Una vez más se suspendió el juicio oral y público para el exministro del Interior, Walter Bower, y los policías Merardo Palacios y Osvaldo Vera, acusados por presunta tortura. La audiencia oral se suspendió porque los tres acusados recusaron a los jueces de sentencia, Fabián Weinsensee, Laura Ocampos y Cándida Fleitas.
La nueva recusación se genero luego de que se filtrara un supuesto audio en el que se escucha a quien, supuestamente, sería la magistrada Laura Ocampo, integrante del tribunal de sentencia, dialogando con quien sería uno de los abogados querellantes. Ante la nueva recusación se suspendió la prosecución del juicio oral y público, en el que ya se debía imponer las condenas respectivas para cada uno de los condenados.
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Reprochable
Para los jueces de sentencia quedó probado que Palacios y Vera participaron de hechos de maltrato físico hacia Jorge Luis López Sosa y otras personas, tanto en la comisaría así como también en la Marina. Respecto a Bower, quedó acreditada la participación en los hechos que se dieron en este último lugar. Aún está pendiente el pedido de pena que deben realizar las partes y el posterior veredicto del colegiado.
El exministro del Interior Walter Bower fue acusado con los expolicías Osvaldo Vera y Merardo Palacios por supuestos hechos de tortura contra dos uniformados en mayo del año 2000 en la Marina, porque supuestamente los mismos participaron del frustrado golpe de Estado contra el entonces presidente, Luis Ángel González Macchi.
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Acusan y piden juicio oral para la esposa de Alejandro Ramos
El agente fiscal, Federico Delfino Ginés, presentó acusación en contra de Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos, en el marco de la causa “Osvaldo Villalba y otros sobre apología del delito y otros”.
La mujer fue acusada por los hechos punibles de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden Constitucional. Además de transgresión a la Ley especial de armas Ley 4030/10, producción de riesgos comunes.
Se presume que la hoy acusada formó parte activa del grupo terrorista autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Igualmente se pidió que el presente caso se discuta en un juicio oral y público, atendiendo a todos los elementos probatorios que se tienen en la carpeta fiscal.
Luego del análisis pormenorizado del material audiovisual realizado por el EPP, se logró identificar a las personas que aparecen en los vídeos enviados y difundidos por los medios de comunicación entre las que se encuentra Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos.
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En el mes de diciembre de 2013, integrantes del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, entre ellos la acusada, se reunieron en un lugar boscoso en el norte del país, cuyo objetivo fue la grabación de un material audiovisual, entregado entre el 19 y el 20 de enero de 2014 y posteriormente difundido por los medios de comunicación, como ser, Sistema Nacional de Televisión, Telefuturo, Unicanal, Paravisión y Canal 13, sumados a ellos los medios radiofónicos en general y los de prensa escrita.
En la grabación audiovisual llevaron a cabo una manifestación dirigida a la ciudadanía paraguaya en la que Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos se encontraba con vestimentas alusivas al EPP portando un arma de fuego tipo escopeta calibre 12 en compañía de otros integrantes como Osvaldo Villalba, líder del citado grupo armado, quien realizó referencias negativas al expresidente de la República Horacio Cartes y asimismo instigó a que la clase obrera, campesina, estudiantes e indígenas, debía “unirse e impulsar la lucha de liberación del pueblo; lucha que ha emprendido el brazo armado de los pobres, el “EPP”.
Dichos términos fueron utilizados con el objetivo de incitar a actos de violencia y desobediencia de las autoridades legalmente constituidas en nuestro país.
En el material también se observa a
- Manuel Cristaldo Mieres,
- Ladi Siqueira Krauze,
- Magna María Meza Martínez,
- Vidalina Cardozo,
- Jorgelina Silva Cáceres,
- Liliana Elizabeth Villalba Ayala,
- Alejandro Ramos Morel,
- Esteban Marín López,
- Domingo Ovelar González,
- Alejandro Ramos
- y Feliciano Bernal
Todos, al momento de la grabación del material audiovisual también portaban armas de grueso calibre como fusil calibre 7.62, fusil T65 calibre 5.56, pistola ametralladora Beretta PM12, escopeta calibre 12 y uniformes camuflados, los cuales son de uso exclusivo de los organismos de seguridad del Estado.
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Filtración de Seprelad: Sala Penal rechaza chicana de abogados abdistas contra FGE
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recusación contra el fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, planteada por la defensa de los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución política mediante la instrumentalización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Mediante las chicanas impulsadas apuntaban a bastardear la causa penal con la finalidad de buscar impunidad. Los abogados sostuvieron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar sesgado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.
Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judicial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Candia, entiende que los argumentos esgrimidos por los letrados no constituyen motivos válidos para separar de la causa a Rolón.
Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recusación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscal adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fiscales inferiores. Cabe recordar que la audiencia preliminar para los procesados sigue pendiente.
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Antecedentes
Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios internos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.
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Juicio oral contra acusado por golpiza a Benjamín Zapag será en junio
El juicio oral y público para Héctor Grau, acusado por lesión grave durante la agresión que propició al joven Benjamín Zapag, hijo del empresario Raúl Zapag, se realizará los días 5 y 6 de junio de este año. Así lo resolvió el tribunal de apelación al rechazar el incidente presentado por la defensa del acusado.
El abogado Álvaro Arias, defensor de Grau, sostuvo que el juicio oral no se debe realizar aún ya que existe una acción de inconstitucionalidad promovida por la defensa del coimputado Marcello Fretes Laterra. La resolución judicial lleva la firma de los camaristas Arnaldo Fleitas, Belén Agüero y Arnulfo Arias.
El tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar al acusado en el presente caso está integrado por los jueces Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsensee.
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El pasado 26 de marzo del 2024, la jueza Cynthia Lovera elevó la causa a juicio oral y le dio trámite de oposición al pedido de sobreseimiento definitivo para Marcello Fretes.
Antecedentes
La agresión se registró el 6 de noviembre del 2022, en el interior del baño de la discoteca asuncena Morgan Warehouse. Debido a los golpes que sufrió, la víctima debió ser sometida a una cirugía por lesión maxilofacial y se le practicó una reconstrucción facial en la zona del ojo.
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Exsubordinados de Bolsonaro irán a juicio por intento de golpe de Estado en Brasil
- Fuente: AFP
La corte suprema de Brasil aceptó este martes un pedido de la fiscalía para juzgar por intento de golpe de Estado a seis exsubordinados del expresidente Jair Bolsonaro, quien también irá a juicio por la presunta trama para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022.
En el grupo se encuentran personas de confianza del expresidente ultraderechista como Mario Fernandes y Filipe Garcia Martins, que habrían colaborado respectivamente en la creación de un plan que contemplaba asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y de un decreto para dar un sustento jurídico al fallido golpe, según la acusación de la fiscalía.
Los cinco magistrados de la primera sala del Supremo Tribunal Federal votaron unánimemente para llevar a juicio a los integrantes del llamado “segundo núcleo” del caso.
“Hay pruebas suficientes y necesarias para recibir la denuncia” por intento de golpe de Estado y violación del estado democrático de derecho, entre otros cargos, afirmó el juez relator del proceso, Alexandre de Moraes.
A finales de marzo, los magistrados de la primera sala ya habían ordenado enjuiciar en una fecha por determinar a Bolsonaro y a siete colaboradores de alta jerarquía conocidos como “núcleo crucial” del supuesto plan golpista.
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En un país todavía marcado por la memoria de la última dictadura militar (1964-1985), el juicio contra el expresidente de 70 años y nostálgico de ese período sacude la vida política. Bolsonaro se dice inocente y víctima de “persecución”.
También hacen parte del segundo núcleo el exasesor presidencial Marcelo Costa, el exdirector de la policía de carreteras Silvinei Vasques y los delegados de policía Fernando de Sousa y Marília Ferreira de Alencar.
Estos tres últimos habrían usado fuerzas policiales para ayudar a Bolsonaro a permanecer en el poder. El supuesto plan golpista fracasó por falta de apoyo de los comandantes del ejército y de la fuerza aérea.
Los acusados irán a juicio en una fecha por definir y podrían recibir penas de prisión de hasta 40 años. “Sabían lo que estaban haciendo”, dijo la magistrada Carmen Lucia durante la audiencia de este martes.
De su lado, las defensas de los acusados pidieron infructuosamente que se archivara la denuncia.