El diputado Daniel Centurión expresó su respaldo a la intención de reflotar la figura de la concordia en la Asociación Nacional Republicana (ANR), rumbo a los comicios municipales del 2026. Agregó que la meta principal deberá ser consensuar candidaturas únicas para las intendencias de Ciudad del Este, Encarnación y Asunción, teniendo en cuenta el caudal electoral.

“Se va a requerir una gran madurez interna por parte de los líderes dentro de la ANR para tratar de conjugar teniendo en cuenta nuestras viscerales diferencias entre la disidencia y el oficialismo. Sería importante pensar en proponer a los mejores hombres y mujeres en los distritos importantes como Asunción, Encarnación y Ciudad del Este”, sostuvo a la 1020 AM.

Asimismo el congresista acotó: “Porque no pensar en una unidad en los distritos muy complicados, complejos, pero de sustancial importancia para las pretensiones para las elecciones generales del 2028. Acá estará el gran desafío”.

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Centurión detalló que las diferencias entre los principales movimientos internos de la agrupación tradicional, Honor Colorado y Fuerza Republicana radica desde el año 2015 cuando se desató la puja por la presidencia de la ANR.

“Esto arrastró a todo el Partido Colorado, sin embargo, se ha sobrepuesto en cada elección. Es nuestra responsabilidad como demócratas aceptar las derrotas y acompañar al ganador, de esto se trata la democracia, quienes somos nosotros para discutir lo que el pueblo ha elegido. Es natural (los conflictos), siempre ha ocurrido dentro del partido y más todavía al inicio del mandato”, dijo.

El legislador siguió afirmando que “Yo abono sobre aquella receta que se dio en las elecciones municipales anteriores, la concordia colorada que permitió que se aumente la cantidad de administraciones municipales en manos del Partido Colorado, veremos si es posible o no”.

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Hasta ahora, un impune Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, arrastra una serie de denuncias. Las últimas fueron con relación a empresas ligadas a funcionarios leales al intendente que fueron beneficiados con contratos con la comuna esteña por más de G. 14.000 millones. Entre las empresas beneficiadas aparecen un club nocturno convertido en constructora y una firma que debía proveer kits de alimentos que nunca llegaron en plena pandemia.

• Unidad de Investigación Nación Media

Mientras Miguel Prieto, intendente de Ciudad del Este, hace alarde de adornos navi­deños, su gestión al frente de la comuna sigue sumando irregularidades. Curiosa­mente, ante estos hechos algunos sectores políticos y de la prensa deciden hacer la vista gorda. Un claro ejem­plo son los contratos que la comuna repartió entre los leales al jefe comunal.

Más de G. 14.000 millones en contratos con la Municipali­dad de Ciudad del Este fue­ron entregadas a empresas y oenegés ligadas a funcionarios de la comuna altoparanaense que son cercanos al intendente local, Miguel Prieto.

Ciudad del Este vive uno de los episodios más polémicos en la gestión pública reciente, con denuncias de irregulari­dades que involucran millones de guaraníes. Desde la entrega de fondos para ollas popula­res en plena pandemia hasta el protagonismo de empresas y funcionarios municipales en licitaciones millonarias, el caso tiene ribetes dignos de una novela de Gabriel García Márquez.

Las denuncias 38 y 39 contra el intendente Miguel Prieto Vallejo apuntan a una red que habría operado al inte­rior de la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por el director de la Secreta­ría de la Vivienda, Juan Qui­roga Cañete, y la funcionaria Lumma Silva Battochi. Ambos estuvieron involucrados en la gestión de fondos destinados a subcomisiones que organiza­ban ollas populares durante los meses más duros de la pan­demia de covid-19.

En 2020, ambas subcomisio­nes recibieron G. 311 millones de la comuna para supues­tamente repartir alimentos entre familias vulnerables. Sin embargo, los documen­tos presentados para justi­ficar estos desembolsos han sido fuertemente cuestio­nados. Las comisiones lide­radas por Quiroga Cañete y Silva Battochi solicitaron el reconocimiento municipal y el desembolso de los fondos el 30 de diciembre de 2020. Sorprendentemente, todo el proceso, incluyendo el pago a proveedores, se realizó en menos de 24 horas.

Ambas subcomisiones emi­tieron facturas a nombre de la empresa FASV Import Export, que declaró la entrega de insumos como carne, arroz, fideos y aceite. Sin embargo, las facturas no detallan las marcas de los productos ni los lugares donde fueron entre­gados. Más preocupante aún, no existe evidencia concreta sobre cómo se distribuyeron los insumos, lo que genera sos­pechas sobre la transparencia de las operaciones.

La denuncia no termina allí. Lumma Silva Battochi no solo es funcionaria munici­pal, sino también accionista de SCDE SA, una empresa constructora que antes operaba como club noc­turno bajo el nombre Gol­den Rouge SA Silva Battochi ingresó como accionista en marzo de 2021, aportando G. 320 millones, una cifra que contrasta radicalmente con su salario como contratada municipal, que asciende a G. 3.350.000 mensuales.

Desde 2020, SCDE ha fir­mado 8 contratos con institu­ciones públicas, 7 de ellos con la Municipalidad de Ciudad del Este, por un valor total de G. 10.706 millones. Sumando estos contratos a los fondos recibidos por las subcomi­siones, el clan Quiroga-Silva habría manejado más de G. 11.000 millones en menos de tres años.

El caso más notorio durante la pandemia fue la adquisi­ción de cestas básicas por G. 2.949 millones, destinadas a familias de escasos recursos. En esta operación, están pro­cesados Miguel Prieto, varios de sus funcionarios y Emili Vanessa Florentín Páez, actual asesora jurídica de la munici­palidad. Según la Fiscalía, Flo­rentín Páez habría colaborado en un esquema de facturación ficticia para encubrir la falta de entrega de mercaderías.

La firma Tía Chela SRL, adju­dicada para proveer las cestas, no contaba con el inventario necesario, según se constató en las investigaciones. Para justificar las operaciones, se habrían utilizado facturas fal­sas emitidas por Vanemi SA, empresa vinculada a Florentín Páez. Las transacciones ficti­cias totalizaron G. 692 millo­nes, parte de un perjuicio eco­nómico estimado en G. 2.130 millones.

La Fiscalía descubrió una red de subproveedores inexis­tentes, que emitieron factu­ras para simular la entrega de productos nunca adquiridos. Este esquema refleja el grado de opacidad con que se mane­jaron los fondos destinados a mitigar los efectos de la pan­demia en Ciudad del Este.

Las investigaciones actuales revelan una serie de incon­sistencias en el manejo de los fondos públicos durante la administración de Miguel Prieto. Tanto los casos rela­cionados con las ollas popu­lares como con las cestas básicas destacan por la falta de documentación clara y la rapidez sospechosa con que se realizaron los desembolsos.

En el caso de las subcomisio­nes, no se ha presentado evi­dencia que confirme el uso correcto de los G. 311 millo­nes desembolsados, mientras que los contratos otorgados a SCDE han despertado dudas sobre posibles conflictos de interés y favoritismo.

Por su parte, la trama de las cestas básicas, en la que figura Emili Vanessa Floren­tín Páez como protagonista, pone en evidencia el uso de facturas falsas y empresas de fachada para desviar recur­sos públicos. La Fiscalía con­tinúa con las imputaciones contra los responsables de estos hechos, que afectan gravemente la credibilidad de la gestión municipal.

En total, las irregularidades detectadas en estos casos suman más de G. 14.000 millones, recursos que debían beneficiar a la población más vulnerable en un momento crítico. Sin embargo, estos fondos parecen haberse des­viado hacia intereses parti­culares, dejando a Ciudad del Este con más preguntas que respuestas.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

La fiscal Julia González investiga otro terrible caso de abuso sexual de una niña de seis años, a quien le diagnosticaron sífilis, una enfermedad de transmisión sexual, después de ser inspeccionada por personal de salud. La madre está detenida por violación del deber de cuidado y abuso sexual en niño.

El supuesto autor es el padrastro, quien está desaparecido. La agente fiscal informó que ya tienen el nombre del sujeto, pero están corroborando otros datos para emitir la orden de captura.

El caso llegó a la Fiscalía después de que la mujer decidió llevar a su hija a la clínica de una universidad privada para consultar ante molestias en su parte íntima. Al ser inspeccionada se le encontró lesiones y evidencias de abuso sexual.

Ante esa situación, la madre fue comunicada por el personal de salud sobre el resultado de la revisión y que se dará parte a las autoridades, pero la mujer agarró a su niña y corrió de la clínica, según contó a La Nación/Nación Media la fiscal Julia González.

El personal de salud, con ayuda de guardias, la pudo alcanzar cuando ya estaba a punto de abordar el ómnibus. Llegó en ese momento el personal policial y la madre fue aprehendida. Guarda reclusión en la comisaría de mujeres.

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Al ser rescatada la niña de los brazos de su madre fue llevada de nuevo a la clínica universitaria y allí llegó una tía materna que se hizo cargo de ella, ya con intervención de la Consejería de la Niñez (Codeni) de Ciudad del Este y del Ministerio Público.

Contó que en la clínica universitaria a la niña le realizaron análisis ante las lesiones detectadas; el resultado indica que la víctima padece sífilis, según el informe que fue enviado a la Fiscalía. “Le pasé el reporte a Medicina Forense y confirman que la niña tiene dicha enfermedad”, dijo la fiscal.

La detención de la mujer fue ayer 22 de noviembre. Julia González informó que el martes 19 de noviembre ya había ido primero al Hospital Regional de Ciudad del Este para que le atiendan a la niña y en esa ocasión solo dio el nombre de su hija. También desapareció después de escuchar sobre el estado de la niña y la obligación de reportar a la Fiscalía.

En esa ocasión no fue alcanzada y se informó lo sucedido. La fiscal confirmó que ya había ingresado a su unidad, aunque sin ninguna identidad de la mujer. Ayer, al repetirse la acción, sí pudo ser alcanzada y entregada a la Policía y a la Fiscalía.

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El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento a favor de Elías Godoy Torres, hijo de la diputada liberal Roya Torres. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia.

El joven, procesado por cobro indebido de honorarios, deberá devolver la suma de G. 50.666.600 que recibió de la Cámara de Diputados, más una donación por el mismo monto como reparación del daño social. Dicha donación será destinada a varias entidades de beneficencia.

El fiscal Francisco Cabrera señaló que el joven reconoció los hechos y por ende fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento.

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Con la presente salida procesal, el hijo de la diputada se salvó de enfrentar un juicio oral y público por el citado delito. En caso de incumplir la medida se revocará la presente resolución y el proceso tendrá que proseguir.

De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, Elías Godoy Torres, siendo bachiller, fue contratado en la Cámara de Diputados como asesor de su propia madre, la diputada liberal Roya Torres, percibiendo un sueldo de G. 9.500.000, pero el mismo no habría cumplido las funciones asignadas por lo que se inició una investigación en la que se corroboró el incumplimiento de tareas, por lo que fue imputado.

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