EL Ministerio Público entregó varios bienes incautados en el procedimiento denominado Pavo Real, ocasión en que se desmanteló la red criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão. Foto: Gentileza
Operativo Pavo Real: Fiscalía entregó a Senabico varios inmuebles incautados
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El Ministerio Público entregó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) numerosos inmuebles que fueron incautados en el marco de las investigaciones llevadas a cabo en el operativo denominado Pavo Real, ocasión en que se desmanteló la red criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão.
Los procedimientos fueron 26 en total y se llevaron a cabo en Pedro Juan Caballero, por los agentes fiscales Pamela Pérez, Ingrid Cubilla, Celso Morales y Arnaldo Arguello. En San Pedro (Santa Rosa del Aguaray) y en el departamento de Concepción (Yby Yaú) intervino el fiscal Elvio Aguilera. Mientras que en Asunción y el departamento Central actuaron los fiscales Osmar Segovia, Elva Cáceres y Fabiola Molas. Los mismos entregaron a la Senabico varias propiedades como viviendas, locales comerciales, además de terrenos y establecimientos rurales ubicados en cinco departamentos del país.
El fiscal Morales señaló que, en principio, durante los diversos procedimientos realizados en la jornada de hoy, se logró identificar once inmuebles que fueron entregados a la Senabico para que los administre. Los procedimientos fueron desarrollados por funcionarios del Ministerio Público, de la Senabico y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
Los antecedentes del caso refieren que, en julio de este año, las fuerzas antidrogas realizaron 30 allanamientos simultáneos en diversas zonas del país y quedaron detenidos en la ciudad de Pedro Juan Caballero, el abogado Alfredo Duarte, María Cristina González, Nancy del Carmen Alfonzo, Jorge Mora, Adrián Brizuela y Daniel Montenegro.
También están investigados en esta causa, el empresario Carlos Andrés Oleñik Memmel, Adrián Rolando Brizuela Olmedo y Gabriela Esther González Jacquet, que se encuentran privados de su libertad y con prisión preventiva.
Desde la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) explicaron el uso de los fondos generados por las subastas de bienes. Foto: Archivo
Senabico destina 50 % de las subastas a proyectos de rehabilitación de adictos
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El secretario general de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Santiago Arza, informó que el 50 % del dinero resultante de las subastas se destina a financiar proyectos de rehabilitación de adictos. Hasta el momento ya se direccionaron 34.000 millones de guaraníes a estos programas y se prevé seguir con estos planes acorde a la disponibilidad de los fondos.
“La Senabico continuamente organiza subastas, pero todo ese dinero es depositado en el Tesoro público a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y ya los trámites administrativos que ponen disponibles esos fondos. Una vez que eso esté recién el Consejo se reúne para la aprobación de nuevos proyectos”, señaló a la 1080 AM.
Explicó que por Ley está establecido el porcenaje de distribución de los recursos provenientes del dinero comisado y de todos los productos de la subasta que realiza la Senabico. Es así que el 50 % de esos fondos se destina a financiación de proyectos de rehabilitación de adictos, inserción social y prevención de hechos punibles.
“Ese destino de ese dinero se hace a través de la conformación de un Consejo que establece también la Ley y conformada por seis instituciones que son la Senabico, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Senad y el Ministerio de Salud Pública a través de representantes que designan sus máximas autoridades”, expresó.
Del dinero recaudado de subastas y de sentencias firmes y ejecutoriadas, ya se han financiado varios proyectos, entre ellos uno ejecutado por el Ministerio de Salud en conjunto con la Senad. Se trata de un Centro de Rehabilitación ubicado en la ciudad de Piribebuy inaugurado en enero de este 2025.
“Es un proyecto que implica lugar para 30 personas, todo pago, con atención absolutamente gratuita por un período de cinco años. Pasan primero por un proceso de desintoxicación y diagnóstico a través del Centro Nacional de Control de Adicciones y según criterio de los profesionales son derivados a este centro que se encuentra en la ciudad de Piribebuy”, subrayó.
El dueño de una farmacia, identificado como Franco Antonio Acosta Céspedes, fue detenido por presuntamente facilitar medicamentos controlado al presunto autor del feminicidio de María Fernanda. Foto: Gentileza
Caso María Fernanda: detienen a dueño de farmacia que habría proporcionado medicamento controlado
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Esta tarde, el Ministerio Público realizó un allanamiento en una casa en el barrio San Isidro de Coronel Oviedo, en busca de evidencias sobre el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez. Durante el procedimiento resultó detenido Franco Antonio Acosta Céspedes, quien es el propietario de la farmacia en la que se habrían comprado varios medicamentos que se habrían utilizado para acabar con la vida de la joven de 17 años de edad.
Los fiscales del caso, Fermín Segovia y Gloria Rojas, son los que están tomando la declaración indagatoria al propietario de la farmacia, quien en las próximas podría ser imputado por el Ministerio Público.
Del mismo modo ayer miércoles, en un allanamiento realizado en una vivienda de Coronel Oviedo,se logró incautar la moto que pertenece al padre del principal sospechoso del crimen. En el sitio se detuvo a un hombre que sería padre de la actual novia del presunto homicida. Sería el segundo allanamiento que se realiza con la intención de esclarecer el horrendo crimen.
Según el fiscal Fermín Segovia, el dueño de la casa Ricardo Villamayor, se presentó junto a su abogado y manifestó que la vivienda está deshabitada desde hace un tiempo porque está siendo refaccionada. Esta persona fue detenida por frustración de la ejecución y persecución penal.
La Justicia ordenó el embargo de bienes hasta cubrir la suma de G. 412 millones de la Municipalidad de Encarnación tras perder una demanda de regulación de honorarios. Foto: Gentileza
Ordenan embargo de bienes de la Municipalidad de Encarnación tras perder millonaria demanda
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La Justicia hizo lugar a un embargo ejecutivo contra los bienes de la Municipalidad de Encarnación, cuyo intendente es el cuestionado Luis Yd, hasta cubrir la suma de G. 412.500.000 en el marco de la demanda que inició la abogada Yolanda Campuzano. El juicio civil en el que se reclama el millonario monto fue caratulado como “Ejecución de Sentencia en los autos Municipalidad de Encarnación contra Comisión de Carnaval sin medidas”.
Este mandamiento de embargo obliga al jefe comunal a pagar dicho monto, atendiendo que los abogados de la comuna no han apelado la resolución dictada en primera instancia donde se le condenó a la Municipalidad de Encarnación a pagar la millonaria suma de dinero mencionada más arriba en concepto de regulación de honorarios.
La presente demanda dio inicio en el año 2019 tras una medida cautelar que presentó la Municipalidad de Encarnación contra la Comisión de Carnaval y en aquella oportunidad la Justicia hizo lugar a la medida cautelar y los integrantes de la comisión de carnaval quedaron fuera de dicha comisión.
La Municipalidad de Encarnación podría pagar más en concepto de regulación de honorarios debido a que el juicio civil sigue aún vigente y actualmente el caso está en la Corte Suprema de Justicia.
Estafa a colonos: Fiscalía tiene 5 meses más de tiempo para investigar a exfuncionario de Diputados
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El tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de San Pedro, otorgó 5 meses más de tiempo al Ministerio Público para seguir investigando al exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín Campuzano y otras tres personas procesadas penalmente por estafa, cuya víctimas son colonos de Río Verde, departamento de San Pedro.
Con esta resolución, la Fiscalía deberá presentar su requerimiento conclusivo el 18 de noviembre de este año, donde tendrá que presentar la acusación y el pedido de juicio oral para los procesados.
De acuerdo al acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.
Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.
Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano (exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja) e Ilsa Maricela Paredes.
Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro.