Durante la 56° reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavados de Activos (Gelavex), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), se destacó la participación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que incluyó la exposición de su directora de Ética y Cumplimiento, Graciela Garay.
“En Conmebol transformamos el desafío de la prevención del lavado de dinero en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la integridad y la transparencia en el fútbol sudamericano. Contamos con herramientas robustas para asegurar que todas nuestras operaciones reflejen nuestros valores”, afirmó la directora de Ética.
La declaración fue realizada en Washington, en el marco de esta reunión de Gelavex, organismo de la OEA y principal foro continental de debate sobre las estrategias y acciones para prevenir y combatir el lavado de activos en América.
Combate
La participación de la Conmebol en este importante foro responde a la política de combate contra la corrupción y el lavado de dinero que la institución sudamericana lleva adelante en forma consecuente desde el 2016. En ese marco, hace apenas unas semanas se había presentado un urgimiento ante la Fiscalía paraguaya para que se adopten acciones concretas y enérgicas en la investigación de operaciones sospechosas entre el expresidente de la confederación sudamericana, Nicolás Leoz, y el Banco Atlas SA.
En efecto, el Ministerio Público no impulsó ninguna acción tendiente al esclarecimiento de la denuncia, presentada en tiempo y forma por la Conmebol, en fecha 4 de febrero del 2021. Es oportuno recordar que la primera denuncia fue presentada ya en el año 2017, es decir hace más de seis años. Si bien al principio, el Ministerio Público paraguayo llegó a recabar evidencias, mediante allanamientos al Banco Atlas S.A. y la Superintendencia de Bancos, poco tiempo más tarde la investigación quedó paralizada por completo.
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Crisis en Nepal: violencia y corrupción, lecciones que Paraguay no debe ignorar, señala Gamarra
El diputado colorado Rodrigo Gamarra realizó un análisis acerca de la crisis política y social que está atravesando la República de Nepal, en medio de violentos disturbios sociales que incluso está dejando nefastas cifras de fallecidos. A través de sus redes sociales, el legislador expresó que Nepal no es un simple ejemplo, sino que es una seria advertencia que debe ser observada.
En comunicación con La Nación/Nación Media, igualmente señaló que en solo 15 años, Nepal cambió 14 gobiernos. Señaló que golpe tras golpe se ha producido una sucesión interminable de conspiraciones, corrupción, alianzas rotas, prensa militante, ONG infiltradas, promesas vacías y caos institucional.
“Este último gobierno que cayó venía ya con un sistema devorado por la fragmentación política, corroído desde adentro, sin estabilidad. ONG extranjeras que manipularon también la información con intereses políticos, manipulación mediática, odio digital, corrupción obviamente dentro del gobierno también y fuera, sin consecuencias y conspiraciones permanentes. Ese fue realmente el detonante", mencionó.
Señaló que el último gobierno de ese país cayó así sin juicio político, sin moción parlamentaria, sin elecciones, con muertos, con fuego, violencia, y descontrol. Indicó que más allá de su errada decisión de censurar las opiniones en redes sociales, con los malos manejos, era muy probable que no llegaba tampoco a término.
Romantizan la violencia
Independientemente de lo que ocurra en el país asiático, el legislador expresó su preocupación por la repercusión que está teniendo a nivel local, donde existen ya ciertos referentes políticos y mediáticos que de alguna forma están anhelando que este caos se replique en el Paraguay.
“Lo llamativo de siempre, es que ciertos actores, claramente identificados con el resentimiento, el caos y la apología al vandalismo, salen a romantizar lo ocurrido en Nepal, como si las muertes, la destrucción y el incendio del Congreso fueran una revolución ejemplar”, cuestionó.
El legislador sostuvo que no se puede ser ingenuo ni ignorar ese tipo de señales, ni sacarle el ojo a esa gente, ya que se sabe bien quiénes son y lo que buscan.
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“Son una pequeña minoría con intereses creados directamente en el Estado que defienden intereses, que defienden a medios, que defienden a sectores bancarios que prestaban plata a narcotraficantes, que estaban vinculados a narcoministros, que estaban vinculados a gobiernos de desfalco”, expresó.
Agregó que para él, esta gente no quiere justicia, no quiere democracia, no quiere paz. “Lo que quieren ellos es volver a tener poder para facturar otra vez con sus medios, mover otra vez la plata sucia en sus bancos, usar la Fiscalía como garrote, manejar el Estado como si fuera su empresa. No tienen votos, ni pueblos, ni proyectos. Lo único que les queda es citar el odio y empujar a otro a luto”, lamentó.
Defender la democracia
Gamarra insistió en que no se trata de defender a un gobierno, sino que se trata de defender el sistema democrático y republicano. “En Paraguay, esto funciona como reloj suizo. Se respetan los plazos electorales, los presidentes y gobernadores cumplen su mandato, todos los partidos políticos tienen internas abiertas, listas desbloqueadas, nuestro Congreso funciona con independencia, el país es estable, ordenado, previsible”, precisó.
Destacó además que con el gobierno nacional los programas sociales están llegando a todos los rincones del país, beneficiando a los más vulnerables. Remarcó que es un gobierno que está trabajando con responsabilidad, sin estar reivindicando colores ni sectores.
“No estamos en alerta por el miedo, sino que hay que estar en alerta por un sentido de responsabilidad. No se puede dejar pasar que se glorifique la destrucción, ni que se le haya asesinado, quemado viva a una mujer por ser la esposa del presidente de un país. Entonces la violencia no es una vía legítima para llegar al Congreso, ni al poder”, remarcó.
Finalmente, sostuvo que una persona sana mental, coherente, sensata, con responsabilidad política y democrática no puede estar aplaudiendo ese tipo de situaciones. “Si podemos condenar los regímenes dictatoriales o antidemocráticos como Venezuela, o tal vez como lo habrá sido en estas situaciones en Nepal también, pero no por la vía de la violencia, ni de justicia por propias manos. Porque ahí estamos errando el camino”, concluyó.
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El abogado Óscar Tuma rechaza haber cometido lavado de dinero
“Me imputan por ser abogado y cobrar mis honorarios”, indicó Óscar Tuma sobre la acción del Ministerio Público en su contra por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales. El órgano extrapoder lo investiga por haber participado en una supuesta maniobra para transferir inmuebles embargados, con el fin de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.
“Yo sabía que llegaríamos a esta instancia, pero no me imaginé nunca que para tratar de amedrentar en la causa principal iban a llegar a imputarme. No estoy preocupado, acá no hubo lavado de dinero. Pude haber cobrado mis honorarios en efectivo, pero mi mandante no tenía ni disponía en efectivo, entonces, él me abonó con lo que tenía y estaba a disposición", indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La imputación fiscal se dio luego de recibir cuatro inmuebles como honorarios profesionales de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. “Todo se hizo de forma transparente, acá no hubo intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el representante legal.
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Tuma sostuvo que “si la intención hubiese sido ocultar los bienes, yo le hubiese asesorado para que no me proporcione a mí los inmuebles, porque soy una persona expuesta que puedo tener problemas y que lo haga a un amigo brasilero suyo, que ni siquiera podrá ser imputado”, explicó.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a G. 1.700 millones a nombre de Tuma, utilizando documentos presuntamente falsificados.
El Ministerio Público refiere que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.
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DNIT destaca apoyo del Gobierno en la lucha contra el contrabando
El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, resaltó el apoyo del presidente de la República, Santiago Peña, de la ciudadanía y de los medios de comunicación en el combate al contrabando, una tarea que calificó de compleja pero fundamental para garantizar el cumplimiento de la ley.
“Sabíamos que no iba a ser fácil. Yo le dije al presidente de la República cuando me invitó a ser parte de su gobierno que le iba a traer muchos dolores de cabeza, pero que si estaba con la suficiente convicción de que podemos hacer bien el trabajo, lo íbamos a hacer, y hoy lo estamos haciendo con su apoyo”, expresó Orué.
El director de la DNIT admitió que, históricamente, el recaudador de impuestos no ha gozado de gran simpatía, pero afirmó que el objetivo de la institución es terminar con los privilegios y las influencias políticas que distorsionan la aplicación de la normativa.
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“Creo que todos tenemos que cumplir la ley por igual, no tiene que haber diferencias y nosotros trabajamos en ese sentido”, enfatizó. Orué destacó además que la DNIT se encuentra en un proceso de consolidación institucional tras dos años de funcionamiento.
También subrayó la importancia de que la ciudadanía confíe en la labor de la entidad más allá de las personas que la dirigen. “Los cargos son coyunturales, pero la institución es la que debe tener ese apoyo y esa seguridad de que lo que hace será respetado”, remarcó ante la 1020 AM.
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Presidente de gobierno español dice que “hay jueces haciendo política”
El presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, acusó este lunes a jueces de su país de estar “haciendo política”, al ser interrogado sobre presuntos casos de corrupción en los que se cuestiona a varios de sus allegados.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna", dijo el jefe de gobierno socialista en una entrevista televisada, refiriéndose a los casos en que están involucrados entre otros su esposa Begoña Gómez y el hermano menor de Sánchez.
“Afortunadamente es la minoría, pero la hay y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia, al poder judicial”, agregó en una entrevista en la televisión pública RTVE.
“Yo nunca pensé que esto pudiera pasarle a una persona que ejerza responsabilidades políticas, porque además, esto proviene de denuncias falsas”, puntualizó.
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Se usan “recortes de prensa de organizaciones ultraderechistas que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa en este caso contra familiares, familiares como mi hermano o como mi esposa”, señaló.
“Yo no tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción”, dijo Sánchez refiriéndose además a tres colaboradores suyos imputados.
Sánchez rechazó que haya cualquier tipo de “corrupción sistémica” en el Partido Socialista español del que es primer secretario.
La esposa del presidente de gobierno español fue convocada para el 11 de setiembre por un juez en el marco de una investigación por desvío de fondos, según un portavoz de un tribunal de Madrid.
Según los medios españoles, el juez busca saber si una funcionaria empleada en el equipo del presidente de gobierno trabajó para Begoña Gómez, en la época responsable de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.
Desde abril de 2024, Gómez está imputada también por corrupción y tráfico de influencia. Gómez, que dirigía hasta el inicio de clases de 2024 un máster de gestión en la Universidad Complutense de Madrid, es sospechosa para el juez de haber utilizado en su beneficio las funciones de su esposo para obtener financiamientos para su máster, especialmente ante el empresario Juan Carlos Barrabés.
La investigación se abrió tras quejas de dos grupos relacionados con la extrema derecha. Esta investigación es uno de los muchos casos de corrupción en que están involucrados allegados a Sánchez, y que llevó a la oposición a pedir con frecuencia su renuncia.
El antiguo cercano colaborador de Sánchez, Santos Cerdán, tercero en la jerarquía del Partido socialista, fue detenido provisionalmente en junio en el marco de una investigación sobre sobornos relacionados con varios contratos públicos.
En el centro de esta misma investigación se encuentran también el exministro y cercano colaborador de Sánchez, José Luis Ábalos, y su cercano consejero, Koldo García.
El hermano menor de Pedro Sánchez es también objeto de una investigación desde 2024 por desvío de fondos, tráfico de influencia y fraude fiscal.
- Fuente: AFP
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