La Inspectoría General del Ministerio Público decidió iniciar dos sumarios administrativos contra el agente fiscal Juan Daniel Benítez, quien actualmente está asignado a la Unidad Penal n.° 2 de Santa Rosa del Aguaray. La investigación preliminar es a los efectos de conocer si existen presuntas irregularidades en la actuación del citado agente fiscal en liberar al presunto autor de un feminicidio y otros.

La decisión fue adoptada tras la evaluación de los antecedentes por la Dirección de Auditoría de Gestión Fiscal, y por otro lado, informaciones difundidas en redes sociales, lo que deriva en la verificación de elementos que ameritan una investigación interna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento Interno del Ministerio Público.

El primer sumario administrativo n.° 489/2025 es por presunta comisión de faltas administrativas derivadas de participación en evento político-partidario y actos públicos que comprometen la imagen institucional. Mientras que el segundo sumario administrativo n.° 490/2025 es por presunta comisión de faltas en el marco de una causa penal por violencia familiar, consistentes en negligencia funcional, omisión de deberes, mal manejo de evidencias, desconocimiento de la normativa y de protocolos especializados.

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La apertura de los dos sumarios se enmarca en las funciones de control y seguimiento del desempeño fiscal.

Igualmente el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados podría investigar la actuación del fiscal Benítez atendiendo a la gravedad del hecho de liberar a una persona que fue denunciada por violencia familiar.

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Los fiscales Jorge Luis Arce Rolandi, Silvio Corbeta Dinamarca y Marlene González de Ovelar presentaron acusación y solicitaron que el presente proceso penal se eleve a un juicio oral y público para el exintendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, acusado por lesión de confianza y asociación criminal, en el marco del caso detergentes.

La Fiscalía sostiene que existe un presunto perjuicio patrimonial a la comuna de Asunción de G.1.808.956.000 en el pago de varios contratos a las firmas proveedoras de detergentes.

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Igualmente, el Ministerio Público presentó acusación y pidió juicio oral para el ex jefe de Gabinete Wilfrido Cáceres, al igual que César Daniel Ojeda Figueredo, Edgar Fabián Estigarribia Gavilán, Edwin López Cattebeke, Enrique Antonio Chávez Benítez, Ernesto Javier Armoa Ramírez, Víctor Ramón Frágueda Ortiz, Jorge Alberto Ruiz Díaz Cabrera, David Fernández Rachid, Agustín Fernández Estigarribia, Juan Rodríguez, Jorge Daniel Arguello Vielma, María Victoria Cano Torres, Pedro Ramón Cano Martínez, y Benicio Antonio Cano Martínez.

El escrito se presentó ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien deberá admitir la acusación y fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se definirá si Nenecho Rodríguez y otros acusados van a un juicio oral y público.

De acuerdo al escrito de acusación, el exjefe comunal fue uno de los responsables para adquirir y distribuir detergente durante la pandemia del Covid-19.

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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, afirmó que las causas judiciales por corrupción que pesan sobre el destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, no pueden avanzar debido a las reiteradas chicanas que impulsa el líder del movimiento Yo Creo, con 50 denuncias y dos imputaciones.

“El Ministerio Público se tropieza con muchas dificultades, hacemos lo que podemos para llegar a resultados concretos. Nosotros entendemos que existe una suerte de preocupación (por la lentitud), pero hacemos nuestra labor con la mayor objetividad”, dijo Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El dirigente opositor está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500 por el pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.

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De acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.

“Las investigaciones avanzan en la medida de lo posible, pero estamos ante reiteradas chicanas que nos dejan temporalmente fuera de las causas. En el caso Costanera, por ejemplo, fuimos recusados dos veces en cuestión de días, incluso por personas que ni siquiera guardan relación directa con el proceso”, refirió el agente fiscal.

Asimismo, siguió sosteniendo que “hay causas en etapa de acusación, como el caso Tía Chela y el de Tajy, pero seguimos dependiendo de pericias técnicas contables y de obras para avanzar. Sin esos informes, resulta imposible llegar a imputaciones sólidas”.

El agente fiscal comentó que fueron establecidos dos equipos de la Unidad de Delitos Económicos para investigar los hechos punibles atribuidos a Prieto. Por una parte se encuentra Corbeta junto con sus colegas Jaime Adle y Verónica Valdez; y, por otra, figuran Néstor Coronel, Marlene González y Luz Guerrero. Entre ambos equipos llevan 33 investigaciones. Las restantes están a cargo de fiscales de Ciudad del Este por tratarse de delitos ordinarios.

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