Juez ordenó inmediato traslado de Stadecker a prisión
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El presidente del Tribunal de Sentencia, el juez Manuel Aguirre, ordenó el inmediato traslado de Gerardo Stadecker, condenado por el feminicidio de Sabryna Breuer, a la Penitenciaría Regional de Emboscada. Stadecker se encontraba internado en un sanatorio privado de la capital y pese al alta médica que recibió, ayer jueves, permanecía en el recinto de salud.
“En fecha 3 de febrero de 2023 se CC del Juzgado de Garantías N°2. Oficiar, para su cumplimiento a la Comandancia de la Policía Nacional”, refiere la disposición judicial enviada al Director General de Establecimientos Penitenciarios.
“Esta mañana ya dispuse su remisión en base a informes médicos del hospital que le dio el alta. El ya está con prisión preventiva y por un caso excepcional, en este caso su enfermedad, se le tuvo que internar, pero ya tiene una prisión preventiva dictada hace mucho tiempo. Ahora se da cumplimiento en la Penitenciaría de Emboscada. Yo dispongo, pero quien hace los traslados es la fuerza de seguridad, deben trasladarlo de manera inmediata”, expresó el juez Aguirre en una entrevista a La Nación.
Días atrás la querella adhesiva representada por los abogados Rodrigo y Gustavo González Planás solicitó al Tribunal de Sentencia, que preside Manuel Aguirre e integran Rosana Maldonado y Lourdes Peña, que el condenado Stadecker cumpla su sentencia privado de libertad en la cárcel y no en un sanatorio privado. Este pedido igualmente fue contestado por el Ministerio Público, que también se adhirió a la solicitud hecha por la querella adhesiva.
Gerardo Stadecker fue condenado a 28 años de cárcel, el pasado 15 de diciembre del 2022, tras ser encontrado culpable por el feminicidio de Sabryna Breuer. Para el colegiado quedó absolutamente comprobado que el mismo le propinó a Breuer un golpe de puño fuerte y seco en la zona del pecho, a la altura del corazón, lo que le causó la muerte. La mujer fue encontrada sin vida en su residencia, en el barrio Mburucuyá de Asunción, el 17 de diciembre del 2017.
Las autoridades aún reciben ciertas informaciones sobre el caso, pero no sugieren indicios de lo que pudo haber ocurrido con la niña de Emboscada. Foto: Archivo
Pasaron cinco años del día que conmocionó al Paraguay, cuando las autoridades confirmaron la desaparición de Yuyu o la niña de Emboscada, en el departamento de Cordillera.
Hasta la fecha, la Policía Nacional y el Ministerio Público siguen con la investigación, pero sin rastros de lo que ocurrió con la niña, que desafortunadamente sigue con paradero desconocido. La ciudadanía hasta la fecha se pregunta ¿dónde está Yuyu?
El 15 de abril del 2020 se confirmaba la desaparición de la niña de siete años en la localidad Isla Alta de la ciudad de Emboscada. La pequeña logró que la ciudadanía le tome cariño y exija que aparezca rápidamente. Sin embargo, su madre Lilian Zapata y su padrastro Reiner Oberuber tomaron distancia y se llamaron a silencio desde el primer día.
Según datos recabados durante la investigación, la niña de Emboscada fue vista por última vez jugando con los animales en la propiedad donde vivía bajo el resguardo de su madre y padrastro. Desde aquel momento no se supo nada de ella. Pese a las intensas búsquedas realizadas por las autoridades, Yuyu pasó a ser víctima de un hecho punible aún no resuelto.
Una vez que la Policía y Fiscalía tomó intervención en el caso comenzaron a realizar un rastrillaje en la zona y pudieron deducir que la menor no salió de la propiedad. También se utilizaron drones, perros buscadores, pero todo fue sin resultado positivo. Yuyu no aparecía y la posibilidad de dar con ella iba disminuyendo con el paso de las horas.
Las primeras evidencias encontradas fueron pedazos de tela, luego hallaron manchas de sangre. Esta última pista hizo que aumentarán las sospechas de que algo malo le pasó a la niña, sin embargo, hasta el momento no se pudo probar nada.
La casa de Emboscada donde fue vista por última vez Yuyu. Foto: Archivo
Su madre se negó a pruebas de ADN
La persona que la tenía en custodia y que debía protegerla, su madre Lilian, se llamó a silencio y se negó a pruebas de ADN tras encontrarse rastros de sangre en la zona. Los investigadores le solicitaron una muestra y su negativa llamó la atención, no solamente de las autoridades, sino de toda la ciudadanía.
“Las investigaciones por parte de la Policía fueron cubiertas ampliamente, en lo que respecta a las labores periciales, criminológicas y a las búsquedas. Una de las “pruebas madre” que solicitamos en su momento no fue realizada, el análisis genético de las muestras que se levantaron del lugar de la desaparición”, afirmó el subcomisario David Delgado, del departamento de Homicidios, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Resaltó que ese pedido fue a la señora Zapata, quien debía ceder el material biológico, pero que no lo hizo y truncó parte de la investigación. “Si se realizaba el análisis genético la historia iba a ser diferente, pero ya escapa a nuestra funciones esa situación”, expresó.
El caso de Yuyu conmocionó al país. Foto: Archivo
Las investigaciones
Pasaron cinco años y las investigaciones siguen, pese a que los años han hecho que este caso sea más difícil de dilucidar. Hasta la fecha continuan las interrogantes y las autoridades aún reciben ciertas informaciones sobre el caso, pero estas no sugieren indicios de lo que pudo haber ocurrido con la niña de Emboscada.
“Fueron tareas investigativas de meses en horarios continuos. Lo último fue la denuncia realizada por la madre sobre un video que fue viralizado, se realizó el análisis del mismo y carece de elementos técnicos para lograr una trazabilidad e identificación científica. Hasta ahora hay informaciones nuevas y si tienen sustentos o coherencias se verifican”, detalló Delgado.
Indicó que desde el departamento de Homicidios se tomó intervención en el caso una semana después de la desaparición y precisó que se hicieron sugerencias investigativas, como reconstrucción del hecho, entrevistas, análisis del lugar, levantamientos de evidencias, pero sin resultado.
Datos clave
Lilian Zapata cumple su sentencia de seis años de prisión por abandono y violación del deber del cuidado y otros dos años con la suspensión de la ejecución de la pena por desacato a una orden judicial.
Contra Reiner Oberuber se abrió un proceso por supuesta pornografía infantil y finalmente quedó absuelto de culpa y pena.
El abogado Max Narváez confirmó que para julio de este año la madre de Yuyu debería recibir libertad condicional.
Las autoridades realizaron búsqueda por cuadrantes. Foto: Archivo
Condenan a expresidente Humala a 15 años de prisión en Perú por caso Odebrecht
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Fuente: AFP
La justicia peruana condenó este martes a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala tras hallarlo culpable de lavado de activos por recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas de 2011 y 2006, respectivamente.
Humala, de 62 años, fue detenido en la sala de audiencias al término de la lectura de su sentencia. Es el segundo exgobernante condenado por la justicia de su país de un total de cuatro expresidentes salpicados por la trama de corrupción de Odebrecht en Perú.
“Se impone al señor Ollanta Humala 15 años de pena privativa de libertad efectiva”, dijo la jueza Nayko Coronado del Tercer Juzgado de la Corte Superior, al leer el fallo de primera instancia que será apelado por la defensa del expresidente.
Odebrecht, cuyo escándalo de sobornos y corrupción salpicó a varios países de América Latina, reconoció en 2016 haber repartido decenas de millones de dólares en coimas y donaciones electorales ilegales en Perú desde inicios del siglo XXI.
El fallo puso fin a más de tres años de audiencias contra este exteniente coronel de centroizquierda que gobernó Perú entre 2011 y 2016. Según la fiscalía, el escándalo implicó también a Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser detenido; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), aún investigado; y Alejandro Toledo (2001-2006).
Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años de prisión por recibir millonarios sobornos a cambio de obras en su gobierno.
Dictan prisión para su esposa
La esposa de Humala, Nadine Heredia, también fue condenada a 15 años de cárcel por lavado de activos. La jueza ordenó su captura ya que no asistió a la lectura de la sentencia.
La fiscalía los acusó de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibieron 3 millones de dólares de Odebrecht para la campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia, según declaró a fiscales peruanos el ex número uno de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht.
Según la acusación, en su fallida campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de una empresa de ese país.
La fiscalía había pedido 20 años de prisión para Humala y 26 años para Heredia, a quien acusaba además de ocultamiento de fondos por “compras de bienes inmuebles con dinero de Odebrecht”. La pareja siempre negó durante el juicio haber recibido dinero de Chávez o de alguna empresa brasileña.
El fiscal Germán Juárez aseguró en el juicio que el dinero enviado por Odebrecht desde Brasil “era un pedido del Partido de los Trabajadores, porque existía una ideología afín entre Lula da Silva y Ollanta Humala”.
En el caso de Venezuela, la tesis fiscal es que el dinero lo envió “el ya fallecido expresidente Hugo Chávez a través de transferencias bancarias con la empresa de inversiones Kayzamak”.
Condenan a dos personas a 10 años de cárcel por robar un camión Scania
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Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a dos personas luego de ser encontrados culpables por robo agravado. Los condenados son Jorge Pavón Cohene y Cristhian Jara Coronel. La fiscala que probó la responsabilidad de los dos acusados fue Alejandra Vera. El colegiado sostuvo que el Ministerio Público pudo probar la responsabilidad de los dos acusados en el grave hecho registrado.
La investigación, llevada adelante por la representante del Ministerio Público, logró llegar hasta los responsables de un violento hecho ocurrido el 2 de agosto de 2021, cuando Adelio Giménez y Fernando Giménez se dirigieron a la compañía Curupicayty de la ciudad de Itá con la intención de mostrar y vender su camión Scania a un supuesto comprador. Una vez en el lugar, fueron interceptados por Pavón Cohene y Jara Coronel, quienes los redujeron con un arma de fuego, maniatando y amordazando a sus víctimas, manteniéndolas retenidas en la cabina del vehículo de gran porte.
Luego fueron trasladados a otro sitio y obligados a abordar otro vehículo en compañía de personas hasta ese entonces no identificadas. Finalmente, Adelio y Fernando Giménez fueron abandonados en el Km 15, calle Quintana, de la compañía Takuara de la ciudad de Nueva Italia, y los ahora sentenciados se dieron a la fuga en el camión Scania.
Ahora la defensa de los dos condenados tiene la opción de apelar el presente fallo judicial y en caso de que sea así, un tribunal de apelación tendrá la última palabra sobre si confirma la sentencia de primera instancia o si se ordena la realización de nuevo juicio oral y púbico.
El exsuboficial Florentín fue condenado a 24 años de cárcel por el homicidio de Rodrigo Quintana
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Este viernes, el Tribunal de Sentencia condenó al suboficial Gustavo Adolfo Florentín Silva a 24 años de prisión por el homicidio doloso agravado de Rodrigo Quintana, hecho que ocurrió en 31 marzo del 2017 en sede del Partido Liberal Radical Autentico (PLRA). El agente policial es el único procesado y condenado por el asesinato del dirigente liberal.
El tribunal estuvo presidido por Lourdes Garcete e integrado por Manuel Aguirre y Rossana Maldonado, quienes tras analizar todas las evidencias y escuchar a los testigos decidió que suboficial debía ser condenado por matar al joven dirigente. “Florentín disparó el arma, los proyectiles impactaron en la espalda de Rodrigo Quintana”, manifestó la jueza Garcete.
Afirmó que los nueve proyectiles que fueron disparados por el acusado, luego de que forzó y entró en sede del partido, atravesaron varios órganos de la víctima, quien terminó falleciendo en el lugar. Tras realizar los disparos, Quintana cayó al suelo y seguidamente fue pisado por Florentín, quien lo miró detenidamente, pero no lo auxilió y prosiguió su camino hacia el patio.
“El impacto de estos nueve proyectiles de plomo atravesaron varios órganos incluidos sus pulmones y le ocasionaron una hemorragia que derivó en una muerte agónica por una asfixia por la acumulación de sangre, lo que en medicina se considera neumotórax”, detalló la jueza, durante la lectura final de la sentencia.
Ricardo Estigarribia, abogado del sentenciado, afirmó que con esta condena queda claro que no existen garantías para los agentes policiales y militares, y que no se puede condenar a una persona sin siquiera saber cuál es el arma homicida. “No se analizó la totalidad del contexto de lo que ocurrió”, puntualizó a los medios de comunicación.