Este lunes 21 de octubre seguirá el juicio oral y público para Patricia Ferreira Pascotini, Nidia Godoy, de la firma Imedic S.A., así como el despachante de Aduana Néstor Ramírez, acusados por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados, por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma que posibilitaron el ingreso de medicamentos oncológicos a nuestro país.
El Ministerio Público, durante la exposición de sus alegatos finales, solicitó para Patricia Ferreira la pena de 7 años de cárcel, para Nidia Godoy 6 años de pena privativa de libertad y para el despachante Néstor Ramírez la pena de 3 años de cárcel.
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Los fiscales Néstor Coronel y Luz Guerrero mencionaron que los acusados jugaron con la salud de la ciudadanía. Igualmente los fiscales sostienen que se ha probado que los acusados falsificaron facturas para que pueda ingresar medicamentos a nuestro país sin los controles correspondientes.
La audiencia oral sigue este lunes con la exposición de los alegatos finales de cada uno de los abogados defensores de los procesados. Ya luego se producirá la réplica y duplica, palabras finales de los tres acusados y posteriormente el tribunal de sentencia que integran Laura Ocampos, Fabián Weinsensee y Cándida Fleitas podrán deliberar lo que será la sentencia de primera instancia.
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A Ultranza Py: jueza elevó a juicio oral proceso de acusado de formar parte del esquema de Tío Rico
La jueza del Crimen Organizado, Rosarito Montanía, resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Rodrigo Emilio Montalva Agüero, detenido en febrero del año 2024 en el marco de la causa A Ultranza Py y quien es considerado parte del esquema criminal presuntamente liderado por Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y Sebastián Marset.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en Palacio de Justicia. La acusación fue presentada por el fiscal Deny Yoon Pak, quien sostiene que Montalva actuaba como operador logístico y financiero del presunto líder narco Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico” y que utilizaba su empresa Guaraní Business Import & Export S.A. como fachada para enviar cargamentos de cocaína ocultos en mercaderías lícitas hacia Europa y África.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, entre los años 2020 y 2021 la organización criminal logró exportar más de 17.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína, mediante operaciones encubiertas a través de compañías aparentemente legales, entre ellas Guaraní Business, Maxigrains, Artis S.A. y Neumáticos Guairá, todas vinculadas a los imputados.
Montalva fue detenido el 3 de febrero del 2024, en un intento de fuga hacia Brasil por el Puente de la Amistad. En ese momento presentó un documento de identidad falso a nombre de su hermano y portaba una importante suma de dinero en efectivo. Ya en el año 2022 había sido declarado en rebeldía y contaba con orden de captura internacional.
El Ministerio Público lo acusa de tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero y solicita además el comiso de bienes utilizados o adquiridos con dinero ilícito: desde una aeronave Cessna, vehículos de alta gama, montacargas y basculas utilizadas en los procesos de carga, hasta la propia empresa Guaraní Business, actualmente administrada por la SENABICO.
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Justicia argentina confirma que expresidente Fernández irá a juicio por violencia de género
- Fuente: AFP
La justicia argentina confirmó este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández, para que enfrente un juicio oral por los delitos de “lesiones graves” y “amenazas coactivas” en contexto de violencia de género contra quien era su pareja cuando ejercía la presidencia (2019-2023).
El exmandatario, de 66 años, había apelado el procesamiento del juzgado federal de primera instancia en febrero pasado, pero la Cámara Federal de Apelaciones no hizo lugar a los planteos de su defensa.
En el fallo de 82 páginas, al que accedió la AFP, Martín Irurzun, uno de los dos jueces que votó a favor de confirmar el procesamiento, dio por acreditadas “las diferentes formas de violencia de género que de manera continuada, entre 2016 y 2024, el imputado ejerció sobre la víctima”.
El magistrado señaló además que la violencia ocasionó “graves daños” en la salud de la exprimera dama, la periodista Fabiola Yáñez, “que fueron suficientemente probados”.
Irurzun también escribió que la “marcada desigualdad de poder” que Fernández mantenía sobre Yáñez y el “aislamiento” al que por estos hechos se vio sometida en la residencia presidencial “fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima”.
En tanto, el juez que votó en disidencia de sus dos colegas, Roberto Boico, propuso eximir a Fernández por detectar fallas y “sesgo” en la investigación.
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La causa inició el 6 de agosto pasado, cuando la ex primera dama denunció por violencia física y psicológica a Fernández, con quien tiene un hijo de 3 años.
Entre las pruebas recabadas en la causa se encuentran las halladas en el teléfono de la secretaria privada de Fernández, María Cantero, con fotografías que le había enviado Yáñez en las que aparecía con hematomas en su rostro y cuerpo.
El expresidente negó a través de un escrito en febrero haber ejercido “violencia física psicológica o económica” contra su expareja, y durante el proceso cuestionó la falta de testigos presenciales de lo que se le imputa, que los chats no fueron extraídos del dispositivo original y que los hematomas se correspondían con un tratamiento estético.
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Acusan y piden juicio oral por el delito de coacción para Luis Montanaro
El fiscal Federico Delfino, presentó acusación contra el empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya, por coacción cuya víctima fue la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien estaba a cargo de la Unidad 1 Especializada en Delitos Informáticos, y llevaba adelante la investigación fiscal sobre lesión del derecho a la comunicación y la imagen, por el cual Montanaro fue imputado y procesado penalmente.
El representante del Ministerio Público solicitó que el caso se discuta en un juicio oral y público atendiendo a todos los elementos de pruebas que se han recolectado durante la etapa investigativa. Ahora el juzgado penal de garantía deberá fijar una fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el acusado enfrentará un juicio oral y público.
De acuerdo a la investigación, el día 3 de noviembre del 2024, el investigado se habría apersonado hasta Florería Franco, ubicada sobre la Avda. España entre Santa Ana y San Rafael de la ciudad de Asunción, en donde habría consultado a una de las vendedoras del citado local comercial sobre el costo de unos ramos de flores, y posteriormente antes de retirarse habría dado instrucciones a la misma de que una persona posteriormente vendría abonar el costo de los mismos con las indicaciones de entrega.
Seguidamente, luego de retirarse, se habría comunicado telefónicamente con José Daniel Alderete Vázquez para que este realice una labor a pedido del mismo. Es así, que se concreta una reunión en el lugar indicado por Montanaro Bedoya (Avenida España y Dr. Escobar – Edificio Gral. Genes 623 de la capital).
En dicho lugar, Montanaro Bedoya, habría entregado a Alderete tres sobres conteniendo unas esquelas (las cuales iban dirigidas a la Sra. Ruth Benítez, a la denunciante de la causa que investiga la primera y a sí mismo), más la suma de G. 700.000 (setecientos mil guaraníes) y unas direcciones en la ciudad de Asunción.
Montanaro Bedoya, además, habría dado indicaciones a Alderete de que se dirija hasta la Florería Franco a fin de proceder al pago de 3 ramos florales que él mismo habría consultado momentos antes y que dichos arreglos sean entregados en los domicilios provistos por el mismo con los sobres señalados anteriormente. Con las instrucciones dadas por el hoy acusado, Alderete Vázquez se habría constituido ante la Florería Franco y realizó el mandato dado por Montanaro Bedoya.
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Exjueza civil Tania Irún enfrentará juicio oral por prevaricato
La exjueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, enfrentará un juicio oral y público por el delito de prevaricato por haber entregado de forma irregular 310 mil hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza en Alto Paraguay a empresas presuntamente de maletín. Así lo resolvió el juez Osmar Legal, luego de realizarse la audiencia preliminar en Palacio de Justicia. Ahora se deberá sortear quiénes serán los jueces de sentencia que tendrán a su cargo realizar el juicio oral a Irún.
Legal, luego del estudio pertinente, rechazó el incidente de la defensa de Irún, quien pretendía obtener el sobreseimiento definitivo y admitió la acusación del Ministerio Público, elevando el presente caso a un juicio oral y público.
La exjueza está acusada por prevaricato y fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados luego de comprobarse mal desempeño de sus funciones con los votos de los ministros Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia.
Acusación fiscal
En julio del año pasado, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil, Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la ex magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay.
La acusación también señala que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún, al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.
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