El intendente de la ciudad de Ñemby, Tomás Olmedo, junto con su esposa Bernarda Amarilla se encuentran en el centro de la polémica tras promover una demanda de usucapión con el presunto objetivo de adueñarse ilegalmente de un inmueble perteneciente a la señora Virginia Gómez, ubicado en la referida ciudad. La demanda judicial fue presentada ante el juez Javier Gómez, en la ciudad de Lambaré.
El referido magistrado realizó una constitución con la abogada Lucía Da Silva, hija de la verdadera dueña del inmueble que está ocupando presuntamente de forma irregular el actual jefe comunal de Ñemby.
Según consta en la documentación presentada junto con la demanda, la señora Amarilla no solo busca obtener la propiedad del inmueble ubicado en el municipio bajo la jurisdicción de su esposo, sino que también pretende adquirir la titularidad de la calle municipal contigua al mismo.
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El magistrado, ante esta situación, ordenó la constitución del juzgado para el día de hoy 15 de abril de 2024, a las 14:30, con el fin de verificar la situación de los ocupantes precarios del inmueble en cuestión, así como determinar la naturaleza y ubicación de dicha ocupación.
La comitiva judicial no pudo ingresar al inmueble de la señora Gómez, pero la representante legal de la propietaria sostuvo que volverán a pedir otra constitución al sitio bajo apercibimiento de que si no dejan ingresar a la propiedad se pedirá la intervención de la fuerza pública para la realización de la citada diligencia judicial.
El intendente de Ñemby presentó una demanda de usucapión con el objetivo de poder adueñarse del valioso inmueble y a su vez quedarse con una parte de una calle de la mencionada localidad.
La abogada Lucía Da Silva, hija de la dueña del inmueble, sostuvo que “se tiene toda la documentación legal que respalda la titularidad de mi madre en el inmueble que está ocupando el jefe comunal”.
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Más de 5.000 hectáreas de piña cultivadas impulsan crecimiento económico de familias rurales
El cultivo de la piña se consolida como uno de los principales rubros frutícolas de renta en Paraguay, con una demanda creciente tanto en el mercado local como internacional. La superficie cultivada supera las 5.100 hectáreas, lo que refleja un crecimiento sostenido que impacta directamente en las economías rurales, según datos del Censo Agropecuario Nacional 2022.
Su alto valor nutricional, rendimiento económico y buena aceptación comercial la posicionan como una opción rentable para la agricultura familiar campesina. Este dinamismo productivo convirtió a la piña en un motor de desarrollo en comunidades que dependen del agro para su sustento.
Actualmente, miles de familias en San Pedro, Concepción, Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú generan ingresos sostenibles a partir de este fruto, destacan desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
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A través de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), el MAG acompaña a los productores en todas las etapas del proceso, desde la preparación del suelo y el manejo técnico del cultivo, hasta la cosecha y comercialización.
También resaltan que la incorporación de variedades como la MD-2 (Golden), ampliamente aceptada en mercados exigentes, fortalece la competitividad del rubro. Como parte de su estrategia para potenciar este rubro, el MAG prevé continuar fortaleciendo el acceso a mercados, la infraestructura de postcosecha y las oportunidades de transformación agroindustrial, articulando esfuerzos con otras instituciones del Estado y aliados del sector privado.
Expo 2025
Durante una charla en el stand del MAG en la Expo Paraguay 2025, denominada “De la tierra al logro: Historia real de la producción de Piña”, el especialista del Ministerio de Agricultura, Francisco Paniagua, destacó que el cultivo de piña requiere condiciones edafoclimáticas específicas para lograr un desarrollo óptimo.
Especificó que se adapta mejor a temperaturas entre 18° y 35°, con precipitaciones anuales entre 800 mm y 1500 mm, y suelos bien aireados, de textura franca a franco-arenosa, con buen drenaje y pH entre 5 a 6.
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Interventor de CDE: “Nuestro trabajo es serio y respaldado en documentaciones”
El interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, sostuvo que posee pruebas fehacientes para sostener sus afirmaciones sobre la existencia de graves irregularidades halladas en la administración del intendente opositor Miguel Prieto.
“La intención es evidente, de querer amedrentar o intimidar, pero al menos de nuestra parte el resultado va a seguir. Estamos llegando a la mitad del período y te diría que estamos ajustados al límite de nuestro cronograma, pero redoblaremos el compromiso de continuar avanzando”, indicó en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.
El economista sostuvo que está realizando un trabajo serio. “Nosotros tenemos, primero, la tranquilidad de que estamos haciendo un trabajo serio y que estamos respaldados en las documentaciones que vamos identificando“, destacó.
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En un desesperado intento de interferir en la intervención instalada el 23 de junio pasado, el líder del movimiento Yo Creo envío el jueves pasado a la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal, hasta la sede la municipalidad para que Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus declaraciones en una conferencia de prensa del 15 de julio, acerca de la existencia de irregularidades en la gestión del intendente Miguel Prieto.
Por otra parte, Ramírez mencionó que se encuentra accediendo a las documentaciones relacionadas a órdenes de pagos remitidas por la administración de Prieto a la Fiscalía. Los documentos no guardan relación con causas judiciales abiertas.
“Hay un porcentaje de esos documentos que están con causas judiciales abiertas. Esa es una restricción legal. Nosotros tenemos un porcentaje de documentaciones que están en la Fiscalía en la Unidad de Cuentas, tenemos los buenos oficios de la Fiscalía General del Estado, estamos accediendo. Yo diría que en varios frentes estamos avanzando bien con las circunstancias propias de la situación”, expresó Ramírez.
Entre los puntos objetados por Prieto figuran datos sobre la cantidad de funcionarios contratados, el estado de avance en la construcción de plazas, el uso de combustibles, las cifras de recaudación comparadas al año pasado y el manejo de fondos rotatorios o “cajas chicas” dentro de distintas dependencias municipales, con presunto uso mayoritario en gastos gastronómicos.
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Pereira no descarta presentar informe final antes de 60 días: “Tengo dos frentes muy complejos”
“Tengo dos frentes muy complejos”, dijo Carlos Pereira al sostener que su trabajo en la Municipalidad de Asunción no se limita en corroborar los reportes de hechos punibles denunciados por la Contraloría General de la República (CGR), sino también en zanjar el conflicto financiero y saldar las deudas que posee la comuna.
“Estoy abocado a la investigación, a la verificación, evaluación y análisis de las 6 observaciones que realmente ha denunciado como irregularidad la Contraloría y que ha sido causal de la intervención, pero también la ley 317, me exige de que tengo que encargarme de la administración del municipio, con la limitación y restricción puntual de que tengo prohibido rescindir contratos, despedir gente y eso es mucho más complicado para mí”, indicó en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.
El interventor señaló que el proceso de fiscalización hasta el momento no se ve obstaculizado, teniendo en cuenta que se encuentra accediendo a todas las documentaciones. Ante esta situación no descarta que su informe final pueda ser emitido antes de cumplir el plazo de los 60 días establecidos por la Constitución Nacional.
“Acá hay que tener en cuenta que la Contraloría tuvo una limitación que no ha podido acceder a la documentación respaldatoria de los gastos corrientes que ellos han cuestionado. En este caso yo tengo esa posibilidad de contar con esa documentación que hemos solicitado y que tenemos a la vista. Son 123 biblioratos que estamos procesando”, indicó.
“Yo diría que estoy bastante holgado en cuanto al cumplimiento de los 60 días corridos que dispone la ley. Con las documentaciones proveídas yo me animo a decir que vamos a poder cumplir el plazo sin ningún tipo de contratiempo. Es una posibilidad (que sorprenda con la antelación de la presentación del informe)“, dijo el interventor.
Pereira indicó que el reporte final de la intervención no solo contará con la corroboración de la existencia o no de hechos irregulares en la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez, sino que también proporcionará una serie de recomendaciones que contribuyan a una mayor racionalidad en los gastos, a un achicamiento del aparato municipal, a una automatización e incorporación de tecnología que permita tener la trazabilidad de los funcionarios, las funciones que cumplen o deben cumplir.
Funcionarios
“Hay una serie de cuestiones que va a formar parte de un aspecto cualitativo del informe. Si yo pudiera, me hubiera gustado poder sacar gente de repente para achicar la parte del aparato administrativo que está bastante. Hay un total de 9.119 funcionarios. Hay 60 direcciones que no se compadecen con lo que debería ser una administración moderna en la era de la tecnología y también lo que más me llamó la atención es la falta de control interno en muchos aspectos críticos", remarcó.
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Pereira siguió argumentando que “en todas las crisis siempre hay oportunidades ocultas, yo creo que acá se debe pensar seriamente en un nuevo modelo de cómo manejar una administración municipal, muchas veces la política tiene su penetración a nivel administrativo, hay cuoteos políticos, todos sabemos y conocemos, pero también hoy podemos ver los efectos que producen y el daño que produce ese tipo de administración".
El interventor sostuvo que se encuentra abocado en solucionar la crisis financiera que enfrenta la comuna. “Estamos haciendo esfuerzos enormes para dosificar nuestra recaudación y por nivel de criticidad empezar a hacer a prorrata, equitativamente también los pagos. Tenemos reclamos por todas partes. Cuando ingresé ya teníamos vencido cuotas de los bonos que han sido la emisión que representó el endeudamiento masivo del municipio y también otras cuotas con el sector financiero", remarcó.
Añadió que “para poner en un contexto, cuando se hizo el corte administrativo del 100 % del activo, el 51 % activo fijo, un 25 % concentrado en cuentas por cobrar de todos los tributos en gestión directa y en gestión judicial, de manera que ya te queda solamente un 25 % para enfrentar un 100 % de pasivos y de obligaciones emergentes de las decisiones que se tomaron”.
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La Procuraduría General de la República evitó el pago multimillonario en juicio por indemnización
La Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda promovida por un exfuncionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), quien reclamaba alrededor G. 5.400 millones en concepto de indemnización por supuestos daños y perjuicios derivados de una destitución que consideraba injustificada. Los ministros de la Corte César Garay, Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón firmaron la resolución judicial.
En la demanda civil, el exfuncionario de la Ande había solicitado el 3 % mensual de intereses sobre tal monto, suma que alcanzaba los G. 11.500 millones solo en intereses. Además, se ahorraron los posibles honorarios profesionales de los abogados del demandante, lo que habría representado un desembolso total de G. 20.608.583.310 para el Estado paraguayo.
La Procuraduría General de la República, en ejercicio de la representación legal del Estado, defendió la improcedencia de la demanda y sostuvo que no se cumplían los requisitos legales para una condena por responsabilidad civil extracontractual. En su sentencia, la Corte señaló que no se acreditaron ni la existencia de un daño jurídicamente comprobado, ni el vínculo causal directo entre la actuación de los funcionarios y los perjuicios alegados, ni un factor de atribución válido.
El fallo resalta que las demandas contra el Estado deben demostrar con claridad los cuatro elementos esenciales de la responsabilidad civil: antijuridicidad, daño, nexo causal y factor de atribución. La sola disconformidad con un acto administrativo no basta para fundar una pretensión indemnizatoria, especialmente cuando los actos cuestionados ya han sido revisados en otras vías jurisdiccionales.
Este caso constituye un precedente relevante en la defensa del erario público y reafirma el compromiso institucional de la Procuraduría General de la República en asegurar una representación jurídica eficiente, que permita resguardar los intereses del Estado ante reclamos infundados.
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