrupción y que los recursos deben cumplir con estrictos parámetros formales si pretenden ser admitidos. El precedente sienta un mensaje claro sobre la responsabilidad pública y el rigor en el acceso a recursos extraordinarios.
El Ministerio Público presentó acusación contra el exintendente de Asunción, Óscar "Nenecho" Rodríguez, y otras 15 personas por lesión de confianza y otros dos delitos más. Foto: Néstor Soto
Fiscalía acusó y pidió juicio oral para ex intendente de Asunción y otras 15 personas
Compartir en redes
Los fiscales Jorge Luis Arce Rolandi, Silvio Corbeta Dinamarca y Marlene González de Ovelar presentaron acusación y solicitaron que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público para el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, acusado por lesión de confianza y asociación criminal, en el marco del caso detergentes.
La Fiscalía sostiene que existe un presunto perjuicio patrimonial a la comuna de Asunción de G.1.808.956.000 en el pago de varios contratos a las firmas proveedoras de detergentes.
Igualmente, el Ministerio Público presentó acusación y pidió juicio oral para el ex jefe de Gabinete Wilfrido Cáceres, al igual que César Daniel Ojeda Figueredo, Edgar Fabián Estigarribia Gavilán, Edwin López Cattebeke, Enrique Antonio Chávez Benítez, Ernesto Javier Armoa Ramírez, Víctor Ramón Frágueda Ortiz, Jorge Alberto Ruiz Díaz Cabrera, David Fernández Rachid, Agustín Fernández Estigarribia, Juan Rodríguez, Jorge Daniel Arguello Vielma, María Victoria Cano Torres, Pedro Ramón Cano Martínez, y Benicio Antonio Cano Martínez.
El escrito se presentó ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien deberá admitir la acusación y fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se definirá si Nenecho Rodríguez y otros acusados van a un juicio oral y público.
De acuerdo al escrito de acusación, el exjefe comunal fue uno de los responsables para adquirir y distribuir detergente durante la pandemia del Covid-19.
El exintendente esteño, Miguel Prieto, cuando entregó en Diputados informes que intentaban justificar sus inversiones en proyectos que nunca se llegaron a ejecutar. Foto: Archivo
Fiscalía imputa a destituido intendente de CDE, Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza
Compartir en redes
El Ministerio Público imputó hoy martes al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por supuesta lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso, y declaración falsa para ocasionar un perjuicio a la comuna esteña de G. 311 millones. Esta es la tercera imputación que recae sobre el exjefe comunal.
De acuerdo a la argumentación reportada por los agentes fiscales, Néstor Coronel, Luz Guerrero y Marlene González, el daño con varios proyectos que no se llegaron a ejecutar supera los G. 311 millones.
El Ministerio Público menciona que en el año 2020, durante la administración de Prieto, se habría desembolsado dinero de los fondos correspondientes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro para realizar pagos por servicios que no fueron realizados.
Además de Prieto, igualmente fueron imputados Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social de la Municipalidad de Ciudad del Este; Francisco Arrúa, director de Administración y Finanzas; Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero de la Municipalidad de Ciudad del Este; Jorge Rivas Rivas Aponte, funcionario de la Municipalidad de Esteña; Juan Esteban Quiroga Cañete, presidente de la subcomisión de Apoyo a voluntarios de Ollas Populares y Marcos David Galeano Fernández, secretaria de la subcomisión de Ollas Populares.
La lista de imputados sigue con Mirta Battochi Oviedo, tesorera de la subcomisión de la Olla Popular, Luana Magdalena Silva, José Augusto Cárdenas, Aníbal Pérez y Adrián Paola Martínez.
De acuerdo al escrito de imputación, los hechos se registraron durante el año 2020 en plena pandemia del Covid-19
Corte destrabó procesos
La sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había destrabado la semana pasada el segundo proceso penal que enfrenta el exintendente de Ciudad del Este, acusado por lesión de confianza por un perjuicio millonario.
La máxima instancia judicial declaró inadmisible la apelación general presentada por la defensa de Higinio Ramón Acuña, quien recurrió a la Corte para dejar sin efecto la confirmación del juez Humberto Otazú.
El pasado 19 de agosto, con una amplia mayoría los diputados destituyeron a Prieto, tras constatarse mediante la fiscalización del economista Ramón Ramírez, las graves irregularidades que fueron detectadas inicialmente por la Contraloría, a cargo de Camilo Benítez.