Los fiscales Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Manuel Doldán y Alicia Sapriza remitieron una nota solicitando la presencia de autoridades de la Seprelad, Aduanas, Senac y la Secretaría de Estado de Tributación (SET) a fin de llevar adelante una mesa de trabajo en el caso de la investigación sobre el avión de Emtrasur que ingresó a territorio paraguayo con autorización de autoridades nacionales.
La reunión solicitada es en virtud a los datos referidos en una conferencia de prensa de las citadas autoridades y que pueden aportar al esclarecimiento de la investigación.
Dicha invitación fue realizada al titular de la Seprelad, René Fernández; el director de Aduanas, Julio Fernández; al titular de la Senac, Federico Hetter; y al viceministro de la SET, Óscar Orué, para el día viernes 30 de setiembre, a las 9:30, a fin de colaborar con la investigación.
En dicho encuentro se intercambiará información sobre la presente investigación que inició el Ministerio Público sobre el ingreso del referido avión a nuestro país. Cada autoridad deberá brindar información real sobre la situación de la mencionada aeronave.
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Cámara revocó fallo que ordenaba a Seprelad entregar información a IDEA
El tribunal de Apelación, integrado por los camaristas Arnulfo Arias, María Belén Agüero y Arnaldo Fleitas, revocó la resolución del juez Miguel Palacios, que había ordenado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que informe sobre financistas y participantes del evento del pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se realizó en nuestro país el año pasado.
Con la presente resolución judicial, la Seprelad no está obligada a brindar la información que ha solicitado vía amparo judicial Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), contra la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
Los camaristas mencionan en su resolución que “el derecho al acceso a la información pública se halla garantizada para todas las personas, sin embargo en este caso, la apreciación sobre si la proporcionada por la entidad del Estado es completa o incompleta responde a una apreciación subjetiva del reclamante, al quedar satisfecho o insatisfecho por la contestación que pueda recibir”.
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También agregan que “en el informe de Seprelad, sobre los nombres o denominaciones de las personas físicas o jurídicas de los organismos públicos o privados nacionales de derecho internacional extranjeros que financiaron total o parcialmente el evento, ha informado que “los datos solicitados no forman parte de sus registros y se puede concluir en consecuencia que, en realidad, al requerimiento del demandante ha existido una respuesta; que esta no haya complacido al mismo, ya responde a su entendimiento, pero de por sí, no constituye un acto ilegítimo de parte de la demandada es decir de la Seprelad” señala la determinación judicial.
Asimismo los jueces indicaron que el juez de primera instancia no ha considerado suficientemente los requerimientos de la norma constitucional para admitir el amparo, que debe ser revocado, al encontrar que no cumple con los presupuestos para su procedencia.
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Supuesta estafa a menonitas: Fiscalía se constituyó en el Indert
Un equipo del Ministerio Público, encabezado por el fiscal José Godoy, se constituyó este miércoles en las oficinas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) con el objetivo de recabar más datos en torno a la investigación de una denuncia de estafa a dos hermanos menonitas en la zona de Río Verde, localidad de Presidente Hayes.
El fiscal precisó que en el marco de la instigación se cuenta con documentos que respaldarían el pago de USD 1.600.000 por parte de las víctimas, todo este dinero en efectivo, pero con pagarés que están siendo sometidos a pericia para determinar su autenticidad y si fueron cobrados en realidad.
Por su parte, el director del Indert, Francisco Ruiz Díaz, señaló en conferencia de prensa que desde que asumió el cargo, la dirección del Chaco, que anteriormente trabajaba de manera independiente dentro de la institución, volvió a estar bajo la coordinación de la presidencia de la institución y se ejerce un control total sobre los expedientes.
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“Establecimos una mesa de trabajo a los efectos de facilitar todo tipo de datos que la Fiscalía necesite. Ya tenemos todos los documentos que podemos ofrecerle a la Fiscalía y lo que se busca es dilucidar cómo se habría ejecutado esta supuesta venta de manera irregular”, mencionó Ruiz Díaz.
El titular del Indert declaró que recientemente fueron apartados también de sus cargos varios funcionarios que estarían involucrados con el movimiento irregular de documentación sobre terrenos de propiedad privada, los cuales, transgrediendo la ley, fueron visitados e inspeccionados por funcionarios de la institución por solicitud no de la presidencia, sino de funcionarios subordinados, quienes continúan siendo investigados.
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“La justicia no debe ser selectiva”, dice Maidana sobre chats entre Abdo y Gomes
Las conversaciones entre el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y Mario Abdo Benítez, al tiempo en que este ejercía la Presidencia de la República, merecen ser investigados, afirmó el senador Derlis Maidana en conversación con La Nación/Nación Media, quien ratificó su postura respecto a que todos los implicados en los chats deben ser objeto de pesquisa por parte del Ministerio Público.
“La justicia no debe ser selectiva. Si el caso amerita, más tratándose de un presidente de la República, se debe hacer lo que corresponde, investigar y llegar a resultados concretos, que es lo que la ciudadanía espera para devolver la confianza y credibilidad a las instituciones”, aseveró el parlamentario.
Los chats entre Gomes y Abdo se dieron principalmente entre el 2019 y 2021, en ese tiempo hubo un intercambio permanente de mensajes en los cuales el exdiputado contactó en múltiples ocasiones al entonces mandatario para ponerse a disposición y así también para hacerle sugerencias respecto a los cambios que debía hacer en instituciones estatales como la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el Ministerio de Educación.
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El expresidente también plasmó en estas conversaciones su predisposición con Gomes con expresiones como “A las órdenes” y “espero que salgan mañana a apoyar”. Hay que mencionar que en ese momento el exlegislador era un ganadero y dirigente político de Amambay con vínculos con Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. En chats filtrados con anterioridad también se habló de una financiación de USD 1 millón para la campaña de Abdo Benítez a la presidencia y existe la sospecha de que el dinero pudo haber provenido del narcotráfico.
“Yo mantengo mi posición de siempre, el Ministerio Público debe investigar todos los casos en los que hay indicios de hechos punibles, la vara debe ser la misma para todos, sin excepción, si la Fiscalía considera que debe pedir desafueros, debe proceder como corresponde y proseguir de la manera más rápida posible con las investigaciones”, añadió Maidana.
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Filtración de chats: Rolón y Legal se abstienen de asistir ante la Comisión Permanente
El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, y el juez especializado en lucha contra el crimen organizado Osmar Legal comunicaron que no acudirán a la convocatoria impulsada por la Comisión Permanente del Congreso Nacional para tratar la divulgación de las conversaciones entre el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista con algunas autoridades de justicia y la política.
Legal argumentó impedimentos constitucionales, mientras que Rolón decidió enviar a la fiscal adjunta Matilde Moreno en su representación. El juez indicó que consultó sobre la convocatoria realizada por los parlamentarios al abogado Gustavo Gorostiaga, director de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien le recomendó “declinar respetuosamente” la invitación.
En el documento remitido por Legal a los miembros de la Comisión Permanente citó el artículo 193 de la Constitución Nacional, el cual dice que “no se podrá citar ni interpelar al presidente de la República, al vicepresidente ni a los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional”.
El magistrado citó además el artículo 195 de la Constitución Nacional, el cual indica que el “presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los magistrados judiciales, en materia jurisdiccional, no podrán ser investigados”, por comisiones conjuntas que se den en el Congreso Nacional.
El mismo posicionamiento fue adoptado por Rolón Fernández, que se respaldó en los artículos 192 y 193 de la Constitución Nacional sobre prohibiciones y evitó acudir hasta el Legislativo. El primero sostiene que “no se podrá citar ni interpelar al presidente de la República, al vicepresidente ni a los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional”.
A la vez la cabeza del Ministerio Público alegó que existe una limitación material sobre el tema a tratar, teniendo en cuenta que los agentes fiscales que investigan el caso, Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez, bajo la coordinación de la fiscal adjunta María Soledad Machuca Vidal, accedieron recién en la víspera a la copia espejo de la pericia realizada a uno de los tres celulares móviles de Lalo Gomes.
“Nosotros necesitamos escuchar a las cabezas de las instituciones en cuanto a las acciones que están tomando. La fiscal adjunta no es la voz que nosotros queremos escuchar como Comisión Permanente, lo que hubiese correspondido es que ambos estén presentes y que respondan a las consultas de la ciudadanía”, recriminó el presidente de la comisión, el diputado Miguel Ángel del Puerto.