El Tribunal de Sentencia decidió ratificar la prohibición de salida del país al exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, luego de que este solicitara un permiso para asistir a un taller especializado en Colombia. La exautoridad se encuentra a puertas de enfrentar un juicio oral y público.

El exsecretario de Estado en el gobierno de Mario Abdo Benítez es investigado por cohecho pasivo agravado debido a supuestos vínculos con el narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola. Las audiencias del juicio debían iniciarse el 1 de julio, pero fueron postergadas para octubre.

Giuzzio había solicitado al tribunal, presidido por la jueza Adriana Planas, asistir a un taller en la ciudad de Bogotá. El curso en el cual asistiría el acusado se debía realizar desde el 6 al 9 de agosto y consistía presuntamente en una capacitación especializada.

No obstante, el colegiado judicial argumentó que los documentos arrimados por la defensa no dan una certificación plena acerca del curso al que fue invitado el acusado. Además, remarcaron que para salvaguardar el proceso penal y de cara al juicio oral y público en octubre, se debe rechazar el pedido.

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Para las fechas 21, 22 y 23 de octubre está fijado el desarrollo del juicio oral del exsecretario de Estado. Sus presuntos vínculos con el narcotráfico se exponen luego de que se identificara cómo el brasileño Marcus Vinicius Espíndola le prestó a Giuzzio una camioneta para vacacionar.

El detenido en Brasil pretendía fungir como proveedor de insumos tácticos para la Policía Nacional durante la administración de Giuzzio al frente del Ministerio del Interior. Atendiendo estos detalles y las comunicaciones constantes entre Giuzzio y el capo narco, la Fiscalía considera que existe una relación muy cercana entre ambos.

“Teniendo en cuenta todo el material probatorio, es posible afirmar que Arnaldo Giuzzio tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de contratar con el Estado Paraguayo y, en particular, con la cartera que él representaba”, sostiene parte del escrito de acusación contra el exministro.

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La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), registró una recaudación de G. 97.817 millones al cierre de julio. Esto representa un 11 % más en comparación al mismo periodo del 2023, cuando la recaudación alcanzó G. 88.404 millones.

Es decir, en los primeros siete meses del 2024 obtuvo un resultado positivo de G. 9.412 millones más. En detalles, la recaudación de enero alcanzó G. 14.658 millones, en febrero G. 13.229 millones, en marzo G. 13.932 millones, en abril G. 14.137 millones, en mayo G. 13.728 millones, en junio G. 13.759 millones y en julio G. 14.372 millones.

Es importante señalar que por mandato de la Ley 1016/1997 los recursos provenientes de los juegos de azar serán destinados en todos los niveles de la administración oficial a los sectores de la salud pública, educación escolar y bienestar social.

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También recuerdan que la comisión verificará el funcionamiento de los diversos establecimientos dedicados a este rubro y está facultada a disponer la clausura preventiva inmediata de todo local no autorizado.

Consideran clandestina toda explotación de juegos de azar que no cuente con la autorización de autoridad competente o no la exhiba a requerimiento de los funcionarios autorizados. La explotación de juegos de azar no autorizados por la autoridad competente es delito económico contra el erario, equiparado al delito de estafa previsto en la legislación penal.

Días atrás se dio a conocer la primera condena por juego de azar clandestino. El presidente de la Conajzar, Carlos Liseras, contó a la 650 AM que el fallo se emitió por un Tribunal de Caaguazú. Fue contra una persona que en el 2018 se dedicaba a explotar clandestinamente juegos de azar en la modalidad de rifas.

Liseras aclaró que las rifas de carácter benéfico no entra dentro del ámbito de control del municipio ni de la Conajzar. “Si uno quiere lucrar con una modalidad de juego, eso sí entra dentro del control del ente regulador, y en este caso, dentro del control y autorización del municipio, de eso se trata”, explicó.

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El inicio del juicio oral y público para Armando Javier Rotela, líder del clan Rotela, y otros acusados por integrar una estructura para el tráfico de drogas en Asunción y Central, se pospuso para el 26 de agosto. El tribunal de sentencia que debe juzgar a los acusados está integrado por Inés Galarza, Pablino Barreto y Juan Dávalos.

La audiencia oral se pospuso porque el acusado Rotela cambió de abogado y asumió un nuevo profesional del derecho, por lo que pidió tiempo para poder interiorizarse del caso y por ende se tuvo que suspender el juicio oral y público.

La audiencia oral se desarrollará de forma telemática desde el lugar de reclusión de cada uno de los acusados. En la causa penal están procesados Vicente Chase, Carmen Carolina Ortiz Figueredo, Fredy Pérez, Carlos Damián Fernández, Ronald Cantero, Juan Rodas y Christian Martínez Medina.

El Ministerio Público acusó a las personas citadas por los hechos punibles de detentación, posesión y comercialización de drogas peligrosas y asociación criminal.

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El Ministerio Público logró unificar las penas con medidas contra Armando Javier Rotela Ayala, sindicado como líder del clan Rotela, con lo que fue confirmado que permanecerá en prisión hasta el año 2046. El criminal fue condenado en dos causas por posesión, comercialización y tráfico de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego, por lo que deberá compurgar una pena carcelaria de 31 años.

De acuerdo al informe emitido por la institución fiscal, Rotela compurgaría inicialmente 23 años de cárcel y 8 años como medida de seguridad, hasta el 23 de julio del año 2038, y luego acumularía su medida de seguridad de ocho años, que llega hasta el año 2046. Actualmente está recluido en una prisión con medidas especiales en Emboscada, tras ser trasladado en diciembre pasado desde Tacumbú por el operativo Veneratio, que desarticuló su grupo criminal en la penitenciaría.

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Un tribunal de sentencia condenó a 34 años de cárcel a Lisandro Sánchez luego de ser encontrado culpable por el feminicidio de Liliana Celeste Ayala. El hecho se registró en Ñemby, departamento Central, en el 2019. El colegiado condenó a 29 años de prisión más 5 años como medida de seguridad, totalizando 34 años de cárcel.

El tribunal sostuvo que se pudo demostrar la responsabilidad del acusado en el grave hecho ocurrido. Igualmente, los familiares de la víctima señalaron que se hizo justicia.

De acuerdo al Ministerio Público, Lisandro Sánchez, de 39 años de edad fue sindicado como principal autor del hecho de feminicidio ocurrido en la ciudad de Ñemby. La víctima fatal fue su expareja de 36 años.

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Según datos, el hecho ocurrió en el interior de un motel donde trabajaba la víctima. Hasta el lugar llegó el hombre y luego de una discusión entre ambos le habría propinado cuatro estocadas con arma blanca para posteriormente darse a la fuga.

La víctima fue auxiliada por testigos que la derivaron hasta el Hospital Distrital de Ñemby, pero lastimosamente no se pudo hacer nada para salvar su vida. Sánchez estuvo prófugo de la justicia con orden de captura internacional, pero luego fue detenido.

En caso de que la defensa del condenado pretenda apelar, será un tribunal de alzada el que deberá estudiar y resolver si corresponde confirmar el fallo condenatorio.

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