El Ministerio Público de J. Augusto Saldívar se encuentra investigando un posible caso de abuso sexual en niños en el que la víctima es una niña de 12 años de edad, quien fue obligada a subir a una camioneta presumiblemente de la marca Toyota tipo Hilux de color blanco.
El fiscal del caso, Augusto Ledesma, señaló que “estamos investigando un hecho de abuso sexual en niños, en fecha 20 de abril, cuando una niña fue a dejar a su hermanita en la escuela y al volver a su casa fue interceptada por una persona en una camioneta, quien la increpa y obliga a subir con él en el vehículo” manifestó.
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Igualmente sostiene el fiscal que “la niña le contestó que no se subiría, pero el hombre desenfundó un arma de fuego y la obligó a subir bajo amenaza”. También sostuvo que “recorrieron tres cuadras, aproximadamente, cuando dentro de la camioneta la persona que estaba al mando del rodado comienza a manosearla a besarla y a tocar su cuerpito. En un momento dado, la niña quiso zafarse, pero el hombre la agarró fuertemente y en ese momento se inició un forcejeo, tras lo cual el supuesto autor del hecho le ofreció a la niña joyas, teléfonos celulares y otras cosas”, manifestó el agente fiscal.
El representante del Ministerio Público sostuvo que al momento de intentar tocar el cuerpo de una niña ya se configura el caso como abuso sexual, debido a que una menor de 12 años, por ejemplo, no puede decidir nada aún.
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Destacan apoyo de la Dinac a operativo desplegado en el Silvio Pettirossi
El subdirector de seguridad de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), Gustavo Sandoval, destacó la cooperación brindada al operativo fiscal-policial realizado este martes en las oficinas aduaneras del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Afirmó que “prácticamente” se hizo una entrega vigilada que posibilitó la detención de los funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) vinculados al presunto esquema de coimas.
“Nosotros estamos cooperando con el Ministerio Público y toda la información referente a este operativo está a cargo justamente de la gente fiscal. Estamos cooperando en la investigación con la Policía Nacional y el Ministerio Público”, dijo a los medios de prensa.
Al ser requerido si efectivamente se concretó una entrega vigilada, el funcionario de la Dinac respondió: “Y prácticamente. Hay una denuncia, el Ministerio Público se constituye aquí y nosotros estamos colaborando con esta investigación, de manera a facilitar todos los elementos para que puedan tener una visión holística sobre este tema”, manifestó.
Detalló que todas las evidencias colectadas en la intervención fueron lacradas. “Tres personas están demoradas“, confirmó al aludir a los funcionarios Juan Arroyo, Robert Fernández y Javier Acosta.
El titular de la DNIT, Óscar Orué, manifestó que el operativo se concretó tras denuncias recibidas por parte de un importador.
“Nosotros recibimos una denuncia hace unos días de una persona, entonces derivamos a la Fiscalía. La Dirección Anticorrupción recibió esa denuncia y se comunicó con el Ministerio Público. La persona denunciante proporcionó datos y la Fiscalía actuó en consecuencia", dijo a la 1020 AM.
Ratificó la postura del gobierno de combatir la corrupción en las administraciones aduaneras.
“Estos son casos que queremos que se eliminen en todas las administraciones aduaneras. Para nosotros es importante que se pueda dilucidar el caso y que se pueda encontrar a los responsables, en caso de que haya pruebas”, subrayó.
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Otro allanamiento a secta de “Pai de Santo” ante sospecha de pornografía infantil
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una comitiva fiscal y policial encabezada por la agente Vivian Coronel volvió a allanar anoche la casa donde funcionaba una secta, cuyo supuesto “guía espiritual”, que se hace llamar “Pai de Santo”, está detenido e imputado por abuso sexual en niños y adolescentes. Esta vez, la Fiscalía fue en busca de evidencias sobre pornografía infantil.
Otra intervención fue realizada en el Km 4, en el marco de la investigación del mismo caso. Entre ambos procedimientos fueron incautados 11 aparatos celulares, que serán revisados en busca de los vídeos de pornografía infantil que también habrían sido cometidos en la secta y de su “guía espiritual” imputado.
Los procedimientos se realizaron para incautar evidencias de nuevos hechos que surgieron en la causa, como la pornografía infantil, mediante videos de niños que estarían siendo vendidos a terceros, dijo a La Nación/Nación Media, el comisario principal Fredy Caballero, jefe de Delitos Económicos de la Policía de Alto Paraná.
El primer allanamiento fue a las 20:40, en la casa ubicada en el barrio Paseo Acaray, del Km 14 Acaray, de Minga Guazú, ya intervenida la semana pasada. Incautaron cuatro aparatos celulares, documentos varios y fotografías de personas, un cuchillo de metal, un arreador de cuero y una bandeja artesanal con piedras y una fotografía dentro de la misma.
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También incautaron prendas de vestir, palo de madera, guacha de cuero, patas de cabra, un santo y amuletos, además de cinco chips de celulares. Cabe recordar que esta casa está inmersa en rituales macabros, hallados la primera vez. El segundo allanamiento fue en una casa del barrio Pablo Rojas, sobre la calle Enrique Giménez y del lugar incautaron siete aparatos celulares más documentos varios.
La fiscal de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, Vivian Coronel realizó las intervenciones con personal policial de la División Inteligencia a cargo del subcomisario José Rolón, también del oficial inspector David Roldán, del Departamento de Delitos Económicos, unidad de Ciber Crimen, además del personal de las comisarías jurisdiccionales y del Departamento de la Trata de Personas, de la Policía Nacional.
La causa investigada es “sobre un supuesto hecho de Trata de Personas, Actos Homosexuales en Personas Menores, Tentativa de Abuso Sexual y otros”, y las órdenes fueron de la juez Cinthia Garcete. Ahora hay sospecha de pornografía infantil.
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Avioneta incautada: “No observé ninguna situación de violencia”, afirma fiscal
El fiscal Óscar Fernández sostuvo que con la apertura de la caja fuerte se podrá decidir el futuro de los pilotos de la aeronave incautada en la ciudad de Quyquyhó. Adelantó que no observó ninguna situación de violencia en ellos, pese a que habían denunciado ser víctimas de un supuesto secuestro.
“Este es un hecho que aconteció el día sábado en el horario de la mañana, donde la avioneta fue contratada a los efectos de transportar una caja fuerte al departamento de Canindeyú, donde debía haberse realizado la entrega”, relató al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Yo ordené la detención de los mismos porque conforme a sus manifestaciones el tema del secuestro, yo accedí a una filmación que obtuvieron los oficiales que están a cargo de la investigación. Y realmente yo no observé ninguna situación de violencia o fuerza, o atraco relacionado así a un tipo de secuestro. O sea, esa imagen no me coincide con la declaración de los pilotos”, remarcó.
El agente del Ministerio Público indicó que llegando al lugar el piloto y el copiloto descendieron de la aeronave y supuestamente fueron secuestrados por cuatro personas de nacionalidad brasileña.
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“Dos de ellas suben en el avión y dos de ellas quedan en el vehículo que posteriormente fue abandonado e incinerado”, describió. Siguió contando que una vez en el aire ambos fueron obligados a dirigirse a Bolivia, pero por el camino el piloto alertó que iba a quedar sin combustible.
Entonces, se dirigen hacia Concepción donde quisieron descender y el piloto nuevamente advirtió que hay un destacamento militar por lo que iba a ser imposible cumplir la orden de aterrizaje en ese sitio.
“Entonces vuelven a la ciudad de Paraguarí donde descienden en la parte de Quyquyhó (María Antonia) en una estancia. Cuando ellos bajan, vecinos alertan a la Policía de la zona a los efectos de que puedan proceder y se constituye en el lugar”, subrayó.
Supuestamente en el lugar, los pilotos fueron llevados hacia una zona boscosa y sus captores huyeron, conforme declararon los afectados.
Varias hipótesis
Así también, el agente fiscal Fernández indicó que hay varias hipótesis en torno a la caja fuerte incautada y que debe ser revisada con autorización judicial. Se sospecha que podría contener cocaína o dinero en efectivo, o lingotes de oro. La apertura debe ser autorizada por la juez penal de garantías de Quiindy.
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Pandillas barriales se ramifican en minigrupos especializados, describe fiscal
La agente fiscal Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, alertó sobre la expansión de las pandillas vinculadas a los clanes vinculados al narcotráfico en los barrios de Asunción.
“Hoy por hoy lo que nosotros estamos visualizando mucho es la creación, el establecimiento así como la propagación de pandillas vinculadas a clanes que se van formando”, señaló a la 1020 AM.
Aseveró que estos grupos “se van agrupando y expandiendo a nivel de los barrios”. Se refirió puntualmente al operativo Dominatus, desplegado el pasado 25 de junio en el barrio Ricardo Brugada, que permitió desarticular algunos grupos criminales que generaban zozobra en el vecindario.
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“Particularmente, dentro de la unidad hace poquito tuvo desarrollo el operativo Dominatus que se realizó en el barrio Chacarita, un lugar donde se han identificado, al principio, a dos bandas como los arroyenses o pelopinchenses”, relató.
La abogada Cubilla confirmó que se descubrieron otras subdivisiones dentro de estas bandas criminales. “Dentro de esas barras hay otra vez como minigrupos donde se van especializando, agrupando de acuerdo a los objetivos y la rivalidad que hay entre ellos”, detalló.
Explicó que estas bandas, aparte de la comercialización ilícita de armas para su utilización en varios hechos punibles, también están vinculadas con la venta de sustancias estupefacientes. Dijo que, entre los miembros, el consumo de droga viene a ser ya prácticamente parte de la dinámica diaria.
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“Nosotros lo que siempre establecemos, al menos a nivel de práctica dentro de la unidad especializada, es identificar al consumidor que solamente es consumidor, pero así también de la persona que comercializa”, manifestó.
En este punto, la fiscal aclaró que, por un lado, se busca la rehabilitación del consumidor, pero sin dejar de lado la sanción penal, que constituye la función propia de la Fiscalía. “El Ministerio Público ya va por la represión del hecho, es la sanción de la persona que está vinculada a los hechos de comercialización ilícita de sustancias estupefacientes”, puntualizó.