Una comitiva policial allanó en la tarde de ayer sábado un edificio de dos pisos ubicado en el barrio San Gerardo de la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, que presuntamente operaba como aguantadero de delincuentes.

Un ciudadano brasileño resultó detenido, ya que no contaba con documento de identidad, por lo que se solicitó informes a las autoridades brasileñas para identificarlo. El hombre había abandonado el edificio a bordo de un vehículo momentos antes del operativo y fue arrestado tras una persecución, según se informó.

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Hay que mencionar que los intervinientes manejaban información de inteligencia que señalaba que en el establecimiento se había instalado un grupo criminal conformado por paraguayos y brasileños que estaría planificando un asalto a una entidad bancaria.

El comisario Hugo Grance, quien estuvo a cargo del procedimiento, indicó a medios de comunicación que el lugar ya estaba siendo vigilado por la Policía Nacional, ya que se manejaba la información de que en el edificio eran guardadas armas de grueso calibre.

En el lugar los efectivos policiales hallaron uniformes camuflados, además de proyectiles, teléfonos celulares y otras evidencias que serán sometidas a pericia.

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• Buenos Aires, Argentina. AFP.

La justicia argentina allanó seis domicilios en la provincia de Buenos Aires para investigar si se realiza un documental no autorizado sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona, en el que una de las juezas fue acusada de participar, informó el viernes una fuente oficial.

El juicio por la muerte del astro del fútbol fue suspendido el martes pasado por una semana para investigar si una de los tres jueces del caso, Julieta Makintach, colaboró en el ingreso de cámaras a las audiencias para la producción de un documental sin aprobación de las partes.

“Sí, hubo”, dijo una fuente vinculada a la investigación que pidió no ser identificada cuando se le pidió confirmación de los allanamientos informados por la prensa local.

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El juicio para determinar la responsabilidad del equipo médico de Maradona en su muerte se lleva a cabo en un tribunal en San Isidro, una localidad al norte de la ciudad de Buenos Aires, cerca de donde residía el astro del fútbol cuando falleció el 25 de noviembre de 2020.

La policía allanó la noche del jueves dos productoras audiovisuales y cuatro domicilios particulares, detalló la fuente.

Uno de los domicilios está vinculado a una mujer que atiende cotidianamente las audiencias del juicio y que había sido señalada el jueves de la semana pasada por una de las defensas como una de los realizadores del documental, informó el diario La Nación.

Makintach reconoció posteriormente que se trataba de una “amiga de la infancia” que le pidió permiso para asistir y se desligó de la realización de un documental, en declaraciones en la audiencia del martes y luego a diferentes medios nacionales.

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Sobre la jueza recayeron además tres recusaciones por parte de dos defensas: una fue rechazada y luego apelada y las otras dos deberán resolverse el próximo martes cuando se reanude el juicio, cuya continuidad peligra por este escándalo.

Maradona, ganador del Mundial de México-1986 con la selección argentina, falleció por un edema pulmonar cuando recibía atención médica en su casa, luego de una operación neurológica a la que había sido sometido dos semanas antes.

Siete profesionales de la salud son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente y por la que pueden pasar entre 8 y 25 años en prisión. Una octava acusada será juzgada en un proceso separado. A lo largo del proceso que comenzó el 11 de marzo, la parte querellante ha criticado la pertinencia de internar a Maradona en su domicilio tras su operación, así como las condiciones del lugar y la atención provista.

Este jueves, en un operativo la Policía Nacional y la Fiscalía lograron detener a un hombre que había vaciado la cuenta bancaría de su tío a quien le robó su celular para realizar las transacciones en Presidente Hayes. El sobrino es conductor de plataformas y se encargaba de trasladar a su tío a todas partes.

Según el fiscal Armin Echeguren Cuevas, el allanamiento se realizó en la localidad de Benjamín Aceval, en la vivienda del hombre identificado como Oscar Corvalán, en cuyo poder se encontró el celular de la víctima. De este se transfirió la suma de 17 millones de guaraníes a cuatro cuentas bancarias, cuyo propietarios serán investigados.

“El domingo por la noche, la víctima se percató del hurto de su celular. Cabe destacar que nuestra víctima es pariente del autor del hecho y se desempeñaba como conductor de plataformas. Hacía normalmente el trabajo de trasladarle al tío, pero en un momento aprovechó y sustrajo el aparato celular”, explicó en fiscal, en entrevista con la 650 AM.

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Resaltó que el hecho punible que investigan es hurto y al mismo tiempo, acceso indebido a datos. “Hoy realizamos un allanamiento, donde procedimos a la detención del ciudadano. Esta persona no negó el hecho e incluso contó cómo fue, comentó también lo que le motivó a cometer el robo”, aseguró.

Agregó que la víctima, quien es tío del autor, lamentó el hecho porque estima mucho a su sobrino. “El monto sustraído es de aproximadamente G. 17 millones, de los cuales Corvalán utilizó 8 millones de guaraníes. El detenido manifestó que lo hizo por necesidades económicas que tenía que devolver plata a una persona que le había prestado”, puntualizó.

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Tras las manifestaciones realizadas por vecinos de la zona del Bañado Sur de Asunción a favor de la permanencia del oficial José Jiménez en la comisaría 24, el efectivo policial, quien se hizo conocido por grabar y posteriormente publicar sus procedimientos con el objetivo de transparentar el proceso, aprovechó este pedido para remarcar la necesidad de cooperación interinstitucional para hacer frente a las dificultades de la zona.

En conversación con La Nación/Nación Media, el oficial José Jiménez explicó que solicitó su traslado a otra dependencia no vinculada con el Sector 1 del Ministerio Público, ya que, desde hace tiempo, desde la dependencia en la que se encuentra y en el rol que cumple, ha solicitado entablar una mesa de diálogo con representantes del Ministerio Público para facilitar los trabajos, pero esto no se ha concretado.

“En varias ocasiones tratamos de armar mesas de diálogo u organizar servicios con los fiscales, pero nunca obtuvimos respuesta. Queremos reunirnos con ellos para explicarles la situación del bañado y los procedimientos que realizamos, ya que muchas veces nos cuestionan o por la liberación de los detenidos”, indicó el oficial Jiménez.

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El mismo reconoció que existen ocasiones en que los recursos públicos son limitados y que es entendible que los agentes fiscales no puedan acompañar todos los procedimientos, pero que al menos desde el cuerpo policial necesitan contar con el respaldo y la respuesta efectiva por parte del mencionado ente y sus representantes.

“El apoyo de la gente se da hacia nosotros porque transparentamos todas nuestras funciones y procedimientos dentro de la comisaría y damos respuesta a las necesidades de la gente, y muchas veces el cuestionamiento de ellos es que se le agarra al delincuente y se le suelta otra vez y no hacen caso a sus pedidos; por eso nosotros nos reunimos con las comisiones vecinales y les explicamos y mostramos los documentos”, manifestó el oficial José Jiménez.

El mismo remarcó que el ideal de los efectivos que prestan servicio en esta zona es contar no solo con el acompañamiento del Ministerio Público, sino también poder formar una mesa de trabajo con ellos y otros entes como el Ministerio de Salud y los equipos de prevención del consumo y distribución de drogas, ya que la situación que atraviesan los pobladores es bastante compleja.

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