La sala constitucional de la Corte rechazó una acción de inconstitucionalidad de Roberto Cárdenas, exintendente de Lambaré, y la condena de 8 años queda firme y debe ir a prisión. Foto: Gentileza
Ratifican condena de 8 años de cárcel de exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, condenado a 8 años de cárcel, por lesión de confianza en la causa penal por la reparación y remodelación de instituciones educativas, donde debido a obras deficientes, el techo de una de las aulas se derrumbó sobre los alumnos del Colegio Nacional de la ciudad.
Con la resolución judicial, el exjefe comunal debe ser enviado a la cárcel para cumplir su condena por lesión de confianza por la construcción irregular de 15 instituciones educativas, en las que se causó un perjuicio patrimonial a la comuna de G. 859.559.122.
La resolución judicial lleva la firma de los ministros Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diésel. Los mismos llegaron a la conclusión que corresponde rechazar la acción presentada por Cárdenas.
El caso data de diciembre del 2016, tras la imputación por lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción, investigación que se inició ante la sospecha de sobrefacturación en la construcción de las 15 instituciones educativas y una supervisión en Lambaré. Aparentemente, el intendente había sobrefacturado el costo de las construcciones en la mencionada institución.
Esta investigación también se inició luego del derrumbe de varias aulas del Colegio Nacional Lambaré, hecho ocurrido en el 2015 y que dejó al menos 23 alumnos heridos.
En las imágenes de circuito cerrado se puede observar cuando los delincuentes abandonan uno de los biciclos que aparentemente deja de funcionar durante la huida. Foto: Gentileza
Vendedor de asaditos falleció tras resultar herido en un asalto
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El viernes último se registró un asalto en horas de la noche sobre la avenida Carretera de López en el barrio Mbachio de la ciudad de Lambaré, resultando víctima un hombre de 67 años, quien se dedicaba a vender asaditos en el lugar.
El hombre se habría resistido al asalto e intentó persuadir a los malvivientes cuando uno de ellos le disparó a la altura del estómago. Tanto familiares como vecinos auxiliaron al hombre, quien quedó tendido en la vereda. El vendedor fue trasladado hasta el Hospital de Trauma, donde fue sometido a una cirugía de emergencia.
Los testigos manifestaron que llegaron hasta el lugar cuatro hombres a bordo de dos motocicletas; estos primeramente habrían pasado y observado el lugar y luego retornaron para estacionar frente del puesto de venta. En las imágenes de circuito cerrado de las inmediaciones del lugar del asalto, se puede observar cuando los delincuentes abandonan uno de los biciclos que aparentemente deja de funcionar en plena huida.
Debido a la gravedad de la herida, a pesar del esfuerzo de los médicos, el hombre terminó falleciendo, confirmaron sus familiares. Hasta el momento, los efectivos policiales encargados de investigar el caso no cuentan con ninguna novedad sobre los autores del hecho.
Ante esta circunstancia, los familiares del hombre lamentaron que sean las personas trabajadoras, que buscan una alternativa para generar ingresos, las víctimas de la inseguridad. Solicitaron a los investigadores que continúen con su trabajo y busquen a los responsables del hecho.
La Procuraduría General de la República, en ejercicio de la representación legal del Estado, defendió la improcedencia de la demanda y sostuvo que no se cumplían los requisitos legales para una condena. Foto: Archivo
La Procuraduría General de la República evitó el pago multimillonario en juicio por indemnización
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La Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda promovida por un exfuncionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), quien reclamaba alrededor G. 5.400 millones en concepto de indemnización por supuestos daños y perjuicios derivados de una destitución que consideraba injustificada. Los ministros de la Corte César Garay, Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón firmaron la resolución judicial.
En la demanda civil, el exfuncionario de la Ande había solicitado el 3 % mensual de intereses sobre tal monto, suma que alcanzaba los G. 11.500 millones solo en intereses. Además, se ahorraron los posibles honorarios profesionales de los abogados del demandante, lo que habría representado un desembolso total de G. 20.608.583.310 para el Estado paraguayo.
La Procuraduría General de la República, en ejercicio de la representación legal del Estado, defendió la improcedencia de la demanda y sostuvo que no se cumplían los requisitos legales para una condena por responsabilidad civil extracontractual. En su sentencia, la Corte señaló que no se acreditaron ni la existencia de un daño jurídicamente comprobado, ni el vínculo causal directo entre la actuación de los funcionarios y los perjuicios alegados, ni un factor de atribución válido.
El fallo resalta que las demandas contra el Estado deben demostrar con claridad los cuatro elementos esenciales de la responsabilidad civil: antijuridicidad, daño, nexo causal y factor de atribución. La sola disconformidad con un acto administrativo no basta para fundar una pretensión indemnizatoria, especialmente cuando los actos cuestionados ya han sido revisados en otras vías jurisdiccionales.
Este caso constituye un precedente relevante en la defensa del erario público y reafirma el compromiso institucional de la Procuraduría General de la República en asegurar una representación jurídica eficiente, que permita resguardar los intereses del Estado ante reclamos infundados.
Motociclista perdió la vida tras ser embestido por un automóvil en Lambaré
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Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un automóvil sobre la avenida Carretera de López, en el barrio Mbachio de Lambaré. Aparentemente, el conductor efectuó una maniobra intentando girar a la izquierda sin tomar las precauciones y llevándose por delante al biciclo.
El fallecido era un menor de 17 años y su acompañante resultó con heridas severas y fue trasladado al Hospital de Trauma.
El chofer del coche, un joven de 25 años sufrió heridas leves y fue llevado hasta la comisaría 16 de Lambaré donde se le realizó la prueba de alcotest, con resultado negativo.
“La motocicleta estaba circulando sobre la calle Carreretera de López, estaba arribando y el auto aparentemente quería girar a su izquierda. Y ahí se produjo el choque fatal”, relató el comisario Edgar Villeti.
El policía confirmó que el automovilista “prácticamente no sufrió golpes”, solamente un pequeño corte en la parte de la frente, lado izquierdo. “Ya fue asistido también por bomberos y está en nuestra Comisaría. No pudimos hablar bien todavía con él por el impacto del hecho y por la gente que había. Y ahora vamos a ir a hablar bien con él”, indicó.
Según manifestó, tampoco se pudo conversar aún con los testigos para recoger información sobre lo ocurrido. Se apelará a las cámaras de seguridad de la zona para verificar cómo se produjo el siniestro vial.“Se asistió al accidentado, vinieron rápidamente personas y muchos testigos trataron de ayudarle. Inmediatamente vinieron también, se le asistió en ese punto”, remarcó el agente interviniente.
El exintendente de Arroyito, Samuel González, sentenciado a 5 años de cárcel por lesión de confianza, fue detenido este viernes por la Policía Nacional. Foto: Archivo
Exintendente de Arroyito fue detenido para cumplir condena de 5 años de cárcel
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El exintendente de Arroyito, Samuel González, sentenciado a 5 años de cárcel por lesión de confianza, fue detenido este viernes por la Policía Nacional. Sobre el mismo pesaba una orden de captura y hasta la fecha se mantuvo prófugo. La aprehensión de Samuel González Valdez, de 41 años, fue durante un procedimiento ejecutado en la localidad de Horqueta, departamento de Concepción.
El mismo fue detenido en el Barrio Santa Rita, como resultado de un trabajo de inteligencia ejecutado por agentes del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de Concepción.
El exjefe comunal de la Municipalidad de Arroyito se encontraba con una orden de captura pendiente, luego de ser condenado en el 2022 a 5 años de cárcel por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos.
Durante la administración de González, se detectó un perjuicio patrimonial en el municipio que alcanza los G. 722.600.000. La Fiscalía logró demostrar millonarios faltantes de recursos y la existencia de varias “obras fantasmas”. Tras quedar firme su condena, el exintendente recurrió a diversas estrategias judiciales para evitar ir a prisión, aunque posteriormente desapareció del radar durante varios años hasta concretarse finalmente su captura.
González será remitido a una penitenciaría de nuestro país, donde deberá cumplir con la sentencia dictada por la Justicia.