El Banco Central del Paraguay, a través de la Superintendencia de Valores, emitió la resolución 0050/2024 que establece los requisitos y procedimientos obligatorios para el examen de idoneidad, inscripción y mantenimiento del registro de asesores bursátiles.

La misma constituye un paso fundamental para garantizar que los asesores que operan en el mercado de valores posean los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar sus funciones de manera eficaz y ética. Desde la banca, explican que la reglamentación establece el procedimiento para la realización de un examen de idoneidad antes de ingresar al Registro del Mercado de Valores.

Los interesados podrán inscribirse exclusivamente a través de la herramienta de registros y agentes, disponible en la página web de la banca matriz. Esta herramienta busca velar por la eficiencia y transparencia del proceso de registro relacionados al mercado de valores.

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En cuanto a la resolución, la misma estipula que el registro de los asesores bursátiles, tanto para nuevos inscriptos como para quienes ya forman parte del registro, tendrá una vigencia de cuatro años. Los asesores actualmente registrados no estarán obligados a realizar el examen de idoneidad hasta que expire el período de su registro actual.

Para la renovación, no se requerirá una nueva evaluación si el asesor demuestra una actividad continua en el mercado de valores, respaldada por documentación que avale dicha experiencia profesional. Asimismo, el examen de idoneidad se realizará con una frecuencia ajustada según la demanda, la cual será notificada mediante comunicaciones oficiales de la superintendencia.

Estas nuevas disposiciones apuntan a fortalecer la transparencia y profesionalización en el mercado de valores del país, consolidando un entorno financiero más seguro para todos los participantes. Para consultas respecto a la funcionalidad de la herramienta o soporte técnico, los interesados podrán contactar a la dirección de correo electrónico: sau@bcp.gov.py.

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Los diputados representantes de Misiones, Carlos Arrechea (colorado), y Arnaldo Valdez (liberal), dentro del marco de una comisión especial que estudia el conflicto territorial entre los distritos de San Patricio y Santiago del Departamento de Misiones, se reunieron con Fabián Almada, intendente de San Patricio y concejales departamentales.

Esta comisión especial busca hallar una solución a un problema con el que vienen tropezando los pobladores de ambos distritos, desde hace varios años. El diputado Arrechea mencionó que son aproximadamente 10 mil hectáreas las que se encuentran en disputa.

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De acuerdo a los datos recabados en los padrones antiguos de Santiago de las Misiones, figura que el territorio que reclama San Patricio siempre perteneció al distrito de Misiones. Sin embargo, no hay ni un documento o ley que avalen dichas aseveraciones.

La municipalidad de Santiago asevera que realiza inversiones en las compañías afectadas, pero que los lugareños pagan sus impuestos en la comuna de San Patricio.

“Esto se está volviendo más candente, y ya existen posiciones radicalizadas entre los pobladores de la zona, lo cual es preocupante, y por ende hay que solucionar lo antes posible para que esto no se agudice, porque esto es una bomba de tiempo”, dijo el diputado Arrechea.

El legislador misionero tambipen mencionó que ya tuvieron una reunión con las autoridades de Santiago, con el objeto de buscar un equilibrio y un consenso, de modo a encontrar una solución lo antes posible. “Es una situación que se viene arrastrando por más de 30 años; se originó cuando se creó la comunidad de San Patricio, no se estipularon los límites”, significó.

Agregó que, antiguamente, San Patricio era una compañía de Santiago, de la cual se independizó, pero que, lamentablemente, no se estipularon los límites.

En ese contexto, el intendente remarcó que, a través de este tipo de reuniones, tiene la esperanza de encontrar una metodología de solución, seguramente, por medio de una ley que pueda reparar los límites históricos.

“No buscamos rivalizar con nuestros vecinos, solo queremos encontrar un medio de solución, para que cada uno tenga lo justo, y sea un procedimiento equitativo por el bienestar de ambos distritos”, significó finalmente.

Para concluir, el parlamentario Carlos Arrechea, expuso que es el principio de una mesa de trabajo, de varias a las que se van a abocar, hasta encontrar una solución viable, justa, y equitativa.

“Si bien es cierto hay posiciones bien fuertes, bien marcadas, hay una muy buena apertura y predisposición de ambas partes para sentarnos a hablar respetuosamente con mucha tolerancia”, concluyó Arrechea.

Finalmente, anunció que en una próxima reunión fueron convocados representantes de la Dirección de Catastro, Dirección del Servicio Geográfico Militar (DISERGEMIL) y otras instituciones.

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El juez penal de Garantías Rolando Duarte decretó la prisión preventiva de Elián Fernando López Torres. El procesado debe cumplir la orden judicial en la penitenciaría de Tacumbú. La resolución se da en el marco de la audiencia de imposición de medidas que se realizó en la oficina de Atención Permanente del Poder Judicial.

López Torres fue imputado por lesión grave tras arrojar una copa de vidrio a una joven de 20 años, según informó el periodista Aldo Ynsfrán de La Nación/Nación Media.

La víctima, Dahiana Benítez quedó con ceguera debido a que perdió el ojo tras la brutal agresión ocurrida dentro de un local nocturno. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado por existir peligro de obstruir la investigación, además de peligro de fuga.

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La defensa solicitó al Juzgado el arresto domiciliario y ofreció como caución real como un inmueble y alegó el trabajo y enfermedad de la madre a fin de evitar la cárcel y permanecer en su casa. Además, anexó captura de pantalla de que realizó pagos como prueba de que estuvo asistiendo a la víctima.

Tras el estudio correspondiente, juez determinó la prisión preventiva de López Torres, quien se entregó el martes, tras viralizarse su imagen y luego de la resolución de la Fiscalía de ordenar su captura. En las próximas horas el hombre será llevado a la Penitenciaria de Tacumbú, previo paso por el Departamento Judicial de la Policía Nacional.

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La jueza interina Lici Sánchez decretó la prisión preventiva de Estela Colmán Otazú (51), dueña de Carros Vía Chile, e Isabelino Jiménez (62), del comercio Caza y Pesca Santa Rosa de Lima, quienes están investigadas e imputadas por tráfico internacional de armas. La mujer guardará reclusión en el Buen Pastor, en tanto que Jiménez, en la Penitenciaría de Tacumbú.

Estas personas fueron detenidas en el marco de la Operación Andina, desarrollada en Asunción y en Fernando de la Mora por la desaparición de 2.596 armas, que presuntamente fueron traficadas al Brasil.

Colmán y Jiménez fueron imputados por la Fiscalía por violación del artículo 98, de la Ley 4036/2010 “De Armas de Fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, en concordancia con el Art. 29, Inc. 1°, del Código Penal, cuyas expectativas de pena van de 6 meses a 10 años de penitenciaria.

Jiménez pidió prisión domiciliaria por su condición de persona de la tercera edad y por padecer de tuberculosis, sin embargo la jueza rechazó el pedido.

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Los antecedentes refieren que el miércoles pasado, una comitiva fiscal y policial realizó una serie de allanamientos en búsqueda de un importante lote de armas de fuego, que forma parte de las armas desaparecidas del radar de la Dirección de Material Bélico. en la ocasión, Lograron incautar 119 fusiles y pistolas y la detención de dos personas.

Uno de los allanamientos se desarrolló en una playa de autos, en la ciudad de Fernando de la Mora, esto en el marco de una investigación, ya que desaparecieron 3.000 armamentos de un lote de 17.000 armas de fuego registradas en la Dimabel.

Las armas son importadas al Brasil de forma legal y pueden ser vendidas dentro del territorio, pero estas son llevadas al vecino país para la venta ilegal y ya cayeron varias en manos de criminales.

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