Una familia decidió denunciar a una cuidadora tras el fallecimiento de una mujer de 103 años, al asegurar que hubo negligencia. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público, pero la acusada sigue en libertad.

Según los denunciantes, la abuela era víctima de maltratos físicos y verbales por parte de Lourdes Mabel Morel, la persona contratada para asistirla en su residencia, ubicada en el barrio Ykua Satí de Asunción.

Según se observa en un vídeo presentado como prueba, en una ocasión la anciana se cayó de la cama y su encargada le pidió que se levante sola.

En otra grabación se escucha que la mujer le exige que le avise cuando “hace popó” . “Paráte abuela te estoy limpiando, qué estúpida, imbécil, inútil”, se escucha decir a la cuidadora, mientras la paciente gime de dolor en el suelo.

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Los hechos se dieron el 6 de enero pasado y tras el grave incidente, la adulta mayor falleció. Los familiares se encontraban en Brasil cuando recibieron la triste noticia. Radicaron la denuncia y ahora reclaman que la Fiscalía aún no citó a la sindicada.

Claman que se inicie ya la investigación y que la presunta autora sea procesada, ya que a siete meses del trágico suceso los fiscales intervinientes no llamaron aún a declarar a la mujer.

“Nosotros estábamos con mi familia en Brasil y habíamos salido el fin de semana y el lunes 6 al mediodía me envía un audio la cuidadora avisándome que mi abuela se cayó y que no estaba reaccionando”, relató la nieta de la fallecida a Telefuturo.

Dijo que la mujer se había ganado la confianza de su familia y se encontraba trabajando en la casa desde junio del año pasado.

“Teníamos buen trato con ella, no le debíamos nada, cobró su salario, su aguinaldo. Le acompañó ese día de Año Nuevo, nosotros vinimos le vimos a la abuela y nos despedimos de ella, estaba en perfectas condiciones”, detalló.

Según la joven, la abuela tenía su geriatra de cabecera y no presentaba complicaciones en su salud, e inclusive caminaba y comía sola.

“Ese día desayunó sola, e incluso iba al baño con su andador. Ella (cuidadora) solamente caminaba a su lado. Y vinimos desesperadamente para ver qué es lo que aconteció. Y llegamos 24 horas después para el velorio y para despedirnos”, subrayó.

Dijo que al revisar las cámaras de la casa para indagar sobre lo que pasó, se percataron de que la abuela se había caído seis veces.

“Y se arrastró por toda su pieza, se levantó sola, ella no le ayudaba a levantarse y le hostigaba, le maltrataba verbalmente, le humillaba. Mi abuela gritó seis veces mi nombre llamándome y ella le grita y le dice que se levante así como se tiró. Mi abuela no se tiró, ella le forzó a que se caiga y no le ayudó en ningún momento ni tampoco pidió ayuda a tiempo, ni tampoco nos avisó a tiempo para que podamos socorrerle de alguna forma”, subrayó.

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El ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, indicó que la institución a su cargo está colaborando con el Ministerio Público en las investigaciones con relación al esquema de espionaje de Brasil al gobierno anterior y autoridades paraguayas.

Manifestó que en este momento existe una investigación abierta y que el Mitic está colaborando con todos los datos e informaciones que les corresponda.

“Se abrió una investigación interna, la Fiscalía abrió una investigación de oficio, estamos trabajando con ellos conjuntamente con darle todos los hallazgos que nosotros tenemos y eso está en un proceso abierto hoy en el Ministerio Público”, señaló en conversación con los medios en la Cámara de Diputados.

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Con relación al informe que deben ser presentados por el Brasil, señaló que el gobierno paraguayo está a la espera de una respuesta, compromiso que había realizado el presidente del vecino país, Inacio Lula Da Silva durante la reunión con el presidente de la República Santiago Peña.

“En el caso de Brasil, ellos se comprometieron con el presidente Peña, respecto a entregarle el informe detallado en la brevedad posible, hay una investigación en curso en Brasil también que está determinando todas las acciones y el alcance que tuvo, y él (Lula) se comprometió con la celeridad mayor de entregar. Nosotros en este proceso nos mantenemos expectantes”, manifestó Villate.

El esquema de espionaje hacia el Gobierno y las autoridades paraguayas, se habría dado durante el gobierno de Jair Bolsonaro en el marco de las negociaciones del Anexo C de la Itaipú binacional con el gobierno de Mario Abdo Benítez. La revelación de este esquema, paralizó las actuales negociaciones del Anexo C.

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El fiscal Alexander Argüello Alderete, de San Estanislao, imputó a Justo César Alfonzo Salinas por estafa, producción de documentos no auténticos, manipulación de graficaciones técnicas y producción indebida de certificados de salud. La investigación señala que el acusado es autor de una serie de maniobras fraudulentas relacionadas con el ejercicio ilegal de la medicina.

De acuerdo a las investigaciones, Alfonzo Salinas habría ejercido la profesión médica sin contar con habilitación legal, utilizando el registro profesional de otro médico. El imputado montó un supuesto sanatorio privado dentro de su vivienda, ubicada a escasos metros del Hospital de San Estanislao, que operaba bajo el nombre de “Santa Isabel”.

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La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 20 de junio del 2025 por funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de la Superintendencia de Salud ante la comisaría local, en la cual alertaban que el procesado ofrecía servicios médicos usando un número de registro profesional ajeno, incurriendo en una grave transgresión legal y ética.

Como parte del proceso investigativo, el 25 de junio se llevó a cabo un allanamiento en el inmueble de Alfonzo Salinas. La comitiva fiscal y policial procedió a la incautación de numerosos objetos vinculados al ejercicio de la medicina, tales como un sello profesional, uniforme, recetas médicas, estetoscopio y cajas de instrumental médico.

Los elementos colectados refuerzan la sospecha de que el implicado habría ofrecido consultas, expedido recetas y emitido certificados de salud de forma clandestina, lo que representa un peligro para la salud pública y constituye una usurpación de funciones.

El Ministerio Público continúa la investigación para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar si existen otras personas afectadas o vinculadas al caso.

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En la tarde del lunes se confirmó la imputación contra el intendente de Encarnación, Luis Yd, en el marco de la investigación por el derrumbe del edificio que se cobró la vida de dos personas.

Desde el Ministerio Público defendieron esta acción manifestando que existen elementos suficientes para señalar al jefe comunal de uno de los responsables en la negligencia que ocasionó el colapso de la estructura edificada.

“Esta es una imputación que versa sobre sospechas de comisión de hechos punibles y las pruebas hasta este momento han arrojado la sospecha necesaria para la presentación de la imputación, debemos seguir recabando otros medios de prueba a los efectos de pasar del estado de sospecha al de convicción y eso sí motivaría la presentación de una acusación”, explicó el fiscal Ever Williams.

En conversación con varios medios de prensa, el fiscal expuso que el Ministerio Público se ha tomado el tiempo necesario para hacer la investigación y que no podían apresurarse a presentar una imputación dado que a partir de esta etapa, existe un plazo limitado para la conclusión de esta fase y pasar a la acusación, por lo que era necesario recabar los datos que permitan sustentar las sospechas. A partir de ahora, la Fiscalía tiene seis meses de trabajos para presentar la acusación.

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“No estamos ante un hecho punible común, estamos hablando de la caída de un edificio, lleva tiempo la toma de declaraciones y eso merece un análisis exhaustivo. Apresurarnos a presentar una imputación sin siquiera tener un presupuesto de cuánto iba a costar realizar un estudio pericial en la zona del derrumbe, sería muy aventurado, por eso nos tomamos el tiempo suficiente para presentar la imputación”, alegó.

El derrumbe del edificio en construcción se registró en la noche del 2 de abril pasado, en el barrio San Roque de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.

Yd es sindicado por la comisión de hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción y homicidio culposo, al igual que el ingeniero de obras. Asimismo, los arquitectos son señalados por estos hechos punibles y además, son sospechados por la exposición de personas a trabajos peligrosos, mientras que el encargado de obras fue imputado por homicidio culposo.

“No vimos la necesidad de ordenar ninguna orden de detención, sí hemos solicitado la aplicación de algunas medidas que garanticen el sometimiento de los mismos al procedimiento como la prohibición de salida al país, la constitución de un domicilio, la firma mensual de los imputados en el juzgado”, detalló el fiscal.

Los demás imputados por la Fiscalía son: René Orlando Miglio, director de Obras; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del edificio; Roberto Montiel Cabral, sereno; y los arquitectos Mario Bruno Urbina, y Roberto Faustino Ramírez.

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