El fiscal antidrogas del Chaco Andrés Arriola imputó por infracción a la Ley 4036 de armas de fuego a seis ciudadanos brasileños y cinco bolivianos detenidos el pasado viernes durante un operativo en la zona de Sierra León, departamento de Alto Paraguay, frontera con Bolivia.
El Ministerio Público solicitó al juzgado penal de Garantías la prisión preventiva de los brasileños Glauber Fernández Dubal, Adalberto Riveiro Machado, Jonathan Da Silva, Bruno Wesley Borges Amador, Rhuan Da Silva Aires y Wesley Melo Rocha.
Asimismo, de los bolivianos Carlos Andrés Cuéllar Garrido, Franklin Muñoz Sossa, Jesús Wilfredo Muñoz Espíndola, Ysaías Ayala y Eduin Osinaga Vías. Ahora el juzgado penal de Garantía deberá convocar a los imputados para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si los mismos serán privados de su libertad.
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La detención de las citadas personas ocurrió el pasado 23 de febrero de 2024 durante un allanamiento llevado a cabo en la estancia Allaite, distante a 480 Km de Filadelfia, ubicada en el lugar denominado Sierra León, del distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay. Durante el procedimiento uno de los sospechosos logró escapar y se presume que se trata de Wesley Melo Rocha.
Los intervinientes encontraron en el lugar dos fusiles de la marca Cold de procedencia americana, con cargadores de capacidad de 30 cartuchos cada uno, además de siete aparatos celulares. También se incautó una avioneta de color blanco, mono motor, con bandera boliviana, con matrícula N.° CP-3177 Cessana 210 Centurión II y dos motocicletas.
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Inician sumario contra fiscal que liberó a presunto feminicida
La Inspectoría General del Ministerio Público decidió iniciar dos sumarios administrativos contra el agente fiscal Juan Daniel Benítez, quien actualmente está asignado a la Unidad Penal n.° 2 de Santa Rosa del Aguaray. La investigación preliminar es a los efectos de conocer si existen presuntas irregularidades en la actuación del citado agente fiscal en liberar al presunto autor de un feminicidio y otros.
La decisión fue adoptada tras la evaluación de los antecedentes por la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal, y por otro lado, informaciones difundidas en redes sociales, lo que deriva en la verificación de elementos que ameritan una investigación interna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento Interno del Ministerio Público.
El primer sumario administrativo n.° 489/2025 es por presunta comisión de faltas administrativas derivadas de participación en evento político-partidario y actos públicos que comprometen la imagen institucional. Mientras que el segundo sumario administrativo n.° 490/2025 es por presunta comisión de faltas en el marco de una causa penal por violencia familiar, consistentes en negligencia funcional, omisión de deberes, mal manejo de evidencias, desconocimiento de la normativa y de protocolos especializados.
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La apertura de los dos sumarios se enmarca en las funciones de control y seguimiento del desempeño fiscal.
JEM
Igualmente el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados podría investigar la actuación del fiscal Benítez atendiendo a la gravedad del hecho de liberar a una persona que fue denunciada por violencia familiar.
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Imputan a 12 personas involucradas en un esquema de estafas
La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Irma Llano, formuló imputación por los hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos, producción de documentos no auténticos, asociación criminal en calidad de autores a un total de 12 personas que habrían participado en un esquema ilícito con el fin de obtener dinero de manera indebida.
El esquema consistiría en la obtención de fondos provenientes de cuentas bancarias de clientes y parte de esos fondos podría haberse utilizado para la adquisición de criptoactivos mediante operaciones de compra o intercambio con dinero. Dicha organización habría comenzado con la obtención indebida de datos y contraseñas de acceso y transacción de los clientes.
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Esta información podría haberse obtenido mediante maniobras fraudulentas dirigidas a los sistemas informáticos de la sede central del banco, lo que les permitiría acceder a las cuentas bancarias a través de la banca electrónica, usando dispositivos relacionados con la tecnología de la información y la comunicación.
Ahora será un juzgado penal de garantía quien deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si los imputados son beneficiados con medidas alternativas a la prisión o van a la cárcel.
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Sucesivas chicanas de Miguel Prieto en caso Tía Chela señalan “una mala fe procesal”
El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.
“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.
“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.
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“Montón de incidencias”
El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.
“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.
Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.
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Expulsaron a tres brasileños buscados por el homicidio de un intendente y su padre
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El Departamento de Convenios y Acuerdo de Cooperación Policial Internacional informó de la expulsión de tres ciudadanos brasileños de territorio paraguayo y entregados a la Policía Federal de Foz de Iguazú. La acción fue en el marco del la operación Profanos Paraguay y fue anoche a las 21:18 en el puesto de control migratorio del Puente de la Amistad.
Los expulsados tienen órdenes de captura por homicidio en Brasil. Se trata de Weverton Claudino Batista (29), considerado miembro de la facción criminal PCC; Damaria Jacome De Olviveira (36), esposa de Weverton, y Leidiane Jacome de Oliveira (43), hermana de Damaria.
De acuerdo a las consultas realizadas por el personal policial sobre sus antecedentes en el Brasil, la orden de captura que pesa sobre estas personas es por el hecho punible de homicidio, expedido por el Tribunal de Justicia del Estado de Río Grande de Norte, en la República Federativa del Brasil.
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El hecho ocurrió en agosto del 2024, en la ciudad de Joao Días, del estado de Río Grande de Norte, resultando víctima el intendente de dicha ciudad, Marcelo de Oliveira y el padre del mismo, Sandi Oliveira. Dentro del Marco del Acuerdo de Cooperación, el personal policial obtuvo información que los mencionados se encontrarían en el territorio nacional y tras el procesamiento de las informaciones dio inicio al operativo Profanos Paraguay.
La acción culminó en la identificación y detención de los buscados en un edificio de Presidente Franco. Los mismos fueron trasladados hasta la sede del Decacpi para el procedimiento de rigor.
La expulsión fue realizada por personal del División Regional n.° 1 Comando Tripartito, conjuntamente con funcionarios de la Dirección de Migraciones y personal del Área Naval del Este, en cumplimiento a la orden de la unidad penal 4 de Ciudad del Este.
Los antecedentes del caso indican que el homicidio se habría registrado en el marco de una disputa política por la prefectura de Joao Dias, donde Damaria Jacome De Olviveira era viceprefecta del municipio y le disputaba el cargo a Marcelo Oliveira. Su hermana Leidiane era concejal.
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