La Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda promovida por un exfuncionario de la Administración Nacio­nal de Electricidad (Ande), quien reclamaba alrededor de G. 5.400 millones en con­cepto de indemnización por supuestos daños y perjui­cios derivados de una des­titución que consideraba injustificada.

Los ministros de la Corte César Garay, Eugenio Jimé­nez y Alberto Martínez Simón firmaron la resolu­ción judicial.

En la demanda civil, el exfuncionario de la Ande había solicitado el 3 % men­sual de intereses sobre tal monto, suma que alcan­zaba los G. 11.500 millones solo en intereses. Además, se ahorraron los posibles honorarios profesionales de los abogados del deman­dante, lo que habría repre­sentado un desembolso total de G. 20.608.583.310 para el Estado paraguayo.

La Procuraduría General de la República, en ejercicio de la representación legal del Estado, defendió la improce­dencia de la demanda y sos­tuvo que no se cumplían los requisitos legales para una condena por responsabili­dad civil extracontractual.

En su sentencia, la Corte señaló que no se acredita­ron ni la existencia de un daño jurídicamente com­probado, ni el vínculo cau­sal directo entre la actuación de los funcionarios y los per­juicios alegados, ni un factor de atribución válido.

El fallo resalta que las demandas contra el Estado deben demostrar con cla­ridad los cuatro elementos esenciales de la responsabi­lidad civil: antijuridicidad, daño, nexo causal y factor de atribución. La sola dis­conformidad con un acto administrativo no basta para fundar una preten­sión indemnizatoria, espe­cialmente cuando los actos cuestionados ya han sido revisados en otras vías juris­diccionales.

Este caso constituye un precedente relevante en la defensa del erario público y reafirma el compromiso ins­titucional de la Procuradu­ría General de la República en asegurar una representa­ción jurídica eficiente, que permita resguardar los inte­reses del Estado ante recla­mos infundados.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) informa que este lunes 7 de julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de apelación presentado por la DNCP en el caso de “Urnas electrónicas” del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

De acuerdo al informe de Contrataciones Públicas, esta decisión de la máxima autoridad judicial permite el levantamiento de la medida cautelar dispuesta por el Tribunal de Cuentas – Tercera Sala a favor de la firma Bypar S. A., que había suspendido temporalmente el avance del proceso licitatorio.

“Esta resolución representa un paso relevante hacia la garantía de la legalidad y la transparencia en los procedimientos de contratación pública, reafirmando el compromiso de la DNCP con el respeto al debido proceso y a la correcta aplicación de la normativa vigente”, expresa el comunicado.

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Cabe recordar que desde la Justicia Electoral aguardaban la resolución de esta objeción de parte de la firma, a fin de continuar con el proceso licitatorio para la adquisición de 28.000 máquinas de votación, que serán usadas en los comicios internos partidarios, en las elecciones generales municipales del 2026 y las presidenciales del 2028.

El motivo de la objeción planteada por la firma Bypar S. A., es que el TSJE pida 10 años de experiencia en la fabricación, utilización, alquiler y venta de las máquinas de votación.

Desde la Justicia Electoral señalaron que esta empresa tiene 5 años de trayectoria, por ello buscaban reducir el plazo de experiencia. Pero, el problema de esta firma es que tampoco reunía ninguno de los demás requerimientos, por ello, no pudo participar en la licitación.

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Si bien se mostró emo­cionado luego de ser reelecto, Alejandro Domínguez también tuvo tiempo de dar un enérgico dis­curso en el que puso de resalto el poderío sudamericano en el mundo del fútbol.

Al tiempo de enfatizar el valor del trabajo conjunto en la Con­mebol, indicó que siempre hay que apuntar a ganar.

“Para ser campeón tenés que tener el mejor equipo. Quie­nes conformamos la Conme­bol sabemos que el partido recién comienza. Y no vamos a salir a competir: vamos a salir a ganar. Este no es un proyecto personal, es un juego en equipo y no importan los nombres, importa alcanzar el máximo trofeo para que el fútbol sudamericano man­tenga en alto su historia y se proyecte para conquistar el mundo”, resaltó Domínguez.

Al mismo tiempo, reafirmó que todo buen trabajo se tiene que solventar con la hones­tidad y la transparencia en la gestión, con rendición de cuentas. “No queremos clu­bes endeudados, queremos clubes fuertes. Queremos juga­dores que cobren en tiempo y forma. Queremos que se invierta la plata en la logística que va a asegurarnos el futuro. Y, trabajando juntos, podemos soñar y solidificar las bases y las condiciones de nuestros clubes y asociaciones miem­bro”, remarcó. Finalmente, valoró lo que representará para nuestro continente los partidos inaugurales de la copa del mundo de 2030.

“El fútbol reconoció al Uru­guay y a Sudamérica como la casa del primer Mundial. Y estuvo a la altura al tomar la decisión de que el Mundial tiene que comenzar donde todo comenzó. Y ahora esta­mos exigiendo querer ser par­tícipes, protagonistas en la organización de ese Mundial. Porque este no es cualquier Mundial. Este es el Mundial de los 100 años”, concluyó.

Luego de conocerse a las abogadas que defenderán a los padres del presunto asesino de María Fernanda Benítez comenzaron a saltar videos de las mismas usando la Sala de Juicios de la Corte Suprema de Justicia para promocionar sus servicios.

Esta situación generó el repudio y el cuestionamiento ciudadano, así como en el seno de la máxima instancia judicial, por lo que las abogadas serán investigadas.

Así lo anunció la Corte, al tiempo de recalcar que las mismas se exponen no solamente a sanciones administrativas, sino también a la suspensión en el ejercicio de la profesión.

Desde la Corte Suprema de Justicia emitieron un comunicado en el que indicaron que iniciarán la investigación para definir si las abogadas tiktokeras, María Fátima Muñoz y Gricelda Arana, usaron indebidamente la sala como se reporta.

Se trata de dos videos en los que se ve a las profesionales usar la sala de juicio oral para promocionar sus servicios. Los materiales luego fueron posteados en sus redes sociales. En uno de los videos se las ve bailando y en otro habla de cómo logró dejar en libertad a uno de sus clientes, acusado por homicidio doloso.

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“De conformidad al art. 4° de la Ley n.° 609/95, disposiciones de la acordada n.° 1597/21 y reglamentaciones concordantes, dispóngase el inicio de una investigación preliminar respecto a las presuntas irregularidades señaladas que guardan relación con la conducta desplegada por las abogadas María Fátima Muñoz Escobar y Gricelda Alejandra Arona Mieres", indicó el ministro César Manuel Diesel, en la orden.

El documento fue remitido a la Oficina Disciplinaria de la Superintendencia General de Justicia, previo registro en la Oficina de Quejas y Denuncias. Ambas abogadas se exponen a sanciones administrativas como la suspensión en el ejercicio de la profesión, apercibimiento con constancia de legajo y amonestación, incluso la casación de sus matrículas.

Los padres del presunto asesino de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo fueron detenidos y ya comparecieron ante el Juez. El guardiacárcel y la docente habrían escondido a su hijo de 17 años, entre el viernes y sábado previos al descubrimiento del cuerpo, en un hotel mientras denunciaban su supuesta desaparición en la comisaría 31ª del barrio Azucena.

El juez penal de Garantías de primer turno, Armando Mendoza, dispuso hacer lugar al pedido de la Fiscalía, de decretar la prisión preventiva para ambos adultos. El padre del presunto homicida cumplirá la medida de reclusión en el penal de Emboscada, mientras que la madre irá al pabellón de mujeres de la Penitenciaria Regional de Misiones.

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