Los fiscales Andrés Arriola y Julio Ortiz realizaron un allanamiento, logrando la detención de Óscar Caballero Salman, quien fue secretario del del exfiscal Javier Ibarra y que sería el autor de su asesinato ocurrido el 25 de noviembre de 2022. El procedimiento policial-fiscal se llevó a cabo en el barrio Zeballos Cué de Asunción.
Los intervinientes encontraron el arma de fuego que se habría utilizado para cometer el crimen. Son varias las hipótesis que se manejan en la presente investigación. Según los investigadores, el hoy detenido Caballero Salman llegó en moto a la casa de Ibarra, se bajó y le dijo a la persona que lo llevó que le busque en 40 minutos; esta persona llegó, escuchó disparos y se asustó, luego huyeron del sitio.
El aprehendido nunca se presentó en todo este tiempo ante las autoridades investigativas y, cuenta con un antecedente en que estuvo investigado por tráfico de armas, donde inclusive fue requerido por la justicia de Argentina.
El testigo que transportó al supuesto asesino hasta la casa de Ibarra fue rodeado por las autoridades y quedó detenido; sin embargo, se ofreció a colaborar y entregó el arma homicida. En noviembre del año pasado fue encontrado muerto en su domicilio ubicado en San Lorenzo el exfiscal Antidrogas Javier Ibarra, quien recibió dos orificios de disparos de arma de fuego.
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Allanan vivienda en Itapúa e incautan máquinas de criptomineria
Una comitiva fiscal, policial y funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad encabezados por el agente del Ministerio Público, Enrique Fornerón, realizaron un allanamiento a una vivienda en la ciudad de Natalio- Santo Domingo, zona rural ubicada a unos 120 kilómetros de Encarnación, donde presuntamente funcionaba una granja de criptomonedas.
Igualmente, participaron del procedimiento funcionarios de la ANDE, a cargo del jefe, el ingeniero Miguel Lugo, acompañado de la asesora jurídica Celia Espinoza, quienes realizaron la medición del consumo de energía eléctrica, determinando que se encuentra dentro de los parámetros del contrato de la ANDE.
Así también, los funcionarios de dicha institución informaron que la granja minadora se encuentra en trámite de registro para la explotación de energía eléctrica con fines de minería de criptomonedas. En el acto, los mismos hicieron entrega de una cédula de notificación de regularización de categoría, que fue recibida por el asesor jurídico, en la que se intima a la regularización en el término de 48 horas.
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Se realizó otro procedimiento en un inmueble ubicado en la compañía Capitán Urbina del distrito de Mayor Otaño. Se detalla que el procedimiento fue en el marco de las actividades de verificación y control de alimentadores en 23 kV de la zona. Los técnicos interventores detectaron, mediante el monitoreo en el portal SCADA, una alta carga en el alimentador CAL2.
Durante la inspección en el lugar, el inmueble fue identificado en ANDE como tarifa social a nombre de Valerio Cuevas Martínez, con medidor 3792227. Al no obtener respuesta en el sitio y dada la alta sospecha de sustracción de energía eléctrica, se procedió a realizar la denuncia correspondiente ante la Comisaría 19 de Mayor Otaño y a la Unidad Penal de Turno, a cargo del agente fiscal Luis Caballero, quien emitió la orden de allanamiento.
Durante el procedimiento, se constató la existencia de una criptominería en pleno funcionamiento. Por orden del Ministerio Público, todos los equipos, materiales y accesorios relacionados con la sustracción de energía eléctrica fueron incautados. Sin embargo, debido a las inclemencias climáticas, los mismos quedaron en custodia en el sitio, a cargo del GEO. Cabe destacar el éxito de esta operación, logrado gracias al trabajo coordinado entre la Policía Nacional, el Grupo GEO, la FTC y la Armada Nacional.
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Allanan Cereso en prosecución a denuncia de abuso sexual en cárcel de Itapúa
Al menos dos allanamientos se realizaron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, en prosecución de una denuncia de abuso sexual que había ocurrido hace aproximadamente un mes en el interior de la penitenciaría de Itapúa.
Una de las intervenciones fue justamente en el Centro de Reinserción Social (Cereso), a cargo de la agente fiscal Rocío Valdez, quien encabezó el procedimiento en el cual se ingresó al interior de la penitenciaría, específicamente en una celda del Pabellón A Alta. Allí guardan reclusión, entre otros dos, C. G. T., sindicado como el autor del abuso sexual de su hijastro.
Durante el procedimiento, se incautaron de siete sim card de diferentes líneas, un cuaderno universitario de anotaciones, ocho armas blancas de fabricación casera. Tras culminar el procedimiento, la fiscal indicó que el hombre negó los hechos.
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También se realizó una constitución, en el marco del allanamiento de la casa donde reside el niño, buscando a sus hermanos para tratar de resguardarlos, considerando que también podrían ser víctimas. Sin embargo, no se pudo dar con ellos, ya que se tuvo conocimiento de que los niños, junto a su madre, abandonaron la casa poco antes de la llegada de la comitiva fiscal-policial, que estuvo acompañado de la Defensoría de la Niñez e incluso del Minna.
La Fiscalía está buscando a los demás hermanos del niño abusado, debido a que existe presunción de que los otros hermanos también podrían ser víctimas, ya sea de maltrato o de abuso. En total son siete hermanos, pero no fueron encontrados en la casa, explicó la fiscal al término de la intervención.
“La familia es oriunda de Ciudad del Este, pero hace 5 años residen en el lugar. Se presume que serían 7 hermanos, de los cuales dos serían hijos del sindicado”, aseguró la fiscal del caso. Sobre el estado de salud del niño, la fiscala se interiorizará con los médicos, indicó.
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Desde el Ministerio de la Niñez confirmaron que la casa allanada pertenece a la madre del niño. Si bien eran de Ciudad del Este, la familia se mudó para que la señora pueda visitar s su pareja en la penitenciaría.
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Itapúa: allanan vivienda de guardiacárcel e incautan droga lista para su distribución
En la noche de ayer lunes en el barrio Tacuary del distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa, fue allanada la vivienda de un hombre que trabaja en el penal de Encarnación como guardiacárcel. En el lugar fue encontrada una importante cantidad de droga, además de otras evidencias relacionadas con la venta de estupefacientes.
La comitiva fiscal y policial habría llegado hasta la vivienda luego de contar con información de que en el lugar funcionaba un punto de distribución de droga. Durante el procedimiento quedó detenido Carlos Antonio Molinas, de 36 años, quien trabajaba como guardia penitenciario en el penal de la ciudad.
En el allanamiento los agentes antinarcóticos se encontraron con 10 dosis de cocaína tipo crack, 411 gramos de marihuana prensada, un arma de fuego tipo pistola, calibre 22 marca Bersa, varios cargadores y cartuchos, tres teléfonos celulares, una balanza de precisión, dinero en efectivo en diversas denominaciones, cinco esposas y un machetillo.
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Cuando se produjo la intervención en el lugar solo se encontraba Carlos Antonio Molinas, quien por disposición del fiscal de la causa Enrique Fornerón fue remitido a la comisaría de Encarnación, a la espera de que el sujeto pueda comparecer ante el Ministerio Público y proveer más datos respecto a lo incautado en su hogar.
Por su parte, el fiscal Fornerón destacó que la investigación buscará determinar a quién vendía la droga el ahora detenido, abriendo una línea de presunción de que el hombre también sería parte de un esquema de corrupción que permite que las personas privadas de su libertad tengan acceso a drogas y otros elementos prohibidos dentro del centro de reclusión.
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El día que el narco brasileño “Piloto” mató en prisión para evitar su extradición
El 17 de noviembre del 2018 falleció Lidia Meza Burgos, una joven de 18 años que recibió 16 puñaladas durante su visita a la celda del capo del grupo criminal brasileño Comando Vermelho, Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias “Marcelo Piloto” o “Piloto”, alojado en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Con este crimen a sangre fría a esta desafortunada víctima, el líder narco hizo una última jugada desesperada tratando de evitar su extradición a Brasil.
La víctima del terrible suceso era de la zona de General Resquín, del departamento de San Pedro, quien fue atacada por Piloto con un objeto punzante cerca de las 14:00 horas de aquel sábado, hace 6 años. El crimen generó inmediatamente la indignación generalizada de la ciudadanía atendiendo a que sucedió dentro de una sede policial de máxima seguridad. Luego de ser derivada hasta el Hospital de Barrio Obrero para su atención, la joven no respondió y falleció.
Padre de Lidia
La familia de Lidia Meza quedó destrozada. Su papá, Francisco Meza, de profesión albañil, comentó la joven había regresado de la Argentina en mayo del 2018 y que, un mes antes del crimen, trabajaba cuidando a una mujer de 90 años, en zona del Mercado 4 de Asunción.
El hombre se enteró de la muerte de su hija cuando un pariente le preguntó por teléfono si Lidia se encontraba en la casa, ya que se enteraron sobre lo sucedido a través de la televisión. En aquella época, Meza compartió a la prensa acerca del mensaje final que recibió de su hija: “El último audio que me envió fue a las 12:17, y me dijo que a las 15:00 iba a estar en casa”.
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Extradición
Marcelo Piloto recurrió al plan de perpetrar un asesinato para que la extradición pueda posponerse, suponiendo que una imputación por homicidio doloso podría evitar que vaya al Brasil. Pero está situación no surtió efecto y, dos días después, por la madrugada del lunes 19 de noviembre, Piloto fue trasladado hasta su país, donde soporta condena de 26 años de cárcel por varios hechos, en la Penitenciaría Federal de Catanduvas, en Paraná. En agosto de 2019 fue imputado por el crimen de la joven Lidia Meza.
Con una jerarquía en Comando Vermelho solo superada por Fernandinho Beira-Mar, Pinheiro Vega huyó a Paraguay en 2012, según investigaciones de la Policía Civil de Brasil, luego de la ocupación de la favela de Manguinhos (Rio de Janeiro) por fuerzas de seguridad. El 13 de diciembre de 2017 fue arrestado en Encarnación por fuerzas especiales de inteligencia y seguridad pública brasileñas; sin embargo, su trámite de extradición se aprobaría en setiembre de 2018 y estaba prevista inicialmente que se efectúe en diciembre de ese año. Pero el asesinato en prisión aceleró su deportación.
Detenido en Paraguay por contar con documentos falsos y tenencia ilícita de armas; en Brasil, el juzgado de Ejecuciones Penales del Estado de Río de Janeiro lo sentenció en dos causas, con una condena a 21 años de reclusión en uno de los casos, y en la otra por 5 años y cuatro meses. Adicionalmente, su abogada Laura Casuso fue asesinada a tiros por un sicario, el 12 de noviembre de 2018, cuando abandonaba un templo masónico en Pedro Juan Caballero.