El juez Osmar Legal revocó las medidas alternativas y decretó la prisión preventiva de Juan Villalba, exdirector de la PMT de Asunción, acusado por violencia familiar. Debido al comportamiento procesal del acusado, el referido magistrado decidió revocar las medidas y ordenar la prisión del acusado.
“El acusado se ha mostrado renuente al cumplimiento de los llamados realizados por este juzgado para el avance armónico del proceso penal, en ese sentido, consta en autos, actos dilatorios realizados por el hoy procesado tendientes a obstaculizar el desarrollo del proceso hoy seguido”, indica parte de la resolución del juez Legal.
En su momento, Villalba fue beneficiado con medidas sustitutivas, como la obligación de comparecer ante el juzgado de forma trimestral, comunicar cualquier cambio de domicilio, prohibición de salir del país sin autorización, de acercarse a las víctimas, entre otras.
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Acusación
Las fiscalas Fátima Villasboa y Susana González presentaron acusación contra el exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción (PMT), Juan Villalba, por violencia familiar contra su esposa y cuñada. Asimismo, solicitó este viernes que el caso sea elevado a juicio oral y público, según informó la periodista de Última Hora, Liz Acosta.
De acuerdo con la acusación, el 5 de diciembre del 2023, alrededor de las 4:00, Juan Villalba y su esposa mantuvieron una discusión en el dormitorio debido a que la mujer se opuso a que el sospechoso haga un viaje. Ella buscó impedir que Villalba saliera del departamento, por lo que aparentemente él la agredió físicamente.
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Exsenador demócrata Bob Menéndez, condenado a 11 años de prisión por corrupción en EE. UU.
- Fuente: Agencia AFP
El exsenador demócrata de origen cubano Bob Menéndez, uno de los políticos que gozó de más poder en Washington, fue condenado este miércoles a 11 años de cárcel por corrupción, fraude y trabajar como agente para el gobierno de Egipto, informaron medios estadounidenses.
El excongresista de 71 años, en cuya vivienda se encontraron fajos de dólares y lingotes de oro, había sido declarado culpable por un jurado en julio de 16 cargos por soborno, fraude, extorsión, obstrucción a la justicia y recibir pagos para favorecer al gobierno egipcio y ayudar a un fondo de Catar. “En algún punto del camino... perdiste el rumbo”, dijo el juez Sidney Stein al anunciar la sentencia. “Trabajar por el bien público se convirtió en trabajar por tu bien”.
La fiscalía había pedido al menos 15 años de prisión para el exsenador por el estado de Nueva Jersey, quien renunció a la todopoderosa presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores cuando estalló el caso en octubre de 2023. La defensa, por su parte, había solicitado solo 27 meses con “al menos dos años de servicio riguroso a la comunidad”.
“Voy a pedirles clemencia, no por mí, sino por Anthony”, dijo Menéndez llorando al conocer la decisión, refiriéndose a su hijo autista, informó The New York Times.
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La policía halló en 2022 durante un allanamiento del domicilio familiar de Menéndez y su esposa, Nadine Arslanian, más de 480.000 dólares en efectivo escondidos entre ropa y zapatos y en una caja fuerte, así como 13 lingotes de oro valorados en 150.000 dólares y un auto descapotable Mercedes Benz.
Según la fiscalía, este hijo de cubanos que llegaron a Estados Unidos en la década de 1950, antes de la revolución cubana, utilizó su poder e influencia entre 2018 y 2022 para ayudar, junto a su pareja, a los empresarios Wael Hana, Fred Daibes y José Uribe, a conseguir favores a cambio de sobornos.
Hana y Daibes, egipcios-estadounidenses y coacusados en este mismo caso, fueron también condenados por soborno. El primero recibió 8 años de cárcel y 1,3 millones de dólares de multa y Daibes, 7 años de prisión y una sanción de 1,75 millones. Está previsto que la esposa de Menéndez también se siente en el banquillo a partir del 18 de marzo, ya que por problemas de salud no lo pudo hacer con el resto de los acusados.
Excluido de las filas demócratas, el político había anunciado que se presentaría a las elecciones de noviembre como independiente. Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez fue un feroz opositor a la normalización de las relaciones con Cuba, un acérrimo enemigo de Venezuela y China y un firme defensor de Israel.
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La UE propone aranceles a nuevos productos agrícolas rusos
- Fuente: Agencia AFP
La Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque comunitario, propuso el martes imponer aranceles sobre nuevos productos agrícolas y fertilizantes rusos para “debilitar” una fuente de ingresos que permite a Moscú financiar su guerra contra Ucrania.
Los nuevos impuestos se sumarían a los que la Unión Europea impuso el año pasado -en la primavera boreal- a los cereales, oleaginosas y derivados rusos.
“Estos aranceles están cuidadosamente calculados”, subrayó el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic. “Nuestro objetivo es debilitar aún más la economía de guerra de Rusia, mientras reducimos las dependencias de la UE”, explicó en un comunicado.
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La Comisión Europea precisó que las medidas no afectarían el tránsito a través de la UE de productos agrícolas con destino a países terceros, en África o en Medio Oriente por ejemplo, para “preservar la seguridad alimentaria mundial”.
El ejecutivo europeo no mencionó qué productos agrícolas o fertilizantes se verán afectados por estos aranceles. Pero sí aseguró que una vez que la medida sea adoptada por el Consejo Europeo, “todas las importaciones agrícolas procedentes de Rusia estarán sujetas a los aranceles de la UE”.
Los productos agrícolas de Bielorrusia, aliado de Moscú, también se verán afectados. Los 27 Estados miembros de la UE ya habían acordado en mayo elevar fuertemente los aranceles a la importación de productos agrícolas de Rusia. Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.
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Ministerio de Economía y sector privado apoyarán a productores afectados por la sequía
Este martes, representantes del sector privado y el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, junto a un equipo técnico, mantuvieron una reunión en la que trabajaron por el desarrollo de instrumentos y herramientas que darán un soporte a los agroproductores que están afectados por la falta de lluvia.
Uno de los involucrados en este acuerdo es Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), quien expresó que la campaña agrícola 2024/2025 enfrenta una situación complicada y un panorama incierto. Sin embargo, destacó la disposición del Gobierno para buscar soluciones mediante un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, con el objetivo de abordar el problema de manera anticipada y eficaz.
En comunicación con La Nación/Nación Media, Héctor Cristaldo explicó que se habló sobre la situación del campo y ver qué tipo de herramientas financieras se pueden otorgar a los productores, especialmente a aquellos que vienen arrastrando deudas desde el 2020; sin embargo, no quiso adelantar nada preciso, respecto a cuáles serán los instrumentos, porque eso lo definirá el equipo técnico del MEF.
“El objetivo es fundamentalmente que los productores tengan condiciones para volver a sembrar en la próxima en la próxima campaña. Se van a buscar soluciones dentro de los mecanismos de mercado, sin entrar en medidas populistas como condonaciones de deudas”,
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Medidas
Ante la crisis que atraviesa el sector productivo, el BCP dispuso la vigencia de medidas transitorias de apoyo a los productores, que buscarán mitigar los efectos económicos generados por las condiciones climáticas adversas relacionadas al fenómeno “La Niña”.
Esta decisión permitirá la renovación, refinanciación o reestructuración de préstamos, incluyendo intereses devengados, sin afectar de forma negativa la calificación crediticia de los productores y facilitando con ello el acceso a mejores condiciones financieras para superar este ciclo adverso. Las medidas también incluyen la exigencia de un análisis financiero individualizado en los casos de mayores riesgos, asegurando la viabilidad de las operaciones y protegiendo la estabilidad del sistema financiero.
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Fiscalía pide 12 años de prisión para exministro Walter Bower
La fiscal Sonia Sanguinés solicitó 12 años de prisión para el exministro del Interior, Walter Bower, por su implicancia en las presuntas torturas a dos policías en el contexto de un supuesto intento de golpe de Estado en el año 2000. Las víctimas, quienes fueron detenidas y sometidas a malos tratos durante los interrogatorios, eran sospechosas de estar vinculadas a esta tentativa de golpe contra el gobierno del entonces presidente Luis Ángel González Macchi.
El juicio por este caso se lleva adelante después de más de dos décadas de que los hechos ocurrieran, lo que ha generado una considerable discusión sobre la impunidad y el tiempo transcurrido antes de que se alcanzara una resolución judicial. Además de Bower, la Fiscalía también solicitó penas para los otros dos acusados en el caso: los policías Osvaldo Vera, y Merardo Palacios, quienes enfrentan solicitudes de 14 y 7 años de prisión, respectivamente.
Antecedentes
El 2000 fue un año crítico para Paraguay, marcado por la tensión política y las crisis institucionales. En medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno de González Macchi, varios sectores dentro de las fuerzas de seguridad fueron acusados de conspirar contra el gobierno. La detención de los supuestos implicados en el golpe de Estado se vio acompañada de denuncias sobre torturas durante los interrogatorios, hechos que luego fueron elevados a juicio.
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La acusación principal recayó sobre Bower, quien en su rol de ministro del Interior habría sido responsable directo de las operaciones de detención e interrogatorio de los implicados. Durante el juicio, se presentó evidencia de que las torturas fueron sistemáticas y tenían como objetivo obtener información que confirmara las supuestas conspiraciones.
Proceso penal
El juicio, que finalmente comenzó varios años después de los hechos, ha sido un proceso largo y plagado de obstáculos. En varias ocasiones, el Tribunal de Sentencia tuvo que suspender las audiencias debido a recusaciones de los jueces y otras complicaciones procesales. Sin embargo, en la actualidad, el caso parece estar llegando a su fin, y la fiscalía ha solicitado una condena firme para Bower, Vera y Palacios.
La gravedad de los hechos no solo radica en las torturas, sino en el contexto político y social de la época, que creó un ambiente propenso para que actos de esta naturaleza fueran aceptados como parte de la lucha por el control político.
La justicia paraguaya, sin embargo, está tomando medidas para dar un cierre a este oscuro capítulo de su historia. En este sentido, el caso de Walter Bower se ha convertido en un símbolo de las luchas por la justicia y la reparación.
La solicitud de 12 años de prisión es un recordatorio de que, aunque el tiempo haya pasado, los crímenes cometidos bajo el amparo del poder político no pueden quedar impunes. Este caso refleja además una transición en la política y la justicia en Paraguay, que busca sanar heridas del pasado y fortalecer el estado de derecho.
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