Una vez más se suspendió el juicio oral y público para el exministro del Interior, Walter Bower, y los policías Merardo Palacios y Osvaldo Vera, acusados por presunta tortura. La audiencia oral se suspendió porque los tres acusados recusaron a los jueces de sentencia, Fabián Weinsensee, Laura Ocampos y Cándida Fleitas.
La nueva recusación se genero luego de que se filtrara un supuesto audio en el que se escucha a quien, supuestamente, sería la magistrada Laura Ocampo, integrante del tribunal de sentencia, dialogando con quien sería uno de los abogados querellantes. Ante la nueva recusación se suspendió la prosecución del juicio oral y público, en el que ya se debía imponer las condenas respectivas para cada uno de los condenados.
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Reprochable
Para los jueces de sentencia quedó probado que Palacios y Vera participaron de hechos de maltrato físico hacia Jorge Luis López Sosa y otras personas, tanto en la comisaría así como también en la Marina. Respecto a Bower, quedó acreditada la participación en los hechos que se dieron en este último lugar. Aún está pendiente el pedido de pena que deben realizar las partes y el posterior veredicto del colegiado.
El exministro del Interior Walter Bower fue acusado con los expolicías Osvaldo Vera y Merardo Palacios por supuestos hechos de tortura contra dos uniformados en mayo del año 2000 en la Marina, porque supuestamente los mismos participaron del frustrado golpe de Estado contra el entonces presidente, Luis Ángel González Macchi.
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Fallece excomisario que había denunciado a exministro Bower por torturas
El comisario retirado Alfredo Cáceres González, torturado por el exministro del Interior, Walter Bower, falleció este domingo, a tan solo una semana después de la condena por apremios ilegales (torturas) sentenciada en contra del hombre fuerte del gobierno de Luis González Macchi.
Cáceres fue una de las víctimas, junto a Jorge Luis López Sosa, de tortura por parte del recientemente condenado exministro Bower. El hecho fue informado por el exsenador Hugo Richer, a través de sus redes sociales.
El excomisario participó activamente en el juicio que llevó a la condena de Bower a 15 años de prisión, así como de los comisarios Merardo Palacios y Osvaldo Javier Espínola Vera. La causa de la muerte de Cáceres todavía no fue especificada.
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El Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Fabián Weisensee, Laura Ocampo y Cándida Fleitas, había condenado al exministro del Interior a la pena privativa de libertad de 15 años, por hechos de torturas, cometidos contra policías, ante el supuesto intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luis González Machi.
En la causa también están procesadas los comisarios Merardo Palacios Melgarejo, y Osvaldo Javier Vera Espínola, quienes fueron sentenciados a sufrir la pena privativa de 12, y 6 años de cárcel, respectivamente.
Las víctimas, quienes fueron detenidas y sometidas a malos tratos durante los interrogatorios, eran sospechosas de estar vinculadas a esta tentativa de golpe contra el gobierno del entonces presidente González Macchi, hecho ocurrido en mayo del año 2000.
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Fiscalía pide 12 años de prisión para exministro Walter Bower
La fiscal Sonia Sanguinés solicitó 12 años de prisión para el exministro del Interior, Walter Bower, por su implicancia en las presuntas torturas a dos policías en el contexto de un supuesto intento de golpe de Estado en el año 2000. Las víctimas, quienes fueron detenidas y sometidas a malos tratos durante los interrogatorios, eran sospechosas de estar vinculadas a esta tentativa de golpe contra el gobierno del entonces presidente Luis Ángel González Macchi.
El juicio por este caso se lleva adelante después de más de dos décadas de que los hechos ocurrieran, lo que ha generado una considerable discusión sobre la impunidad y el tiempo transcurrido antes de que se alcanzara una resolución judicial. Además de Bower, la Fiscalía también solicitó penas para los otros dos acusados en el caso: los policías Osvaldo Vera, y Merardo Palacios, quienes enfrentan solicitudes de 14 y 7 años de prisión, respectivamente.
Antecedentes
El 2000 fue un año crítico para Paraguay, marcado por la tensión política y las crisis institucionales. En medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno de González Macchi, varios sectores dentro de las fuerzas de seguridad fueron acusados de conspirar contra el gobierno. La detención de los supuestos implicados en el golpe de Estado se vio acompañada de denuncias sobre torturas durante los interrogatorios, hechos que luego fueron elevados a juicio.
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La acusación principal recayó sobre Bower, quien en su rol de ministro del Interior habría sido responsable directo de las operaciones de detención e interrogatorio de los implicados. Durante el juicio, se presentó evidencia de que las torturas fueron sistemáticas y tenían como objetivo obtener información que confirmara las supuestas conspiraciones.
Proceso penal
El juicio, que finalmente comenzó varios años después de los hechos, ha sido un proceso largo y plagado de obstáculos. En varias ocasiones, el Tribunal de Sentencia tuvo que suspender las audiencias debido a recusaciones de los jueces y otras complicaciones procesales. Sin embargo, en la actualidad, el caso parece estar llegando a su fin, y la fiscalía ha solicitado una condena firme para Bower, Vera y Palacios.
La gravedad de los hechos no solo radica en las torturas, sino en el contexto político y social de la época, que creó un ambiente propenso para que actos de esta naturaleza fueran aceptados como parte de la lucha por el control político.
La justicia paraguaya, sin embargo, está tomando medidas para dar un cierre a este oscuro capítulo de su historia. En este sentido, el caso de Walter Bower se ha convertido en un símbolo de las luchas por la justicia y la reparación.
La solicitud de 12 años de prisión es un recordatorio de que, aunque el tiempo haya pasado, los crímenes cometidos bajo el amparo del poder político no pueden quedar impunes. Este caso refleja además una transición en la política y la justicia en Paraguay, que busca sanar heridas del pasado y fortalecer el estado de derecho.
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Ratifican juicio oral para el cantante Pablo Benegas, acusado por abuso sexual de menores
El cantante Pablo Benegas enfrentará un juicio oral y público por abusar sexualmente de dos menores de 11 y 16 años. Así resolvió el tribunal de apelación quien confirmó la resolución de la jueza penal de garantía Cynthia Lovera, quien elevó el presente caso a juicio oral.
Una vez que corra el expediente judicial se tendrá que realizar el sorteo correspondiente para saber quiénes será los jueces de sentencia que van a juzgar a Benegas. El juicio oral ya será en el año 2025 atendiendo a que se iniciará el receso judicial desde el 2 al 31 de enero.
El músico de 38 años enfrenta acusaciones por abuso sexual en niños, coacción sexual, violación, proxenetismo y pornografía infantil, y se tiene una expectativa muy alta, de acuerdo a las normas legales.
La Cámara de Apelación destacó que las evidencias fueron obtenidas conforme a la ley y son relevantes para el esclarecimiento de los hechos que están siendo investigados.
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Acusación
La acusación fiscal revela que el 9 de noviembre de 2023, Benegas desde su casa solicitó el servicio de transporte de plataformas para trasladar a dos hermanas de 11 y 16 años desde la zona conocida como Pelopincho (cercano al barrio Chacarita) hasta su domicilio particular. Igualmente, el escrito menciona que el acusado les hizo consumir droga sin que ambas víctimas se dieran cuenta para hacerlas dormir y luego comenzar a desvestirlas y les filmaba totalmente desnudas.
Refiere el escrito del Ministerio Público que se produjeron los hechos punibles de abuso sexual en niños, así como coacción sexual y violación. También se registró el tipo penal de pornografía relativa a niños y adolescentes y proxenetismo, ya que supuestamente entregó G. 500.000 a la niña.
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Tribunal pidió vía exhorto al Brasil que declare presunto narco en juicio de Giuzzio
El tribunal sentencia, presidido por Adriana Planás e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres, que tiene a su cargo juzgar al exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, por cohecho pasivo por mantener vínculos con un narcotraficante solicitó a las autoridades del Brasil la colaboración para que Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, preso en el vecino país, pueda declarar como testigo en el juicio oral y público que debe enfrentar el exsecretario de Estado el 4 de marzo del 2025.
La solicitud para que declare ya fue formalizada vía exhorto y se espera respuesta de las autoridades del Brasil para que el detenido pueda declarar en el juicio oral y público. En caso de que Espíndola Marqués de Padua acepte declarar la diligencia se realizará vía telemática.
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce. Ambos sostienen que el exministro de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones del narco de contratar con el Estado paraguayo, específicamente con el Ministerio del Interior, que lideraba Giuzzio hasta febrero de 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Espíndola Marqués de Padua. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que el exministro usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.
Se había comprobado que Giuzzio viajó en el vehículo prestado por el presunto narcotraficante para ir al Brasil en plan de vacaciones. Esto sin mencionar que Espíndola pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional cuando Giuzzio seguía al frente de la cartera.
Filtración Seprelad
Arnaldo Giuzzio soporta un segundo proceso penal por siete hechos punibles que tiene relación con la filtración de información de Seprelad. Actualmente el caso está trabado en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia por la presentación de chicanas de parte del exministro y otros imputados en el caso.
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