Caso Sol Chávez: juicio oral de odontóloga y bioquímica en etapa de declaración de testigos
Compartir en redes
En el juicio oral y público que enfrentan la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y la bioquímica Sandra Hermosa, acusadas por la muerte de María Sol Chávez, quien falleció por intoxicación por sobredosis de flúor tras ser recetada en cantidad excesiva, declararon los padres de la joven víctima del lamentable suceso.
Los mismos brindaron su testimonio ante el tribunal de sentencia integrado por los magistrados Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee, quienes deberán evaluar y aplicar la pena justa para cada una de las acusadas.
Al terminar la audiencia oral de la fecha se produjo un fuerte cruce entre José Domingo Chávez, padre de la joven fallecida María Sol Chávez, quien amenazó de muerte a las dos acusadas.
A raíz de este hecho intervinieron agentes de la Policía Nacional, quienes acompañaron al padre de la víctima hasta la salida del Poder Judicial para evitar que se pueda cruzar de nuevo con las dos acusadas y sus familiares. El padre de la joven víctima no pudo superar el fallecimiento de su hija y sigue aún con tratamiento psicológico y psiquiátrico.
Este es el segundo juicio debido a que ya el año pasado se realizó la audiencia oral en la que la odontóloga fue sentenciada a cuatro años de cárcel, mientras que la bioquímica fue condenada a tres años de pena privativa de libertad. Ambas fueron halladas culpables en un juicio oral y público del hecho de homicidio culposo.
A Ultranza Py: comenzó el juicio oral a Miguel Insfrán, alias “Tío Rico”, y otros 17 acusados
Compartir en redes
Se inició el juicio oral y público para Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, y otros 17 acusados en el caso A Ultranza Py. Las defensas intentaron suspender la realización de la audiencia oral, pero el tribunal de sentencia que preside la jueza María Luz Martínez rechazó el pedido de posponer el juicio oral y dio comienzo al mismo.
La audiencia oral se desarrolló vía telemática para los acusados, quienes están presos en diferentes penitenciarias. En el caso de Miguel Ángel Insfrán, el mismo está preso en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar el presente caso está conformado por la jueza María Luz Martínez e integrado por Federico Rojas y Dina Marchuk, quienes fijaron la prosecución de la audiencia oral para el día unes 14 de julio a las 08:30; mientras que el fiscal del caso es Deny Yoon Pak.
Además de Miguel Insfrán, están incluidos en este proceso, por tráfico de drogas y algunas por lavado de dinero:
el exdiputado Juan Carlos Ozorio
Conrado Insfrán, hermano de “Tío Rico”
Fernando Sebriano
José Enrique Gamarra
Alexis González Zárate
Reina Mercedes Duarte
Fátima Irene Koube
María Noelia Colmán
Alberto Koube Ayala
El Ministerio Público acusó a Tío Rico por presuntamente liderar un esquema criminal dedicado a introducir droga a Paraguay y enviarla al exterior. La Fiscalía cuenta con un arsenal de alrededor de 1.600 documentaciones, una acusación de más de 170 páginas, pericias de equipos informáticos, telefónicos y revenido químico, y unos 90 testigos en el marco de la causa.
Recluso de CDE llamó al 911 y pidió auxilio por supuesta amenaza de muerte
Compartir en redes
La Policía Nacional llegó este jueves hasta la penitenciaría de Ciudad del Este luego de que recibiera una llamada por parte de un recluso quien afirmó que su vida estaba en peligro tras una amenaza de muerte. El hombre realizó la llamada desde un celular al sistema 911.
Según el comisario Jorge Villalba, el sistema de emergencia de la Policía Nacional recibió la llamada desde el centro de reclusión, por lo que acudieron con una patrullera para constatar el hecho.
Se trata de la segunda vez que el interno realiza este tipo pedido de ayuda y que ya fue trasladado a otro pabellón por ese motivo.
“El personal de servicio externo acudió hasta la penitenciaría regional donde fue recibido por el jefe de seguridad con quien se dialogó sobre esta denuncia. Supuestamente la llamada fue hecha por un reo que estaba recibiendo amenazas por parte de reclusos de otros pabellones”, expresó Villalba, en entrevista con C9N.
Explicó que el hombre fue identificado como Alberto Marín Segovia, de 37 años, supuesto integrante del clan Rotela. El hombre se encuentra recluido hace más de nueve meses por violación a la ley 1340 y se lo detuvo con varias dosis de cocaína. Además, tiene antecedentes por violencia familiar.
El comisario indicó que no es la primera vez que este interno realiza este tipo de llamados e incluso sus familiares reportaron que les contactó en otras oportunidades para pedirles ayuda. “Según manifestación del jefe de seguridad no es la primera vez que está realizando y ya en fechas anteriores patrulleros acudieron”, puntualizó.
Caso Joaquín Roa: Fiscalía sostiene que licitaciones fueron direccionadas
Compartir en redes
En el marco del juicio oral y público que enfrenta el extitular de la Secretaria de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, el Ministerio Público presentó sus alegatos iniciales donde expuso que el acusado benefició con contrataciones a las empresas de Alberto Koube, y producto de esas adjudicaciones supuestamente se dedicaban a lavar dinero proveniente del narcotráfico.
El representante del Ministerio Público sostuvo que el acusado pudo simular la compra del lujoso yate que estaba a nombre de Roa y que se demostrará la responsabilidad del procesado en los delitos que la fiscalía acusó.
El fiscal Silvio Corbeta fue quien expuso los alegatos iniciales en el juicio oral y público contra del extitular de la SEN, Joaquín Roa, quien está siendo juzgado por lavado de dinero y otros delitos. También el fiscal aseguró que cuenta con elementos suficientes para demostrar que el acusado lavó dinero y benefició 11 contrataciones direccionadas al empresario Alberto Koube, procesado por narcotráfico en la causa A Ultranza Py.
Roa está acusado por los hechos de cohecho pasivo agravado (coima), lavado de dinero, lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos.
Si bien Roa hizo solo un pago parcial respecto a la embarcación, según el fiscal, el contrato de compraventa se hizo sin certificación de firmas, suscrito con el Grupo Tapyracuai SA, y el exministro supuestamente intentó justificar la procedencia y adquisición de la embarcación valorada en G. 3.200 millones (USD 450.000).
En el presente juicio oral está siendo juzgado el empresario Koube, acusado por lavado de dinero, lesión de confianza (en calidad de cómplice), asociación criminal y lavado de dinero.
Juicio oral de Paraguayo Cubas se pospuso porque Corte debe resolver acción de inconstitucionalidad
Compartir en redes
Se suspendió el juicio oral y público para el excandidato presidencial, Paraguayo Cubas, acusado por perturbación de la paz pública y otros delitos por los disturbios ocurridos frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral tras la victoria de Santiago Peña.
El tribunal de sentencia integrado por Héctor Capurro, Cándida Fleitas y Cristian González, hicieron lugar a la reposición de la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien sostuvo que presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la convocatoria al juicio oral y público fijado para los días 17 y 18 de julio porque existe pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra un fallo que, a su criterio, vulnera derechos fundamentales.
La acusación contra Cubas fue presentada en junio de 2023 por los agentes fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia. En el documento sostienen que el líder político convocó a sus seguidores a tomar las calles, expresando su descontento con los resultados preliminares transmitidos a través del TREP.
Alegan que sus discursos incendiarios y publicaciones en redes sociales incitaron a la violencia, llevando a manifestaciones en diversas ciudades del país. Las protestas derivaron en disturbios, daños a la propiedad pública y privada, así como agresiones a agentes policiales.
La acusación contra Cubas está respaldada por una serie de pruebas contundentes, como ser: pruebas documentales, pruebas audiovisuales, denuncias realizadas por la coordinadora de la Dirección Jurídica de la Justicia Electoral y evidencias incautadas.