El juez Yoan Paul López fijó para el 19 de octubre la audiencia de imposición de medidas cautelares para la exjueza civil Tania Irún, imputada por prevaricato. Foto: Archivo.
Citan a exjueza Tania Irún para audiencia de imposición de medidas cautelares
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El próximo 19 de octubre, a las 10:00, se debe realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para la exjueza en lo civil y comercial de Asunción Tania Irún, imputada por prevaricato por haber entregado 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zonas de seguridad fronteriza en Alto Paraguay.
La diligencia judicial se llevará a cabo ante el juez penal de Garantías Yoan Paúl López, quien definirá si ordena la prisión de Irún o bien decide otorgar medidas alternativas a la prisión. Desde el inicio del presente caso hasta la fecha no se pudo realizar la imposición de medidas debido a que en la presente causa se presentaron varios incidentes al solo efecto de dilatar el caso penal.
Días atrás la fiscal Natalia Fuster solicitó un año más de plazo para seguir recolectando más elementos de prueba contra la exmagistrada, quien soporta un proceso penal por prevaricato por haber entregado 310 mil hectáreas. El requerimiento provisional del Ministerio Público revela que aún faltan recibir algunos informes del extranjero y es por ello que se pide más tiempo al juez del presente caso para poder presentar el requerimiento conclusivo definitivo.
De acuerdo al acta de imputación, la entonces jueza civil Tania Irún, en fecha 23 de noviembre del 2018, en el marco del juicio caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, resolvió hacer lugar a una demanda de cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública promovida por las firmas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments, otorgándoles 310.000 hectáreas a favor de dichas firmas, cuyos accionistas no se sabe quiénes son.
Por su parte, la querella adhesiva presentó su acusación y solicitó que el presente caso se eleve a un juicio oral y público donde se pueda debatir los elementos de prueba que están agregados en la carpeta fiscal.
Operativo Turf: juez autorizó extracción de datos de teléfono celular de Lindomar Reges Furtado
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El juez del crimen organizado, Osmar Legal, autorizó al Ministerio Público extraer datos del teléfono celular del presunto narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado y Karla Guimaraes, quien habría colaborado para la fuga de Reges Furtado en el operativo Turf realizado en febrero del 2022 en un barrio cerrado de Alto Paraná.
La diligencia se realizará en el Laboratorio Forense de la Fiscalía debido a que ya se tiene la tecnología avanzada, así como una nueva actualización del equipo forense UFED, para la extracción de los datos.
El pedido fue presentado por el agente fiscal, José Martín Morínigo, quien solicitó la extracción y análisis forense de los datos almacenados en los teléfonos. Ambos aparatos, modelos iPhone, habían sido incautados en febrero del 2022 durante un allanamiento en el Paraná Country Club, pero hasta la fecha no había sido posible acceder a su contenido debido a sistemas de seguridad avanzados.
Los datos que se pretende recuperar son mensajes de texto, registros de llamadas, contactos, imágenes, videos y otros archivos que puedan ser relevantes para la investigación. El perito designado es el ingeniero Jorge Sebastián Riquelme Salinas, de la Sección de Informática Forense del Ministerio Público.
El magistrado recordó la necesidad de garantizar los derechos constitucionales de las personas involucradas, por lo que dispuso que la diligencia sea acompañada por un defensor público. La audiencia para el juramento del perito fue fijada para el próximo 5 de mayo a las 9:00.
Durante la audiencia preliminar en el Palacio de Justicia, el juez Osmar Legal elevó a juicio oral el proceso penal de la exjueza civil Tania Irún, acusada por prevaricato: Foto: Gentileza
Exjueza civil Tania Irún enfrentará juicio oral por prevaricato
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La exjueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, enfrentará un juicio oral y público por el delito de prevaricato por haber entregado de forma irregular 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay a empresas presuntamente de maletín. Así lo resolvió el juez Osmar Legal, luego de realizarse la audiencia preliminar en Palacio de Justicia. Ahora se deberá sortear quiénes serán los jueces de sentencia que tendrán a su cargo realizar el juicio oral a Irún.
Legal, luego del estudio pertinente, rechazó el incidente de la defensa de Irún, quien pretendía obtener el sobreseimiento definitivo y admitió la acusación del Ministerio Público, elevando el presente caso a un juicio oral y público.
La exjueza está acusada por prevaricato y fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados luego de comprobarse mal desempeño de sus funciones con los votos de los ministros Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia.
En julio del año pasado, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil, Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la ex magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.
La acusación también señala que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún, al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
Ante el juez Osmar Legal, quien interina a su colega Humberto Otazú, se realizará la audiencia preliminar de la exjueza civil Tania Irún, acusada por prevaricato. Foto: Archivo
Definirán si exjueza civil Tania Irún enfrentará juicio oral por prevaricato
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Este lunes 14 de abril se definirá si la exjueza Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, acusada por el delito de prevaricato por entregar 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay a empresas presuntamente de maletín, enfrentará un juicio oral y público así como pidió el Ministerio Público en su acusación.
La diligencia judicial se realizará ante el juez Osmar Legal, quien interina a su colega Humberto Otazú. La fiscala del caso es Silvia González, quien defenderá acusación presentada por la propia fiscalía general del Estado vía fiscala adjunta, Soledad Machuca.
En un llamativo fallo judicial y con los votos de los camaristas Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete, se anuló de forma sorpresiva la elevación a juicio oral de Irún y se ordenó que se realice una nueva audiencia preliminar para estudiar la acusación. Los dos citados camaristas ya fueron acusados por mal desempeño en sus funciones en el JEM.
La exjueza está acusada por prevaricato y destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados luego de comprobarse mal desempeño de sus funciones con los votos de los ministros Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia.
Acusación fiscal
En julio del año pasado, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil, Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la ex magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.
La acusación también señala que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
El juez Rodrigo Estigarribia ratificó la admisión de la imputación contra la jueza de paz Analía Cibils, en el caso conocido como la mafia de los pagarés. Foto: Jorge Jara
Mafia de los pagarés: ratifican admisión de imputación contra jueza de Paz Analía Cibils
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El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia ratificó la admisión de la imputación por el delito de prevaricato contra la jueza de Paz Analía Cibils, quien está suspendida en sus funciones. La misma presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por el magistrado sobre la admisión de la imputación. Ahora, el expediente deberá subir al Tribunal de Apelación debido a que el recurso fue subsidiaria.
La fiscala Belinda Bobadilla sostuvo que el acta imputación cumple con los requisitos establecidos para la admisión. Fue al momento de contestar el recurso plantado por la defensa de la jueza imputada.
Son varios los imputados que ya presentaron incidentes al solo efecto de poder dilatar someterse a los mandatos de la Justicia debido a que se está suspendiendo la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Asimismo, el juez Estigarribia rechazó la chicana presentada por la ujier notificadora, Audrey Jazmín Galeano Mora, hija del expresidente del Colegio de Abogados, Rubén Galeano.
La imputada por el caso conocido como la mafia de los pagarés había planteado una reposición y apelación en subsidio contra la determinación del juez, quien admitió y procesó penalmente a la hoy exfuncionaria judicial. Ahora, el expediente judicial deberá subir al tribunal de apelación, donde se tendrá que estudiar si corresponde confirmar la resolución del juez.