El Ministerio Público cumplió los criterios exigidos en la Ley 5189/2014, dentro del Sistema de Justicia, en materia de transparencia activa. Este monitoreo y evaluación es realizado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Entre los ejes estratégicos de la presente administración se destaca el de información disponible y participación ciudadana mediante programas de transparencia activa, acceso a la información, datos abiertos y rendición de cuentas. “Estamos comprometidos con la ciudadanía, quienes son los contralores de nuestra gestión y es a la ciudadanía a la que nos debemos”, indicó el fiscal general, Emiliano Rolón, respecto a los delineamientos que orientan la gestión institucional.
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Dentro de las evaluaciones realizada por la Secretaría de la Función Pública, con indicadores de monitoreo, se señala que el Ministerio Público ha dado un resultado óptimo y un 100 % de cumplimiento, en virtud a los indicadores establecidos, liderando el grupo de las instituciones del Sistema de Justicia evaluadas, entre ellas, el Consejo de la Magistratura, la Escuela Judicial, el JEM y otros.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) es la encargada de presentar el informe del monitoreo que realiza, según el Artículo 7.º de la Ley 5189/2014, que establece la publicación de los informes correspondientes.
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Imedic: fiscalía apeló leve condena de Patricia Ferreira y Nidia Godoy
Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero apelaron la leve condena de solo 4 años de cárcel de Patricia Ferreira y Nidia Godoy, representantes de la firma Imedic S.A.
Estas personas fueron juzgadas y encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma. Esta empresa había permitido el ingreso de medicamentos de dudosa procedencia a nuestro país. Igualmente, se apeló la absolución del delito de asociación criminal.
Los representantes del Ministerio Público piden anular el fallo dictado por un tribunal de sentencia y a su vez que se realice un nuevo juicio oral atendiendo a la gravedad del presente caso y a la participación de las condenadas en el suceso. Del mismo modo, la fiscalía apeló la absolución de culpa y pena del despachante de aduanas Néstor Ramírez, quien también estuvo sentado en el banquillo de los acusados.
Los fiscales sostienen que se violó abiertamente los principios de razonamiento adecuado debido a que el tribunal de sentencia resolvió absolver a los tres procesados en el marco del hecho acusado de asociación criminal. Igualmente, señalaron que existe falta de fundamentación en cuanto a la pena de 4 años de cárcel para Ferreira y Godoy.
Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel; para Nidia Godoy, 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez, la pena de 3 años de cárcel.
Los fiscales mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente, los representantes del Ministerio Público sostienen que se comprobó que los acusados falsificaron facturas para que puedan ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.
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Ley de Transparencia sincerará rol de las oenegés ante la ciudadanía
Los rosarios de cuestionamientos que arrastran varios dirigentes que administran grandes corporaciones de ONGs, han impulsado, gracias a la atención que pusieron algunos parlamentarios, un proyecto de Ley de Transparencia que fue promulgado en estos días y que obligará a operar a cara descubierta después de años de oscurantismo en el financiamiento como del real interés que persiguen.
La contaminación que sufrieron las ONGs, principalmente las que reciben multimillonarios fondos tanto local como internacional han opacado la esencia de estas organizaciones perjudicando a aquellas cuyos fines siguen siendo el bienestar social. La nueva normativa dará luz sobre la existencia de estos grupos con la información que deberán disponer para la ciudadanía.
Rossana Escobar M. (rossana.escobar@nacionmedia.com)
La Ley número 7.363/2024, que promulgó el presidente de la República, Santiago Peña, la semana pasada y “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, conocidas como ONGs, pondrá luz al oscurantismo en el que se manejan varias ONGs, principalmente aquellas que reciben fondos multimillonarios y giran en torno a programas o actividades públicos. Esto significa un sinceramiento de las acciones de estos grupos con la ciudadanía a la que siempre invocan como beneficiaria de sus diferentes proyectos.
El intento de satanización mediante campañas de desinformación, típica herramienta utilizada por los conocidos oenegeros, muy particularmente de las grandes empresas ONGs que supieron incentivar a sus aliados mediáticos, periodistas de élite quedó totalmente desmoronado ante el proyecto de Transparencia y los monumentales fondos que en nombre de la ciudadanía fueron distribuidos en los bolsillos de grupos reducidos. Una oposición oportunista, aferrada al desfazado discurso de la organización para la representación civil con varios de sus operadores colgados del dinero que se mueve en el negocio oenegero, también quedó al descubierto y al arbitrio de la población.
Rendición de cuentas, es la frase que engloba la recientemente promulgada Ley y que generó urticaria a varios oenegeros y políticos vinculados a sus campañas que, a toda costa quisieron plantar la idea de que es un garrote para desalentar la organización civil. Una mentira feroz, en el artículo primero se garantiza el derecho a libre asociación para los fines que se propongan toda vez que sean lícitas.
La normativa, entre otros, establece que todas las asociaciones, fundaciones, ONGs, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier entidad que reciba o administre fondos relacionados con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades y otros entes autónomos.
Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la identidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán mantener una lista detallada de todos los profesionales y personal contratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos. Los primeros informes que llegó a recabar la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI), puso en evidencia que recursos dispuestos en beneficio de la ciudadanía básicamente se tradujeron en facturaciones para mismos oenegeros, sus clanes familiares y consultores amigos.
No hay que olvidar que la mencionada Ley es producto de un largo proceso de debate durante el cual salieron a la luz manejos discrecionales, denuncias de corrupción, nepotismo por parte de directores, administradores de ONGs que reciben fondos del Estado y de otros organismos mediante donaciones a Paraguay sin mayores impactos en favor de la ciudadanía.
Un claro ejemplo de cómo se ha bastardeado el rol de algunas ONGs es el esquema con fondos millonarios recibidos que involucra a dupla de excandidatos de la Concertación, Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente construyeron una red de negocios bajo la apariencia de ONGs, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de organismos multilaterales y contrapartidas estatales, destinando fondos a consultorías y emprendimientos que benefician a un selecto grupo de amigos.
Otro sonado de corrupción con ONG es el que involucra al presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CRID), Agustín Carrizosa que en plena crisis económica por el Covid – 19 se aprovechó de un convenio con el Estado y con plata de los contribuyentes repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Bradshaw, a su pareja María Berta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrupción, Carlos Francisco Alcaraz. Así también hizo festín con dinero proveniente de donación a Paraguay con repartija de honorarios a su clan, periodistas, oenegeros amigos.
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Tribunal absolvió a los tres acusados
Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Olga Ruiz, Celia Salinas y Víctor Alfieri, resolvió absolver de culpa y pena a Pedro Areco, Arnaldo Martínez y Enrique Agüero, quienes fueron juzgados por los delitos de producción de riesgos comunes, perturbación de la paz pública, daños a cosas de interés común y daños a obras construidas, en el marco de la investigación por la quema de Colorado Róga.
Los magistrados de sentencia mencionaron que no se pudo comprobar que los acusados participaron de la quema del local de Colorado Róga. Igualmente, mencionaron que no se observaron que las conductas realizadas por los procesados, se hayan adecuado a la descripción de los tipos penales acusados, en consecuencia corresponde la absolución como también el levantamiento de todas las medidas cautelares sobre los mismos y las costas en el orden causado, expresa la determinación adoptada por el tribunal juzgador.
El Ministerio Público tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que defina si ratifica la absolución de culpa y pena o anula la misma y ordena que se realice un nuevo juicio oral y público.
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Diputados tratará proyecto de creación del Registro Unificado Nacional (RUN)
Entre los primeros puntos que serán analizados durante la sesión ordinaria del martes 19 de noviembre, por la Cámara de Diputados, está el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), iniciativa que busca resolver el histórico problema de la superposición de títulos de tierras en el Paraguay.
El titular de Diputados, Raúl Latorre, determinó que el orden del día estará integrado por 24 puntos.
El proyecto del RUN ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y propone la fusión de tres instituciones estatales bajo la órbita del Poder Judicial: la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia.
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Según la exposición de motivos, este nuevo RUN se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, bajo la Corte Suprema de Justicia, con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables.
Entre los principales objetivos del RUN se encuentran la simplificación de trámites, identificación de inmuebles superpuestos, reducción de plazos para transferencias, introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica, establecimiento de una cartografía única para el país, y reducción de costos para el Estado.
Por otro lado, también analizarán el proyecto de ley “Que prorroga el plazo establecido en el artículo 5º de la Resolución Honorable Cámara Diputados Nº 1336/2024, Que crea una Comisión conjunta de investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos”. La Cámara de Senadores, ya aprobó esta semana, prorrogar por 60 días más la vigencia de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero.
Creación del ISEMP
El plenario de la Cámara Baja también tiene previsto estudiar el proyecto de ley “Que crea el Instituto Superior de Estudios del Ministerio Público (ISEMP). Según la exposición de motivos, el ISEMP, anteriormente, Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, constituye un organismo de apoyo fundamental para la carrera fiscal.
Como instancia académica, ejecuta los programas de formación para funcionarios de la institución, alineados con los ejes del plan estratégico de la Fiscalía General del Estado, bajo la dirección de un Fiscal Adjunto, según el documento.
Inscripción automática en el RCP
La Cámara de Diputados analizará también, en la ocasión, el proyecto de ley “Que establece la inscripción en el Registro Cívico Permanente (RCP) de ciudadanos paraguayos y paraguayas residentes en el Paraguay y en el extranjero para el pleno ejercicio del derecho al voto”.
Esta iniciativa, que busca fortalecer los derechos civiles y políticos de los paraguayos, contempla la creación de un Departamento de Electores Residentes en el Extranjero, dependiente de la Dirección General del Registro Electoral del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Concertaciones
Otro documento que forma parte del orden del día de la Cámara de Diputados, es el proyecto de ley “Que modifica la Ley N° 3212/2007, ‘Que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones”.
Esta iniciativa legislativa busca fortalecer el sistema democrático paraguayo mediante la regulación de mecanismos de colaboración política, promoviendo mayor transparencia y responsabilidad en los procesos electorales. El proyecto establece tres niveles de concertaciones: nacional, departamental y municipal.
Para constituir una concertación nacional, según la exposición de motivos, los partidos y movimientos deberán obtener la aprobación de sus respectivas asambleas o convenciones, y formalizar el acuerdo mediante escritura pública.
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