La audiencia preliminar para Héctor Grau y Marcello Fretes, acusados por lesión grave por agredir al joven Benjamín Zapag, fue suspendida este miércoles. La audiencia debía desarrollarse ante la jueza Cynthia Lovera, pero se pospuso por pedido de la abogada Sara Parquet, defensora de Fretes. Ante la suspensión, la jueza Lovera fijó nueva fecha para los días 21 y 22 de febrero.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público el acusado Marcello Fretes detuvo a Zapag a la salida del sanitario de la discoteca asuncena, en noviembre de 2022, sitio donde se produjo el ataque físico. Mientras que el acusado Héctor Grau, quien estaba ubicado al costado izquierdo de la víctima, presuntamente aplicó los golpes que le produjeron la lesión al joven Zapag.
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En caso de que el presente caso se eleve a juicio oral se tendrá que sortear al tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar el presente caso. Igualmente si se hace lugar al sobreseimiento definitivo, la fiscalía tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial.
En enero último, la jueza penal de Garantías de feria, Diana Carvallo, decidió no hacer lugar al pedido de permiso para que Marcello Fretes pueda realizar un viaje al Brasil. La defensa del imputado pidió ir a la ciudad veraniega brasileña de Camboriú de vacaciones.
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Policía interroga a Bolsonaro sobre su hijo días antes de tener que declarar por su caso de golpismo
La policía de Brasil interrogó este jueves a Jair Bolsonaro sobre uno de sus hijos investigado por posible obstrucción a la justicia, mientras el expresidente se prepara para responder desde el lunes en un juicio por presunto golpismo ante la corte suprema.
El exmandatario de extrema derecha (2019-2022) declaró en Brasilia sobre supuestas gestiones del diputado Eduardo Bolsonaro para lograr sanciones del gobierno de Estados Unidos contra autoridades judiciales brasileñas, a las que acusa de “perseguir” a su padre.
La corte ordenó la semana pasada investigar si el tercero de los cinco hijos de Bolsonaro busca entorpecer el juicio en curso contra el expresidente y excolaboradores suyos por un intento fallido de golpe de Estado en 2022.
La fiscalía acusó a Jair Bolsonaro, de 70 años, de buscar el apoyo de las fuerzas armadas para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva luego de que lo derrotara en las elecciones de ese año.
De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 40 años de cárcel.
Tras declarar ante la policía, Bolsonaro dijo este jueves a periodistas que la próxima semana responderá “sin ningún problema” a las preguntas ante la corte por la supuesta trama golpista.
“Es una excelente idea que hablemos en vivo sobre golpe de Estado, estoy muy feliz de tener la oportunidad de aclarar lo que ocurrió”, afirmó el capitán retirado del Ejército.
Reconoció además que transfirió “dinero legal, limpio” por la suma de dos millones de reales (unos 358 mil dólares) a su hijo, quien se mudó a Washington en febrero bajo el argumento de que la justicia brasileña intentaría prohibirle salir del país.
“El financiamiento de mi hijo no es para ningún acto ilegal”, afirmó, y defendió que Eduardo Bolsonaro trabaja “por la democracia en Brasil”.
Amenaza
La corte suprema accedió la semana pasada a un pedido de la fiscalía para investigar al hijo de Bolsonaro, quien también fue llamado a declarar pero no concurrió, por “coacción” y obstrucción al juicio contra su padre.
Desde Washington, Eduardo Bolsonaro “amenaza” a fiscales, policías y jueces, según la fiscalía.
El diputado ha solicitado sanciones para funcionarios brasileños como el retiro de visa para Estados Unidos, el bloqueo de bienes y la prohibición de establecer relaciones comerciales con cualquier estadounidense.
También publicó mensajes con “un manifiesto tono intimidatorio”, contra “agentes públicos” y “los jueces del proceso penal” que enfrenta a su padre, según la fiscalía.
El activismo de Eduardo Bolsonaro ha tenido eco en el partido republicano y el gobierno de Donald Trump.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó en mayo que había una “gran posibilidad” de que Washington sancionara al juez supremo brasileño Alexandre de Moraes por una supuesta “censura” y “persecución política” contra la derecha brasileña.
Moraes es relator del juicio contra Bolsonaro, a quien interrogará a partir del lunes. Además es responsable de la investigación sobre su hijo.
Tras las declaraciones de Rubio, el presidente Lula salió en defensa del magistrado.
“¿Qué historia es esa de que Estados Unidos quiera criticar algo de la justicia brasileña?”, dijo el domingo, y repudió que el gobierno de Trump “quiera procesar a Alexandre de Moraes”.
Bolsonaro está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación, pero se mantiene como líder de la derecha e insiste en que quiere ser candidato en las presidenciales de 2026, a las que Lula también podría presentarse.
Eduardo aparece entre los nombres barajados en sondeos de opinión para reemplazar a su padre si él no concurriera a las urnas.
Fuente: AFP
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Brasil: corte suprema retoma juicio sobre regulación de redes sociales
- Brasilia, Brasil. AFP.
La corte suprema de Brasil retomó este miércoles pasado un juicio que debe decidir sobre la regulación de las redes sociales, en un proceso pionero en América Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de noticias falsas y discursos de odio. Tras varios meses de pausa, la corte vuelve a analizar varios casos referidos a las reglas para las plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.
El proceso ocurre en paralelo a un juicio en la corte al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y varios excolaboradores, por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. Según la fiscalía, los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y justificar sus acciones.
El debate sobre las redes sociales en el máximo tribunal debe definir de qué manera las plataformas pueden recibir sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios. Otro punto clave es si las empresas tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial como dicta el marco regulatorio actual.
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“Nada que ver con censura”
Ocho de once magistrados aún deben votar sobre la constitucionalidad de un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas solo son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar dichos contenidos.
Los tres que ya lo hicieron, entre ellos el presidente de la corte, Luis Roberto Barroso, se pronunciaron por una mayor responsabilización de esas empresas. “Establecer los criterios que regirán los casos que llegan al poder judicial es nuestro deber (...) y no tiene nada que ver con censura. Estamos hablando de responsabilidad civil”, resumió el miércoles Barroso al abrir la sesión.
Aunque se analizan casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.
Uno de los casos bajo análisis se originó por una apelación de Facebook contra un fallo que obligó a la compañía a indemnizar a una mujer que descubrió un perfil falso con su nombre e imagen para divulgar material ofensivo.
El magistrado Luiz Fux argumentó en su voto que en casos de incitación al odio o a la violencia, racismo, pederastia y apología de golpe de Estado, las plataformas deberían “supervisar activamente” y eliminar el contenido de inmediato, sin necesidad de orden judicial.
El bolsonarismo se ha mostrado crítico con ese proceso. Existe “preocupación ante la posibilidad de que el poder judicial imponga, de forma unilateral, restricciones severas a la libertad digital en Brasil”, señaló la semana pasada en una nota la bancada bolsonarista en la Cámara de Diputados. El sensible debate ante el supremo no tiene fecha de finalización.
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Acelerar la regulación
La potencia sudamericana ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando otro de los jueces de la corte suprema, Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación.
El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, ignoró los pedidos de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro, en medio de un pulso con Moraes sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas a la democracia. Después de 40 días suspendida, Musk cedió y X volvió a funcionar normalmente en Brasil.
El gobierno estadounidense de Donald Trump estudia actualmente posibles sanciones contra Moraes, luego de que el entorno de Bolsonaro lo acusara de “perseguir” al exmandatario (2019-2022). Por su parte, el presidente Lula abogó el martes por “acelerar la reglamentación” de las plataformas. “No es posible que un tipo intente dar un golpe de Estado (...) y diga que eso es libertad de expresión”, dijo en rueda de prensa el izquierdista, en alusión a Bolsonaro.
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Justicia Brasileña llamará a declarar a Bolsonaro la próxima semana sobre el intento de golpe
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro será interrogado la próxima semana en el juicio por presunto intento de golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciado este lunes por un juez de la corte suprema.
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Bolsonaro, un ultraderechista de 70 años que gobernó Brasil de 2019 a 2022, está acusado junto a otros seis colaboradores de liderar una conspiración para mantenerse en el poder tras ser derrotado por su rival izquierdista. Se exponen a una pena de unos 40 años de cárcel.
“Fijo el interrogatorio de los acusados en una sesión presencial (...) el 9 de junio”, que podrá prolongarse hasta el día 13, dijo el magistrado Alexandre de Moraes, al término de dos semanas de audiencias de testigos citados por la fiscalía y las defensas.
A pesar de estar inhabilitado hasta 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema de votación, Bolsonaro sigue siendo el líder más popular de la derecha en Brasil y su juicio ha provocado una tormenta política.
El expresidente asegura ser inocente y se dice “perseguido” por Moraes.
En los interrogatorios que arrancarán el próximo lunes, Bolsonaro se cruzará con Mauro Cid, quien fuera su mano derecha como presidente y ahora es acusado “colaborador” de la fiscalía en el proceso.
Cid y otros seis coacusados declararán además de Bolsonaro.
Durante las audiencias de las últimas dos semanas, dos excomandantes de las fuerzas armadas confirmaron la tesis expuesta por la fiscalía: Bolsonaro les presentó un plan para evitar que Lula da Silva asumiera tras ganar las elecciones en octubre de 2022.
El golpe no ocurrió porque los entonces comandantes del ejército y la aeronáutica se negaron a participar, según sus propias declaraciones.
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El interrogatorio también debería dar lugar al esperado cara a cara entre Bolsonaro y Moraes, considerado un enemigo político por el bolsonarismo.
Fuente: AFP
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Bolsonaro “nunca” intentó dar un golpe de Estado, dice exministro en juicio
- Brasilia, Brasil. AFP.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro “nunca” discutió sobre llevar adelante un golpe de Estado para revertir su derrota electoral contra Luiz Inacio Lula da Silva, dijo este viernes pasado en el juicio contra el líder ultraderechista un exministro e importante aliado. El tribunal supremo de Brasil está en su segunda semana de audiencias de testimonios clave en el juicio por golpismo contra Bolsonaro, acusado de haber intentado maquinar su permanencia en el poder pese a su derrota ante Lula en octubre de 2022.
Bolsonaro se expone a penas de unos 40 años de prisión por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho e intento de golpe de Estado, entre otros. Convocado por la defensa del exmandatario, Tarcísio de Freitas, exministro de Infraestructura y actual gobernador del estado de Sao Paulo, negó que Bolsonaro (2019-2022) tuviera intenciones golpistas.
“En ese periodo que estuve con el presidente en la recta final (del gobierno), durante varias conversaciones, nunca tocó ese asunto, nunca mencionó ningún intento de ruptura” constitucional, dijo Freitas.
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Freitas, que había salido del gobierno a principios de 2022 para disputar la gobernación de Sao Paulo, dijo que Bolsonaro estaba de ánimo bajo y con problemas de salud tras su derrota electoral en octubre de ese año.
“Encontré al presidente triste y resignado”, afirmó al recordar las reuniones que tuvo con el líder de la derecha y ultraderecha brasileñas en noviembre y diciembre de 2022.
Tarcísio de Freitas suena con fuerza como posible sucesor de Bolsonaro, sobre quien pesa una inhabilitación política para las presidenciales de 2026.
En otro testimonio de la defensa este viernes, el senador Ciro Nogueira también rechazó las acusaciones contra Bolsonaro, de quien fue jefe de gabinete, y señaló que el exmandatario “bajo ninguna circunstancia” demostró intenciones golpistas.
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La corte suprema ha escuchado a unos 50 testigos, entre ellos altos rangos de las fuerzas armadas, exministros, policías y funcionarios de inteligencia.
Las audiencias están presididas por el juez del caso, Alexandre de Moraes, considerado un enemigo político del bolsonarismo.
En uno de los testimonios más importantes, un excomandante del Ejército, el general Marco Antonio Freire Gomes, confirmó la semana pasada haber estado en una reunión con Bolsonaro en diciembre de 2022 en que se discutió una eventual implementación de medidas excepcionales como un “estado de defensa o de sitio” para refutar el resultado electoral y justificar una intervención castrense. Las audiencias finalizarán el lunes y en una próxima etapa declararán Bolsonaro y los otros siete acusados. Se espera que el juicio finalice en los próximos meses.