El tribunal de apelación integrado por los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández confirmó las condenas de 17 y 15 años de pena privativa de libertad para nueve marinos acusados por el delito de abuso sexual en niños, donde fue víctima una niña de 13 años de edad. El hecho se registró en el predio de la Armada en agosto del 2018.
La condena de 17 años de cárcel se confirmó para Héctor Rodolfo Morel Benítez, quien deberá cumplir la sentencia de 17 años de cárcel. Mientras que para Miguel Ángel Júnior Vargas, Cristian de Jesús Saucedo, Ángel Inzaurralde, Marcos Gabriel Delfino Figueredo, Kevin Hernán Fernández Báez, Jorge Rodrigo Ferreira Méndez, Carlos Andrés Machuca y Jonathan Eliel Valenzuela Ramos se ratificó la pena de 15 años de cárcel.
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La defensa de los marinos condenados tiene la posibilidad de poder recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así serán los ministros de la máxima instancia judicial quienes deberán estudiar si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o revocar la misma y ordenar un nuevo juicio oral y público.
Antecedentes
El hecho data del 20 de agosto del 2018. La menor había desaparecido de su vivienda el 6 de agosto del mismo año, por lo cual su madre realizó la denuncia ante el Ministerio Público. Apareció después del mediodía del 7 de agosto, cumpliendo alrededor de 24 horas ausente. Volvió a su vivienda y varios días después le contó a su progenitora lo ocurrido, por lo que fueron a denunciar el hecho.
La Fiscalía llevó a cabo la investigación por abuso sexual en niños y pornografía infantil, ya que incluso habrían tomado fotografías del hecho, que ocurrió en el interior del Arsenal de la Marina. Además, incautó unos 80 celulares, donde habría evidencias de este hecho y cotejaron las cámaras de circuito cerrado.
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Otro allanamiento a secta de “Pai de Santo” ante sospecha de pornografía infantil
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una comitiva fiscal y policial encabezada por la agente Vivian Coronel volvió a allanar anoche la casa donde funcionaba una secta, cuyo supuesto “guía espiritual”, que se hace llamar “Pai de Santo”, está detenido e imputado por abuso sexual en niños y adolescentes. Esta vez, la Fiscalía fue en busca de evidencias sobre pornografía infantil.
Otra intervención fue realizada en el Km 4, en el marco de la investigación del mismo caso. Entre ambos procedimientos fueron incautados 11 aparatos celulares, que serán revisados en busca de los vídeos de pornografía infantil que también habrían sido cometidos en la secta y de su “guía espiritual” imputado.
Los procedimientos se realizaron para incautar evidencias de nuevos hechos que surgieron en la causa, como la pornografía infantil, mediante videos de niños que estarían siendo vendidos a terceros, dijo a La Nación/Nación Media, el comisario principal Fredy Caballero, jefe de Delitos Económicos de la Policía de Alto Paraná.
El primer allanamiento fue a las 20:40, en la casa ubicada en el barrio Paseo Acaray, del Km 14 Acaray, de Minga Guazú, ya intervenida la semana pasada. Incautaron cuatro aparatos celulares, documentos varios y fotografías de personas, un cuchillo de metal, un arreador de cuero y una bandeja artesanal con piedras y una fotografía dentro de la misma.
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También incautaron prendas de vestir, palo de madera, guacha de cuero, patas de cabra, un santo y amuletos, además de cinco chips de celulares. Cabe recordar que esta casa está inmersa en rituales macabros, hallados la primera vez. El segundo allanamiento fue en una casa del barrio Pablo Rojas, sobre la calle Enrique Giménez y del lugar incautaron siete aparatos celulares más documentos varios.
La fiscal de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, Vivian Coronel realizó las intervenciones con personal policial de la División Inteligencia a cargo del subcomisario José Rolón, también del oficial inspector David Roldán, del Departamento de Delitos Económicos, unidad de Ciber Crimen, además del personal de las comisarías jurisdiccionales y del Departamento de la Trata de Personas, de la Policía Nacional.
La causa investigada es “sobre un supuesto hecho de Trata de Personas, Actos Homosexuales en Personas Menores, Tentativa de Abuso Sexual y otros”, y las órdenes fueron de la juez Cinthia Garcete. Ahora hay sospecha de pornografía infantil.
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Estadísticas de abuso sexual en niños siguen siendo escalofriantes
El número de casos de abuso sexual infantil registrados en el Observatorio del Ministerio Público sigue siendo espantoso, pese a que ha producido una leve disminución en los últimos dos años. Esta es una situación que, pese a la gravedad, no despierta la conciencia colectiva con la fuerza necesaria que amerita y que sea capaz de reforzar las estrategias desde el Estado.
Los abusos sexuales en niños y niñas son –lamentablemente– parte de una realidad que se arrastran de antaño. Si bien en las últimas estadísticas compartidas por el Misterio Público disminuyeron algunos números, el flagelo continúa siendo una gran preocupación.
El caso de Felicita Estigarribia –“la niña de las mandarinas”– que en 2004, a sus 11 años, fue abusada sexualmente por un hombre quien no conforme con la vejación la estranguló hasta acabar con su vida. Este horrendo caso reflotó la indignación con el arresto del presunto autor, después de 21 años de aquel estremecedor suceso. Sin embargo, hechos sangrientos como este continúan ocurriendo en la actualidad, algunos más sonados, o más mediatizados que otros.
Otra triste realidad es que los casos de abusos a niños ocurren en el seno familiar o en el entorno más inmediato, por lo que es importante prevenir desde el hogar. Los profesionales enseñan que hay que apelar en la mayor medida posible al diálogo y enseñar a los chicos que nadie les puede tocar en las zonas privadas de su cuerpo.
Aunque parezcan mensajes repetitivos y gastados la insistencia –por qué no decir incluso la obstinación– en los cuidados son fundamentales para instaurar conciencia sobre el flagelo social que implican los abusos y que cualquier menor puede correr con esa suerte. Todos los ciudadanos de bien de este país tenemos la obligación de asumir el compromiso de una lucha que es válida: se trata del futuro de nuestras generaciones, el futuro del país y el mundo.
Pero señalemos algunas cifras lacerantes y duras. De 2021 hasta abril de 2025, el Ministerio Público, a través de las oficinas de denuncias, recibió un total de 15.023 causas por abuso sexual en niños a nivel país. Según este reporte, el promedio de víctimas es de 9 años y esto resulta escalofriante considerando que es una edad sensible, vulnerable, una etapa de la vida que requiere mucha contención para la formación, el discernimiento que se va adquiriendo con el desarrollo personal.
El detalle de los registros refiere que en el año 2021, año de pandemia precisamente, fueron investigadas 2.966 causas, mientras que, en 2022 ingresaron 3.812 hechos. En 2023, hubo 3.563 causas, mientras que el año pasado se cerró con 3.546 causas. En lo que va de este año 2025, hasta el mes de abril fueron reportadas 1.136 causas en la Fiscalía.
El 53 % de las víctimas tiene entre 10 y 13 años, el 34 % de los menores afectados tiene entre 5 a 9 años y el 14 % niños de hasta 4 años. Según el reporte del Observatorio del Ministerio Público, el 30 % de los presuntos agresores tiene entre 18 a 29 años, mientras que el 23 % corresponde a menores de 18 años; un porcentaje preocupante, ya que también se trata de menores de edad.
Otros datos igual de hirientes que proporciona el Ministerio Público señalan que el 26 % de los investigados por el hecho punible de abuso sexual tiene entre 30 a 44 años de edad. El 13 % corresponde a personas de 45 a 59 años de edad y el 7 %, a 60 años y más.
Resulta igual de increíble como personas que van entrando a la tercera edad caen en estos casos y se constituye también en una llamada de atención sobre el cuidado de la salud mental que debe abordarse para quienes afrontan esta etapa de la vida en la que generalmente se encuentran hastiados de renunciamientos.
Central, Asunción, Itapúa, Alto Paraná y San Pedro acaparan estos números lamentables, y se han convertido en son zonas de mucha preocupación por los índices de denuncias.
La tarea no es fácil, desde luego; se torna compleja por los vínculos existentes en los casos denunciados. La pelea no es solamente hacer justicia, sino confrontar a seres queridos, divisiones familiares, reclamar al entorno. Son procesos que requieren tratamientos con cuidado extremo y tacto especial para llegar a la verdad detrás de los sucesos.
El Estado a través de sus instituciones se encuentra ante un desafío altamente sensible tanto para la implementación de proyectos de prevención como de contención y recuperación de las víctimas. El esquema tiene que encarar políticas más rigurosas, más visibles y empáticas, ya que todo dependerá de la receptividad de la ciudadanía y las familias en sumarse a la meta que persigue uno de los flagelos sociales más angustiantes: el abuso de los niños y niñas.
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Imputan a “Pai do Santo” por abuso sexual en niños en medio de rituales macabros
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Un hombre que se presenta como “Pai de Santo”, figura conocida como guía espiritual dentro de algunas sectas religiosas brasileñas, fue imputado por la fiscal Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, por los hechos de abuso sexual en niños, actos sexuales de menores de edad y violación del deber de cuidado.
De acuerdo al escrito de imputación, los indicios apuntan a que, entre enero y junio de 2025, en un inmueble ubicado en el km 14 de Minga Guazú, una especie de templo, el ahora imputado habría violado gravemente su deber de padre al exponer a su hija de dos años a ritos en medio del consumo de alcohol y cigarrillos, poniendo en riesgo su desarrollo.
Asimismo, atribuye al presunto guía espiritual haber realizado actos sexuales en diversas ocasiones, entre los años 2020 y 2021, con un niño de 9 años. Otra sospecha data de 2021, cuando el encausado habría realizado actos sexuales con un adolescente que tenía entonces 15 años.
Las agresiones, que se produjeron en Minga Guazú y Hernandarias, habrían comenzado con el agresor tocando a los menores de edad hasta llegar a actos sexuales más violentos.
La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos mediante una denuncia radicada por una persona, quien relató su participación en un culto con el supuesto “Pai de santo” y rituales con consumo de sustancias, agresiones y la exposición de menores. Los relatos realizados por la madre de una de las víctimas son terribles.
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En el marco de la investigación, las víctimas fueron asistidas por una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, ocasión en que relataron crudamente los abusos sexuales sufridos. Asimismo, el diagnóstico del médico forense determinó que los menores fueron violentados sexualmente.
La fiscal Vivian Coronel solicitó la prisión preventiva del imputado debido al peligro de fuga y a la posible obstrucción de la investigación, considerando la gravedad de los hechos y la familiaridad del imputado con las víctimas.
El nombre del imputado se mantiene en reserva para preservar la identidad de las víctimas menores de edad, una de ellas incluso es su hija pequeña de dos años, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia.
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Ratifican condena de 20 años de cárcel por narcotráfico de Cristian Turrini
El exdirector de la TV Pública, Cristián Turrini, pasará 20 años encerrado en una penitenciaria por resolución de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inadmisible el estudio de un recurso extraordinario de casación y por ende la sentencia condenatoria queda firme
Turrini fue condenado por narcotráfico, como uno de los involucrados con el cargamento de cocaína, de 2.906 kilos, incautado en el Puerto Terport, Villeta, en octubre del 2020.
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Los ministros de la máxima instancia judicial que firmaron la resolución judicial son Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera.
El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Víctor Alfieri e integrado por las jueces Alba González y Dina Marchuk, condenó a 20 años de cárcel a Cristian Turrini Ayala, por asociación criminal, tenencia y tráfico internacional de drogas, como uno de los responsables de un cargamento 2.906 kilos de cocaína incautado en un puerto de Villeta en 2020.
La condena fue de forma unánime por los magistrados, teniendo en cuenta la cantidad de droga incautada y la afectación que tiene la misma tanto a nivel nacional como internacional.
Igualmente en segunda instancia se confirmó la condena de 20 años de cárcel para Turrini.
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