La fiscala Zulma Benítez Reyes presentó acusación contra Eugenio Sanabria Vierci por homicidio culposo y exposición al peligro al tránsito terrestre y solicitó al juzgado penal de Garantía de Caacupé, que el presente caso se eleve a un juicio oral y público; esto por el accidente fatal registrado en la ruta Luque- San Bernardino, donde falleció toda una familia.

Ahora el juzgado deberá admitir la acusación y fijar fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral.

El escrito de acusación del Ministerio Público señala que “Eugenio Sanabria Vierci, conductor de la camioneta de la marca Volkswagen, Touareg, invadió el carril opuesto a su sentido de circulación, obstruyendo así el desplazamiento lineal y preferencial del conductor del automóvil Kia Picanto donde iba toda una familia”.

Igualmente, menciona que “Sanabria se desplazaba a una velocidad no prudencial y reglamentaria conforme a las señalizaciones del lugar, es decir que el conductor se encontraba desarrollando una velocidad de 108 Km/h aproximadamente, superando ampliamente la máxima permitida para el sitio del suceso que es de 40Km/h, considerándose un desplazamiento imprudente y riesgosa que genera peligro para sí y para los demás usuarios de la vía, que finalmente ha desencadenado en la ocurrencia del presente hecho”.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años y un hijo de ellos de tan solo cuatro años. La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años.

El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.

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• Ciudad del Este. Agencia Regional

El fiscal Osvaldo Zaracho solicitó el inicio de juicio oral para la abogada Elizabeth Noemí Anzoátegui Rivarola, por estafa y apropiación. La profesional está acusada de haberse apropiado de G. 220 millones, pertenecientes a su cliente, víctima de la dictadura, quien debía percibir el dinero como indemnización de parte del Estado paraguayo.

El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 4. La causa tiene origen con un hecho ocurrido el 24 de setiembre de 2024, a las 8:26, en la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Minga Guazú.

En esa ocasión, la abogada se presentó en la entidad bancaria y extrajo presuntamente la millonaria suma de la cuenta de ahorros registrada a nombre del señor Esteban Gómez Rojas, víctima de violaciones de derechos humanos durante la dictadura stronista de 1954 a 1989.

El mismo había otorgado un poder especial a la abogada Anzoátegui, con la finalidad de gestionar el cobro de su indemnización ante el Estado paraguayo. La cuenta bancaria donde se acreditó el pago estaba habilitada originalmente para el cobro del subsidio de la tercera edad, lo que facilitó la operación realizada por la abogada.

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De acuerdo a la acusación fiscal, Anzoátegui Rivarola habría inducido a Gómez Rojas a firmar formularios bancarios bajo engaño, sin informarle el monto exacto a percibir, y manifestándole que el cobro se realizaría en partes.

Sin embargo, la acusada habría retirado la totalidad de los fondos, guardando el dinero en un bolso de color negro y finalmente se retiró del lugar. Todo el movimiento de la mujer dentro del BNF quedó registrado en las cámaras del circuito cerrado del lugar.

Días después, ante el reclamo del afectado, la abogada le manifestó que le enviaría el dinero por algún medio y finalmente el 26 de setiembre de 2024, realizó un giro por valor de G. 15 millones, a través del servicio de Western Unión.

El resto del monto retirado por la abogada no fue entregado a la víctima. A raíz de esta situación, Gómez Rojas denunció el hecho ante el Ministerio Público. Con los elementos de sospecha reunidos, la Fiscalía imputó a la acusada y, al cumplirse el plazo fijado por el Juzgado, presentó la acusación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral.

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Recientemente, el Banco Central del Paraguay (BCP), en su reporte de Informe de Política Monetaria (IPoM), ajustó al alza la proyección de crecimiento económico del país, con un pronóstico alentador de 4,0 % de expansión en este 2025. En tanto, los número “a corto plazo” acompañan el dinamismo argumentado por la banca matriz, tras divulgar ayer su reporte de Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep).

Ese reporte señala que la actividad económica repuntó 5,5 % en los primeros tres meses del año, siguiendo su tendencia de los meses previos. Solo en marzo, el crecimiento fue de 4,4 %, comparado con el mismo mes del año pasado.

De esta manera, los técnicos del BCP argumentaron que, en el incremento interanual incidieron favorablemente los servicios, las manufacturas, la generación de energía eléctrica, la construcción y la ganadería. Sin embargo, el resultado negativo de la agricultura atenuó el dinamismo favorable de la actividad económica.

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Entre los sectores que más se destacaron, están los servicios. Estos tuvieron una incidencia interanual positiva en la actividad comercial, intermediación financiera, transportes, servicios a los hogares, restaurantes y hoteles, servicios inmobiliarios y servicios a las empresas. Sin embargo, mostraron resultados negativos los servicios gubernamentales y las telecomunicaciones y los servicios de información.

En tanto, el sector construcción es uno de los motores económicos que repuntará el Producto Interno Bruto (PIB) en este 2025, de acuerdo a la proyección del BCP. La construcción mostró un aumento interanual explicado por el mayor ritmo en la ejecución de las obras, tanto privadas como públicas.

Dentro de las manufacturas, las actividades que incidieron positivamente fueron la producción de carnes, lácteos, molinerías y panaderías, azúcar, bebidas y tabacos, químicos, textiles y prendas de vestir, papel y productos del papel, metales comunes, productos metálicos y maquinarias y equipos. No obstante, estos resultados favorables fueron atenuados por las variaciones negativas en la producción de aceites y maderas.

La generación de energía eléctrica de las binacionales presentó un crecimiento interanual positivo en el mes de marzo. Asimismo, la distribución de energía eléctrica verificó nuevamente un desenvolvimiento positivo.

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La ganadería verificó un comportamiento positivo, debido al mayor nivel de faenamiento de vacunos, aves y cerdos. Sin embargo, este resultado fue atenuado por la menor producción de leche cruda y de huevos.

La agricultura, conforme a las últimas estimaciones de la zafra 2024/2025 proveídas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), registró una caída interanual en marzo, explicado fundamentalmente por el menor nivel de producción de soja.

Finalmente, el Imaep sin agricultura ni binacionales registró un crecimiento interanual de 5,4 % y, con este resultado, acumula un crecimiento de 6,8 % en lo que va del año.

Una investigación desde inteligencia financiera de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) había elaborado un perfil económico del exintendente de Cambyretã, hoy gobernador Javier Pereira Rieve, que evidencia un exponencial ascenso patrimonial hilado a presunto narcotráfico, tráfico de armas y obviamente la corrupción pública desde su entonces cargo de jefe comunal. La pesquisa estaba a punto de concluirse con un procedimiento clave de operación vigilada con acompañamiento fiscal, pero el entonces ministro Arnaldo Giuzzio trancó, cambió el equipo de investigadores y su sucesora Zully Rolón terminó enterrando el caso. La Fiscalía abrió una causa hace 3 años, pero no hubo mayores avances hasta que el tema se mediatizó en estos días, los fiscales recordaron lo guardado en los cajones y reactivaron algunos pedidos de informes.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Fuentes de altísimo perfil confirmaron a La Nación Investiga que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía abierta y había avanzado en una investigación que vincula al exintendente de Cambyretã, hoy gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve, al tráfico de drogas, armas y otros presun­tos delitos como enriqueci­miento ilícito en la función pública y tráfico de influen­cias, lavado de dinero, ordeñe de combustible y otros.

Un informe de la Dirección de Investigación de Críme­nes y Delitos Financieros de la Senad que data de octu­bre de 2020 se explayó en el inusual crecimiento econó­mico de Javier Pereira Rieve, que empezó a darse en coincidencia con su ingreso a la fun­ción pública, según subraya el análisis. También hace referencia al exponencial ascenso económico de toda la familia, entre ellos algu­nos hermanos que fueron creando empresas con millo­narios capitales cuyos oríge­nes no tenían formas de ser identificados formalmente.

El estudio de la institución antinarcótica confirma el gigantesco salto financiero del hoy gobernador de Itapúa que, de un modesto mesitero en la ciudad de Encarnación, se convirtió mágicamente en un potentado.

Plomero, albañil y de vivir en una casa prestada por pariente en el barrio Valdez de la ciudad de Cambyretã, amasó fortuna desplegando imponentes inmuebles en el Sur, como el edificio en zona céntrica de Encarna­ción, valuado en unos USD 2 millones.

Investigaciones de nuestro medio vienen revelando el extraordinario crecimiento patrimonial del clan Pereira Rieve, que incluye al “mago del Sur”, diputado Carlos Pereira Rieve, quien de una módica suma de G. 2,5 millo­nes y algunos muebles que aportó a una empresa, cons­tituyó otra de nombre Mega Concret SA en 2 años con un capital de G. 6.000 millones que de entrada se integró con G. 4.150 millones. Mega Con­cret es la hormigonera que cargó las losas en el edifi­cio derrumbado en Encar­nación el 2 de abril pasado y dejó dos víctimas fatales.

En el caso de Javier Pereira Rieve, dos años después de asumir el cargo de conce­jal municipal de Cambyretã declaraba un terrenito de G. 12 millones. Al ingresar a la intendencia sus bienes ya habían experimentado un incremento del 333 % y la escalada financiera no cono­ció crisis económica y amasó fortuna con sueldo de G. 5 millones.

El patrimonio del jefe depar­tamental aumentó 1.232 % con dos periodos de conce­jalía, tres de intendente (uno sin terminar) en la Munici­palidad de Cambyretã. La Senad ya había alertado sobre los posibles orígenes de su riqueza.

La investigación había invo­lucrado a la Fiscalía y era parte del proceso de com­bate al narcotráfico que iba permeando la frontera hacia el sur del país. Sin embargo, cuando la pesquisa estaba a punto de realizar un proce­dimiento de operación vigi­lada, habiendo colectado todos los datos del modus operandi, personas involu­cradas, a su estilo, el enton­ces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, abortó la intervención alegando que es mejor esperar para hacer escuchas telefónicas.

Inexplicablemente, se des­manteló el equipo de inteli­gencia que perseguía el caso y Zully Rolón acabó con la investigación al punto de desvincular de sus cargos a los agentes que maneja­ban la información. Fuen­tes vinculadas a la investi­gación confirmaron que en la Senad hicieron despare­cer documentos del caso que fuera caratulado como Fron­tera Sur y hasta se borraron todos los archivos que había en las computadoras.

La Fiscalía, sin embargo, tiene el expediente, gra­cias a una causa que inició a partir de la denuncia de funcionarios de investiga­ción financiera de la Senad, pero tampoco avanzó con una imputación. La semana pasada, al darse a conocer que la carpeta quedó guar­dada en los cajones del Ministerio Público, volvie­ron a pedir algunos informes de correspondencia de bie­nes de Javier y Carlos Pereira Rieve.