Un hombre fue condenado a 20 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños. La agente fiscal Claudia Torres Ozorio logró la condena arrimando todos los elementos de prueba. El hoy condenado trabajó como albañil en el domicilio de la víctima. El grave hecho quedó demostrado en juicio oral y público con la presentación de las pruebas.
Estas fueron ofrecidas en el juicio oral y son la Cámara Gessel, diagnóstico médico y testigos calificados, así también fue comprobado que el abuso ocurrió varias veces. El hecho se produjo en Loma Pytâ, en el año 2018, cuando la víctima tenía 10 años. La familia acogió al inculpado en su vivienda mientras duraba la obra, ya que el mismo era oriundo del interior del país.
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La presidenta del Tribunal de Sentencia, Laura Ocampo, con relación a la pena de 20 años manifestó que es conforme a la base de medición del Art 65 del Código Penal, ya que la víctima fue abusada en diversas ocasiones y no quedó ninguna duda de la comisión del hecho punible.
La defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que deberá estudiar y resolver si corresponde confirmar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia. Si el tribunal de alzada ratifica el fallo, la defensa del condenado tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
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Estadísticas de abuso sexual en niños siguen siendo escalofriantes
El número de casos de abuso sexual infantil registrados en el Observatorio del Ministerio Público sigue siendo espantoso, pese a que ha producido una leve disminución en los últimos dos años. Esta es una situación que, pese a la gravedad, no despierta la conciencia colectiva con la fuerza necesaria que amerita y que sea capaz de reforzar las estrategias desde el Estado.
Los abusos sexuales en niños y niñas son –lamentablemente– parte de una realidad que se arrastran de antaño. Si bien en las últimas estadísticas compartidas por el Misterio Público disminuyeron algunos números, el flagelo continúa siendo una gran preocupación.
El caso de Felicita Estigarribia –“la niña de las mandarinas”– que en 2004, a sus 11 años, fue abusada sexualmente por un hombre quien no conforme con la vejación la estranguló hasta acabar con su vida. Este horrendo caso reflotó la indignación con el arresto del presunto autor, después de 21 años de aquel estremecedor suceso. Sin embargo, hechos sangrientos como este continúan ocurriendo en la actualidad, algunos más sonados, o más mediatizados que otros.
Otra triste realidad es que los casos de abusos a niños ocurren en el seno familiar o en el entorno más inmediato, por lo que es importante prevenir desde el hogar. Los profesionales enseñan que hay que apelar en la mayor medida posible al diálogo y enseñar a los chicos que nadie les puede tocar en las zonas privadas de su cuerpo.
Aunque parezcan mensajes repetitivos y gastados la insistencia –por qué no decir incluso la obstinación– en los cuidados son fundamentales para instaurar conciencia sobre el flagelo social que implican los abusos y que cualquier menor puede correr con esa suerte. Todos los ciudadanos de bien de este país tenemos la obligación de asumir el compromiso de una lucha que es válida: se trata del futuro de nuestras generaciones, el futuro del país y el mundo.
Pero señalemos algunas cifras lacerantes y duras. De 2021 hasta abril de 2025, el Ministerio Público, a través de las oficinas de denuncias, recibió un total de 15.023 causas por abuso sexual en niños a nivel país. Según este reporte, el promedio de víctimas es de 9 años y esto resulta escalofriante considerando que es una edad sensible, vulnerable, una etapa de la vida que requiere mucha contención para la formación, el discernimiento que se va adquiriendo con el desarrollo personal.
El detalle de los registros refiere que en el año 2021, año de pandemia precisamente, fueron investigadas 2.966 causas, mientras que, en 2022 ingresaron 3.812 hechos. En 2023, hubo 3.563 causas, mientras que el año pasado se cerró con 3.546 causas. En lo que va de este año 2025, hasta el mes de abril fueron reportadas 1.136 causas en la Fiscalía.
El 53 % de las víctimas tiene entre 10 y 13 años, el 34 % de los menores afectados tiene entre 5 a 9 años y el 14 % niños de hasta 4 años. Según el reporte del Observatorio del Ministerio Público, el 30 % de los presuntos agresores tiene entre 18 a 29 años, mientras que el 23 % corresponde a menores de 18 años; un porcentaje preocupante, ya que también se trata de menores de edad.
Otros datos igual de hirientes que proporciona el Ministerio Público señalan que el 26 % de los investigados por el hecho punible de abuso sexual tiene entre 30 a 44 años de edad. El 13 % corresponde a personas de 45 a 59 años de edad y el 7 %, a 60 años y más.
Resulta igual de increíble como personas que van entrando a la tercera edad caen en estos casos y se constituye también en una llamada de atención sobre el cuidado de la salud mental que debe abordarse para quienes afrontan esta etapa de la vida en la que generalmente se encuentran hastiados de renunciamientos.
Central, Asunción, Itapúa, Alto Paraná y San Pedro acaparan estos números lamentables, y se han convertido en son zonas de mucha preocupación por los índices de denuncias.
La tarea no es fácil, desde luego; se torna compleja por los vínculos existentes en los casos denunciados. La pelea no es solamente hacer justicia, sino confrontar a seres queridos, divisiones familiares, reclamar al entorno. Son procesos que requieren tratamientos con cuidado extremo y tacto especial para llegar a la verdad detrás de los sucesos.
El Estado a través de sus instituciones se encuentra ante un desafío altamente sensible tanto para la implementación de proyectos de prevención como de contención y recuperación de las víctimas. El esquema tiene que encarar políticas más rigurosas, más visibles y empáticas, ya que todo dependerá de la receptividad de la ciudadanía y las familias en sumarse a la meta que persigue uno de los flagelos sociales más angustiantes: el abuso de los niños y niñas.
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Imputan a “Pai do Santo” por abuso sexual en niños en medio de rituales macabros
- Ciudad del Este. Agencia Regional
Un hombre que se presenta como “Pai de Santo”, figura conocida como guía espiritual dentro de algunas sectas religiosas brasileñas, fue imputado por la fiscal Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, por los hechos de abuso sexual en niños, actos sexuales de menores de edad y violación del deber de cuidado.
De acuerdo al escrito de imputación, los indicios apuntan a que, entre enero y junio de 2025, en un inmueble ubicado en el km 14 de Minga Guazú, una especie de templo, el ahora imputado habría violado gravemente su deber de padre al exponer a su hija de dos años a ritos en medio del consumo de alcohol y cigarrillos, poniendo en riesgo su desarrollo.
Asimismo, atribuye al presunto guía espiritual haber realizado actos sexuales en diversas ocasiones, entre los años 2020 y 2021, con un niño de 9 años. Otra sospecha data de 2021, cuando el encausado habría realizado actos sexuales con un adolescente que tenía entonces 15 años.
Las agresiones, que se produjeron en Minga Guazú y Hernandarias, habrían comenzado con el agresor tocando a los menores de edad hasta llegar a actos sexuales más violentos.
La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos mediante una denuncia radicada por una persona, quien relató su participación en un culto con el supuesto “Pai de santo” y rituales con consumo de sustancias, agresiones y la exposición de menores. Los relatos realizados por la madre de una de las víctimas son terribles.
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En el marco de la investigación, las víctimas fueron asistidas por una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, ocasión en que relataron crudamente los abusos sexuales sufridos. Asimismo, el diagnóstico del médico forense determinó que los menores fueron violentados sexualmente.
La fiscal Vivian Coronel solicitó la prisión preventiva del imputado debido al peligro de fuga y a la posible obstrucción de la investigación, considerando la gravedad de los hechos y la familiaridad del imputado con las víctimas.
El nombre del imputado se mantiene en reserva para preservar la identidad de las víctimas menores de edad, una de ellas incluso es su hija pequeña de dos años, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia.
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Decretan libertad de Hugo Javier, tras seis meses en prisión
El exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González, y su entonces director de Gabinete, Miguel Ángel Robles, fueron beneficiados con la libertad ambulatoria tras haber permanecido durante seis meses privados de libertad, cumpliendo una pena de diez años. Ambos fueron condenados por el caso de obras fantasmas en la Gobernación.
El fallo del tribunal de sentencia presidido por la jueza Karina Cáceres se dio a conocer este jueves, luego de una revisión planteada por la defensa, tras el cumplimiento de la condena mínima.
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“Los miembros del tribunal han revocado la prisión preventiva y ahora goza con libertad ambulatoria el señor Hugo Javier con las reglas de conducta que el Tribunal ha impuesto”, señaló el abogado Guillermo Gayoso a la 730 AM.
Explicó que su defendido ha compurgado la pena mínima establecida en el artículo 19 de la Constitución Nacional, por lo tanto corresponde otorgarle dicho beneficio. Consideró que el tribunal ha actuado en uso de sus atribuciones al disponer la libertad ambulatoria de ambos condenados.
Así también, el profesional destacó que su cliente nunca obstruyó las investigaciones y siempre cumplió las reglas, y no hay peligro de fuga.
“La Constitución dice en ninguno de los casos superará la pena mínima y eso es lo que se planteó dentro del concepto que manejamos nosotros correctamente. Y el tribunal ha resuelto”, expresó.
El 4 de enero se dictó la condena y ambos se encontraban cumpliendo la prisión preventiva, pero tras superar la pena mínima se dicta la libertad ambulatoria.
Ambos tienen prohibición para salir del país y prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial. Y en el caso de Miguel Ángel Robles se estableció una fianza que en su momento había sido ofrecida por su abogado Guillermo Duarte Cacavelos.
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Caso Liz Vera: Justicia condenó al asaltante y al chofer del bus a 5 años de cárcel
La Justicia condenó a 5 años de cárcel al chofer de colectivo y al asaltante que atacó a la joven Liz Vera, quien al intentar recuperar su celular, cayó al asfalto y tras varios días falleció. El hecho fue juzgado por un tribunal de sentencia, que luego de analizar todos los elementos probatorios, resolvió condenar a la pena privativa de libertad de 5 años de cárcel a los dos acusados en el presente caso.
La joven Liz Vera ,de 24 años de edad, falleció en septiembre del 2021, víctima de la inseguridad, cayó de un bus luego de ser asaltada por un supuesto vendedor de chipa.
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El chofer condenado prestaba servicio en la unidad de la empresa Paraguarí, fue sentenciado por el delito de homicidio culposo. Mientras que el asaltante también fue condenado a 5 años de prisión.
“El chofer no tuvo la intención de denunciar ni auxiliar y eso agrava la pena, y el vendedor que se dio a la fuga”, expresó el fiscal Itálico Rienzi a la radio 1020 AM.
Liz viajaba en la unidad de transporte cuando fue despojada de su teléfono celular por un delincuente, quien rápidamente se dio a la fuga. En un intento por perseguirlo para recuperar su móvil, cayó al asfalto luego de que el conductor acelerara la marcha. Liz estuvo varios días en coma por una grave contusión cerebral, pero no resistió y falleció.
La defensa de los condenados tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que defina si corresponde confirmar la sentencia dictada en primera instancia.
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