La Cámara de Apelaciones, conformada por Digno Fleitas, Arnulfo Arias y Jesús Riera, ratificó la resolución de la jueza Rosarito Montanía, quien días atrás confirmó que Miguel Ángel Insfrán alías “Tío Rico” siga privado de su libertad en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.
La defensa del procesado pretendía que se lo traslade a una penitenciaria con régimen más flexible, pero tal situación no se dio por lo que Insfrán seguirá en la mencionada penitenciaría.
Los camaristas mencionaron que los hechos nuevos alegados por la parte apelante, que las coyunturas esgrimidas por los abogados defensores no alteran las circunstancias fácticas de los hechos punibles acusados, por lo que no amerita variación alguna al respecto.
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Traslado a Minga Guazú
Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, fue trasladado por orden de la jueza Rosarito Montanía, al penal de máxima seguridad de Minga Guazú, donde cumplirá su condena en régimen cerrado. Se encontraba recluido en la cárcel militar de Viñas Cué. Insfrán está procesado en el marco del operativo A Ultranza Py, por el cual estuvo prófugo desde febrero de 2022, hasta su captura en Río de Janeiro (Brasil) en febrero de 2023, y su extradición a Paraguay, en mayo de 2023.
El operativo de traslado fue realizado por autoridades del Ministerio de Justicia con el acompañamiento de personal de la Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (Fope) de la Policía Nacional. El viaje desde Asunción hasta Ciudad del Este se realizó por vía aérea y posteriormente vía terrestre para llegar hasta Minga Guazú, en el departamento de Alto Paraná.
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Venezuela castiga con cárcel la cotización del “dólar criminal”
- Caracas, Venezuela. AFP.
Arrestos, advertencias y el regreso del “dólar criminal” al discurso del gobierno: Venezuela ejerce presión sobre el mercado negro cambiario para frenar la creciente brecha con la tasa oficial. El dólar se convirtió en la moneda de facto en Venezuela desde 2018, cuando el gobierno de Nicolás Maduro despenalizó informalmente su uso. Pero no hubo una dolarización formal y entonces coexisten un dólar “oficial”, regulado por el gobierno, y uno “paralelo”.
La siempre fluctuante brecha entre ambos mercados comenzó a abrirse a mediados de 2024, cuando el Banco Central de Venezuela (BCV) redujo sus intervenciones tras meses de estabilidad en la tasa y en los precios que coincidió con la campaña a la reelección de Maduro. El problema se disparó con la decisión de Estados Unidos de revertir una flexibilización al embargo petrolero en el país, que también inyectaba divisas al mercado.
El “dólar paralelo” llegó a cotizarse entre 25% y 50% por encima de la tasa del BCV. Pero la brecha se acortó ahora de manera momentánea con la detención de unas 25 personas que publicaban el valor del “paralelo”. Con los arrestos, desaparecieron también esos indicadores del precio del dólar “paralelo”. La confusión sobre su verdadero valor puede perjudicar al comprador, pero a veces también a quien vende.
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Moneda de facto
“Me sucedió en una ferretería, me salía la compra en total eran 60 dólares, y si pagaba en bolívares me salía casi en 86 al cambio” oficial, indicó Eleazar Armas, escolta de 52 años. “Cuando pido la explicación (...) me decían que eso era lo que valía el dólar”. “Si te pones a ver es una brecha (...), pierdo yo como comerciante”, explica de su lado a la AFP Nelson Martínez, un comerciante de 30 años.
En Venezuela, el pago en efectivo es normalmente en dólares, aunque la brecha cambiaria llevó a que la gente vendiera divisas para pagar con bolívares más baratos. Los comercios están obligados a cobrar a la tasa oficial, pero algunos usaban el paralelo. Otros hacían un promedio entre el oficial y el negro o tenían como referencia la tasa del euro, que es más alta. Está también el que hace un descuento de hasta 25% si el pago es efectivo o transferencia bancaria en dólares. El sistema de envío de dinero interbancario estadounidense Zelle es muy popular en Venezuela.
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Operación “silenciosa”
El mercado negro surgió en Venezuela a la sombra de un férreo control de cambio que estuvo vigente por 15 años. Las autoridades detuvieron en 2016 al dueño de una página web que cotizaba el dólar negro y más detenciones siguieron en años posteriores. El ministro del Interior, el poderoso Diosdado Cabello, explicó el pasado 28 de mayo que una investigación “silenciosa” llevó a los arrestos de esta veintena de supuestos responsables de fijar el paralelo en portales de internet ahora desaparecidos.
El dueño de una plataforma de criptomonedas, que servía también de referencia para el dólar, publicó un video para anunciar el cese de operaciones y expresar que estaba “arrepentido”. Aseguró que “de ninguna forma” buscó “promover la especulación sobre el dólar paralelo”. La brecha “no va a desaparecer de la noche a la mañana”, explicó Aaron Olmos, economista de la prestigiosa escuela de negocios IESA. “Puede tender a minorarse” tras los arrestos, pero “los comercios y las personas van a buscar una forma alternativa”.
“Dólar criminal”
La brecha cambiaria abre la puerta a más inflación, frecuente fantasma en la economía de Venezuela. Maduro culpaba al “dólar criminal” de la profunda crisis, que registró siete años de recesión y cuatro de hiperinflación. Fue la misma moneda que luego calificó de “válvula de escape” a la cruda realidad agravada con las sanciones al petróleo.
En marzo, cuando se expandía la brecha, arremetió de nuevo contra el “dólar de guerra”, un “viejo enemigo de la economía venezolana”. “El intento de controlar referencias cambiarias eliminando páginas (...) no corrige ni la escasez ni las expectativas”, dijo el economista Luis Vicente León. El cese de las intervenciones del BCV “ha permitido aumentar reservas, pero al mismo tiempo ha contribuido a una mayor devaluación del bolívar”.
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Joven imputada por caso de María Fernanda se expone a 30 años de cárcel
El agente fiscal Fermín Segovia, quien imputó a la joven de 19 años de edad, Mikahella Chiara Yasy Rolón Melgarejo, por incitación a cometer hechos punibles, omisión de dar aviso de un hecho punible, asociación criminal, apología del delito y feminicidio en carácter de instigadora, explicó que la misma se expone a una pena privativa de libertad de 30 años de cárcel de acuerdo a la normativa legal vigente.
Segovia señaló que “en el marco penal aplicable para el caso de feminicidio la expectativa de la pena es de hasta 30 años. La caratula atribuida por la fiscal titular que lleva el caso es la de instigación a cometer hechos punibles y grado de complicidad en feminicidio”, indicó.
Agregó que “la joven tiene 19 años y ya es mayor de edad, en consecuencia se aplica la ley plena, eso significa que es la máxima de 30 años de pena privativa de libertad.
Por su parte, el representante del Ministerio Público sostuvo que la defensa de la joven imputada, ha solicitado el arresto domiciliario y en caso de negarse eso, pidieron que la prisión preventiva sea en un régimen de penitenciaría como la protección y la seguridad de la persona.
“La investigación recién se ha iniciado, hay muchas aristas que deben ser confirmadas, hay datos que se están recabando y que podrían posibilitar otros tipos de procedimientos, hay que aclarar que estamos ingresando en la fase técnica, el uso de la tecnologías para ubicar lugares donde han asistido, por ejemplo, como también con quién se han comunicado, de manera a saber si hay otras personas que tuvieron relación con el hecho”, manifestó el fiscal Segovia.
Sostuvo que “se puede mencionar que de la farmacia se ha incautado muestra de medicamentos, algunos utilizados que van a ser remitidos a Medicina Forense para determinar la legalidad o no de la existencia en ese lugar y por otra parte, la habilitación que es una cuestión administrativa que intervendría el Ministerio de Salud”, manifestó el fiscal Fermín Segovia.
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Adolescente imputado por feminicidio solo se expone a 8 años de cárcel
A solo 8 años de cárcel se expone el presunto autor del feminicidio de la joven de 17 años de edad, María Fernanda Benítez, de acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 1680/01. La referida norma legal establece que los adolescentes no pueden recibir penas mayores a los 8 años de cárcel sin importar el delito que cometan.
Asimismo la agente fiscal del presente caso, Gladys Torales, indicó que la pena máxima para el presunto autor es de 8 años de cárcel. Esto se debe a que el joven tiene 17 años, por lo que será juzgado como adolescente, no como adulto.
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También indicó la representante del Ministerio Público sobre si es madrina o no del joven imputado. “No soy su madrina,” aclaró la fiscal, ya que se había difundido información afirmando que la misma guarda relación con la familia del presunto autor.
Traumatismos y embarazo
Se pudo evidenciar que la víctima sufrió dos traumatismos de cráneo cerrado en la zona izquierda de la cabeza, que le habrían sido infringidos con un objeto contundente. Este hecho hace suponer que de esta manera habrían inmovilizado a la joven. En el brazo izquierdo también se registró una fractura de radio y cúbito, que no se logró determinar si se habría provocado antes o después del deceso.
“Confirmamos que la joven estaba embarazada, encontramos el feto dentro de la cavidad uterina; el mismo tendría entre 14 y 15 semanas de gestación y se trata de un embrión de sexo masculino. En cuanto al momento del fallecimiento, según el estado de los restos, se puede determinar que su deceso se habría dado el día de su desaparición o a más tardar al día siguiente”, comentó el forense, Pablo Lemir.
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Fiscalía allana casa “fachada” de presunta red internacional de trata de personas
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La Unidad Especializada en Lucha contra la Trata de Personas de Alto Paraná, a cargo de la fiscal Vivian Coronel, realizó el allanamiento de una propiedad ubicada en Minga Guazú, presuntamente utilizada como fachada para captar mujeres y enviarlas a países de Europa, con fines de explotación sexual.
El procedimiento se realizó ayer jueves, en horas de la tarde, en cumplimiento de un mandamiento judicial firmado por el magistrado Nelio Prieto, del Juzgado de Atención Permanente. La agente fiscal estuvo en el lugar y ante la constatación de evidencias en la vivienda, solicitó la presencia de agentes del Departamento Antitrata de Personas de la Policía Nacional.
El allanamiento se realizó en el marco de una investigación sobre la presunta existencia de una red internacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. En el sitio allanado, se habrían encontrado evidencias relevantes dentro de la investigación que busca llegar a los responsables del tráfico de personas.
A raíz de los indicios hallados, el Ministerio Público incautó varios dispositivos móviles que se encontraban en poder de la persona investigada, cuya identidad, aún está reservada dentro del proceso. “Los celulares incautados van a proporcionar mucha información sobre un caso que estamos investigando hace tiempo”, dijo a La Nación/Nación Media, la fiscal Vivian Coronel.
La unidad fiscal cuenta con información que indica que las mujeres llegaban a esta parte del país desde el interior, para luego ser enviadas a París, Francia. Además, las negociaciones y pactos de precios se estarían manejando desde esta zona por las personas dedicadas a la explotación sexual.
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