El abogado Ricardo Preda fue tajante al señalar que no es un hecho punible el no dejar constancia sobre el estado civil de las personas en la cédula de identidad. Esto debido a que se generó una gran polémica desde la Policía Nacional al afirmar que uno, al momento de renovar su cédula, no informa si es casado o soltero.
El referido profesional del derecho explicó, “cuando vos renovás tu cédula, vos no hacés nada, es decir, vos te vas y pedís la renovación de tu cédula, y según la página de Identificaciones de la Policía Nacional, el único requisito para renovar tu cédula es presentar el documento vencido”.
Agregó, ”no hay un formulario donde vos completás y hagas una declaración jurada, entonces al no haber conducta activa, no puede haber un delito porque no existe un delito de omisión relacionado a los documentos”, señaló el abogado Preda. Acotó, “el Código Penal no castiga una conducta omisiva, solamente castiga conductas activas en cuanto al tema documental”, indicó.
“Por otro lado, la Policía, según su ley, solamente emite documento de identidad; es decir, la identidad del nombre y apellido y la identificación numérica que tiene nuestro país, nada más”, manifestó el profesional del derecho.
Preda sostuvo, “el estado civil de las personas no le compete a la Policía Nacional porque no es el órgano que registra, ni certifica sobre el estado civil de las personas, eso le corresponde al Registro Civil que depende del Ministerio de Justicia”, señaló. Además, afirmó “en el Registro Civil, uno tiene que inscribir la información si es casado o soltero”, concluyó el abogado Ricardo Preda.
Podes leer: Corte sancionó a 910 funcionarios judiciales, 24 magistrados y 241 abogados en el 2022
Dejanos tu comentario
El abogado Óscar Tuma rechaza haber cometido lavado de dinero
“Me imputan por ser abogado y cobrar mis honorarios”, indicó Óscar Tuma sobre la acción del Ministerio Público en su contra por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales. El órgano extrapoder lo investiga por haber participado en una supuesta maniobra para transferir inmuebles embargados, con el fin de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.
“Yo sabía que llegaríamos a esta instancia, pero no me imaginé nunca que para tratar de amedrentar en la causa principal iban a llegar a imputarme. No estoy preocupado, acá no hubo lavado de dinero. Pude haber cobrado mis honorarios en efectivo, pero mi mandante no tenía ni disponía en efectivo, entonces, él me abonó con lo que tenía y estaba a disposición", indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La imputación fiscal se dio luego de recibir cuatro inmuebles como honorarios profesionales de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. “Todo se hizo de forma transparente, acá no hubo intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el representante legal.
Lea también: Sobrinos de senadora: Fiscalía cita para el lunes a directora de Talento Humano
Tuma sostuvo que “si la intención hubiese sido ocultar los bienes, yo le hubiese asesorado para que no me proporcione a mí los inmuebles, porque soy una persona expuesta que puedo tener problemas y que lo haga a un amigo brasilero suyo, que ni siquiera podrá ser imputado”, explicó.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a G. 1.700 millones a nombre de Tuma, utilizando documentos presuntamente falsificados.
El Ministerio Público refiere que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.
Dejanos tu comentario
Acusación de la Fiscalía contra el senador Hernán Rivas es “insostenible”, dice abogado
El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.
“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, sino también en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes. El Ministerio Público para llegar a su conclusión se basa en una serie de cuestiones que nunca fueron mencionadas por el senador, ni procesalmente ni fuera del proceso, por ejemplo, que él curso la carrera de derecho en Luque, pero esto nunca se manifestó, siempre se explicó que cursó la carrera en Ciudad del Este. La tesina, sí la defendió e hizo en la ciudad de Luque”.
El pasado 2 de setiembre, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron acusación contra el legislador y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. El escrito fue presentado ante el magistrado de Garantías, Miguel Palacios, y se refiere a la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
“A nuestro criterio, la postura mantenida por el Ministerio Público es insostenible y esta causa tarde o temprano, ya sea en preliminar, en juicio oral o en el grado de apelación, debería derivar necesariamente en un sobreseimiento definitivo“, refirió el representante legal de Rivas.
Lea también: Urgen al Congreso acelerar estudio de proyecto para impulsar energías alternativas
De acuerdo a las investigaciones, el legislador habría utilizado un certificado de estudio y un título que no corresponde con la realidad, al no haber cursado la carrera de derecho que le permitió jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como abogado y obtener la emisión de su matrícula profesional.
La acusación fiscal también alega que posteriormente Rivas habría presentado copia autenticada de dicha matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acreditar su condición de abogado, pese a que no habría cursado la carrera universitaria. Agrega que el presunto título universitario falso fue expedido por la Universidad Sudamericana.
“Rivas hizo la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2016, en la universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este. Hay compañeros, profesores y decanos, que así lo atestiguaron", puntualizó el abogado Álvaro Cáceres a Nación Media.
Te puede interesar: El secuestro de Óscar Denis: media década en la incertidumbre
Dejanos tu comentario
PGN 2026: Ovelar descarta aumentos para legisladores y pide cautela con otras demandas
El presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto, Senador Silvio Ovelar, manifestó su preocupación respecto al plan de gastos 2026. Advirtió que sería inviable responder a todos los pedidos de aumentos salariales que ya han comenzado a recibir de parte de varias instituciones del Estado, no solo del Ejecutivo, sino también de los otros poderes y extra poderes.
El legislador explicó que, desde el Poder Ejecutivo, a través del ministerio de Economía y Finanzas sí está planteando incrementos importantes en materia de seguridad porque se tiene que nombrar a más de 5.000 nuevos policías; lo mismo ocurre en Salud, con 3.200 nuevos personales de blanco; Educación lo mismo, ya que se trata de crecimientos vegetativos necesarios.
Le puede interesar: Liberales de CDE exigen internas urgentes para definir candidato a intendente
“Ahora, nos están pidiendo incrementos salariales de diferentes instituciones, dentro del Poder Ejecutivo y también de los otros poderes, lo que hace de que resulte inviable poder satisfacer toda esa demanda porque estaríamos rompiendo el tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que sería lo razonable en el funcionamiento de la Constitución", explicó.
Sin aumento a legisladores
Aclaró que, con esto, no quiere decir que está cerrando las puertas a ninguna institución, por el contrario, enfatizó que estarán escuchando a cada uno sus pedidos y propuestas. Asimismo, remarcó que ya tiene acordado con sus colegas parlamentarios que no se otorgarán incrementos a los legisladores.
El senador Ovelar insistió en que los pedidos vienen por doquier, y que este es el momento en que los gremios también organizados ya solicitan incrementos de todo tipo.
Recordó que el año pasado, tanto en la Bicameral de Presupuesto y el Congreso en sí, fueron bastante generosos en muchos aspectos, gracias a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios tras la fusión con Aduanas, lo que permitió mejorar los ingresos al Estado.
Indicó que ese impulso rebote que tuvo el año pasado con los ingresos financieros, este año ya se está estabilizando, lo que significa que no se va a tener esa misma cantidad de ingresos.
Pese a ello, indicó que el Incan va a contar con un incremento. “Por todo ello considero que el presupuesto planteado por el Ministerio de Economía, es un plan de gastos bastante equilibrado”, concluyó.
Dejanos tu comentario
Tesorería paga hoy G. 109.000 millones a proveedoras del Estado
La Dirección General del Tesoro Público (DGTP), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), inició hoy el proceso de desembolso de un total de G. 109.883 millones destinados al pago de compromisos con las empresas proveedoras y acreedoras del Estado.
El cronograma de transferencias se extiende desde este lunes 8 hasta el jueves 11 de setiembre, en cumplimiento con los registros procesados durante la primera semana del mes. Los pagos corresponden a las Solicitudes de Transferencia de Recursos (STR) ingresadas entre el lunes 1 y el viernes 4 de setiembre, todas bajo la Fuente de Financiamiento 10, correspondiente a “Recursos del Tesoro”.
Estos fondos provienen directamente de la recaudación del Estado, los cuales se orientan al cumplimiento de las obligaciones asumidas con los proveedores que abastecen de bienes y servicios a las instituciones públicas.
Leé también: Sistema financiero rígido limita el desarrollo industrial, advierte viceministro
Desde el MEF explicaron que el proceso de pagos se desarrolla de manera sostenida y conforme al orden de ingreso de las STR, garantizando así un flujo regular de desembolsos. Este mecanismo busca dar previsibilidad a las empresas contratistas del Estado, que dependen de la puntualidad en la ejecución de los pagos para mantener sus operaciones y planificar nuevas inversiones.
El calendario detallado de transferencias puede consultarse en el portal del MEF, en la sección de consulta ciudadana, además de estar disponible en el sitio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPE). Estas plataformas permiten a los proveedores verificar la fecha en que se hará efectiva la acreditación de los recursos, lo cual aporta mayor transparencia al proceso de ejecución presupuestaria.
El cumplimiento de estos pagos reviste una importancia estratégica para la economía local, ya que dinamiza la cadena de proveedores vinculados al sector público. Cada desembolso no solo representa el cumplimiento de obligaciones estatales, sino que también impacta en la liquidez del mercado y en la circulación de capital en distintas áreas productivas.
Para muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, la certeza en el cobro por servicios prestados al Estado es clave para sostener empleos, cumplir con compromisos financieros propios y continuar participando en futuras licitaciones.
Te puede interesar: Casi 30.000 fábricas componen la fuerza industrial del país