El futuro energético del país fue abordado en el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media con el exgerente técnico de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Fabián Cáceres, y el economista y exdirector de Aduanas, Julio Fernández. Ambos coincidieron en que el camino es tomar las medidas necesarias ante la situación que se presentaría a partir del 2030.

“Es un tema por demás importante, es un tema que realmente hay que encararlo y estamos todavía a tiempo, pero hay que tomar acciones”, expresó Cáceres, señalando que actualmente Paraguay cuenta con tres fuentes de generación. “Itaipú aporta 6.060 megavatios de potencia, Yacyretá aporta en torno a 1.700, como máximo, la central Acaray, la más antigua de todas, 220, estando en óptimas condiciones, cosa que actualmente no lo está, si sumamos todo eso, llegamos a los 7.800 megavatios de potencia”.

Cáceres citó como un ejemplo claro de lo que pueda ocurrir a futuro que “en marzo del 2025, el consumo llegó a 5.122 megavatios de potencia en un horario en verano. Si tomamos ese verano y hacemos una proyección de crecimiento histórico del 10 %, allá por el 2030, 2031, nosotros llegaríamos a tener problemas en verano en ciertos horarios”.

El técnico sostuvo que hay que entender que esa insuficiencia energética que se avecina no va ser de la noche a la mañana ni todo el año, sino que se puede presentar por época, lo que exige correr contra esa demanda máxima que se podría registrar en cinco años.

“La situación es que a partir del 2030 se va prender la alarma en ciertos horarios, que si no tenemos otra fuente de generación la salida va ser cortar esa energía en ciertos horarios, con todos los perjuicios que eso ocasiona”, apuntó.

Por otra parte, mencionó que en las acciones que deben ser implementadas la Administración Nacional de Electricidad (Ande) serán clave. “Itaipú es un jugador importante en la parte de genera recursos para poder hacer, y la Ande es el gran jugador, es que tiene que ejecutar estos planes, y para ejecutar necesita recursos. Entonces, yo creo que este momento es muy importante de comenzar a debatir la situación de la Ande, cómo se van a conseguir esos recursos”, sentenció.

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Por su parte, Julio Fernández manifestó: “Creo que el tema de la generación, recién ahora surge como algo muy urgente, estamos al parecer muy convencidos del excedente energético. El común de la gente cree que todavía tenemos excedente, entonces no fue un problema visibilizado, 40 años de tranquilidad, con excedente energético, casi un carnaval energético”, refirió.

Para el experto, esa tranquilidad sobre el excedente de energía, hizo que no se hayan previsto energías alternativas para enfrentar la futura situación, en comparación a otros países de la región que registran un importante avance.

“Brasil, en ese periodo de tiempo, creció 340 % más en generación, y Argentina, 220 aproximadamente, lo mismo que Uruguay, nosotros cero, y hoy esa procrastinación o ese rezago largo, nos está pasando la factura porque el tiempo hoy está muy corto, no hay un plan de generación concreto, porque para que haya planes se necesita de cronograma, fondos, toda la tecnología, pero sí vemos mucho movimiento en este tiempo”, apuntó.

Aseguró que “la proximidad de la crisis va a obligar a tomar decisiones que durante mucho tiempo se postergaron, revisar la tarifa, la gobernanza de la Ande, soltar al sector privado”.

Esto también ante el presupuesto público, teniendo en cuenta que Paraguay cuenta con un nivel de endeudamiento del 40 % de su producto interno bruto (PIB), pero con una presión tributaria de solo el 11 %. “Entonces, tenemos escaso margen de financiar proyectos de este tipo de envergadura, entonces el sector privado va ser clave, y el hecho de que sea rentable, que haya mercado eso va motivar que vengan inversiones, pero para eso hay que facilitarlo”, puntualizó.

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“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.

Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.

El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.

El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.

La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.

Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.

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Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.

“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.

El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.

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La Cámara de Senadores decidió ayer postergar “sine die” el tratamiento del pro­yecto de ley que proponía modificar el horario del país y retornar a las dos modalidades, es decir, hora­rio de invierno y verano. El proyecto no contaba con dictamen por parte de las comisiones revisoras.

“Hemos conversado con los colegas y hemos llegado a un acuerdo de solicitar la postergación “sine die” sin entrar en discusión, esa es mi moción”, fue lo expre­sado por el senador Juan Carlos Galaverna, moción que fue acompañada por sus colegas durante la sesión ordinaria.

El proyecto fue presentado por varios senadores, entre ellos Blanca Ovelar, Rafael Filizzola, Silvio Ovelar, Yolanda Paredes, Luis Pet­tengill y otros más y tenía por objetivo establecer el huso horario UTC-3 para el verano y UTC-4 para el invierno y además, contem­plaba en qué época del año debía cambiarse el horario, tal y como se realizaba ante­riormente.

Con la postergación “sine die”, el proyecto queda sin una fecha concreta para su tratamiento, a la espera de un eventual consenso que permita retomar el análisis en futuras sesiones.

Previo al inicio de la sesión en el Senado, el presidente de la Cámara, Basilio “Bachi” Núñez, manifestó que se planteará como una alter­nativa la implementación de un sistema de horario esca­lonado, especialmente en el ámbito educativo en los días de frío extremo.

Los hechos de violencia intrafamiliar lideran las denuncias en el departamento de Concepción, según informes del Poder Judicial. Otro dato llamativo es la duplicación de los casos judicializados de abuso sexual en niños.

De acuerdo con los reportes, el año pasado se reportaron 19 casos de abuso sexual en niños y en este semestre ya se registraron más de 30 hechos.

“Está encabezando como en todos los años anteriores el hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. El año pasado en el periodo de tiempo tuvimos 156 casos. En este año tenemos 134”, dijo el presidente de la circunscripción judicial de Concepción, Fabio Cabañas al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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En tanto, manifestó que “genera preocupación” el hecho de abuso sexual en niños. En tanto el delito menos cometido es el de “coacción grave” con un total de 19 casos.

“Y otros que han subido son los de violencia familiar. El año pasado era 89 y ahora subió a 91”, refirió.

Las autoridades judiciales buscan cotejar sus estadísticas con los documentos del Ministerio Público, para tener el dato global de los casos reportados a nivel departamental, conforme manifestó el abogado Cabañas.

También se deben colectar los datos manejados por la Policía Nacional, ya que no todos los casos son finalmente judicializados. Esto considerando que pueden darse circunstancias en que las denuncias son retiradas o hay un acuerdo entre las partes, con lo que deciden poner fin al litigio.

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