El Tribunal de Cuentas, en su Segunda Sala, ha declarado la caducidad de la instancia en el caso “Carlos Adolfo Arregui Romero c/ Decreto N° 111/23″, quien había demandando al Estado para ser reincorporado al BNF.
La decisión se fundamenta en la inactividad procesal de la parte actora, quien no impulsó el procedimiento en el plazo legal establecido.
El incidente de caducidad fue presentado por la Procuraduría General de la República el 8 de julio del 2024, alegando que la parte demandante no notificó adecuadamente la apertura de la causa a prueba, lo que generó un incumplimiento de los plazos procesales.
La actuaria del tribunal confirmó que el último acto procesal se produjo el 3 de abril de 2023. La resolución lleva la firma de los camaristas Edward Bitone, César Emilio Diesel, miembros del tribunal.
El tribunal subrayó que, para interrumpir el plazo de caducidad, todas las partes deben estar notificadas, lo cual no ocurrió en este caso. Como resultado, se resolvió que la acción había caducado por falta de impulso por parte del actor.
Finalmente, el Tribunal impuso las costas al demandante y resaltó la importancia de cumplir con las formalidades procesales para evitar la pérdida del derecho a accionar judicialmente.
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Ratifican desestimación de la denuncia contra Cartes
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado, Primera Sala, integrado por Gustavo Amarilla, Claudia Criscioni y Silvana Luraghi, ratificó la desestimación de la denuncia en contra de Horacio Cartes por supuesto enriquecimiento ilícito y otros delitos al declararse inadmisible el recurso de apelación general presentado por el exministro Arnaldo Giuzzio Benítez contra la desestimación dictada por el juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.
La decisión fue adoptada por unanimidad al considerar que el apelante no cuenta con legitimación activa para impugnar la resolución, ya que la normativa procesal establece que únicamente la víctima tiene derecho a apelar este tipo de decisiones, condición que no se verifica en el caso analizado.
El tribunal sostuvo que, si bien en determinadas situaciones el denunciante y la víctima pueden coincidir en una misma persona, esa circunstancia no se configura en este proceso. Además, señaló que en su presentación el propio recurrente no hizo referencia a una eventual calidad de víctima, lo que constituye un obstáculo legal para que la instancia superior revise la causa.
En consecuencia, la resolución emitida por el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción queda firme, al no cumplirse con los requisitos previstos en el artículo 68, inciso 5, del Código Procesal Penal.
La disposición ordena además el registro y resguardo del documento en el sistema electrónico del Poder Judicial, conforme a la normativa vigente.
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Corte debe analizar caso de filtración en Seprelad
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia –integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, César Diesel y Gustavo Santander– debe destrabar la causa penal donde ya están acusados y con pedido de juicio oral varios exministros de Mario Abdo Benítez. Serán juzgados por asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio. Esto es en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).
El caso está en la Corte por la presentación de chicanas de parte de los acusados, lo que impide que el proceso pueda avanzar. Los abogados de los procesados –así como los acusados– se exponen a sanciones disciplinarias si sigue con la actitud dilatoria.
Los exministros de Abdo buscaron dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación que confirmó la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera, quien decidió estudiar los doce incidentes iniciales, pero a raíz de las chicanas, no las pudo analizar aún.
Una vez que los ministros se expidan sobre la chicana, el caso tendrá que bajar al juzgado a cargo de la jueza Cynthia Lovera, quien ya podría aplicar sanciones a los abogados o a los acusados si vuelven a presentar recursos dilatorios en la presente causa.
LOS ACUSADOS
Están acusados y con pedido de juicio oral y público debido a que tiene más de 206 elementos probatorios René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, Daniel Farías, Carmen Pereira, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.
Desde abril de 2024 siguen pendientes de estudio y resolución doce chicanas presentadas por la defensa de cada uno de los hoy acusados. Las mismas deben ser analizadas por la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. Entre los elementos de pruebas hay testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados.
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Espínola se suma a la movida de Abdo
El legislador abdista es uno de los sospechados por el Ministerio Público en integrar el esquema que filtró información confidencial de instituciones estatales entre el 2021 y 2022, es decir, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Se encuentra pendiente el estudio en la plenaria del desafuero remitido por el Juzgado Penal de Garantías n.° 3 en la causa n.° 6898/2023 caratulada como ‘Carlos Arregui y otros s/ denuncia falsa y otros referente a mi persona. En dicho contexto, he manifestado públicamente mi posición de instar al estudio y aprobación de dicho pedido”, expresa el escrito.
Al mismo tiempo, Espínola solicita que el presidente de esta Comisión, Roberto González, también integrante de la disidencia colorada, que lo convoque a él y a su representante legal para exponer supuestas irregularidades cometidas por el Ministerio Público en este proceso.
Cabe mencionar que el actuar del diputado abdista emula la movida política del expresidente Mario Abdo, quien también se pronunció públicamente solicitando su desafuero como senador vitalicio a la Cámara Alta, esto luego de que la Fiscalía haya acusado a sus exministros por asociación criminal y otros hechos punibles. Pese al exhorto de Abdo pidiendo su desafuero, queda en duda si sus aliados votarán a favor de la solicitud y permitirán que él, al igual que sus exsecretarios de Estado como Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y otros, se someta a la Justicia por la utilización del aparato estatal para la persecución de sus adversarios políticos.
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Fiscalía revela cómo Abdo operó la maquinaria de persecución política
El Ministerio Público, al presentar la acusación por los tipos penales de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicios contra los exministros de Mario Abdo Benítez, ha fundado su requerimiento en la recolección de elementos contundentes que describen la participación exclusiva de Mario Abdo Benítez, Carlos Arregui, René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
La Fiscalía expuso los elementos de convicción recolectados con pruebas fehacientes que el entonces presidente de la República ordenó al comandante de la Policía Nacional de turno, Luis Ignacio Arias Navarro, y al jefe de la Unidad Especializada contra Crimen Organizado de la Policía Nacional, Luis Gustavo López Velázquez, a entregar a Carlos Arregui información de un pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes para que Arregui pueda filtrar a los medios de comunicación que respondían al abdismo.
La información mencionada más arriba fue corroborada por los dos altos jefes policiales quienes prestaron declaración testifical ante los agentes del Ministerio Público que tenían a su cargo investigar el caso y que hoy día ya se presentó la acusación correspondiente.
La orden del entonces jefe de Estado, Abdo Benítez, para que se pueda filtrar la información sensible de una institución del extranjero se materializó durante los meses de diciembre de 2021 y febrero de 2022, respectivamente, revela la acusación fiscal. Del mismo modo, el escrito del Ministerio Público des-cribe la participación de cada uno de los acusados en el presente caso señalando que el extitular de la Seprelad Carlos Arregui junto con Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira Cohene redactaron un informe de inteligencia falso y tergiversado sobre el expresidente de la República Horacio Cartes al solo efecto de complacer la voluntad de Abdo Benítez, quien formó un esquema para generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado. Sobre la directa participación del exministro Anticorrupción René Milciades Fernández, se señala que fue quien editó los informes tergiversados y falsos que fueron a su vez filtrados por los medios aliados.
ARREGUI POSIBILITÓ ACCESOS
Igualmente, la Fiscalía sos-tiene que en el caso concreto de Carlos Arregui, como ministro de la Seprelad, junto con los otros acusados, con-formó un grupo compuesto por ministros del gabinete del anterior gobierno y funcionarios de la Seprelad, todos con tareas específicas que debían de realizar desde el cargo que ocupaban, con el fin de lograr que se inicien acciones penales en contra del expresidente Horacio Cartes, indica el escrito.
FILTRACIONES A MEDIOS “ALIADOS”
Además, Arregui y Giuzzio permitieron que la prensa local, Abc Color y Última Hora, tuvieran acceso al pedido realizado por la Fiscalía panameña. Al hacerse públicas dichas informaciones, afectó los intereses no solo del señor Horacio Cartes, sino también intereses a nivel nacional, esto debido a la fecha en que se dieron a conocer las informaciones de la persona afectada, pues la filtración de estos datos fue durante el periodo de tiempo en que la República del Paraguay se encontraba siendo evaluada por el Gafilat. Inclusive, estas revelaciones fueron tomadas como un punto negativo entre las observaciones realizadas por el referido organismo internacional.