La Corte Suprema de Justicia garantiza la atención de los servicios básicos durante la feria judicial, así como la realización de las audiencias de revisión de medidas cautelares de las personas privadas de libertad. Foto: Archivo.
Se inició este lunes la feria judicial que se extenderá hasta el 31 de enero
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Desde este lunes 2 de enero del 2023 se inició la feria judicial, que se extenderá hasta el 31. Desde la máxima instancia judicial aseguran que se garantizará la atención al público para los servicios básicos durante la pausa en las actividades ordinarias en el Poder Judicial, que también afectará a las circunscripciones judiciales de todo nuestro país. Las actividades ordinarias se regularizarán desde el 1 de febrero de este año.
Los servicios que se garantizarán están los planteamientos que se hagan en el Juzgado en lo Laboral, Tribunal de Apelación, Juzgado de la Niñez y Adolescencia, Justicia Letrada, Defensoría, Liquidación y Sentencia, Juzgado Penal de Garantías y Ejecución Penal. La atención también se mantendrá en las oficinas de Atención Permanente, Legalizaciones, Informaciones y Garantías Constitucionales, respectivamente.
Es importante señalar que en el ámbito penal, durante el receso judicial solo se podrán estudiar los pedidos de revisión de medidas cautelares; lo que implica que si una persona privada de su libertad solicita que se revise las medidas del mismo, el juez de feria deberá hacerlo y resolver conforme a derecho. También se podrán presentar amparos.
Mientras que en el fuero civil también estarán magistrados que puedan entender las demandas que se promuevan en dicha instancia. Igualmente, funcionarán normalmente la Dirección General del Registro Público y la Dirección del Registro Automotor.
Asimismo la Corte Suprema de Justicia informa que durante la feria judicial del año 2023 está habilitada para acceso y salida de funcionarios y público en general únicamente la puerta de la entrada principal del Palacio de Justicia de la capital (sobre la calle Mariano Roque Alonso), mientras que la puerta de acceso posterior (sobre Ángel Moreno) permanecerá cerrada. Esta disposición se da por motivos de seguridad y en atención al menor flujo de personas en esta sede judicial.
El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, afirmó que apelan a la mesa de diálogo para llegar a un acuerdo, no obstante ya trabajan en un plan de contingencia. Foto: Archivo
Gobierno tiene plan de contingencia para asegurar buses en los tres días de paro
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El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, aseguró que en caso de no llegar a un acuerdo en la tripartita ya cuentan con un plan de contingencia para garantizar el servicio del transporte público durante los tres días.
Dijo que cuentan con los buses que pondrá el gobierno, más el ofrecimiento del sector privado, con lo que esperan llegar a cubrir el 70 % de la demanda, lo que significará que el paro anunciado por Cetrapam podría tener un impacto del 30 %.
El alto funcionario fue convocado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde abordaron tema del paro y destacaron la prioridad de garantizar que la ciudadanía no se vea muy afectada por la medida de fuerza.
“Estamos trabajando con la presidencia de la República el plan de contingencia, y estamos afinando con las distintas instituciones del Estado, para disponer de la flota del sector público para sacar ese día. También tenemos el ofrecimiento de varios gremios del sector privado que nos han confirmado que dispondremos de su flota, uno de ellos cuenta con 320 buses que no se sumará al paro”, precisó.
Emiliano Fernández indicó que se estará sacando la flota de buses del Gobierno, más el ofrecimiento del sector privado, estiman llegar a una cobertura del 70 de la demanda. Foto: Néstor Soto
Servicio imprescindible
Fernández resaltó que un elemento importante, que ahora por primera vez se va a dar, es que se declarará el transporte público como servicio imprescindible, así como el servicio de salud pública. Entonces, indicó que se deberá garantizar una movilidad mínima por parte de las empresas que se sumen a la medida de fuerza.
“Nosotros vamos a trabajar en la declaración de imprescindibilidad, y por más que las empresas se sumen al paro, van a tener que sacar buses. Porque si no lo hacen estarán violando un derecho del ciudadano", dijo.
Remarcó que se hará un control estricto con estas empresas de que cumplan con el servicio mínimo de la flota de buses y de constatarse que no se cumple, se llevará adelante el sumario con las sanciones correspondientes.
Afirmó que la mesa de contingencia ya está trabajando también en el plan de acción e itinerarios que serán cubiertos. No obstante, el viceministro señaló que existe un tiempo aun de diálogo, y que apelarán a esa mesa tripartita para llegar a un acuerdo y evitar a llegar a la medida de fuerza.
Medida desproporcional
Por otra parte, el viceministro Fernández aseguró que desde el Gobierno siempre hubo predisposición a pagar los subsidios, hubo inconvenientes, pero se terminaron pagando. Igualmente indicó que hay mesas técnicas que analizan el tema de la discrepancia sobre la tarifa técnica con el gremio.
“Por eso, decimos que la medida es desproporcional. Hemos informado a los diputados todos estos pormenores, y vamos a seguir trabajando. El lunes inicia la tripartita en el ámbito del viceministerio del Trabajo, y ahí tendremos espacio de diálogo donde vamos a exhortar todo lo que acabo de mencionar”, indicó.
El objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. Foto: Archivo
Registro Nacional de Pagarés avanza con consenso del Ejecutivo, la Corte y el Congreso
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“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.
Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.
“Mafia de los pagarés”
El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.
El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.
El diputado José Rodríguez detalló los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito. Foto: Archivo
Poder Judicial
La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.
Poder Ejecutivo
Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.
Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.
Pacto institucional
“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.
El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.
Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.
Ratifican condena de 20 años de cárcel por narcotráfico de Cristian Turrini
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El exdirector de la TV Pública, Cristián Turrini, pasará 20 años encerrado en una penitenciaria por resolución de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inadmisible el estudio de un recurso extraordinario de casación y por ende la sentencia condenatoria queda firme
Turrini fue condenado por narcotráfico, como uno de los involucrados con el cargamento de cocaína, de 2.906 kilos, incautado en el Puerto Terport, Villeta, en octubre del 2020.
Los ministros de la máxima instancia judicial que firmaron la resolución judicial son Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera.
El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Víctor Alfieri e integrado por las jueces Alba González y Dina Marchuk, condenó a 20 años de cárcel a Cristian Turrini Ayala, por asociación criminal, tenencia y tráfico internacional de drogas, como uno de los responsables de un cargamento 2.906 kilos de cocaína incautado en un puerto de Villeta en 2020.
La condena fue de forma unánime por los magistrados, teniendo en cuenta la cantidad de droga incautada y la afectación que tiene la misma tanto a nivel nacional como internacional.
Igualmente en segunda instancia se confirmó la condena de 20 años de cárcel para Turrini.
Las autoridades buscan cotejar las estadísticas manejadas por la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial del primer departamento. Foto: Archivo
Casos de violencia familiar lideran las denuncias en Concepción
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Los hechos de violencia intrafamiliar lideran las denuncias en el departamento de Concepción, según informes del Poder Judicial. Otro dato llamativo es la duplicación de los casos judicializados de abuso sexual en niños.
De acuerdo con los reportes, el año pasado se reportaron 19 casos de abuso sexual en niños y en este semestre ya se registraron más de 30 hechos.
“Está encabezando como en todos los años anteriores el hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. El año pasado en el periodo de tiempo tuvimos 156 casos. En este año tenemos 134”, dijo el presidente de la circunscripción judicial de Concepción, Fabio Cabañas al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
En tanto, manifestó que “genera preocupación” el hecho de abuso sexual en niños. En tanto el delito menos cometido es el de “coacción grave” con un total de 19 casos.
“Y otros que han subido son los de violencia familiar. El año pasado era 89 y ahora subió a 91”, refirió.
Las autoridades judiciales buscan cotejar sus estadísticas con los documentos del Ministerio Público, para tener el dato global de los casos reportados a nivel departamental, conforme manifestó el abogado Cabañas.
También se deben colectar los datos manejados por la Policía Nacional, ya que no todos los casos son finalmente judicializados. Esto considerando que pueden darse circunstancias en que las denuncias son retiradas o hay un acuerdo entre las partes, con lo que deciden poner fin al litigio.