Desde la Corte Suprema de Justicia informaron que este viernes Jueces de Ejecución Penal y de Garantías del departamento de Guairá, junto con funcionarios de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte, realizaron una jornada de control y verificación en la Penitenciaría Regional de Villarrica.

Indicaron que el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Guairá, magistrado Juan Carlos Bordón, recibió a los funcionarios judiciales a fin de coordinar las labores previstas.

“En la oportunidad se desarrollaron entrevistas programadas con personas privadas de libertad (PPL), con el objetivo de recabar información sobre la situación procesal de sus respectivas causas”, expusieron.

Según indicaron, de la catividad participaron los jueces penales de Ejecución y de Garantías:

• Marlene Romero, Derlis Johnny Duarte (1.er Turno)
• Marcela Mallorquín (2.º Turno)
• Dionicia Alfonso (3.er Turno)
• Juan Ruiz Díaz (4.º Turno)
• Marcelo Ramírez (5.º Turno)
• Porfirio Martínez (juez penal de Garantías de Colonia Independencia)
• Omar Baeza (juez de Ejecución Penal de Caaguazú).

También estuvieron presentes representantes del Ministerio de la Defensa Pública, abogados:

• Rosa Bernal
• Abel Téllez
• Cristian Fernández
• Edgar Vázquez

Estos trabajaron de forma conjunta con el equipo de la Coordinación desde tempranas horas. Asimismo, participaron representantes del Ministerio de Salud.

La doctora Lilian Luraschi, encargada de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la CSJ, participó de la actividad junto con su equipo técnico.

La iniciativa tuvo como finalidad brindar asistencia jurídica y procesal a las personas privadas de libertad, mediante intervenciones articuladas entre los jueces penales de Garantías y de Ejecución, con la colaboración del director del establecimiento penitenciario, Darío Cristaldo, quien facilitó la provisión de datos para el seguimiento de los procesos.

• Washington, Estados Unidos. AFP.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó ayer miércoles a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de “lavado de dinero” para cárteles de la droga y les prohibió “algunas transferencias de fondos”. El magnate republicano ha convertido la lucha contra el fentanilo en una de sus prioridades y acusa a México de no hacer lo suficiente para combatirlo, lo que le llevó a imponerle aranceles.

Según Washington, los cárteles del narcotráfico mexicanos fabrican ilegalmente ese opioide sintético con sustancias procedentes de China, lo cual dejó casi 50.000 muertes por sobredosis en 2024 en Estados Unidos. En este contexto la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) llevó a cabo una investigación que concluye que esas tres instituciones financieras mexicanas estarían implicadas en lavado de dinero de la droga, explica el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Se trata de CIBanco e Intercam, dos bancos comerciales con más de 7.000 millones de dólares y 4.000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11.000 millones de dólares, especifica. Washington los acusa de haber desempeñado un papel “vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos” necesarios para producir fentanilo.

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Las medidas impedirán que “hagan negocios con nosotros”, declaró el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, en rueda de prensa. En un comunicado la secretaría de Hacienda mexicana se quejó de que el Departamento del Tesoro no ha aportado pruebas.

“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, asegura en un comunicado.

Además, CIBanco afirmó que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad” en una publicación en la red social X. Faulkender dio algunos ejemplos de “cómo estas instituciones con sede en México colaboran con los cárteles para blanquear dinero”.

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“En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo” y a finales de 2022 “ejecutivos de Intercam se reunieron directamente” con presuntos miembros de la misma organización delictiva “para discutir esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos desde China”.

Además de 2013 a 2021, prosiguió Faulkender, un presunto miembro del cártel de Sinaloa “empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares (...) a través de Vector”. Estos señalamientos prohíben a las tres instituciones financieras facilitar ciertos envíos de fondos, pero no se trata de sanciones económicas como las que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, explicó en la rueda de prensa una funcionaria que pidió mantener el anonimato.

“A diferencia de la mayoría de las sanciones de la OFAC, las medidas especiales de FinCEN no bloquean la propiedad ni prohíben de manera general las transacciones con estas entidades” a todos los estadounidenses, añadió. Las medidas además afectan a los establecimientos en México. Sus sucursales en el extranjero pueden llevar a cabo las transferencias siempre que sean independientes.

Tras varios vaivenes dilatorios, finalmente poco después de las 16:00 de este miércoles 25 de junio, el intendente saliente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, firmó los documentos del corte administrativo, que finalmente da pie al inicio de proceso de intervención que llevará adelante el economista Ramón Ramírez.

Teniendo en cuenta que todo el equipo interventor está desde el pasado lunes 23 de junio en la capital departamental de Alto Paraná, para llevar adelante el trabajo de intervención municipal; hasta la fecha no estaba pudiendo dar inicio, sin conocer previamente cómo el jefe comunal está entregando la administración y cuál es su situación financiera.

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Al respecto, el interventor Ramírez explicó que este corte administrativo forma parte del proceso de intervención y le corresponde a la auditoría interna del municipio igualmente suscribir el documento y en calidad testifical se encontraba la Escribanía Mayor que se encarga de la certificación y validez del documento.

“Todavía no inició formalmente el proceso de intervención en materia de auditoría. Simplemente estamos haciendo el arreglo institucional para saber cómo recibe esta intervención el municipio y cómo entrega la autoridad saliente todas las cuentas de la institución”, acotó.

Por otra parte, el interventor Ramón Ramírez señaló que no quiere pensar mal del intendente Miguel Prieto, pero las circunstancias que se están viviendo en el municipio propicia a que se piense mal, ya que desde el lunes el jefe municipal suspendió en sus funciones y mando de vacaciones a una buena cantidad de funcionarios entre ellos, el 50 % de la Policía Municipal.

Aseguró que se estarán tomando acciones en breve y corregirán la situación. “La intervención tiene entre sus facultades, el manejo de los recursos humanos, la cuestión presupuestaria, y por tanto vamos a estar solucionando”, indicó.

Respecto al retraso en la firma de los documentos para el corte administrativo, señaló que fue la administración saliente la que solicitó tiempo para la revisión del documento final, que se tomó su tiempo. Pero finalmente, indicó que no hubo ninguna objeción al respecto y se procedió a la firma del corte administrativo al tercer día de su presencia en el municipio.

Asimismo, indicó que todos los documentos y legajos del corte administrativo se hará público, ya que desde un principio aseguró que serán transparentes en su gestión.

“Tenemos una ejecución presupuestaria al 23 de junio, del 40 %, aproximadamente G. 148.000 millones, ejecutados del presupuesto total. Estamos recibiendo, es decir que está en disponibilidad la suma de 16.800 millones de guaraníes, disponibles en cajas de los bancos que opera la municipalidad”, precisó.

En lo que se refiere a deuda total que está recibiendo el equipo interventor, indicó que está en cifras globales, 108 mil millones de guaraníes.

“Tenemos una deuda que cubrir de forma inmediata, que son compromisos asumidos por el municipio y que debe ser honrada dentro de este periodo máximo de 27.000 millones de guaraníes, de los cuales, unos 6.000 millones corresponde al pago de salarios, y anexos como seguros, y demás beneficios, que trataremos de honrar en la brevedad el tiempo”, explicó.

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Paraguay se convirtió en el país con mayor número de miembros del Primer Comando da Capital (PCC) fuera de Brasil. El dato, revelado en un mapeo del Ministerio Público de São Paulo y divulgado de manera exclusiva por GloboNews y G1, exhibe con crudeza una realidad que lleva años en gestación: el territorio paraguayo se transformó en una pieza clave para la expansión internacional del grupo criminal más poderoso de América del Sur.

Según el reporte, 699 miembros del PCC operan en Paraguay, de los cuales 341 están en prisión y 358 en libertad.

Esta cifra representa más de un tercio de todos los integrantes de la facción criminal brasileña que se encuentran fuera del país de origen. En total, incluyendo Brasil, el PCC tiene alrededor de 40 mil miembros .

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Paraguay comparte una frontera extensa y porosa con Brasil, posee una infraestructura penitenciaria con debilidades estructurales y se encuentra en un corredor logístico estratégico para el narcotráfico hacia otros países del Cono Sur y hacia Europa.

Estos elementos, sumados a la alta permeabilidad del sistema carcelario, facilitaron que el PCC no solo se instale, sino que también crezca, reclute y consolide su influencia en territorio nacional.

El caso más crudo ocurrió en 2019, cuando una rebelión en la cárcel de San Pedro —liderada por miembros del PCC— dejó diez muertos y una docena de heridos. Fue apenas un síntoma de una enfermedad más profunda: el control territorial dentro de las prisiones, que es donde la facción encuentra su mayor fuerza organizativa.

“No conozco ninguna organización criminal en el mundo que sea más eficiente en términos de control penitenciario que el PCC. En Paraguay sofocaron facciones locales y bautizaron ciudadanos paraguayos para integrar su estructura”, explicó el fiscal brasileño Lincoln Gakiya.

Lo que preocupa a investigadores de Brasil, Europa y Paraguay es que la facción ya no solo usa el país como pasaje o punto logístico, sino como base de residencia, influencia y expansión.

La operación no es solo criminal, es transnacional y económica. Incluye tráfico de armas, drogas, lavado de dinero, sobornos y control en puertos, zonas rurales y terminales estratégicas.

El caso de Portugal y la mafia italiana muestra cómo el PCC aprendió a moverse en escenarios globales. El informe habla incluso de vínculos en Japón, Líbano y Serbia, con estructuras que replican el modelo de reclutamiento y control carcelario iniciado en Paraguay.

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El informe del Ministerio Público paulista fue compartido con embajadas y consulados, y busca fortalecer la cooperación internacional. Para Paraguay, esto implica revisar sus sistemas penitenciarios, reforzar controles fronterizos y reconstruir sus mecanismos de inteligencia.

Pero la clave es otra: entender que la presencia del PCC no es una amenaza externa, sino una infiltración interna en marcha.