El juez Rodrigo Estigarribia ratificó la prisión preventiva del tarotista Diego Parra, imputado por estafa mediante sistemas informáticos y lavado de dinero. El magistrado decidió mantener la prisión teniendo en cuenta la gravedad de los tipos penales por los que está procesado el imputado.
Parra Arboleda está siendo investigados por hechos punibles graves, que son estafa mediante sistema informático y el lavados de activos en la modalidad de transacciones de tarjetas de créditos fraudulentas, y que posiblemente se habría causado un daño patrimonial al ente financiero emisor de la tarjeta de crédito por un valor en guaraníes que superan presuntamente los mil millones.
La resolución judicial puede ser apelada por la defensa del imputado y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que deba estudiar si corresponde confirmar el fallo judicial firmado por el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.
El tarotista y parapsicólogo Diego Parra, su esposa Karina de Parra y Milka López González fueron imputados por la fiscal Ruth Benítez por estafa, lavado de dinero y otros delitos en el marco de una investigación por el perjuicio de G. 1.800 millones a una entidad financiera.
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Tía Chela, la gran estafa de la administración Prieto para embolsillarse fondos en pandemia
La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este, está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.
Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.
Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la Municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.
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“Recordatorio”, de comisión en anverso de cheque
A la “escenografía”, que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.
Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela S.R.L de Fermín Ávalos, a Danielito S.R.L de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.
Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos, hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela S.R.L.
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Algunos “beneficiarios”, ni siquiera están en el país
El departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero, o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.
Por si fuera poco, en las planillas datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.
Compraban cantidades de combustible imposibles de consumir
Un nuevo hilo del ovillo fue publicado este martes en el diario La Nación. Este nos lleva a la detección de un esquema dedicado a desviar fondos utilizando como pantalla el consumo de combustible para la municipalidad.
En el “teatro” que armaron, no tuvieron en cuenta que es físicamente imposible que en un solo día un automóvil utilice casi 100 litros de combustible. Según el documento que presentaron, un solo vehículo cargó G. 800.000 de carburante en un día,
Todos los datos detectados fortalecen cada vez más la sospecha de que en la administración municipal esteña instauró un esquema corrupto que aprovechaba su posición de privilegio para sustraer sistemáticamente dinero público.
No se descarta que en el transcurso de los días salgan a luz nuevas denuncias relacionadas a acciones irregulares bajo el consentimiento cómplice del intendente Miguel Prieto.
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Autopsia del integrante del EPP, alias “Loro”, se realizará este martes
El juez Osmar Legal autorizó la realización de la autopsia de Rubén Darío López, alias “Loro”. La diligencia se llevará a cabo este martes a las 09:00 en la Morgue judicial.
El procedimiento formará parte del anticipo jurisdiccional de prueba, lo que implica que deberá estar el juez Legal, así como los agentes fiscales y un defensor público.
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El integrante del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), fue abatido el domingo en la reserva de Mbaracayú en un enfrentamiento con fuerzas militares. El fallecido fue identificado como Rubén Darío López, alias “Loro”. El hombre había sido detenido en 2012, en la zona de Arroyito, por agentes de la unidad antisecuestro y remitido a la penitenciaría de Concepción, de donde se fugó el 3 de noviembre del 2013.
La confrontación entre los miembros del EPP y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) se registró cerca de las 11:30 del domingo último en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú. De acuerdo al informe policial, el conflicto tuvo lugar en un sitio conocido como Guyra Kejha, entre las colonias Triunfo y Brítez Cué, en la jurisdicción del distrito de Yby Pytã.
El EPP se desmonta con el fallecimiento de “Loro”
Autoridades de las fuerzas de seguridad brindaron una conferencia de prensa en la que confirmaron la identidad del miembro del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El fallecimiento de Rubén Darío López, en medio de un operativo, arrojó evidencias y elementos que muestran el debilitamiento de dicha facción.
“Lo que nosotros encontramos ahora y con todas las evidencias y con todo lo que se va a analizar a partir de ahora, es que el EPP tuvo un paro importante en su proyección estratégica de crecimiento y para el posicionamiento del para qué ellos se formaron. El trabajo de este equipo que es coordinado, hace posible estos resultados y hace que el EPP nunca haya crecido”, aseveró Nimio Cardozo jefe del departamento de Antisecuestro de la Policía Nacional.
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Pavo Real 1: abogado y otros dos acusados enfrentaran juicio oral y público
El juez Osmar Legal elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta el abogado Daniel Montenegro, así como Ángela Kunrath y César Nicolás Fernández González, acusados por supuestamente actuar como testaferros y colaboradores de la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão, ocultando bienes mediante empresas de fachada y operaciones simuladas de compraventa de inmuebles.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. Ahora el caso se deberá acumular al proceso que enfrentan otros acusados por el operativo conocido como Pavo Real 1.
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En el presente caso los acusados que estarán sentados en el banquillo de los acusados son:
Adrián Rolando Brizuela Olmedo
Gabriela Esther González Jacquet
Carlos Andrés Oleñik Memmel
Pedro Pablo Seall Melgarejo
Lilia Haydée Ayala de Silva
Jorge Fernando Mora Galeano
Renan Gilberto Mora Benítez
Ronaldo Adalberto Serrati Duarte
Evaldo Andrade Dos Santos
Víctor Hugo Paniagua Fretes
María Cristina González Ibarra
Nancy del Carmen Alfonso Prieto
Raquel Amaro Fernández
Marcos Raúl Aveiro Mendoza
Zunilda Ferreira Escobar
Sonia Lorena Arce Cáceres
Alberto Manuel Barboza Beraud
Ricardo Sanabria Ferreira
Olga Elena Reichardt de Souza
Alexandre Reichardt de Souza
Amílcar Battaglin de Souza,
Rosely Messias Da Silva Pavão
Antecedentes
En el proceso penal, varias personas fueron acusadas de formar parte del esquema de lavado de dinero del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavao, privado de su libertad en una cárcel de máxima seguridad en Brasil.
Los fiscales antidrogas Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres pidieron juicio oral para las 23 personas que formaron parte de un esquema criminal para lavar dinero narco en Paraguay y ocultar bienes a través de testaferros. El Ministerio Público solicitó el comiso de más de 100 inmuebles, entre los cuales figuran dos hoteles en Pedro Juan Caballero, por aproximadamente USD 150 millones y USD 2 millones, depositados en las cuentas de los acusados Angela Kunrad y el abogado Alfredo Duarte.
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Caso Felicita: decretan prisión preventiva de supuesto autor del homicidio
El juez penal de Garantía, Hilario Bustos, decretó la prisión preventiva de Fredy Florenciano Brítez, quien estuvo prófugo durante 21 años y quien fue detenido en Caaguazú, por abuso y posterior homicidio de la niña Felicita Estigarribia, conocida como la “niña de las mandarinas, ocurrido en Yaguarón en mayo de 2004.
La audiencia de imposición de medidas cautelares se desarrolló en el juzgado de Paraguarí, cabecera departamental, y circunscripción judicial donde sucedió el hecho. El detenido cumplirá la prisión preventiva en la cárcel de Misiones.
El magistrado explicó que con el levantamiento del estado de rebeldía, los plazos de la etapa investigativa se reanudan. Asimismo, se ha señalado el plazo de 6 meses al Ministerio Público para la presentación del requerimiento conclusivo y la calificación provisoria es la de homicidio doloso.
Agentes del Grupo Lince detuvieron en Caaguazú a Fredy Antonio Florenciano Brítez, presunto autor del asesinato de Felicita Estigarribia. El hombre, quien hoy está a cargo de las autoridades, estuvo prófugo de la Justicia durante 21 años.
Florenciano Brítez contaba con 12 órdenes de captura y su detención se logró durante un control de rutina. El detenido era identificado con el alias “Fredy loco”, actualmente tiene 41 años y estuvo con paradero desconocido desde el horrendo crimen de la niña de tan solo 11 años. El día del asesinato, Felicita Estigarribia salió a vender mandarinas como todos los días, para ayudar a su familia, pero jamás volvió a su domicilio.
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