Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García y Héctor Capurro, condenó a 6 años de cárcel a Ramón González Daher luego de ser encontrado culpable por quebrantamiento de depósito y reducción, en calidad de autor. El fiscal del caso fue Luis Piñánez.
El colegiado sostuvo que el Ministerio Público pudo probar la responsabilidad de los hechos acusados contra González Daher sobre la desaparición de cheques ocurrido en el Juzgado de Delitos Económicos de la capital.
Durante los alegatos finales la Fiscalía pidió la pena de 12 años de cárcel para el acusado como responsable de varios delitos por el hurto de 471 cheques de un juzgado en lo penal de Delitos Económicos.
González Daher ya cuenta con dos condenas de 15 años de penitenciaría por usura y lavado de dinero; y de 7 años de prisión por falso testimonio. Esta es la tercera condena que recibe el exdirigente deportivo.
La defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que definirá si corresponde ratificar la condena contra González Daher o se dispone que se lleve a cabo un nuevo juicio oral y público.
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Condenan a 19 años de cárcel a una mujer que asesinó su empleadora
El tribunal de sentencia integrado por los jueces Yolanda Portillo, Juan Carlos Zárate y Héctor Capurro condenó a 19 años de cárcel a Ydolvina González de Bogarín luego de ser encontrada culpable por el homicidio de Ada Estela Gaona Vda. de Aguilera. El terrible suceso ocurrió en abril del año 2022 en el barrio Tacumbú de la capital.
La hoy condenada fue empleada doméstica en la casa de la víctima durante los fines de semana. De acuerdo a los elementos presentados en juicio, la condenada asesinó a la mujer por asfixia mecánica tras maniatarla, además de propinarle golpes.
La víctima fue encontrada sin vida, fuertemente atada y amordazada. En una aparente maniobra para desviar la investigación, la acusada también se presentó atada, pero de forma burda y poco convincente, lo que desde un principio generó sospechas entre los investigadores.
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El fiscal Hernán Mendoza logró demostrar la responsabilidad de la acusada con la presentación de varios testimonios, entre ellos el de la señora Emigdia Cárdenas de Bareiro, quien al llegar al lugar de los hechos encontró la escena del crimen y junto a una vecina, ayudó a desatar tanto a la víctima como a la acusada.
El caso generó conmoción en el barrio Tacumbú, por la relación de cercanía entre víctima y victimaria. El Ministerio Público y la querella adhesiva solicitaron la pena máxima prevista por la gravedad del crimen y la relación de confianza rota, pero finalmente el tribunal colegiado condenó a 19 años de cárcel.
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Recapturan a otro fugado de Minga Guazú mientras viajaba en un bus
Anderson Queiros de Freitas, alias Mineiro, de 38 años, fue recapturado ayer lunes, once días después de la fuga de la cárcel de Minga Guazú, siendo el segundo de los ocho reclusos que escaparon en aparente complicidad de funcionarios penitenciarios. El criminal fue detenido por la policía, hacia las 22:30, mientras viajaba en un minibús de la empresa Nasa Golondrina.
El brasileño escapó por la noche del 26 de marzo pasado del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú y tiene una causa abierta por trasgresión a la ley 1340/88 y sus modificaciones que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y otras drogas peligrosas.
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El operativo estuvo a cargo del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Alto Paraná y todavía quedan seis personas prófugas después de aquella fuga que fue considerada una liberación por parte de los funcionarios del Ministerio de Justicia.
El primer recapturado fue Freddy González Delvalle, miembro del PCC, gracias a que sufrió una fractura del tobillo y no pudo escapar. Mientras que sigue la búsqueda de Marcio Quadra Caetano, Blas Pablo Melgarejo Benítez, Wilson Darío Rótela Coronel, Derlis Ramón Giménez, Juan Insfrán y Fernando Aquino.
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Imedic: confirman condena de 4 años de cárcel para Patricia Ferreira
El Tribunal de Apelación en lo Penal confirmó la condena de 4 años de cárcel para la presidenta de Imedic S.A, Patricia Ferreira Pascottini y 4 años de pena privativa de libertad para la directora general Nidia Godoy. Así también, se confirmó la absolución del tercer acusado, el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El Tribunal está conformado por los jueces José Waldir Servín, Delio Vera Navarro y Cristóbal Sánchez.
La Cámara de Apelación señala que la pena de 4 años de cárcel impuesta a Ferreira y Godoy son las adecuadas para el caso en particular. El colegiado ha llevado a cabo, en forma efectiva, el proceso de individualización de las penas impuestas, que deben ser útiles y justas, pues se adecuan a las particularidades del caso concreto. Esto atendiendo al marco penal establecido para el hecho punible realizado, y además, se halla dentro de los límites del grado de reproche y conforme a los fines preventivos” indica parte de la resolución de segunda instancia.
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En octubre del 2024 un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Ferreira y Nidia Godoy a la pena privativa de libertad de 4 años de cárcel, luego de ser encontradas culpables por los delitos de producción de documentos no auténticos y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamento de dudosa procedencia a nuestro país.
Los jueces de sentencia mencionaron que “se ha producido la falsificación de las facturas, así como también se falsificaron las guías, que decía país de origen Brasil, pero los documentos originales presentados como pruebas indican que los medicamentos provienen de China, la India y México, y una de Colombia. Hubo una manipulación de los representantes de Imedic”.
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Caso Sol Chávez: familiares de la víctima no pueden nombrar a la odontóloga condenada
En un giro controvertido dentro del caso de Sol Chávez, la joven fallecida por intoxicación con flúuro, un juez dictó una medida cautelar que prohíbe a sus familiares mencionar o acercarse a la odontóloga Lilia Graciela Espinoza, condenada por homicidio culposo. La decisión ha generado indignación en los padres de la víctima, María Edith Franco y José Domingo Chávez, quienes recibieron un oficio judicial que, según su abogado, presenta numerosas irregularidades.
La medida fue dictada tras una denuncia presentada por Espinoza contra la familia de Chávez, amparándose en la Ley 5.777/2016 de violencia contra la mujer. Sorprendentemente, el documento judicial señala a la odontóloga como “víctima”, lo que ha sido fuertemente cuestionado por la defensa de la familia Chávez.
El abogado José Armoa denunció errores graves en el oficio judicial, que van desde incongruencias en los nombres de los involucrados hasta la carátula del documento, donde se menciona un hecho punible de violencia doméstica. “No sabemos si es un error de tipeo o qué, pero un error de esta naturaleza no puede tener esas incongruencias. Lo que más nos llama la atención es que la carátula del Juzgado enuncia un hecho punible de violencia doméstica”, expresó Armoa en declaraciones al canal GEN/Nación Media.
El abogado también explicó que no se puede caratular como “violencia doméstica” un conflicto entre personas que no conviven juntas. En este caso, ni la odontóloga Espinoza ni la química Sandra Hermosa (también acusada por la muerte de Sol Chávez) tienen relación de cohabitación con la familia de la víctima.
Piden investigar al juez del caso
Ante las irregularidades en el documento judicial, la familia Chávez solicita que se investigue al juez José Segundo Velázquez Alfonso, responsable de la medida cautelar. La defensa de la familia destaca que el oficio presenta errores desde el encabezado, mencionando a un jefe policial ajeno al caso, hasta restricciones impuestas a personas extrañas, cuyos nombres fueron corregidos a bolígrafo.
Antecedentes del Caso
Sol Chávez falleció el 9 de abril de 2021 debido a una intoxicación con flúuro. Tras un proceso judicial, Lilia Graciela Espinoza y Sandra Hermosa fueron condenadas a solo dos años de prisión, lo que generó indignación en la opinión pública. Sin embargo, la sentencia fue anulada, y actualmente se lleva a cabo un nuevo juicio.
La decisión de prohibir a la familia de la víctima mencionar a la odontóloga condenada ha generado un fuerte rechazo y ha reavivado el debate sobre la transparencia y equidad en el sistema judicial. La familia Chávez insiste en que seguirá luchando por justicia para su hija y exige que se revisen las acciones del juez a cargo del caso.
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