El presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo este martes un encuentro con productores de la Agricultura Familiar Campesina, donde se presentaron los principales avances alcanzados en el fortalecimiento del sector, las perspectivas del fenómeno de El Niño 2026/2027 y las acciones implementadas para garantizar una producción más competitiva. El jefe de Estado remarcó que el campo y el sector productivo son una prioridad para su gobierno.

Durante el conversatorio que mantuvo el mandatario con los productores, reafirmó la decisión de impulsar una transformación integral del campo paraguayo, fortaleciendo a los pequeños productores mediante acceso a tierra, títulos de propiedad, crédito, tecnología, capacitación, mercados y protección de la producción nacional.

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Al respecto enfatizó que el Gobierno dejó atrás un modelo basado únicamente en la asistencia para avanzar hacia una política pública que identifica a los productores reales, acompaña su desarrollo y genera condiciones para producir más, vender mejor y aumentar los ingresos de las familias rurales.

“El campo y el sector productivo son una prioridad para mí y para mi Gobierno. Toda la estructura del Estado trabaja de manera coordinada para que las oportunidades lleguen efectivamente al sector productivo y promover una nueva ruralidad que incentive el arraigo y el desarrollo en el campo”, enfatizó el presidente Peña.

Durante el encuentro, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, destacó varias acciones impulsadas por el Gobierno en favor de la agricultura familiar, como la entrega de insumos y el apoyo directo a productores, la expansión territorial de rubros estratégicos como papa, cebolla y tomate, así como la reducción de la estacionalidad, lo que amplió las cosechas en el año.

Asimismo, se resaltó la transformación de las redes de comercialización, promoviendo los mercados locales a través de las Ferias de la Agricultura Familiar, el Programa Hambre Cero y las ruedas de negocios con supermercadistas, generando mayor dinamismo económico en los territorios y reduciendo la concentración de la comercialización.

Estas acciones también contribuyeron a una mayor estabilidad en los precios de los productos agropecuarios, especialmente en las góndolas de supermercados, favoreciendo tanto a productores como a consumidores, destacó el ministro.

Otro de los avances presentados fue la consolidación del sistema de información agroclimática del MAG, que permite generar reportes técnicos para la gestión de riesgos y la toma de decisiones ante eventos climáticos adversos, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sector productivo.

En ese contexto, el ingeniero agrónomo Edgar Mayeregger, integrante de la Comisión de Evaluación de Riesgo, Contingencia y Promoción Agropecuaria, presentó el informe técnico “Perspectivas del Niño 2026/2027: Riesgos, oportunidades y recomendaciones para el sector agropecuario del Paraguay”, donde expuso los escenarios previstos para la próxima campaña agrícola y las medidas recomendadas para mitigar los efectos del fenómeno climático.

La presentación también incluyó los principales resultados de la Encuesta Económica de la Agricultura Familiar (ENEAF 2026), elaborada por el MAG, que evidencia importantes avances en el desarrollo del sector. El estudio revela que actualmente el 92% de las fincas de la Agricultura Familiar comercializa su producción, generando el 85% de sus ingresos dentro de la propia finca, lo que refleja una mayor capacidad productiva y de inserción en los mercados.

Los datos de la encuesta también muestran una reducción de la pobreza rural y destacan la contribución de la Agricultura Familiar al control de la inflación de los alimentos, gracias al incremento de la oferta y al fortalecimiento de los circuitos de comercialización.

Asimismo, destacaron que en los últimos tres años, los recursos del Estado fueron entregados a quienes realmente necesitan para producir como nunca antes en la historia del Paraguay. Esto gracias a que se depuraron los registros y la asistencia se focalizó en más de 7.000 productores reales, fortaleciendo el diálogo con las organizaciones campesinas.

Durante el encuentro se destacó además que el diálogo permanente entre el Gobierno Nacional y las organizaciones de productores ha permitido reconstruir la confianza institucional, consolidando espacios de trabajo conjunto y promoviendo soluciones consensuadas para el desarrollo de la Agricultura Familiar.

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Las noticias falsas, la posverdad y la creciente influencia de grupos de poder al margen de las instituciones representan hoy algunos de los principales desafíos para la independencia judicial y el ejercicio del derecho. Ese fue uno de los ejes centrales de la II Semana Jurídica desarrollada en Curuguaty, donde se analizó cómo la desinformación puede afectar el funcionamiento del sistema de justicia y debilitar el Estado de Derecho.

Durante la apertura del encuentro, realizado en la filial Curuguaty de la Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN), se debatió sobre el impacto que tienen los contenidos falsos y las campañas de manipulación de la información en la labor de jueces, fiscales y abogados, así como en la confianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.

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El análisis cobró especial relevancia en un contexto marcado por el reciente ataque contra una dependencia policial en el departamento de Canindeyú, un episodio que volvió a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas frente a escenarios de alta tensión y a la influencia del crimen organizado.

Durante la jornada también se advirtió sobre los riesgos que representan los llamados poderes fácticos cuando intentan condicionar las decisiones de los órganos de justicia o instalar narrativas destinadas a generar incertidumbre, desconfianza o caos social.

Otro de los puntos abordados fue la importancia de garantizar la independencia de los magistrados y preservar la objetividad en cada proceso judicial, evitando que factores externos o presiones mediáticas interfieran en la aplicación de la ley.

El debate incluyó además una reflexión sobre la ética profesional en el ámbito jurídico, resaltando que la formación técnica y la integridad continúan siendo pilares indispensables para quienes ejercen funciones dentro del sistema de justicia. Asimismo, se analizó el fenómeno de los llamados “juicios paralelos”, impulsados muchas veces desde redes sociales y otros espacios públicos, y cómo estos pueden afectar el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.

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La conferencia formó parte de la II Semana Jurídica organizada en Curuguaty, un espacio académico que reunió a estudiantes, docentes, magistrados y profesionales del derecho para debatir sobre los desafíos que enfrenta actualmente la administración de justicia en un escenario marcado por la rápida circulación de información y el creciente impacto de la desinformación.

El presidente de la República, Santiago Peña, verificó este viernes el avance de las obras del Hospital General del Chaco, ubicado en Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, una infraestructura sanitaria estratégica que apunta a transformar la atención médica en la región del Alto Chaco y beneficiar primeramente a unas 150.000 personas.

En el marco de su jornada de gobierno en el departamento de Boquerón, el jefe de Estado estuvo acompañado por la primera dama, Leticia Ocampos, la ministra de Salud Pública y Bienestar Social, Dra. María Teresa Barán, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, realizando un recorrido por la zona de obras del gran hospital y conocer pormenores del avance de los trabajos.

“Para nosotros esto es realmente una política de Estado, es mirar a los próximos 20 y 30 años. Mariscal Estigarribia va a tener un desarrollo tremendo en los próximos años” indicó Peña. Agregó que este proceso permitirá generar nuevas oportunidades para la población y favorecer que más profesionales de la salud puedan formarse y ejercer en el propio departamento, mediante una visión hospitalaria integral a nivel país.

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En este caso, combinará al Centro de Atención Integral a la Primera Infancia recientemente inaugurado y la culminación del Corredor Bioceánico, que permitirá generar nuevas oportunidades para la población y fortalecer la formación de profesionales de la salud en el departamento, con una inversión cercana a los USD 28 millones en aproximadamente 14.000 metros cuadrados de infraestructura.

El futuro hospital contará con 44 camas de internación, 21 unidades de terapia intensiva (neonatales, pediátricas y adultos), 19 consultorios y 4 quirófanos, mediante un proyecto que forma parte de un objetivo del Gobierno de ampliar la infraestructura sanitaria en todo el país.

Asimismo, tendrá áreas de urgencias diferenciadas, laboratorio, diagnóstico por imágenes, anatomía patológica, medicina transfusional, diálisis, farmacia, albergue, cocina, comedor, lavandería y esterilización, además de sectores verdes, estacionamientos diferenciados, helipuerto, planta de tratamiento de efluentes cloacales y sistemas automatizados de prevención y combate contra incendios.

Con estos recursos, más otras fuentes, se están llevando a cabo también la construcción de los hospitales de Concepción, Curuguaty, de San Estanislao, la modernización del INCAN y los proyectos de ampliación del Hospital Nacional de Itauguá y construcción de los grandes hospitales de Asunción y de Ciudad del Este.

Mariscal Estigarribia ha sido elegida como el “punto neurálgico” debido a su posición sobre el Corredor Vial Bioceánico, acompañando el crecimiento económico, productivo y social que atraviesa el territorio chaqueño, lo que generará un aumento significativo en la demanda de servicios en los próximos años, destacaron autoridades.

Infraestructura que será financiada por recursos garantizados en la tarifa de venta de energía entre Paraguay y Brasil en la Itaipú Binacional un plazo contractual de 21 meses, obra estratégica que forma parte de una inversión superior a USD 500 millones destinada a ampliar la capacidad hospitalaria, mejorar servicios y descentralizar la atención médica.

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La actividad en el Poder Judicial de Saltos del Guairá tendrá una pausa el próximo 30 de julio, luego de que la Corte Suprema de Justicia dispusiera asueto judicial en esa sede con motivo del 53.º aniversario fundacional de la capital del departamento de Canindeyú, informaron este jueves. Como consecuencia de la medida, todos los plazos procesales cuyo vencimiento estaba previsto para esa fecha quedarán automáticamente prorrogados hasta el 31 de julio de 2026.

Las autoridades también recordaron que la resolución fue adoptada durante una sesión plenaria de la máxima instancia judicial, en ejercicio de las atribuciones que la legislación le confiere para organizar el funcionamiento de los tribunales y garantizar la adecuada prestación del servicio de justicia en circunstancias excepcionales o conmemorativas.

La suspensión alcanza exclusivamente a los plazos procesales correspondientes a la Circunscripción Judicial de Canindeyú con asiento en Saltos del Guairá, mientras que las actividades se reanudarán con normalidad al día siguiente hábil.

La ciudad, ubicada en el extremo noreste del país y fronteriza con el estado brasileño de Paraná, fue fundada el 30 de julio de 1973, en el marco del proceso de colonización y desarrollo impulsado en esa zona del país. Con el paso de las décadas se consolidó como la capital departamental de Canindeyú y uno de los principales polos comerciales de la frontera, favorecida por su intensa relación económica con Brasil y por el dinamismo generado en torno al comercio, la agricultura y los servicios.

Desde el punto de vista institucional, Saltos del Guairá alberga la sede de la Circunscripción Judicial de Canindeyú, desde donde se administran los servicios de justicia para el departamento. En esa jurisdicción funcionan juzgados de distintas especialidades, tribunales de apelación, oficinas del Ministerio Público y de la Defensa Pública, además de dependencias administrativas que atienden los procesos judiciales de una de las regiones con mayor crecimiento demográfico y económico del país.

La decisión de la Corte Suprema forma parte de una práctica habitual mediante la cual se ajusta el calendario judicial en localidades que celebran aniversarios fundacionales u otras fechas de relevancia cívica, procurando preservar tanto las actividades conmemorativas como la seguridad jurídica de las partes mediante la prórroga automática de los plazos procesales.