La agente fiscal Vivian Coronel imputó a dos mujeres por participar en la venta de una niña de dos años de edad por la suma de G. 5 millones. Las imputadas tienen 44 y 19 años, respectivamente. El Ministerio Público consideró que los delitos cometidos por las dos mujeres son por tráfico de menores y violación de la regla de adopción.
De acuerdo al acta de imputación, la joven de 19 años de edad es la madre de la niña de dos años, mientras que la mujer de 44 años es la presunta compradora que abonó al acto la suma de G. 5 millones.
Relata el Ministerio Público que la madre de la niña de dos años necesitaba de dinero, por ende decidió vender a su hija. Por su parte, la mujer de más edad se aprovechó de la situación de necesidad de la madre de la niña y le ofreció la mencionada suma de dinero para poder quedarse con la niña.
Los hechos se habrían registrado el pasado 19 de julio en la vivienda situada en Minga Guazú. La tía de la niña fue quien se acercó hasta la sede del Ministerio Público a radicar la denuncia contra las personas que están involucradas en el grave hecho.
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Se maneja la información de que la madre de la niña es adicta a las drogas y para poder deshacerse de su hija decidió venderla a una señora. La Fiscalía, con el acompañamiento de la Policía Nacional, realizó varios allanamientos, logrando así detener a las dos personas que hoy están imputadas en el presente caso.
Ahora ambas mujeres deberán comparecer ante un Juzgado Penal de Garantía donde se definirá si son remitidas a la cárcel de mujeres o son beneficiadas con medidas alternativas a la prisión.
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Con presencia de Santiago Peña, inician obras en viaducto y de pavimentación en Minga Guazú
La Jornada de Gobierno se trasladó en esta oportunidad hasta Alto Paraná, donde el presidente Santiago Peña participó del inicio de obras de pavimentación y de la construcción del viaducto Ruta PY02 del Km 10. “Hoy vengo a reafirmar mi compromiso y vamos a hacer mucho más”, afirmó el mandatario.
Ambas obras son financiadas con recursos de la Itaipú Binacional y según indicaron, en cuanto al viaducto es una obra clave para reordenar el tránsito en uno de los puntos más congestionados de Ciudad del Este. En su fase inicial, contempla obras de 13 km de adecuación vial, con 8,3 km de nuevos pavimentos y recapados.
“Todo esto comienza gracias a la histórica negociación en Itaipú para tener recursos para poder invertir en nuestro país, esta es una obra largamente acariciada. Es el resultado de un trabajo en equipo, por haber tenido la convicción de decir invirtamos en donde va a tener impacto, en las zonas urbanas, en donde vive la gente, las rutas son importantes, pero no podemos olvidar donde nos movemos día a día”, expresó Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas.
Por su parte, el presidente Peña habló también del ambicioso “Plan 1.000″, para el cual se invertirán USD 100 millones y se implementará en coordinación con gobernaciones y municipios para la construcción de empedrados y asfaltados en todo el país, no solo en las zonas de influencia de la binacional.
“No hay una ciudad que no vaya a recibir, por supuesto que es un plan muy ambicioso pero yo no me quedo con esto, no voy a hacer solo esto, vamos a hacer mucho más y me refiero a obras para mejorar los caminos, porque cada obra nos acerca hacia un nuevo proyecto por llevar adelante”, afirmó el jefe de Estado.
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Expansión de la industria automotriz: avanza instalación de fábrica de buses eléctricos
El proyecto de instalación de una fábrica de ensamblaje de buses eléctricos en Minga Guazú, Alto Paraná, sigue avanzando. Directivos de la empresa taiwanesa Master Transportation Bus Manufacturing Ltd. se reunieron con el viceministro de Industria, Marco Riquelme, para conversar sobre el plan de producción. Se prevé que las primeras unidades estén listas en el 2026.
La comitiva, liderada por el presidente de la compañía, Ting-Fa Wu, presentó detalles del proyecto y los beneficios a través de la innovación tecnológica que integran este lote de buses eléctricos que se ensamblarán en el país, haciendo especial énfasis en la reducción de los costos operativos y de infraestructura a largo plazo.
Riquelme indicó que, aunque la inversión inicial en la adquisición de buses eléctricos sea superior a la de los ómnibus convencionales en el país, el ahorro generado en un plazo inferior a 10 años compensa ampliamente el sobrecosto inicial.
Al respecto, dijo que esta compensación se logra gracias a la disminución en el consumo de combustible, los menores gastos de mantenimiento y la mayor durabilidad de los componentes eléctricos, destacando a la vez el impacto positivo que tendrá la incorporación de este tipo de unidades en el sistema de transporte público en cuanto a reducción de las emisiones de carbono.
La compañía, cuya fábrica estará asentada en el Parque Tecnológico Inteligente de Taiwán, proyecta no solo abastecer al mercado local, sino también responder a la demanda del Mercosur. Esta iniciativa apunta a posicionar al país en un centro regional de producción de buses eléctricos, dando impulso al desarrollo de la industria automotriz y la generación de puestos de trabajo. La inversión anunciada por la empresa es de USD 30 millones.
El embajador de Taiwán en Paraguay, José Chih-Cheng Han, había informado que el proyecto contempla la creación de 500 empleos directos, pudiendo ampliarse a 2.500 puestos de trabajo de forma indirecta. La planta industrial tendrá capacidad para ensamblar 500 unidades por año, cifra que podría aumentar de acuerdo a la demanda.
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Tía Chela, la gran estafa de la administración Prieto
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.
Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña. Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor” Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la municipalidad firmaba contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos. El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela SRL.
“RECORDATORIO” DE COMISIÓN EN ANVERSO DE CHEQUE
A la “escenografía” que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.
Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela SRL de Fermín Ávalos a Danielito SRL de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.
Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela SRL.
ALGUNOS “BENEFICIARIOS” NI SIQUIERA ESTÁN EN EL PAÍS
El Departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.
Por si fuera poco, en las planillas, datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.
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Destacan apoyo de la Dinac a operativo desplegado en el Silvio Pettirossi
El subdirector de seguridad de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), Gustavo Sandoval, destacó la cooperación brindada al operativo fiscal-policial realizado este martes en las oficinas aduaneras del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Afirmó que “prácticamente” se hizo una entrega vigilada que posibilitó la detención de los funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) vinculados al presunto esquema de coimas.
“Nosotros estamos cooperando con el Ministerio Público y toda la información referente a este operativo está a cargo justamente de la gente fiscal. Estamos cooperando en la investigación con la Policía Nacional y el Ministerio Público”, dijo a los medios de prensa.
Al ser requerido si efectivamente se concretó una entrega vigilada, el funcionario de la Dinac respondió: “Y prácticamente. Hay una denuncia, el Ministerio Público se constituye aquí y nosotros estamos colaborando con esta investigación, de manera a facilitar todos los elementos para que puedan tener una visión holística sobre este tema”, manifestó.
Detalló que todas las evidencias colectadas en la intervención fueron lacradas. “Tres personas están demoradas“, confirmó al aludir a los funcionarios Juan Arroyo, Robert Fernández y Javier Acosta.
El titular de la DNIT, Óscar Orué, manifestó que el operativo se concretó tras denuncias recibidas por parte de un importador.
“Nosotros recibimos una denuncia hace unos días de una persona, entonces derivamos a la Fiscalía. La Dirección Anticorrupción recibió esa denuncia y se comunicó con el Ministerio Público. La persona denunciante proporcionó datos y la Fiscalía actuó en consecuencia", dijo a la 1020 AM.
Ratificó la postura del gobierno de combatir la corrupción en las administraciones aduaneras.
“Estos son casos que queremos que se eliminen en todas las administraciones aduaneras. Para nosotros es importante que se pueda dilucidar el caso y que se pueda encontrar a los responsables, en caso de que haya pruebas”, subrayó.
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