El juzgado de faltas, de la Municipalidad de Presidente Franco, ordenó el levantamiento de la medida de urgencia de la inhabilitación que se había decidido de forma irregular contra la firma Daruma Sam Sociedad Anónima y o/ Aposta.La y a su vez se resolvió desestimar la causa que se había iniciado en su momento contra la referida firma.
Con la presente resolución del juzgado de faltas, el local ubicado sobre la avenida Bernardino Caballero del barrio San Antonio de Presidente Franco está habilitada nuevamente para ofrecer apuestas deportivas.
De acuerdo al fallo A.I 03/24 del 27 de febrero señala claramente que “corresponde levantar la medida cautelar de urgencia de la inhabilitación temporal a la firma Daruma Sam S.A y o / Aposta.La por corresponder en derecho y en consecuencia la desestimación de la presente causa, teniendo en cuenta que el juzgado de faltas municipales no tiene competencia para entender en la presente causa por tratarse de juego de azar y no del derecho al consumidor”.
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También menciona la presente determinación que la Comisión Nacional de Juegos de Azar es la que ejerce el control correspondiente sobre los juegos de azar y en ese sentido es la institución que en su momento se debía recurrir.
Los asesores jurídicos de la firma beneficiada arrimaron toda la documentación legal que demuestra que no se ha violado ninguna ley sobre la denuncia que se había formulado. Ante este hecho el juzgado de faltas decidió levantar la medida de urgencia y archivar como corresponde el caso.
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CDE: interventor revela situación crítica, desorden documental y expone primeros resultados
El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, informó este lunes que desde el inicio de la intervención, que comenzó el pasado 23 de junio, se realizaron 220 requerimientos documentales clave para esclarecer las denuncias sobre el funcionamiento administrativo y financiero de la comuna, bajo la administración del intendente Miguel Prieto.
Señaló que a la fecha, solo fueron entregados 160 documentos, cifra que representa el 72,7 % del total, mientras que la solicitud de 60 documentos, que corresponde al 27,3 % del requerimiento, permanecen sin respuesta.
Ramírez sostuvo que más grave aún, es que hay varios respaldos que deberían estar disponibles conforme a las normativas de la administración pública, pero no se encuentran en las dependencias correspondientes. Según señaló, esta situación fue reconocida por los propios responsables de área.
“Esto no se trata de simples omisiones, sino de una conducta sistemática de desorden institucional que compromete la trazabilidad de los recursos municipales”, explicó. No obstante, el interventor garantizó que esta situación no frenará el avance del proceso de intervención que se lleva adelante bajo mandato constitucional.
Salarios al día
En el plano operativo, el interventor informó que uno de los primeros logros fue la regularización del pago de salarios. “Al momento de la intervención, solo el 40 % de los funcionarios municipales había cobrado el salario de mayo. Hoy, el 99 % ya recibió su salario, alcanzando una carga salarial total de 8.790 millones de guaraníes para 1.341 trabajadores.
Ramírez informó que, se reactivó el seguro médico y se introdujeron ajustes mínimos en las direcciones municipales para garantizar la operatividad institucional. “Todos los cargos de dirección quedaron bajo evaluación periódica de desempeño, conforme a estándares de gestión pública”, acotó.
En cuanto a la gestión de personal, Ramírez señaló que se estableció por primera vez la marcación obligatoria mediante relojes biométricos. “Esta medida apunta a mejorar el control de asistencia y transparencia en el uso de los recursos humanos. Además, se normalizó el proceso de renovación de contratos, que venía retrasado por falta de gestión y cambios de firmantes”, expresó.
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Intervención en CDE: Prieto firmó contratos millonarios que cuadruplican cifras de años anteriores
El interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, informó este lunes sobre hallazgos de contratos que llamativamente cuadruplican los montos de semestres similares en años anteriores.
En conferencia de prensa, Ramírez explicó que en este primer semestre del 2025, durante la gestión municipal de Miguel Prieto, se encontraron documentos que confirman la adjudicación de contratos por más de 30.700 millones de guaraníes.
“Solo entre el 27 de mayo y el 20 de junio pasado; es decir, en 24 días, se adjudicaron licitaciones y contratos por más de 30.200 millones de guaraníes, y se pagaron anticipos por más de 4.100 millones de guaraníes”, precisó.
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“En el mismo periodo del año pasado, se adjudicaron G. 16.470 millones, en el año 2023 se adjudicaron G. 7.038 millones y en el 2022 G. 7.355 millones. Este año, poco antes de la intervención, se duplicó lo hecho el año pasado y se cuadruplicó lo del 2022 y 2023″, detalló Ramírez.
El interventor remarcó que los números son inusuales para este año, lo que llama poderosamente la atención, sobre todo, considerando que se hicieron en tan corto tiempo.
“Mi obligación con administrador temporal de la institución es, por supuesto, salvaguardar la estabilidad financiera de la institución y velar por el cumplimiento irrestricto de las normas. Vamos a estar evaluando cada caso en materia de urgencia y vamos a estar tomando las determinaciones que correspondan; evitando que estas acciones generen consecuencias para la administración municipal”, enfatizó.
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Jueza decretó la prisión de extitular del Indert, que tiene varios procesos penales pendientes
La jueza penal de Garantía, Clara Ruiz Díaz, ordenó la prisión preventiva de Ignacio Luis Ortigoza Samudio, extitular del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), quien estuvo prófugo de la Justicia durante más de 6 años.
Asimismo, la citada magistrada fijó para el 11 de julio la audiencia preliminar de Ortigoza, cuando se va a saber si el presente caso va a un juicio oral y público.
El Ministerio Público en su momento presentó acusación contra Ortigoza y pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público atendiendo todos los elementos probatorios que se tiene en la carpeta fiscal.
Ortigoza fue declarado en rebeldía y con orden de detención en el año 2019 y desde ese año estaba siendo buscado por varios casos de presunta lesión de confianza cometidas cuando el mismo era presidente del Indert.
En enero de este año, la jueza Clara Ruiz Díaz reiteró su orden de captura en el marco de la causa que investigó el intento de venta de parte del predio del aeropuerto de Capitán Bado, Amambay, en el año 2012.
Asimismo, Ortigoza estaba siendo investigado por lesión de confianza en la compra de 5.743 hectáreas de tierra en Cordillera a la firma San Agustín, vinculada al exsenador Jorge Oviedo Matto. Las tierras fueron adquiridas por la entidad estatal por un monto de G. 46.884.846.163.
Del mismo modo, Ortigoza también fue indagado por la venta irregular de tierras en Alto Paraguay y así como la venta de la reserva del Mbaracayú.
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Concejal pide auditoría externa ante serias irregularidades de intendenta de Roque Alonso
El concejal colorado, Edgar Martínez, sostuvo que debido al hallazgo de serias irregularidades por parte de la Contraloría General de la República a la gestión de la intendenta de Mariano Roque Alonso, amerita una auditoría externa.
Es necesario que la Junta Municipal de Mariano Roque Alonso, analice a fondo el informe de la Contraloría a la gestión de la intendenta liberal Carolina Aranda, remarcó Martínez.
El edil sugiere que la situación es tan grave que amerita una auditoría independiente sobre el uso de los fondos públicos en la administración actual.
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Martínez se refirió al último informe de la Contraloría que se hizo público, y que confirma serias irregularidades en la administración de la intendenta Aranda. Indicó que el ente contralor ha detectado que la administración ha realizado millonarios pagos sin respaldo durante los años de pandemia y gastos comunales con serias inconsistencias documentales.
Al respecto, señaló que este informe confirma lo que hace años ha venido denunciando, que son los manejos irregulares y falta de transparencia, por parte de la jefa comunal.
Martínez recordó que ha sido el único miembro de la Junta Municipal que ha votado en contra de todos los balances de gestión presentados por la jefa comunal durante este periodo. Afirmó que su postura se fundamenta en la sistemática negativa del ejecutivo municipal de remitir la documentación requerida para un análisis serio y responsable.
“En todos estos años fui el único concejal que se opuso a los balances de gastos e inversiones, porque se trataban de forma acelerada sin el tiempo necesario para un análisis serio y tampoco teníamos la documentación que avalaba dichos gastos e inversiones”, manifestó.
Millonarios servicios de sepelios
El concejal Martínez mencionó que de acuerdo al informe de la Contraloría, la Municipalidad de Roque Alonso pagó entre G. 3 millones y G. 28 millones por cada servicio de sepelio durante la emergencia sanitaria. Explicó que estos servicios se contrataron sin hacer licitaciones y recurriendo a contratos abiertos que carecen de justificación legal.
Para el concejal Martínez, estos pagos constituyen un claro ejemplo de despilfarro y abuso de recursos en un contexto donde la transparencia debía ser prioridad.
Agregó que también la CGR detectó un manejo irregular de más de G. 5.000 millones en rubros esenciales como combustibles, papelería, kits escolares e insumos, todos ellos sin los debidos documentos respaldatorios.
Ante estas evidencias, el concejal cuestionó también el desorden administrativo de la gestión Aranda, señalando que, pese a múltiples pedidos formales, nunca se ha entregado la documentación completa, ordenada y verificable para su análisis.
“No podemos aprobar un balance cuando no sabemos con certeza cómo se utilizó el dinero de los contribuyentes. La rendición de cuentas no puede ser una formalidad vacía y los requerimientos documentales que exigimos los concejales no deben ser sometidos a criterios políticos para responder o no. Somos contralores y esa es nuestra función principal”, agregó.
Finalmente, instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a exigir rendición de cuentas, señalando que “Mariano Roque Alonso necesita autoridades comprometidas con la eficiencia y la transparencia”, concluyó.