El exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Antonio Fretes fue multado por la Contraloría General de la República por la suma de 24.131.945 guaraníes, que deberá pagar en un plazo de 72 horas, debido a que no presentó su declaración jurada al abandonar su cargo. El extitular del Poder Judicial había accedido a su jubilación el 10 de marzo de este año.
La Resolución 1.110, firmada por el contralor general Camilo Benítez, refiere que la sanción se justifica por la transgresión de la Ley n.º 5033/13 y su modificatoria la ley n.º 6919/22, que reglamentan el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos.
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Su salida de la Corte se produjo en medio del escándalo que saltó en noviembre de 2022, que salpicó a su hijo Amílcar Fretes Escobar, quien acordó con el ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, vinculado con el Hezbolá, trabar su extradición a los Estados Unidos por la suma de 368.000 dólares, donde era requerido bajo cargos de presunto lavado de dinero.
Pese a los pedidos de renuncias de diversos sectores, en aquella ocasión Fretes pidió permiso para el cargo de presidente de la CSJ, y quedó a la espera de su jubilación al cumplir los 75 años, edad límite para desempeñarse como ministro de la máxima instancia judicial. Para su reemplazo se admitieron 37 postulantes y tras casi una veintena de sesiones se definió una terna con Gustavo Santander, Gustavo Adolfo Ocampos y María Teresa González de Daniel. El Senado propuso y luego dio juramento a Santander.
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Yolanda Paredes omitió datos en declaración jurada ante la CGR
“Cuando fue electa senadora, cobró USD 50 mil en tres pagos que no están en su declaración jurada”, denunció el legislador Nano Galaverna.
El senador colorado Juan Carlos “Nano” Galaverna denunció que su colega del Partido Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, vendió por USD 160 mil una vivienda perteneciente a la entidad binacional Itaipú, antes de los comicios generales de 2023, y de haber omitido este ingreso en la rendición de sus declaraciones juradas.
“Una senadora de la nación vendió una casa de Itaipú por USD 160 mil, dijo que nunca tuvo casa, pero no la tiene porque vendió una casa ajena. Estoy pidiendo que me pasen los documentos; cuando fue electa senadora, cobró USD 50 mil en tres pagos que no están en su declaración jurada”, mencionó el legislador sin precisar de quién se trataba. Las afirmaciones de Galaverna surgieron en el marco de la reunión desarrollada ayer entre senadores y el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, quien acudió hasta el Congreso Nacional con el objetivo de exponer sobre la adjudicación de un departamento en Luque al parlamentario Javier “Chaqueñito” Vera.
“Existe la frase haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Se quiere instalar un relato falaz y mentiroso, queriendo atacar al gobierno de Santiago Peña”, dijo Galaverna.
La senadora Paredes salió al paso de las acusaciones realizadas por Galaverna, lanzando improperios y admitiendo que fue ocupante y poseedora de dicha vivienda perteneciente a la represa.
“Yo no toqué dinero público, sí fui una ocupante poseedora de una casa de Itaipú en el área 1 de Ciudad del Este. Yo sé que estoy molestando en el Congreso, porque les puedo decir a ustedes los delincuentes que son”, dijo. Las declaraciones de Paredes obligaron al titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, a cortar la transmisión pública realizada a través de los medios de comunicación de la Cámara. “Senadora, no se va a referir así a nosotros; cortaremos la reunión si vamos a continuar así. Usted es la delincuente”, apuntó Núñez.
De acuerdo a las denuncias, la vivienda fue cedida por Paredes a Alberto Ariel Ramírez Britos y a Liz María Auxiliadora Aquino, quienes, por un instrumento jurídico de dudosa procedencia, fueron autorizados a hacer las gestiones ante Itaipú para registrar la casa a sus respectivos nombres.
“La senadora vendió un bien público. En la reunión se exacerbó y nos trató a todos de delincuentes. ¿Quién es la delincuente que se apropió de una casa de la entidad Itaipú?”, mencionó Núñez luego de abandonar la reunión.
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A Ultranza Py: tribunal confirmó condenas para Joaquín Roa y Alberto Koube
La Cámara de Apelaciones, integrada por los magistrados Pablino Escobar, Mario Camilo Torres y Arnulfo Arias, confirmó la condena de ocho años de cárcel para el exministro abdista de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, en una causa vinculada con la investigación A Ultranza Py, de febrero de 2022.
El exfuncionario de Estado fue encontrado culpable por lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación criminal en direccionar licitaciones en dicha dependencia estatal para su beneficio personal y el de terceros.
Además de la pena privativa de libertad, los magistrados dispusieron el comiso de un yate de USD 450.000 que obtuvo Roa como fruto de las licitaciones direccionadas y la prohibición de ejercer cargos públicos por 5 años.
Igualmente, fue confirmada la sentencia para el empresario Alberto Koube a seis años de prisión por soborno agravado en calidad de autor, administración en provecho propio, en calidad de instigador, lavado de dinero en calidad de coautor.
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La ejecución de la condena quedará supeditada hasta que el fallo quede firme. De acuerdo a la sentencia tanto Roa como Koube causaron un perjuicio patrimonial a la Secretaría de Emergencia Nacional de aproximadamente G. 16.000 millones, principalmente mediante contratos de alquiler de camiones y provisión de chapas.
De acuerdo al Ministerio Público entre los años 2018 y 2021, Roa quien se desempeñaba como ministro desde 2013, adjudicó millonarias licitaciones y contrataciones a favor de Koube con la finalidad de obtener beneficios económicos conjuntos a costa de fondos públicos, conformando de esa forma una asociación criminal.
Las adjudicaciones direccionadas se canalizaron mediante empresas vinculadas a Koube, como Grupo Tapyracuai S.A., y de un entramado de firmas y personas relacionadas, entre ellas JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núñez y Katerine Ayala, entre otros.
Varios elementos probatorios fueron claves para el presente caso, entre ellos resaltan los mensajes intercambiados entre Roa y Koube en los que Roa solicitaba montos de dinero en concepto de “pan dulce” y “sidra” a cambio del direccionamiento de las licitaciones.
También se mencionó que Koube era el que manejaba las licitaciones y los desembolsos, presionando a Roa, a quien trataba de “Papacho” para que se puedan liberar los fondos.
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DNIT recuerda que declaración del IRP 2025 debe presentarse durante marzo
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), recordó a los contribuyentes que durante el mes de marzo se debe realizar la liquidación del Impuesto a la Renta Personal (IRP) correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
Según informó la institución, un total de 346.519 contribuyentes deberán presentar su Declaración Jurada a través del sistema Sistema Marangatu. La fecha de vencimiento para cada caso se determina de acuerdo con la terminación del Registro Único de Contribuyente (RUC), conforme al calendario perpetuo de vencimientos.
Para la presentación del IRP se deben utilizar dos formularios: el N.º 515, correspondiente a Rentas por prestación de servicios personales, y el N.º 516, destinado a Rentas y ganancias de capital.
En el caso de las rentas derivadas de servicios personales, el impuesto grava los ingresos de fuente paraguaya obtenidos por el trabajo personal, ya sea en relación de dependencia o de forma independiente. Se excluyen de esta categoría conceptos como el aguinaldo, los aportes jubilatorios o de seguridad social.
Dentro de los egresos deducibles, los contribuyentes pueden declarar gastos personales y de familiares a cargo, como alimentación, vestimenta, alquiler y mantenimiento de vivienda, compra de muebles y electrodomésticos, gastos de movilidad, seguros, así como gastos de salud y educación realizados tanto en el país como en el exterior. También se permite deducir la adquisición de un vehículo cada tres años y un inmueble cada cinco años.
Por su parte, el apartado de rentas y ganancias de capital incluye ingresos generados por el patrimonio o por incrementos patrimoniales que no derivan de la prestación de servicios personales. Entre ellos se encuentran la venta o alquiler de inmuebles, premios de loterías, rifas o sorteos desde G. 500.000, la venta de bienes muebles que superen los G. 20 millones en un ejercicio fiscal, así como la venta de acciones, cuotas partes o cesión de derechos.
En estos casos, la normativa permite deducir ciertos gastos asociados a las operaciones, como honorarios de notarios y escribanos, tributos, tasas de registro, costos administrativos y de publicidad, además de honorarios pagados a intermediarios, siempre que las erogaciones estén debidamente documentadas.
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Caso Metrobus: juez admite imputación contra exministro Arnoldo Wiens
El juez Humberto Otazú admitió la imputación presentada contra el exministro de Obras Públicas, y actual precandidato presidencial por Colorado Añeteté, Arnoldo Wiens, por el presunto delito de lesión de confianza. Asimismo, fijó para el próximo 12 de marzo a las 8:45 la audiencia para llevar adelante la imposición de medidas.
De acuerdo al documento firmado por el magristrado, la admisión es solo respecto al hecho de lesión de confianza, no así en relación al de daños a obras o medios técnicos de trabajo.
En tanto, el Ministerio Público pidió medidas alternativas a la prisión preventiva, es decir, libertad ambulatoria mientras dure el proceso judicial.
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El juez de Delitos Económicos admitió parcialmente la imputación que fue ratificada por los fiscales Giovanni Grissetti, Natalia Silva y Yeimi Adle, quienes ratificaron la imputación, argumentando que el acta es válida y cumple con todos los requisitos necesarios para el inicio de una investigación formal.
El exministro Wiens es investigado por un presunto perjuicio patrimonial de más de G. 14.955 millones. Según la imputación, este no cumplió con lo recomendado por la Procuraduría General de la República, que indicó que se debía realizar un informe técnico previo a la demolición de las obras, que costaron al Estado G. 6.924.624.006.
Esta construcción consistía en estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR) sobre la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, entre San Lorenzo y Fernando de la Mora. Las estructuras fueron demolidas durante su administración.
Se menciona además que pagó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, gasto que no estaba previsto.
Antecedentes
Esta imputación había sido rechazada por el juez Osmar Legal, que había reemplazado a Otazú de forma interina, alegando que los fiscales no especificaron los incisos de los tipos penales señalados. Sin embargo, la devolución se da ahora de la misma manera.
Por otro lado, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento definitivo para el exministro Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra Marta Benítez. En este caso, la audiencia para el análisis de esta solicitud quedó marcada para el 16 de marzo.