El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este está revelando cada vez con más claridad cómo funcio­naba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embol­sillarse millonarias sumas per­tenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el pro­ceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.

Mientras continúa la inter­vención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo ope­raba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña. Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien pla­neado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económi­cos como elementos para seña­larlos por las figuras penales de lesión de confianza, adminis­tración en provecho propio y asociación criminal.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el inten­dente “opositor” Miguel Prieto anunciaba con bombos y plati­llos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgen­cia” a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se con­cretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publi­cando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la municipalidad firmaba con­trato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se ela­boraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encon­traba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhi­biendo incluso canastas en sus videos. El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gas­tos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela SRL.

A la “escenografía” que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del che­que que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el direc­tor administrativo de la Muni­cipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.

Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela SRL de Fermín Áva­los a Danielito SRL de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Mar­tínez, quien ya contaba con millonario contrato de ali­mentos.

Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue sola­mente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela SRL.

El Departamento de Crimen Organizado realizó verifica­ciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figu­ran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero o en otros departamentos del país ale­jados de Ciudad del Este.

Por si fuera poco, en las planillas, datos que debieron ser con­signadas por los beneficia­rios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simu­lar la entrega de los kits.

El subdirector de seguridad de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), Gustavo Sandoval, destacó la cooperación brindada al operativo fiscal-policial realizado este martes en las oficinas aduaneras del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Afirmó que “prácticamente” se hizo una entrega vigilada que posibilitó la detención de los funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) vinculados al presunto esquema de coimas.

“Nosotros estamos cooperando con el Ministerio Público y toda la información referente a este operativo está a cargo justamente de la gente fiscal. Estamos cooperando en la investigación con la Policía Nacional y el Ministerio Público”, dijo a los medios de prensa.

Al ser requerido si efectivamente se concretó una entrega vigilada, el funcionario de la Dinac respondió: “Y prácticamente. Hay una denuncia, el Ministerio Público se constituye aquí y nosotros estamos colaborando con esta investigación, de manera a facilitar todos los elementos para que puedan tener una visión holística sobre este tema”, manifestó.

Detalló que todas las evidencias colectadas en la intervención fueron lacradas. “Tres personas están demoradas“, confirmó al aludir a los funcionarios Juan Arroyo, Robert Fernández y Javier Acosta.

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El titular de la DNIT, Óscar Orué, manifestó que el operativo se concretó tras denuncias recibidas por parte de un importador.

“Nosotros recibimos una denuncia hace unos días de una persona, entonces derivamos a la Fiscalía. La Dirección Anticorrupción recibió esa denuncia y se comunicó con el Ministerio Público. La persona denunciante proporcionó datos y la Fiscalía actuó en consecuencia", dijo a la 1020 AM.

Ratificó la postura del gobierno de combatir la corrupción en las administraciones aduaneras.

“Estos son casos que queremos que se eliminen en todas las administraciones aduaneras. Para nosotros es importante que se pueda dilucidar el caso y que se pueda encontrar a los responsables, en caso de que haya pruebas”, subrayó.

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El fiscal Óscar Fernández sostuvo que con la apertura de la caja fuerte se podrá decidir el futuro de los pilotos de la aeronave incautada en la ciudad de Quyquyhó. Adelantó que no observó ninguna situación de violencia en ellos, pese a que habían denunciado ser víctimas de un supuesto secuestro.

“Este es un hecho que aconteció el día sábado en el horario de la mañana, donde la avioneta fue contratada a los efectos de transportar una caja fuerte al departamento de Canindeyú, donde debía haberse realizado la entrega”, relató al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Yo ordené la detención de los mismos porque conforme a sus manifestaciones el tema del secuestro, yo accedí a una filmación que obtuvieron los oficiales que están a cargo de la investigación. Y realmente yo no observé ninguna situación de violencia o fuerza, o atraco relacionado así a un tipo de secuestro. O sea, esa imagen no me coincide con la declaración de los pilotos”, remarcó.

El agente del Ministerio Público indicó que llegando al lugar el piloto y el copiloto descendieron de la aeronave y supuestamente fueron secuestrados por cuatro personas de nacionalidad brasileña.

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“Dos de ellas suben en el avión y dos de ellas quedan en el vehículo que posteriormente fue abandonado e incinerado”, describió. Siguió contando que una vez en el aire ambos fueron obligados a dirigirse a Bolivia, pero por el camino el piloto alertó que iba a quedar sin combustible.

Entonces, se dirigen hacia Concepción donde quisieron descender y el piloto nuevamente advirtió que hay un destacamento militar por lo que iba a ser imposible cumplir la orden de aterrizaje en ese sitio.

“Entonces vuelven a la ciudad de Paraguarí donde descienden en la parte de Quyquyhó (María Antonia) en una estancia. Cuando ellos bajan, vecinos alertan a la Policía de la zona a los efectos de que puedan proceder y se constituye en el lugar”, subrayó.

Supuestamente en el lugar, los pilotos fueron llevados hacia una zona boscosa y sus captores huyeron, conforme declararon los afectados.

Así también, el agente fiscal Fernández indicó que hay varias hipótesis en torno a la caja fuerte incautada y que debe ser revisada con autorización judicial. Se sospecha que podría contener cocaína o dinero en efectivo, o lingotes de oro. La apertura debe ser autorizada por la juez penal de garantías de Quiindy.

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Varios paquetes con envoltorio de una marca de harina, pero que en realidad tenían en su interior marihuana fueron incautados cuando una mujer intentaba introducir en la Penitenciaría Regional de San Juan Bautista, departamento de Misiones. El total de la droga decomisada es de 1.453,6 gramos.

La marihuana estaba distribuida en 3 paquetes, una con dos bolsitas que totalizó 398,6 gramos, otra con 3 bolsitas de 634,3 gramos y la tercera con dos bolsitas de 420,7 gramos. Resultó detenida Angélica María Huespe Acosta, quien alegó que se trataba de harina para “preparar tortillas”. La misma quedó a disposición del Ministerio Público.

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En el procedimiento intervinieron agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Regional n.°8 de San Ignacio Guazú tras el aviso de agentes penitenciarios y la Policía Nacional, quienes se percataron de que la mujer intentaba introducir droga al penal.

En un comunicado, la Senad señala que este tipo de hechos confirma que el tráfico de drogas no se detiene ante ninguna barrera y refuerza la necesidad de mantener estrictos controles y una presencia activa del Estado en todos los niveles, incluyendo las penitenciarías.

Con el objetivo de evitar que las penitenciarías se conviertan en centros de distribución de drogas, la Senad, junto con otras instituciones, coordina tareas de prevención para preservar la integridad de estos espacios.

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