Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, señaló que la dirección de Operaciones Urbanas manejaba informaciones sobre la estructura del Clan Rotela que ayer fue desmantelada durante el operativo Sudamericana, en el barrio Jara de Asunción. Este grupo movía una cantidad importante de sustancias para el microtráfico en la zona, afirmó.

Las intervenciones se realizaron en el marco del Plan Sumar que busca enfrentar a la comercialización, tráfico y microtráfico de sustancias ilegales en el país.

Destacó que el resultado del trabajo fue exitoso, ya que “hace años que no se veía este tipo de resultados en la Senad en coordinación con el Ministerio Público”, dijo.

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“Luego de llevar un trabajo de inteligencia se logró incautar casi 6,400 kilos de cocaína, en un solo allanamiento. Fueron cuatro allanamientos en simultáneo, con aprehensión de personas, incautación de drogas, armas, celulares. Fue un gol récord para los muchachos de Operaciones Urbanas de la Senad y vamos a seguir así trabajando”, remarcó.

El titular de Antidrogas señaló que esta estructura delictiva se preparaba para proveer drogas a los hinchas de ambos equipos que están llegando al país, para la final sudamericana, entre Racing Club de Argentina y Cruzeiro de Brasil, este sábado en el estadio de La Nueva Olla Azulgrana.

Destacó que la incautación de estas sustancias, representan un fuerte golpe monetario para estas estructuras delictivas, porque estas drogas, una vez que los ladrillos de cocaína se dividen y se venden a otros centros de acopios, van incrementando su valor.

“Varía totalmente el precio, es decir de un precio de 8.000 dólares el kilo, al dividirse y venderse en el narcomenudeo, se triplica o cuadruplica el precio. Con esos seis kilos y algo de cocaína se vendía de manera rápida, se podría vender a 8.000 dólares el kilo, pero este tipo de estructura vende en pequeñas dosis”, explicó.

El ministro Rachid destacó el trabajo de los agentes de la Senad, a quienes les insta constantemente a afinar el trabajo de inteligencia, y se busque llegar a lo más alto de la estructura criminal.

Asimismo, lamentó que existan gente que opinen sin saber, pero para los que están trabajando en esa lucha desde hace tiempo, sabe que no se trata solamente del problema de las drogas, de por sí como negocios.

“Esto genera problemas de seguridad interna, los robos, los robos agravados, los hurtos y hurtos agravados, genera problemas en la salud mental de las personas adictas. Por eso hablamos dentro del marco del Plan Sumar, que esto no es tan sencillo y no se tiene que tomar tan a la ligera. Porque el que vende en un colegio está apuntando a un grupo de jóvenes y niños, y los que venden a grande escalas, se dedica a lo mismo, pero a gran escala”, acotó.

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El 17 de noviembre del 2018 falleció Lidia Meza Burgos, una joven de 18 años que recibió 16 puñaladas durante su visita a la celda del capo del grupo criminal brasileño Comando Vermelho, Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias “Marcelo Piloto” o “Piloto”, alojado en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. Con este crimen a sangre fría a esta desafortunada víctima, el líder narco hizo una última jugada desesperada tratando de evitar su extradición a Brasil.

La víctima del terrible suceso era de la zona de General Resquín, del departamento de San Pedro, quien fue atacada por Piloto con un objeto punzante cerca de las 14:00 horas de aquel sábado, hace 6 años. El crimen generó inmediatamente la indignación generalizada de la ciudadanía atendiendo a que sucedió dentro de una sede policial de máxima seguridad. Luego de ser derivada hasta el Hospital de Barrio Obrero para su atención, la joven no respondió y falleció.

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La familia de Lidia Meza quedó destrozada. Su papá, Francisco Meza, de profesión albañil, comentó la joven había regresado de la Argentina en mayo del 2018 y que, un mes antes del crimen, trabajaba cuidando a una mujer de 90 años, en zona del Mercado 4 de Asunción.

El hombre se enteró de la muerte de su hija cuando un pariente le preguntó por teléfono si Lidia se encontraba en la casa, ya que se enteraron sobre lo sucedido a través de la televisión. En aquella época, Meza compartió a la prensa acerca del mensaje final que recibió de su hija: “El último audio que me envió fue a las 12:17, y me dijo que a las 15:00 iba a estar en casa”.

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Marcelo Piloto recurrió al plan de perpetrar un asesinato para que la extradición pueda posponerse, suponiendo que una imputación por homicidio doloso podría evitar que vaya al Brasil. Pero está situación no surtió efecto y, dos días después, por la madrugada del lunes 19 de noviembre, Piloto fue trasladado hasta su país, donde soporta condena de 26 años de cárcel por varios hechos, en la Penitenciaría Federal de Catanduvas, en Paraná. En agosto de 2019 fue imputado por el crimen de la joven Lidia Meza.

Con una jerarquía en Comando Vermelho solo superada por Fernandinho Beira-Mar, Pinheiro Vega huyó a Paraguay en 2012, según investigaciones de la Policía Civil de Brasil, luego de la ocupación de la favela de Manguinhos (Rio de Janeiro) por fuerzas de seguridad. El 13 de diciembre de 2017 fue arrestado en Encarnación por fuerzas especiales de inteligencia y seguridad pública brasileñas; sin embargo, su trámite de extradición se aprobaría en setiembre de 2018 y estaba prevista inicialmente que se efectúe en diciembre de ese año. Pero el asesinato en prisión aceleró su deportación.

Detenido en Paraguay por contar con documentos falsos y tenencia ilícita de armas; en Brasil, el juzgado de Ejecuciones Penales del Estado de Río de Janeiro lo sentenció en dos causas, con una condena a 21 años de reclusión en uno de los casos, y en la otra por 5 años y cuatro meses. Adicionalmente, su abogada Laura Casuso fue asesinada a tiros por un sicario, el 12 de noviembre de 2018, cuando abandonaba un templo masónico en Pedro Juan Caballero.

Durante el encuentro deportivo entre las selecciones de Paraguay y Argentina que se realizó anoche en el estadio Defensores del Chaco en la ciudad de Asunción, la Policía demoró a 23 hombres que se dedicaban a cuidar los coches en la zona. Aparentemente, pedían G. 50.000 para dar lugar a los conductores que querían estacionarse en la calle.

Según el reporte policial, la captura de estas personas se dio ayer durante el encuentro deportivo entre ambas selecciones, en el que se reportó una denuncia contra los cuidadores de coches porque no dejaban estacionar a los conductores que no pagaban el monto requerido.

Los detenidos solicitaban la plata a cada conductor que quería estacionar en las calles que se encuentran en las inmediaciones del estadio de Sajonia. Sin embargo, estas personas denunciaron que era excesivo el monto que pedían y que se querían aprovechar de los fanáticos albirrojos.

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“La denuncia fue realizada a los efectivos que estaban realizando controles en la zona, nos manifestaron que estaban pidiendo una suma de dinero y tuvimos que armar un operativo rápido para lograr la detención de estas personas”, detalló el comisario Walter Lobo, en entrevista con la 780 AM.

Afirmó que también lograron detener a un revendedor que estaba ofreciendo entradas que eran falsificadas en inmediaciones del estadio. Todas estas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, desde donde hoy viernes, ordenaron que estos cuidacoches fueran liberadas.

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