Una comitiva de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio Público realizó una visita a la Penitenciaría Regional de Villarrica a fin de monitorear la situación en que se encuentran las personas privadas de libertad. Durante la visita se efectuaron entrevistas con el fin de detectar casos que podrían implicar eventuales violaciones de Derechos Humanos.
Los funcionarios, abogados Lorena Céspedes, Sdenayde Irala y Óscar Duarte, realizaron la visita de monitoreo a la penitenciaría regional los días 13, 14 y 15 de diciembre del corriente año en el marco del cumplimiento del manual de funciones de la Dirección de Derechos Humanos - resolución F.G.E. N.º 638/2012 - y en atención a la resolución F.G.E. N.º 134/2012 y a las recomendaciones nacionales e internacionales.
Te puede interesar: Giuzzio enfrentará juicio oral y público por vínculos con capo narco
En la oportunidad, constataron las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad (PPL) y el lugar de reclusión, logrando levantar una medida de fuerza que había llevado a cabo un interno de nacionalidad brasileña.
El reo se encontraba realizando una huelga de hambre desde hace varios días, procedieron a dialogar con el mismo y consiguieron que se comprometa a ingerir paulatinamente alimentos y levantar la medida adoptada. Igualmente, el Ministerio Público anunció que se realizarán más visitas a otras penitenciarías de nuestro país para seguir relevando datos sobre los privados de libertad.
Podes leer: Operación Ignis: identifican a seis de los nueve criminales abatidos
Dejanos tu comentario
Supuesta estafa a menonitas: Fiscalía se constituyó en el Indert
Un equipo del Ministerio Público, encabezado por el fiscal José Godoy, se constituyó este miércoles en las oficinas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) con el objetivo de recabar más datos en torno a la investigación de una denuncia de estafa a dos hermanos menonitas en la zona de Río Verde, localidad de Presidente Hayes.
El fiscal precisó que en el marco de la instigación se cuenta con documentos que respaldarían el pago de USD 1.600.000 por parte de las víctimas, todo este dinero en efectivo, pero con pagarés que están siendo sometidos a pericia para determinar su autenticidad y si fueron cobrados en realidad.
Por su parte, el director del Indert, Francisco Ruiz Díaz, señaló en conferencia de prensa que desde que asumió el cargo, la dirección del Chaco, que anteriormente trabajaba de manera independiente dentro de la institución, volvió a estar bajo la coordinación de la presidencia de la institución y se ejerce un control total sobre los expedientes.
Podés leer: Recuperan dos motos en vivienda de un asaltante prófugo en Limpio
“Establecimos una mesa de trabajo a los efectos de facilitar todo tipo de datos que la Fiscalía necesite. Ya tenemos todos los documentos que podemos ofrecerle a la Fiscalía y lo que se busca es dilucidar cómo se habría ejecutado esta supuesta venta de manera irregular”, mencionó Ruiz Díaz.
El titular del Indert declaró que recientemente fueron apartados también de sus cargos varios funcionarios que estarían involucrados con el movimiento irregular de documentación sobre terrenos de propiedad privada, los cuales, transgrediendo la ley, fueron visitados e inspeccionados por funcionarios de la institución por solicitud no de la presidencia, sino de funcionarios subordinados, quienes continúan siendo investigados.
Lea también: Un cachorro de tirika fue hallado en una vivienda de Asunción
Dejanos tu comentario
“La justicia no debe ser selectiva”, dice Maidana sobre chats entre Abdo y Gomes
Las conversaciones entre el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y Mario Abdo Benítez, al tiempo en que este ejercía la Presidencia de la República, merecen ser investigados, afirmó el senador Derlis Maidana en conversación con La Nación/Nación Media, quien ratificó su postura respecto a que todos los implicados en los chats deben ser objeto de pesquisa por parte del Ministerio Público.
“La justicia no debe ser selectiva. Si el caso amerita, más tratándose de un presidente de la República, se debe hacer lo que corresponde, investigar y llegar a resultados concretos, que es lo que la ciudadanía espera para devolver la confianza y credibilidad a las instituciones”, aseveró el parlamentario.
Los chats entre Gomes y Abdo se dieron principalmente entre el 2019 y 2021, en ese tiempo hubo un intercambio permanente de mensajes en los cuales el exdiputado contactó en múltiples ocasiones al entonces mandatario para ponerse a disposición y así también para hacerle sugerencias respecto a los cambios que debía hacer en instituciones estatales como la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el Ministerio de Educación.
Lea también: Los chats de Lalo Gomes que ocultan los medios abdistas
El expresidente también plasmó en estas conversaciones su predisposición con Gomes con expresiones como “A las órdenes” y “espero que salgan mañana a apoyar”. Hay que mencionar que en ese momento el exlegislador era un ganadero y dirigente político de Amambay con vínculos con Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. En chats filtrados con anterioridad también se habló de una financiación de USD 1 millón para la campaña de Abdo Benítez a la presidencia y existe la sospecha de que el dinero pudo haber provenido del narcotráfico.
“Yo mantengo mi posición de siempre, el Ministerio Público debe investigar todos los casos en los que hay indicios de hechos punibles, la vara debe ser la misma para todos, sin excepción, si la Fiscalía considera que debe pedir desafueros, debe proceder como corresponde y proseguir de la manera más rápida posible con las investigaciones”, añadió Maidana.
Dejanos tu comentario
Filtración de chats: Rolón y Legal se abstienen de asistir ante la Comisión Permanente
El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, y el juez especializado en lucha contra el crimen organizado Osmar Legal comunicaron que no acudirán a la convocatoria impulsada por la Comisión Permanente del Congreso Nacional para tratar la divulgación de las conversaciones entre el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista con algunas autoridades de justicia y la política.
Legal argumentó impedimentos constitucionales, mientras que Rolón decidió enviar a la fiscal adjunta Matilde Moreno en su representación. El juez indicó que consultó sobre la convocatoria realizada por los parlamentarios al abogado Gustavo Gorostiaga, director de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quien le recomendó “declinar respetuosamente” la invitación.
En el documento remitido por Legal a los miembros de la Comisión Permanente citó el artículo 193 de la Constitución Nacional, el cual dice que “no se podrá citar ni interpelar al presidente de la República, al vicepresidente ni a los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional”.
El magistrado citó además el artículo 195 de la Constitución Nacional, el cual indica que el “presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo y los magistrados judiciales, en materia jurisdiccional, no podrán ser investigados”, por comisiones conjuntas que se den en el Congreso Nacional.
El mismo posicionamiento fue adoptado por Rolón Fernández, que se respaldó en los artículos 192 y 193 de la Constitución Nacional sobre prohibiciones y evitó acudir hasta el Legislativo. El primero sostiene que “no se podrá citar ni interpelar al presidente de la República, al vicepresidente ni a los miembros del Poder Judicial, en materia jurisdiccional”.
A la vez la cabeza del Ministerio Público alegó que existe una limitación material sobre el tema a tratar, teniendo en cuenta que los agentes fiscales que investigan el caso, Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez, bajo la coordinación de la fiscal adjunta María Soledad Machuca Vidal, accedieron recién en la víspera a la copia espejo de la pericia realizada a uno de los tres celulares móviles de Lalo Gomes.
“Nosotros necesitamos escuchar a las cabezas de las instituciones en cuanto a las acciones que están tomando. La fiscal adjunta no es la voz que nosotros queremos escuchar como Comisión Permanente, lo que hubiese correspondido es que ambos estén presentes y que respondan a las consultas de la ciudadanía”, recriminó el presidente de la comisión, el diputado Miguel Ángel del Puerto.
Dejanos tu comentario
Desvinculan a médica forense por mal desempeño en sus funciones, en Canindeyú
Desde el Ministerio Público informaron sobre la desvinculación de una médica forense luego de que descubrieron que alteró informes en cuatro casos, dos de ellos por aparente violencia familiar y otros dos casos de supuesto abuso sexual en menores. La profesional era contratada y estaba cumpliendo funciones desde hace seis meses como médica de la Fiscalía en Canindeyú.
Se trata de la doctora Angelina Da Cruz, quien se desempeñaba como médica forense del Ministerio Público y la desvinculación se debe a una mala praxis. La medida fue tomada tras un pedido de la Jueza Penal de Garantías de la localidad de Katueté y remitida a medicina legal en el que expone el actuar de la profesional. El pedido fue con relación a cuatro casos en los que la médica realizó inspecciones.
El doctor Pablo Lemir, explicó que en uno de los casos fue por violencia familiar, en el que ella inspeccionó al supuesto agresor y a la víctima. En el libro de procedimientos del centro asistencial hizo constar que el agresor no tenía lesiones, pero no fue así y en el caso de la víctima deja constancia de una serie de lesiones que no se visualizan en las evidencias.
“Tomaba partida, porque en su diagnóstico médico legal indicaba violencia intrafamiliar y eso no es un diagnóstico. El médico debe registrar los elementos de diagnóstico que permitan posteriormente al fiscal imputar y al juez juzgar. Debemos dar elementos, no tomar partido y ambas cuestiones estaban mal hechas”, detalló Lemir, en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Te puede interesar: IPS revierte plan de reasignación de citas
Casos de abuso
Agregó que otro de los casos eran de dos menores que fueron víctimas de supuesto hecho de abuso sexual, en el que el diagnóstico fue abuso sexual, que no corresponde a un diagnóstico médico. Además, de abuso psicológico y trastorno mental leve, que solo puede emitir un psicólogo o psiquiatra.
“Una adolescente y una niña, el primer error es que la médica solicita que sean llevadas a su domicilio particular para ser examinadas. En un lugar donde no se cuenta con todas las herramientas para corroborar el abuso. Ella debía hacer solo el examen físico y señalar las lesiones, poner el grado de sospecha de un abuso sexual, tomar evidencias como fotografías”, aseguró.
Lemir apuntó que se realizó el pedido de desvinculación a la Fiscalía General de Estado, porque se trata de una médica forense contratada. “Este tipo de procedimiento facilita la anulación de las pruebas. En los casos de abuso significa la pérdida del acceso a la Justicia y no podemos permitir que esto pase”, puntualizó.