El abogado Daniel Lobo, defensor del pastor José Insfrán Galeano, imputado por lavado de dinero, producto presuntamente del narcotráfico, recusó a la jueza Rosarito Montanía, por supuesta falta de imparcialidad, alegando que la magistrada siente un inefable odio hacia el representante del procesado.
Ahora será un tribunal de apelación el que una vez más deberá estudiar si corresponde confirmar o no a la magistrada Rosarito Montanía en el proceso penal.
Lobo Corbeta sostuvo que la jueza demostró su falta de imparcialidad, mencionando que perdió el apego a la ley, con el solo efecto de perjudicar a su representado.
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Días atrás, el pastor Insfrán fue trasladado bajo fuerte dispositivo de seguridad a la cárcel de Emboscada, donde actualmente está cumpliendo la resolución judicial.
Según la investigación del Ministerio Público, Insfrán, líder de una congregación religiosa denominada Centro de Convenciones Avivamiento, en Curuguaty, es acusado por la Fiscalía de utilizar su centro religioso en el megaoperativo de investigación denominado A Ultranza Py, que implica en una organización criminal del uruguayo Sebastián Marset, todavía prófugo de la Justicia, y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, hermano del pastor, quien ya se encuentra imputado y está recluido en el penal de Viñas Cué desde mayo del año pasado.
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A Ultranza Py: se inició audiencia preliminar del pastor José Insfrán
Arrancó la audiencia preliminar para el supuesto narcopastor José Alberto Insfrán, hermano de Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico, procesado por lavado de dinero, producto del narcotráfico en el marco del operativo A Ultranza Py. La audiencia se desarrolla vía telemática atendiendo la peligrosidad del acusado quien está recluido en la penitenciaria de Emboscada. La audiencia proseguirá el jueves.
El Ministerio Público se ratificó en su acusación pidiendo a la jueza Montanía que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público. La Fiscalía sostiene que el pastor Insfrán Galeano creó la figura de la asociación religiosa “Centro de Avivamiento de Curuguaty” con el objeto de utilizarla como fuente de justificación para simular las ganancias ilícitas del narcotráfico puestas en circulación, dentro del sistema económico y financiero nacional.
Del mismo modo el Ministerio Público describió que varias empresas que pertenecen al Clan Insfrán enviaron 17 mil kilos de cocaína a Europa. También mencionó que una de las empresas que se dedica a la supuesta venta de neumáticos envió 10 mil kilos de cocaína a Europa. El envío de la droga generó ganancias por más de USD 433 millones.
Según la acusación, José Alberto Insfrán Galeano creó empresas con recursos del narcotráfico obtenidos por su hermano Miguel Ángel Insfrán, y así abrió cuentas bancarias para obtener créditos y blanquear ganancias ilícitas mediante una red de documentos falsificados y vínculos en cooperativas y bancos.
También se describe que se crearon varias empresas como Metalúrgica El Porvenir S. A., Barakah S.R.L. y Agroganadera e Industrial Nuevo Horizonte. En ese proceso presentó certificados de trabajo falso con salarios elevados para lavar dinero.
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Experto argentino en control financiero destacó la solidez del gobierno de Peña
El extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina y representante ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Mariano Federici, destacó que en la actualidad, el Paraguay mejoró muchísimo en materia de transparencia. Resaltó que más aún con el gobierno actual, encabezado por el presidente Santiago Peña, a quien lo señaló como el mandatario que más sabe de sistemas de antilavado en Latinoamérica.
Federici, quien fue evaluador de Paraguay en el 2008, sobre el sistema antilavado por parte del FMI, en que el país terminó en la lista gris de Gafilat, resaltó que desde ese tiempo a la actualidad el país mejoró en forma superlativa en lo que respecta al fortalecimiento de los controles. Indicó que el gobierno actual de Peña cuenta con un equipo sólido y con colaboradores muy valiosos.
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“Hoy tienen un presidente, que es Santiago Peña, que por ahí quizás sea el presidente latinoamericano que más sabe del sistema de antilavado y de la importancia que tiene. Porque además de ministro de Economía y director del Banco Central, fue representante del Paraguay ante el FMI y tuvo en esas diversas responsabilidades el rol de ayudar a sacar el país de la lista gris de Gafilat, donde se encontraba incluida”, resaltó, en comunicación con Radio Con Vos 89.9 de Buenos Aires.
Equipo sólido
Agregó que el gobierno actual cuenta con un conocimiento muy agudo sobre la importancia del fortalecimiento de los controles de antilavado. Además, resaltó que el presidente Peña cuenta con un equipo de trabajo muy sólido.
En ese aspecto, resaltó que la actual titular de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz Recalde, es la representante de la UIF de Paraguay, es además la actual presidenta del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). “Lo que confirma su equipo sólido, con gente muy valiosa”, remarcó.
El experto argentino realizó esta valoración en el marco de un análisis de la situación del senador argentino Edgardo Kueider, quien fue detenido la semana pasada en Ciudad del Este, y en su poder hallaron 211.000 dólares americanos, que presuntamente estaban para ser introducidos al esquema bancario legal, con supuesta intención de lavado de dinero.
Federici manifestó que el parlamentario preso en Paraguay subestimó el sistema de control, creyendo que podía introducir activos de dudoso origen al sistema paraguayo. “Yo creo que el senador Kueider lo subestimó a Paraguay, que ya no es más una jurisdicción en la cual se maneja (con activos ilegales)”, concluyó.
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El cantante Pablo Benegas enfrentará juicio oral por pornografía infantil y otros
La jueza penal de Garantía, Cynthia Lovera, decidió elevar a juicio oral y público el proceso penal por proxenetismo, pornografía infantil y coacción sexual del cantante Pablo Benegas, quien estará sentado en el banquillo de los acusados por abusar sexualmente de dos menores de 11 y 16 años.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. Ahora se tendrá que sortear quiénes serán los jueces de sentencia que tendrán a su cargo juzgar el presente caso. Lo más probable es que la audiencia oral se desarrolle recién en el año 2025, atendiendo a que ya llega la feria judicial que se inicia el 1 de enero.
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Acusación
La acusación fiscal revela que el 9 de noviembre de 2023, Benegas desde su casa solicitó el servicio de transporte de plataformas para trasladar a dos hermanas de 11 y 16 años desde Pelopincho hasta su domicilio particular. Igualmente, menciona el escrito que el acusado les hizo consumir droga sin que ambas víctimas se dieran cuenta para dormirlas y luego comenzar a desvestirlas y les filmaba totalmente desnudas.
Refiere el escrito del Ministerio Público que se produjeron los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. También se registró el tipo penal de pornografía relativa a niños y adolescentes y proxenetismo, ya que supuestamente entregó G. 500.000 a la niña.
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Brazo logístico del EPP: jueza pide a Venezuela la extradición del clan Villalba
Este viernes se dio a conocer que la jueza contra el crimen organizado Lici Sánchez solicitó a las autoridades de Venezuela la extradición de Mariana Ayala López, Myrian Villalba Ayala, María Rosa Villalba, Claudia Villalba, Tania Caballero Villalba, Viviana Caballero Villalba, sindicadas de ser el brazo logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Actualmente la madre y las hermanas de Carmen Villalba, líder del EPP, se encuentran radicadas junto con 10 niños, quienes serían hijos y sobrinos, en la ciudad de Caracas tras solicitar refugio político al gobierno de Nicolás Maduro.
A la vez se admitió la solicitud del agente fiscal Federico Delfino consistente en avanzar con la captura internacional de las mismas. La solicitud de extradición fue realizada en base a las reglas de reciprocidad y tratados internacionales.
Incluso las mujeres son acusadas de criar y adoctrinar a los menores de edad para luego ser integrados al grupo terrorista. Previo a su instalación en Caracas, el clan se encontraba radicado en Argentina tras haber logrado refugio político durante el kirchnerismo.
Sin embargo, la medida fue levantada en octubre pasado por el gobierno de Javier Milei. “Los requerimientos dirigidos a jueces o autoridades extranjeras se efectuarán por exhortos y se tramitarán en la forma establecida por el Derecho Internacional vigente, las leyes y las costumbres internacionales”, indica la resolución emanada por Sánchez citando el artículo 146 del Código Procesal Penal.
Agrega que “no obstante, se podrán dirigir directamente comunicaciones urgentes a cualquier autoridad judicial o administrativa extranjera, anticipando el requerimiento o la contestación a un requerimiento. En lo pertinente, se aplicarán las disposiciones relativas a los exhortos previstas por el Código Procesal Civil”.
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Igualmente hace mención al artículo 147 del Código Procesal Penal sosteniendo que “lo relativo a la extradición de imputados o condenados se regirá por el Derecho Internacional vigente, por las leyes del país, por las costumbres internacionales o por las reglas de la reciprocidad cuando no exista norma aplicable”.
La resolución de la jueza continua afirmando que “conforme a las disposiciones legales trascriptas, a las constancias de autos, a los antecedentes remitidos por el Ministerio Público esta judicatura considera ajustado a derecho el requerimiento fiscal por el que se solicita librar el correspondiente exhorto a las autoridades de la república bolivariana de Venezuela”.