“Los documentos son contundentes, esto no se trata de una cuestión partidaria“, manifestó este viernes el titular del Congreso Nacional, Basilio ”Bachi" Núñez, al referirse al requerimiento de intervención a la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto.

“Si queremos mejorar en la transparencia, no debe importar que sea un colorado o un liberal. Miguel Prieto debe responder a las faltas administrativas por las cuales está denunciado“, comentó a los medios de comunicación.

Prieto, acompañado de su entorno político, acudió este viernes de manera desafiante hasta la sede del Poder Legislativo, para alegar que no renunciará al cargo de intendente y que es víctima de una persecución política orquestada desde el oficialismo colorado mediante la instrumentalización de la Contraloría General de la República (CGR).

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Durante su descargo atacó a Núñez, quien es uno de los parlamentarios que de manera constante se hace eco de las denuncias de corrupción realizadas por los ciudadanos esteños que salpican al líder del movimiento “Yo Creo”. En su discurso, calificó al titular del Congreso de “charlatán”.

“Lo que Miguel Prieto tiene que responder es por qué en la pandemia fue y compró víveres en el kiosco Tía Chela, dónde fue a parar los G. 3 mil millones”, dijo Núñez.

El senador siguió sosteniendo que “Prieto tiene que responder sobre la compra de tapabocas de oro, sobre las transferencias a las organizaciones sin fines de lucro que después no rindieron cuentas".

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El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, defendió la legitimidad constitucional de su entidad, ante el discurso esgrimido desde la oposición en auxilio del intendente Miguel Prieto que alega que supuestamente se extralimitó en sus funciones al requerir la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este.

“Interpretar que la Contraloría no puede pedir la intervención es forzar una interpretación contraria a la Constitución Nacional“, sostuvo Benítez, este viernes, en una entrevista con la 1080 AM, reiterando la existencia de graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales esteños.

Los parlamentarios opositores argumentan que el requerimiento realizado de auditar la gestión de Prieto obedece solo a una instrumentación política con el objetivo de sacar al dirigente opositor de la arena electoral. Ahora amenazan al controlar con un juicio político, alegando que la Carta Orgánica Municipal (Ley 3966/10) derogó la Ley 317/94 que sustenta la potestad de la Contraloría para su solicitud realizada al Ejecutivo, mediante el Ministerio del Interior.

“La Constitución Nacional regula las intervenciones de los municipios y faculta que se haga en tres ocasiones diferentes: la Junta, la desintegración de la Junta y por la Contraloría”, justificó Benítez, en base al artículo 165 de la Carta Magna.

“Está la regulación del artículo constitucional que dice expresamente que sí se puede hacer el pedido. Después de eso salió la Ley Orgánica Municipal, que transcribe el artículo constitucional, y eso ya le habilita a la Contraloría. La legitimación de la Contraloría para pedir la intervención ya no está en duda”, puntualizó.

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Los opositores también señalan que la Contraloría solo cuenta con la atribución de dictaminar si halla irregularidades en una administración municipal, pero que en el artículo 165 de la Carta Magna no se le habilita a solicitar la intervención de los municipios.

“Cuando hay graves irregularidades en la ejecución del presupuesto puede haber una suerte de colisión entre la Junta y el intendente para que, justamente, nunca se pida (la intervención). Y si es de público conocimiento, y el caso es grave y amerita, entonces, ¿cómo puede ser que la Contraloría no pueda hacer ese pedido?“, comentó.

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De acuerdo a la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del año 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, presentó una recusación ante la Fiscalía General contra el fiscal Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, quienes lo investigan por la presunta compra fraudulenta de víveres en pandemia. Ante la acción promovida por el jefe comunal, los agentes del Ministerio Público se verían imposibilitados de participar en la primera audiencia del caso.

“Esto, como viene como aconteciendo desde bastante tiempo, es la presentación de actos dilatorios, siempre frenando la audiencia preliminar o tendiente a eso. Esta vez se recurrió a la recusación contra los tres fiscales y se acortan los plazos en cuanto a la resolución de esta recusación, que no se ajusta a la verdad”, expuso Corbeta.

En conversación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el fiscal señaló que esta acción encabezada por Prieto se da días antes de la audiencia preliminar, fijada para la próxima semana, por lo que probablemente, los tres agentes se verían imposibilitados a participar de la misma.

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“En primer lugar resuelve nuestro superior jerárquico inmediato que es la Fiscalía Adjunta, posteriormente eso se notifica a las partes y esta tiene la posibilidad de impugnar la resolución ante el fiscal general y es él quien resuelve. Lo más seguro que esta situación produzca que los tres fiscales que conocemos a cabalidad la causa, no podamos participar de la audiencia preliminar y somos los que más conocemos los hechos”, lamentó.

El argumento vertido por la defensa de Prieto para recurrir a esta recusación es la supuesta viralización de una declaración que recorrió los medios, acusando a los fiscales de que fueron los responsables de dicha viralización. “Nosotros somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad como agentes fiscales y en ningún momento hemos viralizado ninguna declaración, presumimos que se habrá filtrado a través de terceras personas, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esa filtración”, sentenció.

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El director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, Leandro Villalba, salió en defensa del trabajo realizado por el órgano extrapoder para requerir la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, liderada por Miguel Prieto. Aseguró que la solicitud de fiscalización se sustenta en el ámbito técnico y se fundamenta en los documentos que la administración del dirigente opositor proveyó a la institución.

“En defensa a mis compañeros, esto es un trabajo técnico que expone falencias y se fundamenta en los documentos, en las propias respuestas que la misma municipalidad proveyó a la Contraloría General de la República“, dijo en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.

El requerimiento de intervención por parte del órgano extrapoder fue realizado el viernes 16 de mayo al Ministerio del Interior tras corroborar mediante exámenes de control la existencia de graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales.

Villalba detalló que la Contraloría había remitido dos notas a la Municipalidad de Ciudad del Este, con la finalidad de que remitan los documentos de respaldo entorno al manejo de los recursos económicos. La primera en diciembre del 2023 y la segunda en octubre del 2024.

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“Existen inconsistencias y movimientos de cuentas con montos de decenas de miles de millones de guaraníes que aparecían y desaparecían de los balances, sin ninguna justificación”, puntualizó.

Ante estas situaciones, la administración de Prieto se limitaba a responder a la Contraloría que solo se trataba de “errores involuntarios. Supuestamente ellos lo que querían decir que sin querer nada más se equivocaban”, cuestionó.

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Villalba echó por tierra el discurso esgrimido por Prieto, quien alega que el pedido de la Contraloría obedece a una persecución política con miras a los comicios municipales y presidenciales.

“Cuando el contralor liberal Octavio Airaldi pidió la intervención del municipio de Ciudad del Este, a cargo de un colorado en el año 2010, nadie se escandalizó, nadie amenazó a los funcionarios de la Contraloría, nadie dijo nada. En cambio ahora dicen que se trata de una persecución política“, recriminó.

De acuerdo con la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.