El juicio oral y público contra el exintendente de Asunción Mario Ferreiro y otras personas procesadas continuará el próximo martes 18 de octubre. Ferreiro, junto a otros seis acusados, están siendo juzgados por los hechos de coacción y coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias, en el caso conocido como “caja paralela” o “asado de fin de semana”, un grupo de mensajería en Telegram en el que se “cocinaba” la recaudación paralela de la Municipalidad de Asunción.
El Tribunal de Sentencia, que tiene a su cargo juzgar a los procesados, está conformado por los magistrados Yolanda Morel, Claudia Criscioni y Elsa García. Además de Ferreiro, también están acusados Carlos Marcelo Mancuello y Víctor Ocampos por lesión de confianza y tráfico de influencias, los sobrinos del exintendente, Fernando Ferreiro y Roberto Ferreiro, por delito de tráfico de influencias, y Aureliano Servín y Rocío Casco por coacción y coacción grave.
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En marzo de este año, un Tribunal de Apelación ratificó que el exintendente de Asunción Mario Ferreiro y otros acusados deben enfrentar juicio oral y público. La denuncia fue presentada por Camilo Soares el 27 de noviembre del 2019 por los delitos de cohecho pasivo, cohecho pasivo agravado, soborno, coacción, coacción grave y tráfico de influencias contra personas innominadas.
De acuerdo a la acusación, Mario Ferreiro, en su carácter de ordenador de gastos de la Municipalidad de Asunción, ocasionó a la comuna un perjuicio patrimonial de 1.611 millones de guaraníes. El caso derivó en su renuncia el 20 de diciembre del 2019.
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Fiscal apelará condena de tres años a hombre que dio una brutal golpiza a su pareja
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal María del Carmen Meza de la unidad zonal de Iruña apelará la condena dictada contra un hombre por haber agredido brutalmente a su pareja. La representante del Ministerio Público anunció la apelación al considerar que la calificación del hecho no se compadece con la condena aplicada. La misma había pedido siete años de prisión.
El viernes último culminó el juicio oral de Jorge Ignacio Cabrera Ávalos, quien se encuentra en prisión, y con la sentencia de solo tres años, ya quedaría en libertad en poco tiempo. El tribunal de sentencia que emitió el fallo está conformado por los jueces Margarita Martínez, Diego Duarte y Gloria Vera.
De acuerdo a los hechos expuestos en juicio, Cabrera Ávalos sometió a su concubina a maltratos físicos y psicológicos durante más de dos años. Ambos residían en una vivienda de inquilinato en la colonia San Alfredo, distrito de Naranjal, al sur de Alto Paraná.
La última agresión ocurrió el 3 de noviembre de 2023, alrededor de las 23:00, luego de una discusión familiar. El hombre golpeó a la víctima en diversas partes del cuerpo, causándole heridas en la cara, cabeza, brazos, cuello y piernas, frente a los hijos menores. El rostro de la mujer quedó casi desfigurado.
Luego de la golpiza, Cabrera Ávalos huyó, fue perseguido por vecinos, quienes lograron alcanzarlo y detenerlo, a unos mil metros del lugar, en un camino vecinal, y lo entregaron a los agentes policiales.
Mientras los vecinos se ocupaban de detener al agresor, la mujer fue auxiliada hasta el Puesto de Salud de Naranjal, presentaba sangrado en la cabeza y rostro, además de lesiones traumáticas en varias partes del cuerpo.
El diagnóstico médico, emitido por la doctora Fernanda Bordaberry, detalló “lesiones traumáticas severas, obstrucción de vías aéreas por secreción hemática, epistaxis moderada, un hematoma periorbitario en el lado izquierdo y una herida cortante de 2 cm en la región ciliar del mismo lado”.
Durante el juicio oral, la fiscal María del Carmen Meza argumentó su pedido de 7 años de cárcel, resaltando la gravedad de los hechos, comprobados con el diagnóstico sobre la agresión última de hace un año. También hubo agresiones sistemáticas durante un periodo largo, según lo expuesto en juicio.
Más de 30.000 víctimas de violencia familiar
Hoy 25 de noviembre se recuerda el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al respecto, los Datos Abiertos de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público tiene un registro de 30.898 víctimas de violencia familiar, entre los meses de enero a octubre del 2024 y 27 casos de feminicidio.
Este año se registran también 3 víctimas de violencia vicaria, denominación para aquellos casos que tienen como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos. De las 30.898 víctimas de violencia de este año, 30.044 son mujeres adultas, 383 son menores de 13 años y 471 adultos mayores. El 66 % corresponde a mujeres entre 20 y 49 años de edad.
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Esteños piden celeridad en los casos judiciales de Prieto: “Sigue libre, campante y robando”
“Ciudad del Este libre” es la movilización ciudadana que fue impulsada este miércoles frente al Poder Judicial con el fin de requerir celeridad a la justicia en los procesos judiciales que enfrenta el intendente opositor Miguel Prieto. Afirman que las protestas no pararán hasta que el también aspirante a mandatario enfrente por lo menos una audiencia de imposición de medidas.
“Estamos insatisfechos con el poder judicial, no sabemos por qué tarda tanto su imposición de medidas, Prieto sigue libre, campante y robando. Esta persona es un mal mayor. Nosotros desde el 2020 estuvimos presentando denuncias contra este intendente”, dijo el activista Arturo Páez en el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
De las 41 denuncias contra el líder del movimiento Yo Creo, un total de 10 fueron presentadas por la Contraloría Ciudadana. Hasta el momento, solo en 2 expedientes Prieto está imputado por el Ministerio Público. La primera es en la causa donde se investiga la compra de bolsas de alimentos durante la pandemia del covid-19 en el 2020.
En este caso el jefe comunal y otras 10 personas de su entorno cercano fueron imputadas por lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
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“Estamos cansados que esta justicia sea selectiva”
La última imputación contra Prieto y otras 11 personas de su entorno fue por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Incluso se ordenó el embargo preventivo de sus bienes, así como la prohibición de vender o gravar sus propiedades.
Las investigaciones sugieren que el dirigente del sector opositor habría encabezado un esquema para el desvío de recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas vinculadas a él, generando beneficios económicos indebidos.
“Nosotros hicimos un trabajo muy extenso excepcional con la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, incluso tenemos todo evidenciado y corroboramos los hechos de corrupción. Se hicieron pedidos de informes en la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la Dirección de Contrataciones Públicas. Sabemos que hay mucha impunidad, que si no hay presión no hay acción y acá se está haciendo mucha omisión”, lamentó Páez.
Asimismo siguió argumentando que “Con un grupo de ciudadanos estamos encadenados frente al Poder Judicial y no saldremos, siempre se nos miente. La última vez que venimos fue hace 6 meses. Estamos cansados de que esta justicia sea selectiva, ya no estamos creyendo en la acción del Poder Judicial, parece que ya tenemos que tomar medidas más drásticas como lo hacemos ahora de encadenarnos y gritar para pedir justicia por Ciudad del Este porque todos los días estamos siendo robados”.
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Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción
El contralor general de la República, Camilo Benítez, fue invitado a una charla en el espacio de la Vocería de Gobierno, para explicar sobre el Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Indicó que mediante este régimen, el Estado paraguayo adoptará un enfoque preventivo en su lucha contra la corrupción, definiendo estándares y canalizando las denuncias para su seguimiento.
Mencionó además que este régimen que fue creado por ley amplía las prerrogativas de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano extrapoder y crea el Consejo Nacional Anticorrupción. Este consejo, al igual que las unidades de transparencia y anticorrupción de las instituciones públicas, serán dependientes de la CGR.
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El contralor señaló que mediante el Consejo se trabajará con los tres poderes del Estado para contar con estándares de aplicación de prevención de la corrupción. Explicó que al no contar con una estrategia nacional ponía a Paraguay en falta en cuanto a tratados internacionales sobre integridad pública.
Cumplimiento de tratados
“Creemos que esta es la pata de la mesa que faltaba para el Paraguay y de paso es una normativa necesaria para estar a nivel o en cumplimiento a los tratados internacionales que tenemos en materia de anticorrupción. Era una falta para el Paraguay, no tener una política de integridad pública. Esta iniciativa o ley cuando entre en vigencia va a tratar de proponer un enfoque de lucha contra la corrupción desde el aspecto preventivo”, indicó.
Señaló que a través del Consejo se contará por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de la Contraloría y del Ministerio Público para estrategias a implementar en toda la función pública.
“Dentro de este nuevo régimen, la participación ciudadana es fundamental en el control. Una de las modificaciones de la ley es que el portal de denuncias será administrado por la Contraloría en lugar de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), cuyos recursos pasarán a formar parte del primero”, comentó.
Modalidades
Mencionó que tras su paso por el Congreso fueron eliminadas la posibilidad de denuncias anónimas, quedando las modalidades de denuncias nominales y con protección de datos. El contralor señaló que se trabajará por un mecanismo que requiera de la habilitación de dos funcionarios para poder conocer la identidad de un denunciante, en caso de orden judicial que lo exija, y garantizar la seguridad.
“Esta iniciativa fue hecha inicialmente para la Senac, pero un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, que forma parte del gabinete cuyo compañeros de trabajo son los ministros, mal podrían administrar las denuncias contra sus funcionarios públicos. Eso violenta todos los principios internacionales en materia de control. Entonces, este régimen denota una madurez importante del Ejecutivo al desprenderse de esto; porque políticamente estas instituciones fueron utilizadas para perseguir a aquellas personas con quienes no comulgan”, acotó.
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Arnaldo Giuzzio evade el banco de acusados y su juicio pasa a marzo de 2025
El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, nuevamente recurrió a chicanas con la finalidad de evitar el inicio de su juicio oral y público tras ser acusado por el Ministerio Público por presunto cohecho pasivo agravado por supuestos vínculos con el capo narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
El proceso debió comenzar este lunes, sin embargo, el también extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y simpatizante del Partido Democrático Progresista (PDP) tomó la decisión de reemplazar al defensor público que lo asistió durante ocho meses y contrató a su amigo personal, el abogado y exministro anticontrabando Emilio Fuster.
La decisión de Giuzzio se dio 3 días antes de que comience su juicio. Mediante esta nueva maniobra dilatoria su representante legal requirió un tiempo adicional para estudiar el caso y preparar su estrategia de defensa, petición aceptada por los miembros del tribunal de sentencia, siendo esta la cuarta suspensión del proceso.
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De esta forma se fijó el 3 de marzo de 2025 como nueva fecha para el arranque de su juicio oral y público. La agente Verónica Valdez, quien interina otras unidades fiscales, pidió la reprogramación del juicio debido a dificultades para asistir en la fecha inicial.
Antecedentes
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contratar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, del cual era titular hasta febrero de 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marqués de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que el exministro usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
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